- El conflicto sigue abierto, advierte la CCIODH; pide representación de la ONU y de Europa
- En SG, pruebas contundentes de los abusos cometidos en Oaxaca
EMIR OLIVARES , ANDREA BECERRIL
Agente de la PFP lanza gas lacrimógeno a integrantes de la APPO durante el enfrentamiento del pasado 20 de noviembre en Oaxaca Foto: Francisco Olvera
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) entregó ayer por la tarde a la Secretaría de Gobernación (SG) el informe que realizó sobre las "violaciones a las garantías fundamentales" en Oaxaca, ante lo que las autoridades federales se comprometieron a analizar el documento e investigar a quienes estén involucrados en esos actos. Luego de siete horas de espera, pues los integrantes del organismo internacional habían sido citados a las 10 de la mañana, pero la reunión fue pospuesta para las 5 de la tarde, el subsecretario de Gobierno de la SG, Abraham González Uyeda, recibió a una delegación de la CCIODH, con la que dialogó alrededor de dos horas en la sede de la dependencia, en Bucareli.
Testimonios de todos los actores
La CCIODH, conformada en su mayoría por activistas europeos, entregó al funcionario el informe final sobre las pesquisas que realizó en aquella entidad durante diciembre y enero pasados, el cual consta de testimonios de todos los actores que participaron en el conflicto: integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), autoridades estatales, detenidos y defensores de derechos humanos, así como de organismos y personas que no están en favor de la APPO. Para "resarcir" las violaciones a las garantías fundamentales de los oaxaqueños, el organismo internacional recomienda al gobierno mexicano que las investigaciones se agilicen y se sancione a los responsables. Además de videos con los testimonios, la CCIODH hace un recuento puntual de cuáles son las violaciones en que incurrieron los funcionarios estatales y federales, y cómo perjudicaron social y sicológicamente a la población. A decir de Ignacio García, integrante del órgano defensor de derechos humanos, González Uyeda se comprometió a atender las denuncias y testimonios incluidos en el informe, además de investigar los delitos en que estén involucrados funcionarios y actuar en consecuencia. "Evidentemente, las diferencias están en el tema de las denuncias, pero admitió que existen y que hay investigaciones abiertas", dijo el activista.
Destacó que durante el encuentro, advirtieron al funcionario gubernamental que la actuación de la justicia en Oaxaca "ha sido lenta" y, en muchos casos, "insuficiente". Por la mañana, los representantes de la ONG internacional ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que aunque deseaban que su primer acto en México fuese la reunión con la autoridad federal, ésta no se realizó debido a que se modificó la hora del encuentro "por razones de agenda" del subsecretario. Asimismo, solicitaron la presencia en Oaxaca de una representación de la Unión Europea y de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, debido a que el conflicto "sigue abierto". Durante la rueda de prensa, en la que presentaron a la opinión pública el informe final del caso Oaxaca, García subrayó que ante la "inminente" reactivación de la violencia en la entidad, es urgente que los gobiernos federal y estatal atiendan las demandas sociales que dieron origen a la movilización. Advirtió que hay actores políticos que "están empeñados" en reactivar el conflicto de manera violenta, lo que "ya se está presentando" con los enfrentamientos entre las secciones magisteriales 22 y 59.
Grave, que no haya consignados
Asimismo, advirtió que es "grave" que aún no haya ningún consignado por las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños en que han incurrido las autoridades estatales y federales, además de que todavía hay medio centenar de presos de manera injustificada. "Que no haya una sola detención en Oaxaca ante tanta muerte y represión lleva a la sospecha (...) Si las autoridades no actúan habrá desconfianza; un estado de derecho se basa en la aplicación justa de la ley, en que no haya discriminación ni exclusión", por lo que el gobierno está obligado a atender las demandas y proteger las garantías fundamentales de los ciudadanos, señaló Ignacio García. Para el activista, las indagaciones para sancionar a quienes vulneraron los derechos de los oaxaqueños y para resarcir los daños a las víctimas de la violencia "son débiles y van lentas". Debido a la cercanía en la ocurrencia de casos como Atenco, Pasta de Conchos, Lázaro Cárdenas y Oaxaca, la CCIODH solicitó la presencia de una comisión de la Unión Europea que analice las violaciones a las garantías fundamentales, con base en la cláusula democrática del acuerdo de libre comercio con México, disposición que establece que si un Estado no garantiza los derechos humanos, la contraparte podría romper el tratado comercial. Asimismo, aseveró que debido a que el conflicto "sigue abierto", es urgente la presencia en la entidad de una representación de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En entrevista, el activista internacional afirmó que casos como los mencionados han dejado consecuencias "muy graves" para el país, y pueden marcar una tendencia de cómo atenderían las autoridades federales y estatales la movilización civil, a la que "habría que ponerle correctivos, pues el conflicto social no se resuelve por la vía de la fuerza". Aseguró que el caso de Oaxaca podría marcar la forma en que se resolverán las violaciones a los derechos humanos. Por la noche, los integrantes de la CCIODH se reunieron con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Javier Moctezuma Barragán, quien dijo que ese órgano revisaría el informe final y que les entregará una copia del balance que emita en breve; además, ofreció que el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, recibirá a los activistas internacionales a mediados de este mes. Por separado, Diódoro Carrasco, ex secretario de Gobernación y actual diputado del PAN, quien también acudió ayer a la dependencia que encabeza Francisco Ramírez Acuña, sostuvo en entrevista que el conflicto en Oaxaca no está resuelto, ya que aún falta atacar a fondo asuntos relacionados con problemas añejos. A su juicio, sólo se arregló una parte del conflicto, pero los temas de violación de las garantías individuales, de homicidios no aclarados, de abusos de poder y de la radicalización violenta de muchos grupos aún están pendientes.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) entregó ayer por la tarde a la Secretaría de Gobernación (SG) el informe que realizó sobre las "violaciones a las garantías fundamentales" en Oaxaca, ante lo que las autoridades federales se comprometieron a analizar el documento e investigar a quienes estén involucrados en esos actos. Luego de siete horas de espera, pues los integrantes del organismo internacional habían sido citados a las 10 de la mañana, pero la reunión fue pospuesta para las 5 de la tarde, el subsecretario de Gobierno de la SG, Abraham González Uyeda, recibió a una delegación de la CCIODH, con la que dialogó alrededor de dos horas en la sede de la dependencia, en Bucareli.
Testimonios de todos los actores
La CCIODH, conformada en su mayoría por activistas europeos, entregó al funcionario el informe final sobre las pesquisas que realizó en aquella entidad durante diciembre y enero pasados, el cual consta de testimonios de todos los actores que participaron en el conflicto: integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), autoridades estatales, detenidos y defensores de derechos humanos, así como de organismos y personas que no están en favor de la APPO. Para "resarcir" las violaciones a las garantías fundamentales de los oaxaqueños, el organismo internacional recomienda al gobierno mexicano que las investigaciones se agilicen y se sancione a los responsables. Además de videos con los testimonios, la CCIODH hace un recuento puntual de cuáles son las violaciones en que incurrieron los funcionarios estatales y federales, y cómo perjudicaron social y sicológicamente a la población. A decir de Ignacio García, integrante del órgano defensor de derechos humanos, González Uyeda se comprometió a atender las denuncias y testimonios incluidos en el informe, además de investigar los delitos en que estén involucrados funcionarios y actuar en consecuencia. "Evidentemente, las diferencias están en el tema de las denuncias, pero admitió que existen y que hay investigaciones abiertas", dijo el activista.
Destacó que durante el encuentro, advirtieron al funcionario gubernamental que la actuación de la justicia en Oaxaca "ha sido lenta" y, en muchos casos, "insuficiente". Por la mañana, los representantes de la ONG internacional ofrecieron una conferencia de prensa en la que señalaron que aunque deseaban que su primer acto en México fuese la reunión con la autoridad federal, ésta no se realizó debido a que se modificó la hora del encuentro "por razones de agenda" del subsecretario. Asimismo, solicitaron la presencia en Oaxaca de una representación de la Unión Europea y de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, debido a que el conflicto "sigue abierto". Durante la rueda de prensa, en la que presentaron a la opinión pública el informe final del caso Oaxaca, García subrayó que ante la "inminente" reactivación de la violencia en la entidad, es urgente que los gobiernos federal y estatal atiendan las demandas sociales que dieron origen a la movilización. Advirtió que hay actores políticos que "están empeñados" en reactivar el conflicto de manera violenta, lo que "ya se está presentando" con los enfrentamientos entre las secciones magisteriales 22 y 59.
Grave, que no haya consignados
Asimismo, advirtió que es "grave" que aún no haya ningún consignado por las violaciones a los derechos humanos de los oaxaqueños en que han incurrido las autoridades estatales y federales, además de que todavía hay medio centenar de presos de manera injustificada. "Que no haya una sola detención en Oaxaca ante tanta muerte y represión lleva a la sospecha (...) Si las autoridades no actúan habrá desconfianza; un estado de derecho se basa en la aplicación justa de la ley, en que no haya discriminación ni exclusión", por lo que el gobierno está obligado a atender las demandas y proteger las garantías fundamentales de los ciudadanos, señaló Ignacio García. Para el activista, las indagaciones para sancionar a quienes vulneraron los derechos de los oaxaqueños y para resarcir los daños a las víctimas de la violencia "son débiles y van lentas". Debido a la cercanía en la ocurrencia de casos como Atenco, Pasta de Conchos, Lázaro Cárdenas y Oaxaca, la CCIODH solicitó la presencia de una comisión de la Unión Europea que analice las violaciones a las garantías fundamentales, con base en la cláusula democrática del acuerdo de libre comercio con México, disposición que establece que si un Estado no garantiza los derechos humanos, la contraparte podría romper el tratado comercial. Asimismo, aseveró que debido a que el conflicto "sigue abierto", es urgente la presencia en la entidad de una representación de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
En entrevista, el activista internacional afirmó que casos como los mencionados han dejado consecuencias "muy graves" para el país, y pueden marcar una tendencia de cómo atenderían las autoridades federales y estatales la movilización civil, a la que "habría que ponerle correctivos, pues el conflicto social no se resuelve por la vía de la fuerza". Aseguró que el caso de Oaxaca podría marcar la forma en que se resolverán las violaciones a los derechos humanos. Por la noche, los integrantes de la CCIODH se reunieron con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Javier Moctezuma Barragán, quien dijo que ese órgano revisaría el informe final y que les entregará una copia del balance que emita en breve; además, ofreció que el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, recibirá a los activistas internacionales a mediados de este mes. Por separado, Diódoro Carrasco, ex secretario de Gobernación y actual diputado del PAN, quien también acudió ayer a la dependencia que encabeza Francisco Ramírez Acuña, sostuvo en entrevista que el conflicto en Oaxaca no está resuelto, ya que aún falta atacar a fondo asuntos relacionados con problemas añejos. A su juicio, sólo se arregló una parte del conflicto, pero los temas de violación de las garantías individuales, de homicidios no aclarados, de abusos de poder y de la radicalización violenta de muchos grupos aún están pendientes.
Llaman a la SG a cumplir acuerdos con la APPO
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 2 de marzo. El secretario general de Gobierno, Manuel García Corpus, responsabilizó a la Secretaría de Gobernación de la persistencia del conflicto con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) conjuntamente con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por incumplir la minuta de acuerdo suscrita en noviembre del año pasado para resolver la disputa en más de un centenar de escuelas, ocupadas por priístas y miembros de la sección 59.
Impunes, 23 homicidios en el conflicto de Oaxaca, documenta ONG internacional
EMIR OLIVARES ALONSO
Durante el conflicto social en Oaxaca se vulneraron los derechos a la vida, a la libertad e integridad personal, a la libertad sexual, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión, de informar y ser informado, además de que hubo torturas, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y secuestros, revela el informe final de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), presentado ayer.
El sexenio de Fox fue "el más peligroso" para los periodistas
Concierto a beneficio de presos políticos vecinos del DF, recluidos en Oaxaca
JORGE RICARDO
Para romper el silencio que los medios de comunicación mantienen sobre el conflicto oaxaqueño, ''como si se hubiera terminado definitivamente quedando todo en el olvido", la Orquesta Filarmónica Juvenil de México (OFJM) realizará el concierto Voces y corazones por la libertad, a beneficio del Comité de Familiares y Amigos de los Presos Políticos del Distrito Federal en Oaxaca, hoy en el Teatro de la Ciudad.
Kikka Roja
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