- Aspecto de la sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Los amparos son para devoluciones de impuestos, pagos de salarios caídos y pensiones a las que tenían derecho los quejosos.
NO SE VAYAN A QUEDAR SIN POLITICOS CORRUPTOS ¡¡
Ciudad de México (3 septiembre 2009).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó hoy proyectos de sentencia en los que se proponía destituir y consignar penalmente al Presidente Felipe Calderón, el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, dos de sus secretarios, el director General del ISSSTE y una docena de funcionarios más, todos por incumplir durante años diversas sentencias de amparo. A última hora, autoridades de las Secretarías de Finanzas y Seguridad Pública del Distrito Federal, así como del ISSSTE, acreditaron haber cumplido los fallos judiciales o dieron argumentos de por qué no se han ejecutado.
Los amparos son para devoluciones de impuestos, pagos de salarios caídos y pensiones a las que tenían derecho los quejosos. Fue la primera vez que, en sesión pública de la Corte, se dio lectura a proyectos de sentencia para sancionar al titular del Ejecutivo y al Jefe de Gobierno capitalino. El Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, sugirió que en casos futuros no se mencione a estos dos funcionarios, porque sólo se debe requerir el cumplimiento a los dos niveles jerárquicos superiores al servidor público directamente responsable.
En uno de los casos, por ejemplo, el Gobierno local estaba obligado desde septiembre de 2003 a devolver 1.5 millones de pesos de predial a la empresa Bersán, y el proyecto de sentencia proponía sancionar a Ebrard, al Secretario de Finanzas, Mario Delgado, y al tesorero Luis Rosendo Gutiérrez, entre otros. Pero la empresa finalmente recibió su dinero esta semana y la Corte ya no discutió el asunto. En otro expediente se destituiría a Calderón y Miguel Ángel Yunes, director del ISSSTE, por incumplir el amparo a favor de un pensionista.
Sin embargo, la SCJN no siguió adelante porque están pendientes algunas diligencias en el Juzgado de Distrito que lleva el caso. El Ministro José Ramón Cossío propuso que el Pleno de la Corte tenga más sesiones como ésta en el futuro, pues resultó muy efectiva para forzar el cumplimiento de los seis amparos enlistados. En abril pasado los Ministros derogaron una norma interna de 1998, que obligaba a la Corte a notificarle a la autoridad omisa que ya existe proyecto de sentencia para su destitución.
Esto había permitido a las autoridades esperar hasta el último momento para cumplir los amparos, lo que implica que pasan meses o años para que se acate un fallo que tendría que surtir efecto en 24 horas. La Corte también fijó un plazo de 10 días hábiles, que venció en mayo, para cumplir con las sentencias en casos que ya habían sido denunciados al máximo tribunal. La Constitución faculta en exclusiva a la Corte para castigar a los funcionarios que incumplen las sentencias que amparan a un particular contra una autoridad, pero los Ministros no han sancionado desde febrero de 2002.
Desde entonces han recibido más de 3 mil incidentes de inejecución, con 699 sólo en lo que va de este año. La mayoría de los asuntos son desahogados en las salas de al Corte, y sólo el Pleno puede aplicar sanciones. Por cada uno de estos hay muchos otros en juzgados de distrito y tribunales colegiados, que pasan meses requiriendo a las autoridades para cumplir los amparos, paso previo necesario para denunciar el caso ante la Corte. Los últimos funcionarios sancionados por incumplir un amparo fueron el Alcalde de Teotlalco, Puebla, Leopoldo Martínez, y su antecesor, Josafat Morales, quienes durante cuatro años ignoraron la orden de un juez federal para liberar el acceso a un predio particular.
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Los amparos son para devoluciones de impuestos, pagos de salarios caídos y pensiones a las que tenían derecho los quejosos. Fue la primera vez que, en sesión pública de la Corte, se dio lectura a proyectos de sentencia para sancionar al titular del Ejecutivo y al Jefe de Gobierno capitalino. El Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, sugirió que en casos futuros no se mencione a estos dos funcionarios, porque sólo se debe requerir el cumplimiento a los dos niveles jerárquicos superiores al servidor público directamente responsable.
En uno de los casos, por ejemplo, el Gobierno local estaba obligado desde septiembre de 2003 a devolver 1.5 millones de pesos de predial a la empresa Bersán, y el proyecto de sentencia proponía sancionar a Ebrard, al Secretario de Finanzas, Mario Delgado, y al tesorero Luis Rosendo Gutiérrez, entre otros. Pero la empresa finalmente recibió su dinero esta semana y la Corte ya no discutió el asunto. En otro expediente se destituiría a Calderón y Miguel Ángel Yunes, director del ISSSTE, por incumplir el amparo a favor de un pensionista.
Sin embargo, la SCJN no siguió adelante porque están pendientes algunas diligencias en el Juzgado de Distrito que lleva el caso. El Ministro José Ramón Cossío propuso que el Pleno de la Corte tenga más sesiones como ésta en el futuro, pues resultó muy efectiva para forzar el cumplimiento de los seis amparos enlistados. En abril pasado los Ministros derogaron una norma interna de 1998, que obligaba a la Corte a notificarle a la autoridad omisa que ya existe proyecto de sentencia para su destitución.
Esto había permitido a las autoridades esperar hasta el último momento para cumplir los amparos, lo que implica que pasan meses o años para que se acate un fallo que tendría que surtir efecto en 24 horas. La Corte también fijó un plazo de 10 días hábiles, que venció en mayo, para cumplir con las sentencias en casos que ya habían sido denunciados al máximo tribunal. La Constitución faculta en exclusiva a la Corte para castigar a los funcionarios que incumplen las sentencias que amparan a un particular contra una autoridad, pero los Ministros no han sancionado desde febrero de 2002.
Desde entonces han recibido más de 3 mil incidentes de inejecución, con 699 sólo en lo que va de este año. La mayoría de los asuntos son desahogados en las salas de al Corte, y sólo el Pleno puede aplicar sanciones. Por cada uno de estos hay muchos otros en juzgados de distrito y tribunales colegiados, que pasan meses requiriendo a las autoridades para cumplir los amparos, paso previo necesario para denunciar el caso ante la Corte. Los últimos funcionarios sancionados por incumplir un amparo fueron el Alcalde de Teotlalco, Puebla, Leopoldo Martínez, y su antecesor, Josafat Morales, quienes durante cuatro años ignoraron la orden de un juez federal para liberar el acceso a un predio particular.
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