Pasta de Conchos

plaza pública
Pasta de Conchos

Miguel Ángel Granados Chapa

En la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006, hoy hace un año, se produjo un estallido en la mina número ocho de la Unidad Pasta de Conchos, explotada por Industrial Minera México, que forma parte del Grupo México encabezado por Germán Larrea. Quedaron atrapados en los socavones y túneles 65 personas. Sólo se han podido recuperar dos cuerpos, pues los escombros siguen sin ser removidos, por la presencia de altos niveles de gas grisú, cuya concentración en el interior del establecimiento provocó la explosión. A decir verdad, la causa de la tragedia no fue tanto el elemento explosivo natural indisolublemente ligado a la explotación carbonífera, sino la irresponsabilidad de funcionarios de la Federación y ejecutivos de la empresa minera, puestos de acuerdo para incumplir las disposiciones de seguridad e higiene que son indispensables en toda instalación industrial pero que en las minas son asunto de vida o muerte.

No obstante el largo año transcurrido, las autoridades locales y federales apenas se disponen a iniciar los procesos judiciales y administrativos correspondientes. En la Procuraduría estatal se formalizarán acusaciones contra diez personas, tanto de la empresa como de la Secretaría del Trabajo, por el múltiple homicidio resultante de su desaprensión. El Ministerio Público federal, a su turno, ha citado a cuatro funcionarios del Trabajo y está por hacer lo propio con tres miembros de alto nivel de la empresa, como indiciados a causa del incumplimiento de disposiciones de la ley minera y las regulaciones de seguridad industrial. Se ha omitido investigar la negligencia de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que no reaccionó conforme a la ley ante la alta incidencia de accidentes que provocaban días de incapacidad en los mineros, lo que ameritaba establecer un programa de prevención. Es probable que haya habido también colusión entre la empresa y empleados del IMSS para registrar salarios menores de los reales, engaño que se reflejará en los montos de la indemnización que cobren los deudos.

La manifiesta irresponsabilidad empresarial, que sacrificó la seguridad en aras de la rentabilidad se ha prolongado después de la tragedia. Sus ejecutivos no dieron aviso inmediato a las familias de las víctimas, y pretendieron que se retiraran a sus casas después de que en las primeras horas posteriores al estallido los parientes se dispusieron a esperar el rescate de los cuerpos en un campamento improvisado. Todavía hay quienes, un año después, acuden permanentemente a esa vana espera. La empresa del Grupo México entregó a las familias de los desaparecidos setecientos cincuenta mil pesos y ha sostenido el pago de tres salarios en tanto se rescate a las víctimas, que es una exigencia de los deudos, temerosos de que se cierre la mina de modo definitivo sin la recuperación de los cuerpos. IMMSA, sin embargo, disponía de mano de obra contratada no directamente sino por una empresa aledaña, General de Hulla, cuyo precario funcionamiento laboral le impide enfrentar sus responsabilidades en ese campo.

Las familias han rehusado aceptar las indemnizaciones previstas en la legislación del Trabajo. La empresa depositó los cheques respectivos el 24 de junio, y está urgida de que sean recogidos para así salvar a bajo costo las compensaciones laborales. Para lograrlo, propició una campaña de desinformación según la cual hoy concluye el derecho de los deudos a esa indemnización. Para contrarrestar la confusión posible, el equipo nacional de pastoral social del Episcopado Católico Mexicano ha recordado a los familiares de las víctimas que, por un lado, es inextinguible el derecho a una pensión derivada de la indemnización por muerte. Tampoco se pierde el derecho a la indemnización a que está obligada la empresa porque las víctimas, salvo los dos mineros cuyos cuerpos fueron rescatados, no están oficialmente muertos ni se ha declarado su ausencia y por lo tanto no corre el plazo de prescripción de ese derecho.

Ese equipo de pastoral social, y el obispo de Saltillo Raúl Vera, han desplegado una activa solidaridad con los deudos y han procurado que la lección de Pasta de Conchos, tan dolorosa, sea útil para evitar que continúe la explotación más de las personas que de los recursos naturales. Suponemos, dijo el prelado la semana pasada, “que entre los empresarios hay respeto y compromiso social, sobre todo ahora que ven que los alcances de su irresponsabilidad ha llegado lejos, y que no permitiremos que vuelvan a arriesgar la vida de seres humanos, por sus ambiciones económicas”.

Para la operación general del Grupo México la tragedia de hace un año es un mínimo accidente, una anécdota. La prosperidad de sus diversos negocios se refleja de muchas maneras. Apenas el 30 de enero Deutsche Bank revaloró el precio de cada acción del Grupo, de 44 a 53 pesos, y recomendó al mercado bursátil la compra de ese papel, porque tiene una “clara tendencia al alza”. Su división ferroviaria marcha, igualmente, con gran celeridad. Dispone en este momento de 530 millones de dólares para la realización de obras, como puertos y bodegas, para sus rutas. El grupo adquirió, a la hora de la privatización, Ferromex, y compró hace poco dos tercios del capital de Ferrosur, a pesar de que se opuso a la operación la Comisión de Competencia Económica. La fusión de los dos negocios rieleros tiene buena perspectiva pues el secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, era o es miembro del consejo del Grupo México.

Se cayó la mina por no gastar para asegurar su estructura, en suguridad de obreros, se ahorraron un dinero y ahora tienen que ir a la cárcel. ... ambiciosos rateros esclavistas.

Kikka Roja