ÁLVARO DELGADO
MÉXICO, DF, 2 de marzo (apro).- En el México actual, colocado en una espiral de degradación política, el prócer José María Morelos y Pavón sería un populista peligroso para la patria por urgir al Congreso a elaborar leyes "que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia, la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejándolo de la ignorancia, la rapiña y el hurto".
Estas palabras, que corresponden el artículo 12 de los Sentimientos de la Nación, obra del enorme mexicano que despreció el título de "Alteza Serenísima", están inscritas en letras de oro en los muros del salón de plenos de la Cámara de Diputados, donde no sólo no se honran, sino que contra ellas se estrellan los escupitajos que cotidianamente arroja la alta burocracia que goza de magníficos emolumentos que contrastan con las míseras percepciones de la mayoría de los ciudadanos.
El escándalo por la duplicación de las percepciones de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), cuya vigencia está latente mientras no se derogue tal disposición, reactivó la indignación social por los privilegios de una minoría rapaz en el servicio público --en todos los niveles y de todos los signos políticos--, sobre todo en un contexto de desplome económico, cuyos efectos apenas se comienzan a sentir.
Justo en medio del repudio a la decisión en el IFE --que corre el riesgo de neutralizarse, como ha ocurrido en otras de estas cíclicas discusiones-- se produjo otro episodio de abuso de los recursos públicos:
El gobierno de Tabasco, que encabeza el priista Andrés Granier, fue obligado a reconocer que los miembros de su gabinete cobran, cada mes, un "bono de fatiga laboral" que supera inclusive el salario mensual nominal.
Por ejemplo, el procurador tabasqueño, Rafael González Lastra, cobra 73 mil pesos mensuales por ejercer el cargo, pero el "bono de fatiga" que recibe, también cada mes, es de 98 mil pesos, que da un total de 171 mil pesos mensuales.
Aunque los "bonos de fatiga" van de los mil a los 100 mil pesos mensuales --en función del puesto, edad, antigüedad, historia laboral y hasta el estado de salud del funcionario--, Granier Melo destina 50 millones de pesos para beneficiar a 7 mil 900 colaboradores de un gobierno caracterizado por la corrupción que tuvo momento épicos con Roberto Madrazo y su sucesor Manuel Andrade.
El patrimonialismo en el uso de los recursos públicos en Tabasco beneficia también a la familia del gobernador, que cobra mensualmente 174 mil pesos libres: a su hijo Fabián Granier Calles hasta le presta el avión y el helicóptero oficiales para disfrutar de paseos y vacaciones con su novia, Fabiola Castro.
Inclusive, en medio de las inundaciones que afectaron a 2 millones de tabasqueños, en 2007 --con cuya tragedia se han hecho negocios millonarios al amparo del poder-- la pareja posó muy sonriente para las fotos en el tapón del río Grijalva.
Pero este abuso de los recursos de los contribuyentes, que involucra a todos los partidos políticos, es un tema viejo y, también, recurrente, porque no ha habido en las fuerzas políticas la honestidad de aprobar una legislación sobre los emolumentos en el servicio público.
A menudo se alega que la austeridad no debe alcanzar las percepciones de la alta burocracia con la engañifa de que los bajos sueldos conducen a la corrupción o, en el mejor de los casos, a que los mejores cuadros profesionales preferirán el sector privado que el público.
Se trata de falacias para evitar, de una vez por todas, poner fin a la discrecionalidad y fabulosas percepciones de la alta burocracia, cuya vigencia no ha neutralizado las prácticas de corrupción que se extienden en todos los ámbitos del servicio público.
Los servidores públicos de México son los mejor pagados del mundo y esto no se traduce en calidad en el servicio, como lo acreditan en general todos los gobiernos, desde el que encabeza Felipe Calderón --"un peligro para México" fue suplantado por un "inepto para México"-- hasta el del más modesto municipio.
Llegado el caso, como en el 2006, la austeridad es vista como una estrategia política de marketing, pero falsa en la realidad: Calderón anunció, en diciembre de ese año, que se reduciría 10% su sueldo y el de los mandos medios y altos de su administración, cuando se requería de medidas más radicales en esa materia.
Ahora, en medio una severa crisis cuyo "ojo" no ha llegado aún, se imponen decisiones contundentes, más allá de medidas demagógicas como la reducción de 10% en el salario de los diputados perredistas –que ni siquiera se ha materializado-- o del 20% que anunció el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca.
Apuntes
Un pincelazo del gorilato que hay en Querétaro se produjo, el sábado 28, en el Teatro de la República, donde en 1917 se promulgó la Constitución vigente, y el 19 de enero pasado fue mancillada por la presencia del secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone: el gobernador panista Francisco Garrido Patrón, quien rendía su quinto informe de gobierno, guardó un espeso silencio sobre el asesinato impune del joven Marco Antonio Hernández Galván, cometido el 27 de noviembre del 2004 presuntamente por el conductor de una camioneta BMW negra, Federico Ruiz Lomelí, un junior de la familia concesionaria de Femsa, fabricante de Coca-cola y que financia a los candidatos del PAN. Ante el silencio del gobernante, el escritor Julio Figueroa le gritó: "¡Crimen e impunidad! ¡Caso BMW, 51 meses!". De inmediato policías de civil y personal al servicio del secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, lo sometieron y, a golpes e insultos, lo expulsaron del recinto. En la crónica que escribió, contó cómo ingresó al recinto y hasta el diálogo que tuvo con uno de los jerarcas de El Yunque en el estado: "Vi entonces al secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, y me dirigí hacia él: --Señor Secretario, no tuve ningún problema para entrar aquí cuando vino el cardenal Bertone, ni cuando vino el presidente de México. Y hoy tuve todas las dificultades imaginables. Siento una gran presión política sobre mí y lo hago a usted responsable de lo que me pueda pasar. '¿Y por qué yo?' --Porque usted es el secretario de Gobierno y el responsable de la seguridad política en el estado y en este Teatro. 'Está bien, Julio; nada va a pasar'. Y sí pasó."
Estas palabras, que corresponden el artículo 12 de los Sentimientos de la Nación, obra del enorme mexicano que despreció el título de "Alteza Serenísima", están inscritas en letras de oro en los muros del salón de plenos de la Cámara de Diputados, donde no sólo no se honran, sino que contra ellas se estrellan los escupitajos que cotidianamente arroja la alta burocracia que goza de magníficos emolumentos que contrastan con las míseras percepciones de la mayoría de los ciudadanos.
El escándalo por la duplicación de las percepciones de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), cuya vigencia está latente mientras no se derogue tal disposición, reactivó la indignación social por los privilegios de una minoría rapaz en el servicio público --en todos los niveles y de todos los signos políticos--, sobre todo en un contexto de desplome económico, cuyos efectos apenas se comienzan a sentir.
Justo en medio del repudio a la decisión en el IFE --que corre el riesgo de neutralizarse, como ha ocurrido en otras de estas cíclicas discusiones-- se produjo otro episodio de abuso de los recursos públicos:
El gobierno de Tabasco, que encabeza el priista Andrés Granier, fue obligado a reconocer que los miembros de su gabinete cobran, cada mes, un "bono de fatiga laboral" que supera inclusive el salario mensual nominal.
Por ejemplo, el procurador tabasqueño, Rafael González Lastra, cobra 73 mil pesos mensuales por ejercer el cargo, pero el "bono de fatiga" que recibe, también cada mes, es de 98 mil pesos, que da un total de 171 mil pesos mensuales.
Aunque los "bonos de fatiga" van de los mil a los 100 mil pesos mensuales --en función del puesto, edad, antigüedad, historia laboral y hasta el estado de salud del funcionario--, Granier Melo destina 50 millones de pesos para beneficiar a 7 mil 900 colaboradores de un gobierno caracterizado por la corrupción que tuvo momento épicos con Roberto Madrazo y su sucesor Manuel Andrade.
El patrimonialismo en el uso de los recursos públicos en Tabasco beneficia también a la familia del gobernador, que cobra mensualmente 174 mil pesos libres: a su hijo Fabián Granier Calles hasta le presta el avión y el helicóptero oficiales para disfrutar de paseos y vacaciones con su novia, Fabiola Castro.
Inclusive, en medio de las inundaciones que afectaron a 2 millones de tabasqueños, en 2007 --con cuya tragedia se han hecho negocios millonarios al amparo del poder-- la pareja posó muy sonriente para las fotos en el tapón del río Grijalva.
Pero este abuso de los recursos de los contribuyentes, que involucra a todos los partidos políticos, es un tema viejo y, también, recurrente, porque no ha habido en las fuerzas políticas la honestidad de aprobar una legislación sobre los emolumentos en el servicio público.
A menudo se alega que la austeridad no debe alcanzar las percepciones de la alta burocracia con la engañifa de que los bajos sueldos conducen a la corrupción o, en el mejor de los casos, a que los mejores cuadros profesionales preferirán el sector privado que el público.
Se trata de falacias para evitar, de una vez por todas, poner fin a la discrecionalidad y fabulosas percepciones de la alta burocracia, cuya vigencia no ha neutralizado las prácticas de corrupción que se extienden en todos los ámbitos del servicio público.
Los servidores públicos de México son los mejor pagados del mundo y esto no se traduce en calidad en el servicio, como lo acreditan en general todos los gobiernos, desde el que encabeza Felipe Calderón --"un peligro para México" fue suplantado por un "inepto para México"-- hasta el del más modesto municipio.
Llegado el caso, como en el 2006, la austeridad es vista como una estrategia política de marketing, pero falsa en la realidad: Calderón anunció, en diciembre de ese año, que se reduciría 10% su sueldo y el de los mandos medios y altos de su administración, cuando se requería de medidas más radicales en esa materia.
Ahora, en medio una severa crisis cuyo "ojo" no ha llegado aún, se imponen decisiones contundentes, más allá de medidas demagógicas como la reducción de 10% en el salario de los diputados perredistas –que ni siquiera se ha materializado-- o del 20% que anunció el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca.
Apuntes
Un pincelazo del gorilato que hay en Querétaro se produjo, el sábado 28, en el Teatro de la República, donde en 1917 se promulgó la Constitución vigente, y el 19 de enero pasado fue mancillada por la presencia del secretario de Estado del Vaticano, Tarsicio Bertone: el gobernador panista Francisco Garrido Patrón, quien rendía su quinto informe de gobierno, guardó un espeso silencio sobre el asesinato impune del joven Marco Antonio Hernández Galván, cometido el 27 de noviembre del 2004 presuntamente por el conductor de una camioneta BMW negra, Federico Ruiz Lomelí, un junior de la familia concesionaria de Femsa, fabricante de Coca-cola y que financia a los candidatos del PAN. Ante el silencio del gobernante, el escritor Julio Figueroa le gritó: "¡Crimen e impunidad! ¡Caso BMW, 51 meses!". De inmediato policías de civil y personal al servicio del secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, lo sometieron y, a golpes e insultos, lo expulsaron del recinto. En la crónica que escribió, contó cómo ingresó al recinto y hasta el diálogo que tuvo con uno de los jerarcas de El Yunque en el estado: "Vi entonces al secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, y me dirigí hacia él: --Señor Secretario, no tuve ningún problema para entrar aquí cuando vino el cardenal Bertone, ni cuando vino el presidente de México. Y hoy tuve todas las dificultades imaginables. Siento una gran presión política sobre mí y lo hago a usted responsable de lo que me pueda pasar. '¿Y por qué yo?' --Porque usted es el secretario de Gobierno y el responsable de la seguridad política en el estado y en este Teatro. 'Está bien, Julio; nada va a pasar'. Y sí pasó."
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
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