Agustín Basave
14-Sep-2009
La primera iniciativa que manda el Presidente después de su plausible discurso a favor de las reformas de fondo siguió la lógica de los parches posibles, y quizá ni eso. Deja insatisfecha a la derecha, dividido al centro e irritada a la izquierda.
Todo mundo en México habla del presupuesto pero casi nadie se refiere a él. Y es que la discusión ha sido dominada por la propuesta tributaria de la Secretaría de Hacienda: la permanencia del IETU, los aumentos en el ISR y los IEPS y, sobre todo, el controvertido gravamen del 2% “contra la pobreza”, que en realidad es un incremento al IVA. Los impuestos no son populares en ninguna parte del mundo, y cada vez que un ministerio de finanzas presenta su proyecto anual enfrenta una intensa crítica de la opinión pública. Pero a veces se encuentra uno en los medios de comunicación, incluidos los mexicanos, algunas voces de apoyo al nuevo esquema de recaudación. Quizá no he buscado bien, pero esta vez no he hallado ninguna más allá de los susurros afónicos del gobierno y su partido. Y es que la proposición gubernamental se quedó en facilismo de apretar al causante cautivo y gravar más el consumo. La primera iniciativa que manda el Presidente después de su plausible discurso a favor de las reformas de fondo siguió la lógica de los parches posibles, y quizá ni eso. Porque, pese a ser una miscelánea fiscal que está muy lejos de la profundidad que requerimos, su factibilidad está por verse. Deja insatisfecha a la derecha, dividido al centro e irritada a la izquierda. Cierto, si hubiera optado por el IVA generalizado hubiera provocado una gran movilización social, y si hubiera tocado los regímenes especiales y las consolidaciones se habría echado encima a los empresarios, pero ¿no son esos los costos del asalto a las alturas?
Mientras tanto, el presupuesto sigue eclipsado. Veamos. Se anuncia, y suena bien, una reestructuración de la administración pública federal y un programa de austeridad. Los dos sexenios panistas han elevado desproporcionadamente el número de subsecretarías y direcciones, y los sueldos y prestaciones de los altos mandos han llegado a la exageración. Habrá que ver en qué quedan. Se propone que la Secretaría de Agricultura, la de Desarrollo Social y la de Economía absorban a la Reforma Agraria y a Turismo, y que la Secretaría de la Función Pública pase a ser una Contraloría. Opiniones aparte —yo creo que en nuestro futuro previsible se justifica más mantener el estatus secretarial de Turismo que el de Energía— hay que decir que el diablo está en los detalles: ¿cuántas de las áreas realmente desaparecerán y cuántas sólo se reubicarán?
Pero veamos más allá. Una de las razones por las que en este país el gasto corriente es tan alto es que nuestra burocracia ha crecido de manera irracional. No me refiero sólo a la multiplicación de plazas que llevaron a cabo las gestiones de Fox y Calderón, sino a algo que viene de más lejos. En el afán de evitar problemas con sindicatos difíciles, de eludir la descomposición de algunos organismos, de hacer estructuras ad hominem, se crearon una enorme cantidad de institutos, consejos, comisiones, fideicomisos, muchos de los cuales son redundantes o fragmentarios. Duplican o parten sus funciones e impiden que se cumplan sus objetivos con eficiencia. Tienen al mismo tiempo exceso y carencias de recursos humanos, financieros y materiales y no permiten economías de escala. Por ejemplo, ¿no sería mejor que hubiera una sola institución de salud pública que sirviera a todos los mexicanos, sin excepción, en vez de las seis o siete que tenemos? Obviamente, hacer esa integración implicaría un desafío portentoso por las batallas sindicales y los problemas políticos y legales que habría que enfrentar. Y algo similar ocurre con la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Con todo, ¿no quedamos en que se lanzarían reformas de gran calado? El precio a pagar es proporcional a la altura de miras; ¿o alguien piensa que las grandes transformaciones no cuestan sangre, sudor y lágrimas? Y en todo caso, ¿por qué no empezar por fusionar al menos las entidades de menor peso, entre las cuales abunda la duplicidad y la atomización?
Estoy consciente de que México recauda muy poco. Desde luego que tenemos que hacer una reforma hacendaria radical, con criterio progresivo y progresista, para aspirar a crecer y a combatir la pobreza. Pero se habla mucho de los ingresos y muy poco de los egresos. Gastamos demasiado, y gastamos muy mal. Acabo de mencionar los excesos burocráticos, pero hay algo aún más grave y gravoso: la corrupción. La parte del presupuesto que se desvía a las arcas de políticos o contratistas o burócratas o líderes sindicales es inconmensurable. Con ese dinero se podrían hacer muchas de las cosas para las que ahora pedimos más impuestos o más deuda, y sin embargo no vemos propuestas audaces para operar ese cáncer. ¿Dónde están las grandes medidas, los planes ambiciosos? ¿Cuándo vamos a emprender una auténtica cruzada por la moral política y la ética moral social?
Finalmente, enhorabuena por la disminución del gasto, pero de ninguna manera por el recorte a la inversión. Mientras la refinería se convierte en Godot, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le reducen los recursos para obras; y no son los únicos ejemplos. No distinguimos bien entre gastar e invertir, o no sabemos priorizar. Nuestro país requiere invertir en infraestructura, porque con ella se crea empleo, se reactiva la economía y se sientan las bases del desarrollo. Hace unos meses, cuando la situación económica se volvió crítica, presenciamos una reacción alentadora que anunciaba la intervención del Estado para estimular contracíclicamente nuestra economía. Por primera vez en mucho tiempo no recibimos la receta neoliberal sino una prescripción diferente, acaso neokeynesiana y sin duda más en consonancia con la tendencia global en contra del laissez faire. Pero, claro, eso fue antes de las elecciones…
Todo mundo en México habla del presupuesto pero casi nadie se refiere a él. Y es que la discusión ha sido dominada por la propuesta tributaria de la Secretaría de Hacienda: la permanencia del IETU, los aumentos en el ISR y los IEPS y, sobre todo, el controvertido gravamen del 2% “contra la pobreza”, que en realidad es un incremento al IVA. Los impuestos no son populares en ninguna parte del mundo, y cada vez que un ministerio de finanzas presenta su proyecto anual enfrenta una intensa crítica de la opinión pública. Pero a veces se encuentra uno en los medios de comunicación, incluidos los mexicanos, algunas voces de apoyo al nuevo esquema de recaudación. Quizá no he buscado bien, pero esta vez no he hallado ninguna más allá de los susurros afónicos del gobierno y su partido. Y es que la proposición gubernamental se quedó en facilismo de apretar al causante cautivo y gravar más el consumo. La primera iniciativa que manda el Presidente después de su plausible discurso a favor de las reformas de fondo siguió la lógica de los parches posibles, y quizá ni eso. Porque, pese a ser una miscelánea fiscal que está muy lejos de la profundidad que requerimos, su factibilidad está por verse. Deja insatisfecha a la derecha, dividido al centro e irritada a la izquierda. Cierto, si hubiera optado por el IVA generalizado hubiera provocado una gran movilización social, y si hubiera tocado los regímenes especiales y las consolidaciones se habría echado encima a los empresarios, pero ¿no son esos los costos del asalto a las alturas?
Mientras tanto, el presupuesto sigue eclipsado. Veamos. Se anuncia, y suena bien, una reestructuración de la administración pública federal y un programa de austeridad. Los dos sexenios panistas han elevado desproporcionadamente el número de subsecretarías y direcciones, y los sueldos y prestaciones de los altos mandos han llegado a la exageración. Habrá que ver en qué quedan. Se propone que la Secretaría de Agricultura, la de Desarrollo Social y la de Economía absorban a la Reforma Agraria y a Turismo, y que la Secretaría de la Función Pública pase a ser una Contraloría. Opiniones aparte —yo creo que en nuestro futuro previsible se justifica más mantener el estatus secretarial de Turismo que el de Energía— hay que decir que el diablo está en los detalles: ¿cuántas de las áreas realmente desaparecerán y cuántas sólo se reubicarán?
Pero veamos más allá. Una de las razones por las que en este país el gasto corriente es tan alto es que nuestra burocracia ha crecido de manera irracional. No me refiero sólo a la multiplicación de plazas que llevaron a cabo las gestiones de Fox y Calderón, sino a algo que viene de más lejos. En el afán de evitar problemas con sindicatos difíciles, de eludir la descomposición de algunos organismos, de hacer estructuras ad hominem, se crearon una enorme cantidad de institutos, consejos, comisiones, fideicomisos, muchos de los cuales son redundantes o fragmentarios. Duplican o parten sus funciones e impiden que se cumplan sus objetivos con eficiencia. Tienen al mismo tiempo exceso y carencias de recursos humanos, financieros y materiales y no permiten economías de escala. Por ejemplo, ¿no sería mejor que hubiera una sola institución de salud pública que sirviera a todos los mexicanos, sin excepción, en vez de las seis o siete que tenemos? Obviamente, hacer esa integración implicaría un desafío portentoso por las batallas sindicales y los problemas políticos y legales que habría que enfrentar. Y algo similar ocurre con la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. Con todo, ¿no quedamos en que se lanzarían reformas de gran calado? El precio a pagar es proporcional a la altura de miras; ¿o alguien piensa que las grandes transformaciones no cuestan sangre, sudor y lágrimas? Y en todo caso, ¿por qué no empezar por fusionar al menos las entidades de menor peso, entre las cuales abunda la duplicidad y la atomización?
Estoy consciente de que México recauda muy poco. Desde luego que tenemos que hacer una reforma hacendaria radical, con criterio progresivo y progresista, para aspirar a crecer y a combatir la pobreza. Pero se habla mucho de los ingresos y muy poco de los egresos. Gastamos demasiado, y gastamos muy mal. Acabo de mencionar los excesos burocráticos, pero hay algo aún más grave y gravoso: la corrupción. La parte del presupuesto que se desvía a las arcas de políticos o contratistas o burócratas o líderes sindicales es inconmensurable. Con ese dinero se podrían hacer muchas de las cosas para las que ahora pedimos más impuestos o más deuda, y sin embargo no vemos propuestas audaces para operar ese cáncer. ¿Dónde están las grandes medidas, los planes ambiciosos? ¿Cuándo vamos a emprender una auténtica cruzada por la moral política y la ética moral social?
Finalmente, enhorabuena por la disminución del gasto, pero de ninguna manera por el recorte a la inversión. Mientras la refinería se convierte en Godot, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le reducen los recursos para obras; y no son los únicos ejemplos. No distinguimos bien entre gastar e invertir, o no sabemos priorizar. Nuestro país requiere invertir en infraestructura, porque con ella se crea empleo, se reactiva la economía y se sientan las bases del desarrollo. Hace unos meses, cuando la situación económica se volvió crítica, presenciamos una reacción alentadora que anunciaba la intervención del Estado para estimular contracíclicamente nuestra economía. Por primera vez en mucho tiempo no recibimos la receta neoliberal sino una prescripción diferente, acaso neokeynesiana y sin duda más en consonancia con la tendencia global en contra del laissez faire. Pero, claro, eso fue antes de las elecciones…
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