Argumentos falaces en la extinción de LFC
Desde 2007 diputados llamaron la atención sobre la paraestatal
Carlos Fernández-Vega
¡Oh, sorpresa! Resulta –por si alguien tuviera dudas– que el inquilino de Los Pinos conoció, oportunamente y en detalle, que la principal carga financiera para Luz y Fuerza del Centro no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad y el costo de combustibles para su generación, y no se lo dijo un energúmeno de este puño sí se ve, sino su fiel subsecretario de Electricidad, Benjamín Contreras Astiazarán, cuya jefa directa no es otra que la secretaria de Energía, la señora Georgina Kessel, a su vez presidenta de la junta de gobierno de la otrora paraestatal.
A pesar de lo anterior, el inquilino de Los Pinos y jilgueros que le hacen coro llevan dos semanas al hilo –bombardeo propagandístico de por medio– culpando única y exclusivamente a los trabajadores del caos imperante en la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la cual –según el mismo orfeón– no existía junta de gobierno, ni presidenta experta en troquelar monedas, ni funcionarios que tomaran decisiones, ni mucho menos representantes de seis secretarías de despacho que, casualmente, dependen del propio autor del decretazo nocturno del pasado 11 de octubre.
¿Dónde andaba la junta de gobierno, con la titular de Energía en la presidencia, más los señores de Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Función Pública y de pilón los directores de la Comisión Federal de Electricidad y de la propia Luz y Fuerza del Centro? Dónde, porque cuando menos desde 2007 la Cámara de Diputados puso el dedo en la herida: uno de los principales problemas financieros que enfrenta LFC son los adeudos que con la paraestatal tienen los gobiernos estatales de Hidalgo, México, Morelos y Puebla, así como los municipios y Organismos Operadores de Agua (OOA) por concepto de suministro de energía eléctrica, lo que ha impactado negativamente el costo financiero para el organismo. Y aderezaba el comentario con el siguiente dato terrorífico: de 1998 a 2005, dichos adeudos crecieron casi 500 por ciento, y ese comportamiento se mantuvo en años posteriores. Para nadie era un secreto esta situación, pero nadie hizo nada para corregirla. Por el contrario, con manga ancha se permitió el deterioro financiero de la otrora empresa del Estado.
Tampoco hicieron caso al creciente fardo financiero que a Luz y Fuerza del Centro le significaba el precio en que CFE le vendía el fluido eléctrico, y la propia Cámara de Diputados advirtió que la adquisición de energía de LFC a CFE incide en el suministro de la misma, ya que el abasto se tiene que realizar con plantas generadoras externas alejadas de los centros de consumo y, por consiguiente, el transportar la energía desde puntos remotos incrementa las pérdidas técnicas por la conducción de energía a través de las líneas de transmisión. Aunado a ello, se encuentran las pérdidas no técnicas, como el consumo ilícito originado por asentamientos irregulares, alteraciones de medidores en baja y media tensión, facturación alterada y errores en la toma de lecturas y en la estimación de consumos.
Cuando menos desde 2007, por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Congreso instruyó a la junta de gobierno de LFC presentar a la Secretaría de Energía un programa de acciones para lograr una meta anual de recuperación de las pérdidas no técnicas de 20 por ciento del monto total de las mismas, proyecto denominado Programa Multianual de Reducción de Pérdidas No Técnicas, 2007-2012, pero más allá de discursos y documentos la acción no prosperó, porque desactivar diablitos tenía un elevado costo político y también obligar a las grandes empresas a pagar con dinero contante y sonante.
Todo eso se conocía de tiempo atrás. De hecho, Calderón fue secretario de Energía, con lo que a la vez presidió la junta de gobierno de Luz y Fuerza del Centro. ¿De plano ni se enteró de lo que sucedía en la extinta empresa del Estado? Puede ser, porque estaba más dedicado a la grilla sucesoria –lo que no es novedad en la clase política–, pero ya instalado en Los Pinos su fiel subsecretario de Electricidad, el citado Contreras Astiazarán, tuvo a bien entregarle el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y el Diagnóstico de Luz y Fuerza, en el que se especifica cuál es el verdadero costo financiero para la empresa (el pago de energía a Comisión Federal de Electricidad duplicó el costo total de operación de Luz y Fuerza y, por lo tanto, las transferencias presupuestales; La Jornada, Enrique Méndez).
Así, la campaña de Los Pinos en contra de los 45 mil desempleados por decreto resulta igual de perversa que la muerte por extinción de la otrora paraestatal. Aun en el supuesto –sólo eso– de que Felipe Calderón no se hubiera enterado, porque estaba de fiesta celebrando lo bien que hacía las cosas y entretenido con lo sólido que estaba el navío de gran calado, con el documento publicado ayer por La Jornada, el susodicho cuenta ya con elementos suficientes y decentes (no podrá llamar traidor a su fiel subsecretario de Electricidad) para reivindicarse y rearmar su estrategia mediática, es decir, ordenar a su coro que cambie de melodía y enfoque la voz hacia las verdaderas causas del debilitamiento financiero de Luz y Fuerza del Centro, y que al mismo tiempo pregunte, con notas suaves, dónde estaba la junta de gobierno.
Pero como no va por allí el tiro, la nota de Enrique Méndez pone la cereza: “los documentos –de los cuales La Jornada obtuvo copias– fueron enviados por Felipe Calderón al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, junto con una carta fechada el 12 de octubre, un día después de publicado el decreto de extinción. En esa misiva, el Ejecutivo asegura: ‘la Secretaría de Energía llevó a cabo un diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el que se muestra claramente la problemática de la situación financiera y operativa (...) y en el que se concluye que la situación financiera del organismo no resulta sostenible’”. Y en la férrea pelea de los panistas por obtener el premio al servilismo, Ramírez Acuña –que no sólo arma comparecencias a modo para los funcionarios calderonistas– no dio cuenta del oficio al pleno en la sesión del martes 13, y apenas el viernes 16 envió una copia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez. Ayer, el coordinador del grupo plural que decidirá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, Alfonso Navarrete Prida, ofreció a diputados gestionar la entrega de un ejemplar.
A pesar de lo anterior, el inquilino de Los Pinos y jilgueros que le hacen coro llevan dos semanas al hilo –bombardeo propagandístico de por medio– culpando única y exclusivamente a los trabajadores del caos imperante en la extinta Luz y Fuerza del Centro, en la cual –según el mismo orfeón– no existía junta de gobierno, ni presidenta experta en troquelar monedas, ni funcionarios que tomaran decisiones, ni mucho menos representantes de seis secretarías de despacho que, casualmente, dependen del propio autor del decretazo nocturno del pasado 11 de octubre.
¿Dónde andaba la junta de gobierno, con la titular de Energía en la presidencia, más los señores de Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Función Pública y de pilón los directores de la Comisión Federal de Electricidad y de la propia Luz y Fuerza del Centro? Dónde, porque cuando menos desde 2007 la Cámara de Diputados puso el dedo en la herida: uno de los principales problemas financieros que enfrenta LFC son los adeudos que con la paraestatal tienen los gobiernos estatales de Hidalgo, México, Morelos y Puebla, así como los municipios y Organismos Operadores de Agua (OOA) por concepto de suministro de energía eléctrica, lo que ha impactado negativamente el costo financiero para el organismo. Y aderezaba el comentario con el siguiente dato terrorífico: de 1998 a 2005, dichos adeudos crecieron casi 500 por ciento, y ese comportamiento se mantuvo en años posteriores. Para nadie era un secreto esta situación, pero nadie hizo nada para corregirla. Por el contrario, con manga ancha se permitió el deterioro financiero de la otrora empresa del Estado.
Tampoco hicieron caso al creciente fardo financiero que a Luz y Fuerza del Centro le significaba el precio en que CFE le vendía el fluido eléctrico, y la propia Cámara de Diputados advirtió que la adquisición de energía de LFC a CFE incide en el suministro de la misma, ya que el abasto se tiene que realizar con plantas generadoras externas alejadas de los centros de consumo y, por consiguiente, el transportar la energía desde puntos remotos incrementa las pérdidas técnicas por la conducción de energía a través de las líneas de transmisión. Aunado a ello, se encuentran las pérdidas no técnicas, como el consumo ilícito originado por asentamientos irregulares, alteraciones de medidores en baja y media tensión, facturación alterada y errores en la toma de lecturas y en la estimación de consumos.
Cuando menos desde 2007, por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Congreso instruyó a la junta de gobierno de LFC presentar a la Secretaría de Energía un programa de acciones para lograr una meta anual de recuperación de las pérdidas no técnicas de 20 por ciento del monto total de las mismas, proyecto denominado Programa Multianual de Reducción de Pérdidas No Técnicas, 2007-2012, pero más allá de discursos y documentos la acción no prosperó, porque desactivar diablitos tenía un elevado costo político y también obligar a las grandes empresas a pagar con dinero contante y sonante.
Todo eso se conocía de tiempo atrás. De hecho, Calderón fue secretario de Energía, con lo que a la vez presidió la junta de gobierno de Luz y Fuerza del Centro. ¿De plano ni se enteró de lo que sucedía en la extinta empresa del Estado? Puede ser, porque estaba más dedicado a la grilla sucesoria –lo que no es novedad en la clase política–, pero ya instalado en Los Pinos su fiel subsecretario de Electricidad, el citado Contreras Astiazarán, tuvo a bien entregarle el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y el Diagnóstico de Luz y Fuerza, en el que se especifica cuál es el verdadero costo financiero para la empresa (el pago de energía a Comisión Federal de Electricidad duplicó el costo total de operación de Luz y Fuerza y, por lo tanto, las transferencias presupuestales; La Jornada, Enrique Méndez).
Así, la campaña de Los Pinos en contra de los 45 mil desempleados por decreto resulta igual de perversa que la muerte por extinción de la otrora paraestatal. Aun en el supuesto –sólo eso– de que Felipe Calderón no se hubiera enterado, porque estaba de fiesta celebrando lo bien que hacía las cosas y entretenido con lo sólido que estaba el navío de gran calado, con el documento publicado ayer por La Jornada, el susodicho cuenta ya con elementos suficientes y decentes (no podrá llamar traidor a su fiel subsecretario de Electricidad) para reivindicarse y rearmar su estrategia mediática, es decir, ordenar a su coro que cambie de melodía y enfoque la voz hacia las verdaderas causas del debilitamiento financiero de Luz y Fuerza del Centro, y que al mismo tiempo pregunte, con notas suaves, dónde estaba la junta de gobierno.
Pero como no va por allí el tiro, la nota de Enrique Méndez pone la cereza: “los documentos –de los cuales La Jornada obtuvo copias– fueron enviados por Felipe Calderón al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, junto con una carta fechada el 12 de octubre, un día después de publicado el decreto de extinción. En esa misiva, el Ejecutivo asegura: ‘la Secretaría de Energía llevó a cabo un diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el que se muestra claramente la problemática de la situación financiera y operativa (...) y en el que se concluye que la situación financiera del organismo no resulta sostenible’”. Y en la férrea pelea de los panistas por obtener el premio al servilismo, Ramírez Acuña –que no sólo arma comparecencias a modo para los funcionarios calderonistas– no dio cuenta del oficio al pleno en la sesión del martes 13, y apenas el viernes 16 envió una copia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez. Ayer, el coordinador del grupo plural que decidirá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, Alfonso Navarrete Prida, ofreció a diputados gestionar la entrega de un ejemplar.
Las rebanadas del pastel
¡Felicidades!, borregitos blanquiazules, que cada día lo hacen mejor.
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