Guerra contra Lydia Cacho
Miguel Ángel Granados Chapa
14 Sep. 09
No cesa la guerra contra Lydia Cacho: apenas ganó en agosto un juicio civil con que una vez más se buscaba intimidarla y atentar contra su patrimonio, se reanudaron las amenazas de muerte que han menudeado desde que creó el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), en Cancún y, sobre todo, desde que publicó Los demonios del edén, una severa denuncia contra la pederastia y la pornografía infantil. Debido a los amagos más recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó el jueves pasado al gobierno mexicano la adopción de medidas cautelares para proteger a la periodista y activista civil.
Desde fines de julio Lydia Cacho había acudido a la CIDH, con motivo de la insistencia con que se tomaban fotografías de su domicilio y se proferían amenazas en su contra en el blog que ella maneja, y que tuvo que ser suspendido por esa causa. También el personal del CIAM fue amenazado. Tal vez la causa del más inmediato periodo de intimidación fue el resultado de un extraño proceso por daño moral iniciado por Edith Encalada Cetina, que pasó a ser cómplice de Jean Succar Kuri, el pederasta preso protagonista de Los demonios del edén, después de haber sido su víctima. La demandante pretendía que se condenara a Lydia Cacho al pago de 20 por ciento de las regalías del libro donde, según la joven quintanarroense, se le causó daño al haberse narrado las penalidades sufridas a manos de Succar Kuri.
A lo largo del proceso, que se extendió por más de dos años y medio, fue clara la deplorable utilización de Encalada Cetina para perjudicar a la periodista. En las audiencias era notoria su manipulación por los abogados que la patrocinaron, integrantes de un despacho que sólo puede ser contratado por personas con recursos de que la demandante carece. La sentencia fue favorable a Lydia Cacho por la contundencia de las pruebas aducidas por ella: mensajes enviados a la periodista por la propia Edith Encalada donde le manifiesta su pena por la persecución iniciada contra Lydia en diciembre de 2005. Asimismo, se presentaron videos que comprobaron la abusiva relación que impuso Succar Kuri a Edith Encalada. En uno, grabados por disposición del Ministerio Público, ambos conversan sin tapujos sobre la naturaleza de su vínculo; en otro, resultado de un careo entre la periodista y el delincuente, el pederasta admite ser él quien aparece en el documento anterior; y en el tercero, transmitido antes de la publicación de Los demonios del edén por el periodista Óscar Cadena, la propia Encalada Cetina relata los abusos a que la sometió el empresario, extraditado y preso merced a la denuncia de Lydia Cacho.
Escribir ese libro suscitó una incesante guerra contra su autora. Meses después de publicada la obra, en diciembre de 2005, Lydia Cacho fue víctima de una perversa maniobra política con pretensiones de acción judicial. Fue virtualmente secuestrada en Cancún y trasladada a Puebla en automóvil, sometida a tortura sicológica y maltrato físico durante el prolongado trayecto. Se pretendía encarcelarla, vejarla y aun privarla de la vida en la prisión poblana a que fue conducida, pero la intervención de varias personas y agrupaciones, oportunamente puestas en alerta, impidieron que experimentara daños aún mayores que los inferidos a la periodista por los agentes judiciales que la llevaron a la capital poblana.
El empresario Kamel Nacif la había denunciado por calumnia y difamación, y el proceso correspondiente quedó marcado por la complicidad del denunciante y el gobernador Mario Marín, revelada en términos inequívocos en una conversación grabada que dio a conocer en la radio Carmen Aristegui el 14 de febrero de 2006, y reproducida en esa misma fecha por la reportera de La Jornada Blanche Petrich.
Nacif actuó contra la periodista porque resulta implicado, junto con políticos de alto nivel, en la red de pederastia y pornografía infantil de que era elemento principal Jean Succar Kuri, amigo y protegido de Nacif, a su vez protegido no sólo por el góber precioso -según denominación que el propio empresario endilgó al corrupto gobernante- sino por Emilio Gamboa. Otra grabación mostró el lazo entre este político yucateco y el empresario poblano, en una conversación en que Gamboa, cuando era senador -antes de ser líder de la fracción priista en la Cámara de Diputados, hasta agosto pasado- da seguridades a Nacif sobre cómo se procederá en cierta legislación en que el empresario estaba interesado.
Fue de tal modo ostensible el ataque a los derechos humanos de la periodista, que las dos Cámaras del Congreso de la Unión solicitaron a la Suprema Corte que en ejercicio de su facultad de investigación, contenida en el artículo 97 constitucional, averiguara las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho. Al cabo de esa indagación, la Corte emitió por mayoría de siete votos una resolución que heló a buena parte de la sociedad mexicana, pues se admitió que tal violación se produjo pero no con carácter grave, con lo que virtualmente se exoneró a Marín.
Los cuatro ministros de la minoría (Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza) tomaron una decisión insólita. Publicaron sus votos particulares en un libro, Las costumbres del poder, donde exponen "una situación límite en la que se puso en marcha el poder del estado en contra de una persona como consecuencia del ejercicio de su derecho fundamental de libertad de expresión".
Cajón de Sastre
Murió Carlos Antonio del Río Rodríguez, que fue ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la mayor parte de su carrera se dedicó al derecho fiscal, vocación que lo hizo participar en la elaboración de proyectos legislativos en esa materia y a ser magistrado del Tribunal fiscal de la Federación, antecedente del actual Tribunal federal de justicia administrativa y fiscal. Elegido miembro del máximo órgano judicial en 1969, lo presidió en una de sus etapas de mayor opacidad y más gris desempeño, ocasionado en amplia medida por la numerosa presencia de ministros llegados de la política y no hechos en la judicatura. Al concluir su encargo aceptó ser embajador en Portugal.
Desde fines de julio Lydia Cacho había acudido a la CIDH, con motivo de la insistencia con que se tomaban fotografías de su domicilio y se proferían amenazas en su contra en el blog que ella maneja, y que tuvo que ser suspendido por esa causa. También el personal del CIAM fue amenazado. Tal vez la causa del más inmediato periodo de intimidación fue el resultado de un extraño proceso por daño moral iniciado por Edith Encalada Cetina, que pasó a ser cómplice de Jean Succar Kuri, el pederasta preso protagonista de Los demonios del edén, después de haber sido su víctima. La demandante pretendía que se condenara a Lydia Cacho al pago de 20 por ciento de las regalías del libro donde, según la joven quintanarroense, se le causó daño al haberse narrado las penalidades sufridas a manos de Succar Kuri.
A lo largo del proceso, que se extendió por más de dos años y medio, fue clara la deplorable utilización de Encalada Cetina para perjudicar a la periodista. En las audiencias era notoria su manipulación por los abogados que la patrocinaron, integrantes de un despacho que sólo puede ser contratado por personas con recursos de que la demandante carece. La sentencia fue favorable a Lydia Cacho por la contundencia de las pruebas aducidas por ella: mensajes enviados a la periodista por la propia Edith Encalada donde le manifiesta su pena por la persecución iniciada contra Lydia en diciembre de 2005. Asimismo, se presentaron videos que comprobaron la abusiva relación que impuso Succar Kuri a Edith Encalada. En uno, grabados por disposición del Ministerio Público, ambos conversan sin tapujos sobre la naturaleza de su vínculo; en otro, resultado de un careo entre la periodista y el delincuente, el pederasta admite ser él quien aparece en el documento anterior; y en el tercero, transmitido antes de la publicación de Los demonios del edén por el periodista Óscar Cadena, la propia Encalada Cetina relata los abusos a que la sometió el empresario, extraditado y preso merced a la denuncia de Lydia Cacho.
Escribir ese libro suscitó una incesante guerra contra su autora. Meses después de publicada la obra, en diciembre de 2005, Lydia Cacho fue víctima de una perversa maniobra política con pretensiones de acción judicial. Fue virtualmente secuestrada en Cancún y trasladada a Puebla en automóvil, sometida a tortura sicológica y maltrato físico durante el prolongado trayecto. Se pretendía encarcelarla, vejarla y aun privarla de la vida en la prisión poblana a que fue conducida, pero la intervención de varias personas y agrupaciones, oportunamente puestas en alerta, impidieron que experimentara daños aún mayores que los inferidos a la periodista por los agentes judiciales que la llevaron a la capital poblana.
El empresario Kamel Nacif la había denunciado por calumnia y difamación, y el proceso correspondiente quedó marcado por la complicidad del denunciante y el gobernador Mario Marín, revelada en términos inequívocos en una conversación grabada que dio a conocer en la radio Carmen Aristegui el 14 de febrero de 2006, y reproducida en esa misma fecha por la reportera de La Jornada Blanche Petrich.
Nacif actuó contra la periodista porque resulta implicado, junto con políticos de alto nivel, en la red de pederastia y pornografía infantil de que era elemento principal Jean Succar Kuri, amigo y protegido de Nacif, a su vez protegido no sólo por el góber precioso -según denominación que el propio empresario endilgó al corrupto gobernante- sino por Emilio Gamboa. Otra grabación mostró el lazo entre este político yucateco y el empresario poblano, en una conversación en que Gamboa, cuando era senador -antes de ser líder de la fracción priista en la Cámara de Diputados, hasta agosto pasado- da seguridades a Nacif sobre cómo se procederá en cierta legislación en que el empresario estaba interesado.
Fue de tal modo ostensible el ataque a los derechos humanos de la periodista, que las dos Cámaras del Congreso de la Unión solicitaron a la Suprema Corte que en ejercicio de su facultad de investigación, contenida en el artículo 97 constitucional, averiguara las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho. Al cabo de esa indagación, la Corte emitió por mayoría de siete votos una resolución que heló a buena parte de la sociedad mexicana, pues se admitió que tal violación se produjo pero no con carácter grave, con lo que virtualmente se exoneró a Marín.
Los cuatro ministros de la minoría (Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza) tomaron una decisión insólita. Publicaron sus votos particulares en un libro, Las costumbres del poder, donde exponen "una situación límite en la que se puso en marcha el poder del estado en contra de una persona como consecuencia del ejercicio de su derecho fundamental de libertad de expresión".
Cajón de Sastre
Murió Carlos Antonio del Río Rodríguez, que fue ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante la mayor parte de su carrera se dedicó al derecho fiscal, vocación que lo hizo participar en la elaboración de proyectos legislativos en esa materia y a ser magistrado del Tribunal fiscal de la Federación, antecedente del actual Tribunal federal de justicia administrativa y fiscal. Elegido miembro del máximo órgano judicial en 1969, lo presidió en una de sus etapas de mayor opacidad y más gris desempeño, ocasionado en amplia medida por la numerosa presencia de ministros llegados de la política y no hechos en la judicatura. Al concluir su encargo aceptó ser embajador en Portugal.
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