La disolución de la comisión de mediación para el diálogo entre el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el gobierno federal, anunciada ayer por sus integrantes ante lo que describieron como la falta de voluntad política de las autoridades, es un hecho preocupante por diversas razones. En lo inmediato, refiere la incapacidad gubernamental para asignarle a la preservación de la paz social la importancia y la prioridad que amerita. Cabe recordar que desde mayo de 2007 –hace casi dos años– se desconoce el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ambos integrantes del EPR; que esa organización armada denunció que habían sido desaparecidos por efectivos gubernamentales y que en septiembre de ese año la guerrilla emprendió una serie de atentados contra ductos de Pemex para exigir la presentación de sus militantes.
Hace un año, el EPR anunció una tregua, demandó el establecimiento de un canal de comunicación con las autoridades federales para que éstas informaran de la suerte de los dos desaparecidos y propuso que, para el efecto, se estableciera una comisión integrada por Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Rosario Ibarra, Juan de Dios Hernández Monge y Enrique González Ruiz, los cuales aceptaron la gestión y realizaron, a lo largo de 12 meses, un esfuerzo sostenido por movilizar a instancias gubernamentales para atender este grave asunto.
El trabajo de los mediadores referidos impulsó, sin duda, la toma de posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de febrero de este año, en la que esa entidad estableció, con la certeza jurídica suficiente, que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron capturados en el marco de un operativo conjunto entre fuerzas militares y efectivos policiales federales, estatales y municipales de Oaxaca, que fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad entre el 24 y el 25 de mayo de 2007 y que desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero. Con base en esa información, la CNDH concluyó que había una responsabilidad del Estado en las desapariciones, emitió sendas recomendaciones al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al edil de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández, pidiendo la presentación con vida de los dos eperristas, y resaltó que la Procuraduría General de la República (PGR) entorpeció, dilató (la investigación) y no se apegó a la verdad de los datos remitidos.
A la práctica inadmisible, criminal e indignante de la desaparición forzada se suma, pues, la falta de voluntad de las autoridades federales y estatales para investigar violaciones a los derechos humanos perpetradas por servidores públicos, y esa falta de voluntad terminó por hacer inviable la misión de los mediadores.
Por añadidura, la renuencia del gobierno a investigar, esclarecer e informar sobre un hecho repudiable, que no debería tener lugar en el México del siglo XXI, cancela en forma inexorable, en el corto y el mediano plazo, las posibilidades de desactivación, por medio del diálogo, del descontento social y político armado.
La disolución de la comisión civil de intermediación entre el gobierno federal y el EPR evidencia, en suma, los peligros que entrañan el manifiesto desinterés de la administración actual por poner un alto a las crecientes y cada vez más graves violaciones a los derechos humanos y su incapacidad para comprender los vínculos profundos y causales entre manejo económico antipopular y ejercicios antidemocráticos y abusivos del poder, por un lado y, por el otro, el auge de la delincuencia común y la presencia de movimientos insurreccionales alimentados por el vasto descontento social. Así pues, a su déficit originario de legitimidad, el gobierno en turno suma una preocupante carencia de visión de Estado.
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Hace un año, el EPR anunció una tregua, demandó el establecimiento de un canal de comunicación con las autoridades federales para que éstas informaran de la suerte de los dos desaparecidos y propuso que, para el efecto, se estableciera una comisión integrada por Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor, Rosario Ibarra, Juan de Dios Hernández Monge y Enrique González Ruiz, los cuales aceptaron la gestión y realizaron, a lo largo de 12 meses, un esfuerzo sostenido por movilizar a instancias gubernamentales para atender este grave asunto.
El trabajo de los mediadores referidos impulsó, sin duda, la toma de posición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de febrero de este año, en la que esa entidad estableció, con la certeza jurídica suficiente, que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron capturados en el marco de un operativo conjunto entre fuerzas militares y efectivos policiales federales, estatales y municipales de Oaxaca, que fueron trasladados a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad entre el 24 y el 25 de mayo de 2007 y que desde entonces no se ha vuelto a saber de su paradero. Con base en esa información, la CNDH concluyó que había una responsabilidad del Estado en las desapariciones, emitió sendas recomendaciones al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y al edil de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández, pidiendo la presentación con vida de los dos eperristas, y resaltó que la Procuraduría General de la República (PGR) entorpeció, dilató (la investigación) y no se apegó a la verdad de los datos remitidos.
A la práctica inadmisible, criminal e indignante de la desaparición forzada se suma, pues, la falta de voluntad de las autoridades federales y estatales para investigar violaciones a los derechos humanos perpetradas por servidores públicos, y esa falta de voluntad terminó por hacer inviable la misión de los mediadores.
Por añadidura, la renuencia del gobierno a investigar, esclarecer e informar sobre un hecho repudiable, que no debería tener lugar en el México del siglo XXI, cancela en forma inexorable, en el corto y el mediano plazo, las posibilidades de desactivación, por medio del diálogo, del descontento social y político armado.
La disolución de la comisión civil de intermediación entre el gobierno federal y el EPR evidencia, en suma, los peligros que entrañan el manifiesto desinterés de la administración actual por poner un alto a las crecientes y cada vez más graves violaciones a los derechos humanos y su incapacidad para comprender los vínculos profundos y causales entre manejo económico antipopular y ejercicios antidemocráticos y abusivos del poder, por un lado y, por el otro, el auge de la delincuencia común y la presencia de movimientos insurreccionales alimentados por el vasto descontento social. Así pues, a su déficit originario de legitimidad, el gobierno en turno suma una preocupante carencia de visión de Estado.
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