Carmen Aristegui F.
3 Jul. 09
A Rosario Ibarra.
El próximo 7 de julio México enfrentará un juicio, no sólo ante la historia, sino ante el máximo tribunal de justicia continental: la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Será el juicio de un caso paradigmático cuya resolución será trascendente. México aceptó someterse a la jurisdicción de esta Corte, desde 1998, y por lo tanto está obligado a cumplir sus sentencias. Será ésta la primera vez que nuestro país será juzgado por un tribunal internacional por lo ocurrido durante la década de los setenta. El tiempo de la Guerra Sucia. Aquel periodo, que no se puede olvidar, en el que por más de una década fueron desaparecidas más de mil 200 personas, casi la mitad en el estado de Guerrero y 473 de ellas sólo en el municipio de Atoyac. México deberá responder por la desaparición de una de estas personas. Se trata de Rosendo Radilla Pacheco, quien fuera presidente municipal de Atoyac de Álvarez en 1955. Recordado como líder social destacado por su trabajo a favor de la educación y la salud de la comunidad. Era también compositor de corridos, muchos de ellos sobre Lucio Cabañas.
El 25 de agosto de 1974, Rosendo fue detenido de forma ilegal en un retén militar y visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac. Treinta y cinco años después, nada se sabe de él y nadie ha respondido por su desaparición. Cuenta su hijo Rosendo, con 11 años de edad entonces y quien lo acompañaba de regreso a Atoyac después de haber llevado a su familia -con 12 hijos- a un lugar más seguro, que cuando vio que los militares iban a detenerlo les preguntó: -¿De qué se me acusa? -Tú compones corridos, le dijeron. -¿Y eso es delito? -No, pero mientras ya te chingaste. Y se lo llevaron. Apenas alcanzó a darle un dinero al pequeño para que se regresara. Nunca más se supo de él. Como ocurrió con tantos otros. Como sigue ocurriendo hoy en día. El Estado mexicano tendrá que responder ante este tribunal qué fue lo que pasó con Rosendo y al responder por él estará respondiendo, de alguna manera, por lo que ocurrió con todos los demás.
Hasta hoy, el Estado mexicano -a diferencia de otros países que han procesado delitos cometidos desde el poder en contra de la población, en periodos de dictadura y autoritarismo, de forma mucho más decidida- ha sido renuente a reconocer con amplitud sus responsabilidades en estos delitos y, en consecuencia, hacerse cargo de lo que le toca. Los representantes del Estado mexicano han sido, en este sentido, no sólo omisos, sino mezquinos frente a la injusticia, el dolor y el luto continuado que significa para familiares, amigos y compañeros que no han sabido, por décadas, si a los que se llevaron se les mató, se les mantiene recluidos en alguna cárcel clandestina o viven -¿quién lo sabrá?- en algún lugar desconocido. Nadie que haya escuchado la narración de un hijo, de una esposa, de un hermano o de un amigo de algún desaparecido puede quedar indiferente sobre lo que esto significa. Viven siempre con un hilo de amargura. Con el dolor inmenso de la pérdida. Con el abismo de la incertidumbre. Y, sin embargo, desarrollan también, porque conozco a varios, una fuerza que los vincula y que los hace luchar por un anhelo infinito: que vuelvan, que regresen, que se haga justicia y que no se repita lo que ocurrió. Los que perdieron a alguien por la acción criminal de gobiernos que persiguieron, torturaron, asesinaron y silenciaron a los disidentes, a los críticos o a los insurrectos del régimen autoritario abrigan ahora una pálida expectativa con este juicio internacional. El resultado de la sentencia podría tener implicaciones para las miles de personas que en este país deben ser consideradas como víctimas de la brutal represión que marcó ese periodo en la historia de nuestro país.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentaron junto con la familia de Radilla una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue admitida en 2005. En 2008 la CIDH presentó la demanda ante la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, que estará representado por el ex procurador Daniel Cabeza de Vaca y por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo.
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El 25 de agosto de 1974, Rosendo fue detenido de forma ilegal en un retén militar y visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac. Treinta y cinco años después, nada se sabe de él y nadie ha respondido por su desaparición. Cuenta su hijo Rosendo, con 11 años de edad entonces y quien lo acompañaba de regreso a Atoyac después de haber llevado a su familia -con 12 hijos- a un lugar más seguro, que cuando vio que los militares iban a detenerlo les preguntó: -¿De qué se me acusa? -Tú compones corridos, le dijeron. -¿Y eso es delito? -No, pero mientras ya te chingaste. Y se lo llevaron. Apenas alcanzó a darle un dinero al pequeño para que se regresara. Nunca más se supo de él. Como ocurrió con tantos otros. Como sigue ocurriendo hoy en día. El Estado mexicano tendrá que responder ante este tribunal qué fue lo que pasó con Rosendo y al responder por él estará respondiendo, de alguna manera, por lo que ocurrió con todos los demás.
Hasta hoy, el Estado mexicano -a diferencia de otros países que han procesado delitos cometidos desde el poder en contra de la población, en periodos de dictadura y autoritarismo, de forma mucho más decidida- ha sido renuente a reconocer con amplitud sus responsabilidades en estos delitos y, en consecuencia, hacerse cargo de lo que le toca. Los representantes del Estado mexicano han sido, en este sentido, no sólo omisos, sino mezquinos frente a la injusticia, el dolor y el luto continuado que significa para familiares, amigos y compañeros que no han sabido, por décadas, si a los que se llevaron se les mató, se les mantiene recluidos en alguna cárcel clandestina o viven -¿quién lo sabrá?- en algún lugar desconocido. Nadie que haya escuchado la narración de un hijo, de una esposa, de un hermano o de un amigo de algún desaparecido puede quedar indiferente sobre lo que esto significa. Viven siempre con un hilo de amargura. Con el dolor inmenso de la pérdida. Con el abismo de la incertidumbre. Y, sin embargo, desarrollan también, porque conozco a varios, una fuerza que los vincula y que los hace luchar por un anhelo infinito: que vuelvan, que regresen, que se haga justicia y que no se repita lo que ocurrió. Los que perdieron a alguien por la acción criminal de gobiernos que persiguieron, torturaron, asesinaron y silenciaron a los disidentes, a los críticos o a los insurrectos del régimen autoritario abrigan ahora una pálida expectativa con este juicio internacional. El resultado de la sentencia podría tener implicaciones para las miles de personas que en este país deben ser consideradas como víctimas de la brutal represión que marcó ese periodo en la historia de nuestro país.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentaron junto con la familia de Radilla una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue admitida en 2005. En 2008 la CIDH presentó la demanda ante la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, que estará representado por el ex procurador Daniel Cabeza de Vaca y por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo.
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