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lunes, 9 de abril de 2007

MonoSapiens

por Helguera y Hernández
El Chamuco Virtual

Ovulos Espermas y Neuronas



¡No contaban con mi Estulticia!




Kikka Roja

Mucha gente no conoce la Playa ni el Mar

Siganse burlando de la base de México: la gente humilde. Sigan discutiendo de lo que Televisa agenda y propone.

11:00 Más de 100 mil personas visitaron durante la semana pasada las cuatro playas que puso en marcha el Gobierno del Distrito Federal. De acuerdo con un balance que presentó el secretario de Gobierno, José Angel Avila, la playa más visitada fue la de Villa Olímpica a la que llegaron 38 mil 77 visitantes; en segundo lugar se ubicó la del Bosque de Aragón con más de 26 mil usuarios. En conferencia de prensa el funcionario informó que en el transcurso de esta semana se realizarán análisis biológicos para certificar la calidad del agua y la arena por parte de tres de las principales instituciones educativas: la UNAM, Politécnico y Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo dijo que se levantó una encuesta entre los visitantes en la que se reporta que 100 por ciento de ellos consideran que las playas artificiales son una buena idea porque ofrecen diversión y permiten que la gente conozca la arena y sepa la sensación de pisarla. El 60 por ciento de los encuestados reconoció que nunca ha visitado una playa y que por lo tanto regresará a las playas que se inauguraron la semana pasada. También 60 por ciento de los usuarios le dio una buena calificación a los cuatro centros playeros y solicitó la construcción de más playas en cinco diferentes zonas: Xochimilco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Nezahualcóyotl. Informó que en los próximos días se inaugurará la playa de Magdalena Contreras, que se ubicará en la Casa Popular, que tendrá una inversión de 200 mil pesos y contará con más de 100 toneladas de arena, albercas, canchas de voleibol, juegos inflables, etc.

MÁS CLARO, NI EL AGUA


http://www.youtube.com/watch?v=4aoThIqm3hI
Tool - Prison Sex

Kikka Roja

Raymundo Riva Palacio

Estrictamente personal
Jarabe tapatío

La falta de conocimiento de la política nacional, ha puesto a prueba la eficiencia del secretario de Gobernación

En sólo cuatro meses, Francisco Ramírez Acuña demostró que saltar a la Secretaría de Gobernación después de una larga, fructífera y muy local carrera política, puede ser bastante desventajoso. Sobre todo si no se ha enterado que desde 1989 esa superpoderosa secretaría comenzó a ser desmantelada. Carlos Salinas le empezó a quitar atribuciones y funciones que trasladó a Los Pinos; Ernesto Zedillo, que prácticamente no le movió nada, tuvo en su secretario particular a su mejor operador político, y Vicente Fox la remató dejándola formalmente sin los recursos disuasivos de fuerza para hacer más fácil la gobernabilidad. Ramírez Acuña, que esperaba recibir las llaves de la locomotora política gubernamental, se encontró con una carcacha que hace tiempo descontinuaron, lo que lo tiene muy molesto.

Dentro del gabinete, el enojo de Ramírez Acuña está siendo comentado entre sonrisas y temores, porque algunas de sus actitudes son vistas como cándidas, pero reconocen su estrecha cercanía con el presidente Felipe Calderón por el apoyo firme cuando nadie, incluso dentro del PAN, pensaba que se haría de la candidatura presidencial y del respaldo decisivo que le dio como gobernador de Jalisco para derrotar a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, fue el primer secretario en enterarse de su nuevo cargo, dos semanas antes de que se anunciara.

Ramírez Acuña no lo dice, pero su comportamiento es como si aspirara a ser el candidato panista en 2012. Mantiene un perfil excesivamente bajo, y se cuida tanto con Calderón que jamás va a un acto público donde vaya el Presidente, salvo aquellos por invitación expresa de Los Pinos. Con un aire bonachón, ha tratado de proyectar una imagen de civilidad política para contrarrestar la fama de gobernador atrabiliario con la que llegó de Jalisco. "No tengo la mano dura, sino firme", repite con una sonrisa.

En privado, sin embargo, ha proyectado más dureza que firmeza. En un encuentro con empresarios dijo que no olvidaran que varios de los ahí presentes habían apoyado a López Obrador durante la campaña. Pareció amenaza, aunque varios de los empresarios ahí convocados quedaron más confundidos porque no completó la faena política. Nadie le aconsejó a Ramírez Acuña que si estaba listo para tal desplante, tendría que haberse seguido de frente, pues de lo contrario lo único que podrían pensar de él es que fue un muy desafortunado inicio de gestión, confirmando la especie que precisamente ha tratado de borrar. Por lo que toca a la mano firme, se podría decir que Ramírez Acuña trae un problema de Parkinson.

La única función real, concreta y relevante que tiene el secretario de Gobernación hoy en día es tratar con los gobernadores los asuntos de la gobernabilidad nacional. Pero los gobernadores, o cuando menos una buena parte de ellos, no quieren tratar con él. Tienen una interlocución formal, pero no real. No han encontrado en Ramírez Acuña un buen conducto para llegar al Presidente, y prefieren otras vías, como la del superconsejero presidencial Juan Camilo Mouriño, a quien ya saben que Calderón sí escucha, y que, como sucedía con Fernando Gutiérrez Barrios, cuando dice sí se compromete, de la misma forma que cuando dice no significa que por ese camino las cosas no van a avanzar. Mouriño no es la única opción que tienen los gobernadores, quienes también recurren a otras personas allegadas a Calderón, que les han dado resultados, como César Nava, secretario particular del Presidente.

Las mismas vías han preferido utilizar en el Congreso. Ramírez Acuña ha tenido muchos problemas para establecer una relación política confiable con los líderes en las cámaras, en particular porque tomó como enlace con San Lázaro y Xiconténcatl al subsecretario Armando Salina Torre, que ya ocupó un cargo similar en la gestión de Santiago Creel, sin pena y con mucha menos gloria. Salina Torre ha empeorado en su trato, de acuerdo con su hoja de récord de enlace más reciente. Los legisladores tienen una molestia creciente con él por una ideologización de las leyes que raya en lo absurdo. En cuando menos una ocasión le hizo saber al Congreso que no se publicaría una ley en el Diario Oficial -para que entrara en vigor-, porque atentaba contra los principios del PAN. La respuesta de varios legisladores fue que el subsecretario estaba tan confundido que no entendía la aberración legal y política en la que incurría. Otros perdieron menos tiempo y comunicaron que jamás volverían a tratar temas relevantes con él.

No son, por supuesto, sus únicos problemas.

En las últimas semanas, cuando estalló un conflicto dentro de la Secretaría de Seguridad Pública entre el titular Genaro García Luna, y el comisionado de la Policía Federal Preventiva y director de la Agencia Federal de Investigaciones, Ardelio Vargas, el hilo se rompió, como siempre, por lo más delgado. Quien estaba destinado a ser el jefe de la policía nacional presentó su renuncia y el Presidente se la aceptó. Antes de que se hiciera pública la disputa y su conclusión, Ramírez Acuña se movió para que, toda vez que carecía de recursos disuasivos para ejercer la gobernabilidad en los términos como él la concebía, lograra que uno de los suyos, Gerardo Solís, quien había sido su procurador, secretario de Gobierno y gobernador interino cuando él aceptó ir a Gobernación, fuera nombrado en ese puesto. Pero Ramirez Acuña perdió sin que nadie le disparara. Nunca presentó su nombre formalmente a nadie, y en política, las cosas se logran con amarres, no telegrafiando sus intenciones. Solís se tuvo que conformar con la coordinación de asesores del secretario de Gobernación.

Las cosas no salen, quizás por los estereotipos en la cabeza de Ramírez Acuña. Uno de ellos quedo demostrado cuando el secretario de Seguridad Doméstica de Estados Unidos, Michael Chertoff, realizó una visita a México apenas iniciado este gobierno. Varios funcionarios recuerdan que Ramírez Acuña vio en Chertoff un par de "mano dura", por lo que cuando días después pronunció un discurso negativo contra México en la frontera, el tapatío jamás pudo entender que iba dirigido a una audiencia estadounidense, lo que puso en riesgo su participación en un encuentro ministerial en Ottawa, donde quería dejar asentada su molestia. Al final, el secretario se ahorró un desaguisado y un bochorno seguro para el gobierno de Calderón.

Pero son demasiados incidentes para tan poco tiempo de nuevo gobierno. Ramírez Acuña tiene que hacer algo, como tomar lecciones rápidas de cómo hacer política federal que le permitan restituir el diálogo con los actores nacionales, destrabar los nudos que él mismo atoró y recuperar la interlocución. De otra manera, seguirán bailando todos el jarabe tapatío sobre él, por ahora, y se reirán de su candidez e ineficiencia cuando terminen de perderle el respeto.

rriva@eluniversal.com.mx
r_rivapalacio@yahoo.com


Kikka Roja

ISSSTE Mega Fraude

Son trabajadores que dejaron de cotizar a las Afore, advierte Alonso Raya
Grupos financieros podrían quedarse con los ahorros de 20 millones de asalariados

ANDREA BECERRIL

Como ocurrió con la reforma de 1992, que permitió al gobierno federal quedarse con más de 20 mil millones de pesos de fondos de pensiones no reclamados por los trabajadores, ahora son los grupos financieros los que podrán beneficiarse al absorber los ahorros de más de 20 millones de asalariados que dejaron de cotizar. Ello, debido a que en las prisas por aprobar la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), en ambas Cámaras la mayoría PRI-PAN ''y sus satélites'' cometieron ''graves errores y omisiones'' que dejan indefensos a los servidores públicos, lesionan al resto de los trabajadores del país y obligan al gobierno a asumir de entrada un alto costo fiscal de 1.4 billones de pesos. Las reformas a la Ley del SAR, que se votarán esta semana en la Cámara de Diputados -propuestas por el Partido Revolucionario Institucional en el Senado para blindar la Ley del ISSSTE-, posibilitan que los recursos de unas 24 millones de cuentas para jubilación, cuyos titulares dejaron de aportar, se vayan extinguiendo a través del pago de comisiones más altas a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), advirtió Miguel Alonso Raya, ex diputado federal del Partido de la Revolución Democrática y actual asesor del Frente Amplio Progresista (FAP).

Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, y autor de un estudio amplio sobre el sistema de pensiones en México, Alonso alerta sobre el peligro de que se repita el escenario que se dio al inicio del sexenio foxista, cuando se despojó a trabajadores de 20 mil millones de pesos del SAR. En esa ocasión, el Congreso avaló que millones de cuentas de fondos de pensiones de trabajadores que no se inscribieron en ninguna Afore en 1992 -cuando cambió el sistema- pasaran a poder del gobierno federal. El argumento fue que no aparecían los dueños de esos ahorros, ''pero en realidad se trataba de obreros o empleados que perdieron el empleo y ya no cotizaron, y a los que nadie se molestó en informar de la existencia de esos recursos''. Así, el gobierno federal se llevó 20 mil millones de pesos a la Financiera Rural, para capitalizar el campo -se dijo-, y de esa cantidad devolvió unos 2 mil millones a trabajadores que lograron enterarse que tenían esos ahorros y los reclamaron, agregó Alonso Raya. En la coyuntura presente, advirtió, son las Afore las que podrán sacar provecho de las cuentas pasivas -aquellas que ya no reciben aportes-, a partir de las reformas a la Ley del SAR, aprobadas ya en el Senado y a punto de dictaminarse en San Lázaro, que eliminan la cuota de flujo cobrada por las administradoras y dejan sólo una comisión por saldo. En la actualidad, las Afore están autorizadas a cobrar las dos comisiones. Así, explicó el ex legislador, Inbursa, que es de las que tienen las tarifas más bajas, le carga a cada cuenta que maneja 0.5 por ciento por flujo y otro 0.5 por saldo. La comisión sobre flujo representa el costo para el trabajador por cada peso aportado de una base contributiva de 6.5 por ciento del salario cotizable. En el caso de Inbursa significa que por cada cien pesos que ingresan a cada cuenta individual, a ella le corresponden 7.60 pesos.

Hay otras Afore más caras, como Principal y Profuturo GNP, que cobran 1.60 por ciento de comisión por flujo, lo que se traduce en 25 pesos por cada cien aportados por el trabajador. En promedio, las administradoras cobran 15.99 pesos por cada cien, además de la comisión por saldo. En la reforma a la Ley del SAR, que el PRI propuso en el Senado, además de establecer candados para evitar que Elba Esther Gordillo asuma el control del Pensionissste, se incluyeron modificaciones a fin de disminuir, se dijo, el cobro de comisiones a los trabajadores. Así, se decidió eliminar la comisión por flujo. ''Aparentemente es una medida correcta, pero el problema es que PRI, PAN y PVEM no tomaron previsiones y permitieron que las Afore presenten una propuesta para restructurar las comisiones y, dada la actuación de esos grupos financieros, es obvio que la comisión por flujo que perderán la van a repercutir en su mayor parte en la de saldo''. De esta forma, Inbursa -por ejemplo- va a cobrar 0.75 o un punto, y ello repercutirá en las cuentas pasivas, explicó Alonso. Detalló que de acuerdo con cifras oficiales hay 37 millones de cuentas administradas por las Afore, de las que sólo 13 millones son activas, esto es, donde el trabajador sigue aportando, y las restantes 23 o 24 millones son conocidas como cuentas pasivas, es decir, en las que los trabajadores ya no aportan porque perdieron el empleo o se retiraron al mercado informal.

A estas cuentas pasivas en la actual Ley del SAR se les cobra únicamente la comisión por saldo, pero con la reforma que se aprobó en el Senado eso se elevará y los fondos paulatinamente serán absorbidos por la Afore hasta desaparecer. ''Las nuevas comisiones se comerán esas cuentas y ello ocurrirá como consecuencia de la decisión de legislar al vapor, sin restructurar ni ordenar el sistema, sin corregir de verdad un esquema privatizador que garantiza mínimos en pensiones y servicios médicos a los trabajadores y grandes ganancias a los bancos y los grupos financieros'', dijo el perredista. Los senadores que aprobaron la Ley del SAR no se molestaron en establecer el cobro de un porcentaje de comisión del rendimiento neto en el caso de las cuentas pasivas. Y como ese descuido hay muchos más, sostuvo. La mayoría PRI-PAN-PVEM avaló también una reforma al ISSSTE que insiste en dejar los ahorros de los trabajadores en manos privadas las que, en lugar de ofrecer rendimientos cobran altas comisiones. De 1997 a 2006 las Afore obtuvieron utilidades por cerca de 95 mil millones de pesos y apenas garantizaron, en el mejor de los escenarios, pensiones equivalentes a 35 por ciento del último salario del asegurado. Los legisladores tampoco previeron que puede darse ''una corrida financiera'', es decir que, desesperados por la reciente reforma a la Ley del ISSSTE, 300 mil trabajadores de ese instituto que ya tienen derecho a la jubilación decidan exigir masivamente su pensión, con el impacto correspondiente en las finanzas públicas.

lo-del-fraude-issste-se-puede-caer.
issste-el-robo-del-siglo.

Kikka Roja

Tortillazo en Mayo

Autoridades otorgan inusual subsidio millonario a grandes comercializadores: ANEC
Nuevo tortillazo en mayo, cuando termine el pacto gobierno-empresarios, prevén
Se les fortalece pero no se les condiciona a que bajen precios, advierten

SUSANA GONZALEZ

Tortillería de la organización Juan de la Granja, de la Industrializadora de Maíz Mexicano, propietarios de la marca Nuestro Maíz, que elabora sus productos con grano 100 por ciento mexicano, en el municipio de Grajales, Puebla Foto: José Carlo González

Además de no lograr que la tortilla se vendiera a un precio máximo de 8.50 pesos por kilo en todo el país, el Pacto de la Tortilla, suscrito por el gobierno federal con un grupo de empresarios y organizaciones productoras, comercializadoras e industrializadoras de maíz blanco, tampoco resolvió los problemas del sector que dieron origen al alza del alimento en enero pasado. En cambio, las autoridades liberaron un inusual subsidio millonario para las grandes empresas de la cadena maíz-tortilla (a las que se ha señalado como responsables de haber acaparado el grano en enero y provocar el alza de la tortilla), para que compren la cosecha de Sinaloa, en lugar de crear una reserva de medio millón de toneladas de maíz. Así que una vez que concluya el acuerdo el 30 de abril, la historia del tortillazo de enero puede volver a repetirse con una nueva alza del precio de la tortilla, advirtió Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (ANEC), que desde la semana pasada vende el alimento a 7 pesos el kilo en zonas marginas del Distrito Federal. Los subsidios federales, explicó, siempre se han destinado a los pequeños y medianos productores agrícolas. Por ejemplo, los de Sinaloa recibieron 250 millones de pesos. Pero ahora el gobierno calderonista, violando leyes y reglamentos, ''está desviando más de mil 500 millones pesos de los recursos públicos, a través de Sagarpa y Aserca, a unas diez grandes empresas compradoras de maíz, tanto procesadoras de harina como comercializadoras o las del ramo pecuario''. Lo peor es que además de fortalecer a las compañías más grandes en el sector agroalimentario, no se les pone ningún candado en el subsidio, destinado a los fletes o transportación, ''ni las condiciona a que se comprometan a bajar los precios de sus productos''.

Aumentos a partir de mayo

''Es claro que los factores que desencadenaron el aumento en el precio de la tortilla y de otros alimentos de la canasta básica no se han desmontado; el pacto fue sólo una medida cosmética y mediática de las autoridades. Los impactos a los alimentos siguen y habrá más presión a partir del primero de mayo, no obstante que la cosecha de maíz de Sinaloa es muy buena'', dijo el dirigente al evaluar los resultados del acuerdo. Incluso recordó que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha insistido en que habrá aumentos de entre 15 y 25 por ciento en los precios del huevo, pollo, carne y todos los productos generados en el sector pecuario, pese a que la Secretaría de Economía autorizó el aumento en las importaciones de maíz amarillo. Si bien aclaró que el incremento en el precio de la tortilla no sería tan grande como el ocurrido a principios de año, calculó que por lo menos será de entre 50 centavos y un peso por kilogramo, respecto al precio de 8.50 fijado en el pacto, para que el precio de la tortilla se generalice a 9 y 10 pesos a partir de mayo, aunque en muchas regiones del país así se vende. Consideró que las grandes empresas agroalimentarias ''están en un proceso de chantaje extremo ante las autoridades'' porque, principalmente las harineras, sintieron que perdieron mucho con el pacto. Así, amenazan con subir los precios si no reciben subsidios, lo que generaría conflictos para el gobierno y un incremento de la inflación. Sin embargo, en la realidad no hay motivo para más aumentos porque hay suficiente maíz para el consumo interno, debido a que la cosecha de Sinaloa resultó muy buena y se han incrementado las importaciones del grano. El gobierno, dijo, podría plantear la extensión del pacto pero con alcances limitados, como hasta ahora, pues aunque los supermercados vendan barata la tortilla y su inclusión en los monitoreos oficiales ayude a las autoridades a sostener que el precio del alimento va a la baja, lo que llegan a vender significa menos de 5 por ciento de lo que se comercializa en todo el país.

Prueba de que el alza en el precio de la tortilla ha sido por acaparamiento, abundó, es que 60 mil productores, comercializadores e industriales de maíz de la ANEC se comprometieron desde la semana pasada y hasta diciembre a vender diariamente 10 mil kilos de tortilla a un precio fijo de siete pesos en zonas marginadas del Distrito Federal. Suárez Carrera aseguró que el programa puede extenderse a otras entidades del país, principalmente del norte y sur, donde la tortilla se comercializa en 10 pesos, como revelan los monitoreos de Profeco, sin que represente pérdidas para los productores porque los costos se abaratan con la eliminación de intermediarios.

Kikka Roja

Ernestina Ascencio : Militares : Veracruz

El ataque a Ernestina Ascención, posible "mensaje de escarmiento": autoridades
BLANCHE PETRICH ENVIADA
Soledad Atzompa, Ver., 8 de abril. El 2 de febrero, tres semanas antes de la agresión física que mató a la anciana Ernestina Ascención Rosario cuando pastoreaba sus ovejas en la comunidad de Tetlatzinga, el jefe militar del cuartel de Orizaba, teniente coronel Alejandro de Jesús Orozco, recibió una queja "por mal comportamiento" de sus soldados por parte del agente municipal de la comunidad de Mexcala, Modesto Antonio Cruz.
"Nos tratan como a animales", reprochó el municipio de Soledad Atzompa a militares
Blanche Petrich
El fiscal especial del caso de Ernestina Ascención, sin reportes de la CNDH
BLANCHE PETRICH ENVIADA
Orizaba, Ver. Las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso de la anciana nahua Ernestina Ascención Rosario -de las que funcionarios de la dependencia hablan profusamente ante la prensa- no han sido canalizadas a la fiscalía especializada que asignó la procuraduría veracruzana, como correspondería legalmente. El organismo tampoco ha comunicado oficialmente sus impresiones sobre el caso al Ministerio Público que lleva la averiguación.

asco-militares-y-fecal-asquerosos
miguel-angel-granados-chapa.
luis-javier-garrido.

Kikka Roja

El llorón de Icamole : Libro

Edita El país de "El llorón de Icamole", caricaturas sobre Porfirio Díaz
Los excesos de la prensa son más civilizados que los del poder: El Fisgón
"Estamos ante un régimen como el del porfiriato, al que le molesta la libertad de imprenta"

MONICA MATEOS-VEGA

Rafael Barajas, El Fisgón, junto a su nuevo proyecto de investigación Foto: José Antonio López

Para una sociedad democrática siempre será de vital importancia mantener la libertad de prensa, pues lo excesos de ésta siempre serán menores y más civilizados que los del poder, afirma Rafael Barajas, El Fisgón (DF, 1956), a propósito de la publicación de su libro El país de "El llorón de Icamole". Editado por el Fondo de Cultura Económica (FCE), el volumen presenta un amplio ensayo a partir de las caricaturas publicadas durante la llamada era de Tuxtepec (1877-1884), que abarca la primera presidencia de Porfirio Díaz y el cuatrienio de su sucesor, Manuel González. Los trabajos hechos en ese periodo por los moneros de la época muestran la imagen de un Porfirio Díaz que resulta poco familiar: la del presidente inexperto que es abrumado por acontecimientos difíciles y escarnecido por una crítica feroz. La prensa satírica le dio al presidente "duro y a la cabeza", ridiculizándolo con saña. Lo tachan de tonto, oportunista, y le apodan, entre otros motes, Don Porfiado, el Loco de la Peluca, el Llorón de Icamole. Si bien durante 1877 los periodistas gozan de una libertad de imprenta casi total, en 1884 se impuso la censura: escritores y dibujantes ejercen su oficio con miedo. El Fisgón describe en este libro que en las revistas de caricaturas de esos años se encuentran algunas de las claves que explican cómo, bajo un régimen que se reclama liberal, se pierde la libertad de imprenta, uno de los postulados esenciales del ideario reformista mexicano del siglo XIX. El monero de La Jornada explica en entrevista cuáles son las reflexiones que El país de "El llorón de Icamole" deben provocar hoy día: "al final de cuentas la libertad de imprenta es una prerrogativa que sólo la sociedad puede mantener y que ni el gobierno puede cancelar.

"Además, si algo provoca y genera el descrédito de la prensa, es la propia prensa. Hay que pugnar por una que se maneje con principios éticos muy claros, pues la libertad de prensa es, a final de cuentas, una de las manifestaciones importantes de la libertad de pensamiento, por tanto, hay que conservarla.

"En la medida en la que se conserva la libertad de imprenta se le ponen cotos al autoritarismo absoluto y al dogmatismo cerrado. Como pocas veces, esto se aplica en la actualidad."

Conocer la historia de lo que la prensa vivió cuando Porfirio Díaz asumió la Presidencia de México es importante, agrega, "porque estamos justamente frente a un régimen al que le molesta la libertad de imprenta.

"En la entrevista que Felipe Calderón dio hace unas semanas a La Jornada declaró que él había aprendido mucho de sus críticos, sobre todo de los caricaturistas, pero agregó que nos pedía que nos manejáramos con verdad y veracidad, 'y habrá respeto' (...) ¿y si no?

"Es decir, es claro que se trata de un señor que empezó su gobierno amenazando al periodista José Gutiérrez Vivó, restringiendo medios, apretando por todas partes. Y es claro que trae un gobierno que necesita restringir la libertad de imprenta.

"Pero también es claro de que en la medida en la que los ciudadanos y periodistas sigamos manteniendo y ejerciendo la libertad de imprenta, el señor no va a poder imponer las cosas como quisiera.

"Podrán implantar una ley mordaza, pero la existencia de nuevas tecnologías como el Internet hacen imposible que ésta se practique. La información seguirá circulando.

"Es decir, el gobierno cuenta con la complicidad absoluta de las grandes televisoras, las cuales, efectivamente, le hacen un vacío a ciertas informaciones, y el vacío tiene una relativa eficacia. Pero esto no quiere decir que la verdad no se cuele en el espíritu público, en el centro de la opinión pública.

"La televisión tiene la capacidad de implantar e imponer agendas, pero no puede suplantar la verdad, claro, esto toma tiempo.

"La sociedad busca informarse de otra manera. Aunque un porcentaje muy importante de personas ve la televisión, en México sucede un fenómeno muy curioso: pocos le creen.

"Según las propias encuestas oficiales, es poca la gente que cree que la información que da la televisión es fidedigna, y sobre todo imparcial."

Al igual que su libro anterior, El país de "El Ahuizote" (FCE, 2005), este volumen está acompañado por un disco con 14 melodías sacadas de las propias revistas de caricaturas analizadas. La selección y arreglos de las piezas fue de Aurelio León Ptacnik, con la interpretación de Aurelio León al piano y las voces de Elena Pata y Alma Zúñiga. El FCE prepara ya el que será el primer volumen de esta vasta investigación sobre la historia de la caricatura política en el México del siglo XIX, el cual será publicado en este año.


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