Jenaro Villamil / PROCESO MÉXICO, D.F., 14 de junio.- Un mes antes de que Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, anunciara su cese como coordinador de los senadores de ese partido, Santiago Creel, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado, encabezó el 6 de mayo el último informe del Grupo Plural, conformado por 19 legisladores para impulsar una nueva ley de medios electrónicos y de telecomunicaciones. En esa ocasión Creel saludó el esfuerzo de sus pares que durante seis meses de trabajo redactaron 22 informes técnicos. Si bien no propuso fecha ni plazo para la presentación de un dictamen, el panista afirmó que era necesario “ir a este segundo paso”: “la toma de decisiones de carácter político de cada uno de los temas que han sido estudiados, ponderados, reflexionados por el Grupo Plural”. El aval de Creel a los trabajos de ese grupo y la cercanía que mantuvo con el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, para impulsar la reforma a la ley de medios, enfureció a las televisoras, en especial a Televisa. El propio Navarrete lo confirmó así en conferencia de prensa el martes 10, cuando se confirmó el cese de Creel. El perredista acusó a los “poderes fácticos” de presionar para que el panista fuera removido a cambio de que Televisa y TV Azteca le dieran mayor cobertura en pantalla a las posiciones gubernamentales a favor de la reforma petrolera. Consultado por Proceso, Navarrete asegura que la tarde del lunes 9 Germán Martínez le dijo a Creel: “Ya no eres funcional para defender la reforma energética, por el veto de las televisoras”. Así mismo expresa su preocupación porque, dice, el cambio de mando en la bancada del PAN fractura la alianza informal que ambos partidos habían mantenido para sacar adelante la mencionada ley. Javier Corral, exsenador del PAN y uno de los principales críticos de la Ley Televisa, coincide con Navarrete en que el veto de las televisoras fue uno de los argumentos que Germán Martínez le expuso a los poco más de 40 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional en la reunión interna realizada la noche del lunes 9, un año después de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia consideraran anticonstitucionales varios aspectos fundamentales del paquete de contrarreformas conocido como Ley Televisa. “El mensaje es desastroso. El gobierno de Calderón ha sido incapaz de enfrentar a las televisoras”, dice Corral a Proceso y cita su propio caso. Desde hace tres años y medio Televisa entabló un litigio contra él por una deuda de menos de un millón de pesos contraída durante su campaña a la gubernatura de Chihuahua. Afirma que ni el gobierno ni el PAN lo han apoyado en este litigio; en contraste, asegura, la televisora contrató a un despacho de nueve abogados para que active la demanda en su contra. La animadversión de las televisoras contra Creel se agudizó a raíz del apoyo del legislador panista a la reforma constitucional en materia electoral de 2007 y del impulso que él mismo le dio, como presidente del Senado, a los trabajos del Grupo Plural que coordinó como secretario técnico Julio Di Bella. El exdirector de Canal Once es cercano al entorno de Creel. En su conferencia de prensa del martes 10, el dirigente nacional del PAN admitió que le pidió la renuncia a Creel, pero no mencionó la presión ejercida por el duopolio televisivo para levantar el “veto” en pantalla a la reforma energética de Calderón, a cambio de que Creel dejara la coordinación de la fracción panista. “Nadie tiene poder de intromisión o de veto sobre nuestros liderazgos”, afirmó Germán Martínez. También negó que las recientes encuestas publicadas por Reforma, El Universal y las realizadas por la empresa de Liébano Sáenz, que ubican a Creel como la figura pública panista con mayor porcentaje de aceptación para la candidatura presidencial, hubieran influido en la decisión. Lo que el dirigente nacional panista sí reconoció es que este cambio se hizo para “promover nuevas estrategias” rumbo a las elecciones intermedias de 2009. Hasta ahora, Creel se ha negado a hablar sobre las causas que motivaron su cese, pero no oculta que la presión de las televisoras fue uno de los factores que determinaron su salida de la coordinación del PAN. La reforma maldita Ante el gobierno federal y las fracciones legislativas del PRI, PAN y PRD, los ejecutivos y representantes de las televisoras han expresado su descontento por la existencia de un documento de predictamen, de 368 cuartillas, titulado Sistematización y análisis documental para la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. El texto compendia las principales propuestas de una reforma que ha sido considerada como una “amenaza” para los intereses de Televisa y TV Azteca. Dividido en 22 secciones –10 de telecomunicaciones y 12 de radio y televisión–, el documento establece desde sus primeros párrafos el problema central del sector: “La industria de la televisión mexicana se dejó en manos de grupos empresariales afines al gobierno, mientras la política del Estado se ha caracterizado por una política de laissez faire”. En su diagnóstico, reproduce los siguientes datos sobre el nivel de concentración mediática: Televisa con 243 canales de televisión y TV Azteca con 179 “controlan el 92.3% del total de las emisoras concesionadas y se convierten en las únicas cadenas con canales de cobertura nacional”. Según los datos de 2005, Televisa acaparó el 68% de la audiencia televisiva y captó el 71.2% de la inversión publicitaria en la televisión abierta, mientras que TV Azteca tenía el 28.3% de la audiencia y captó el 28.2% de la inversión publicitaria. Las otras opciones de televisión abierta (Canal Once, Canal 22, Canal 28, Proyecto 40) apenas alcanzaron el 3.2% de la audiencia y menos del 2% de la inversión publicitaria. Ante este panorama, algunas de las recomendaciones que el Grupo Plural adopta como propias para la reforma en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión son las siguientes: –Establecer como máximo 15 años para el período de concesiones, en lugar del plazo actual de 20 años. —Constituir un organismo regulador con la estructura institucional y las facultades adecuadas para evitar que sea “capturado” por las principales empresas dominantes del sector. —Desaparecer la figura de “permisos” en materia de radio y televisión porque “atenta contra el principio de igualdad que protege la Constitución” y se pronuncia a favor de que todas sean “concesiones”, incluyendo a los medios de comunicación del Estado sin fines de lucro. —Crear una reclasificación de los medios públicos para que existan medios audiovisuales culturales; medios audiovisuales educativos; medios audiovisuales indigenistas; medios audiovisuales con vocación social o comunitaria. Esta reclasificación abriría la posibilidad a nuevas alternativas en medios electrónicos, al tiempo que permitiría el financiamiento privado en estas nuevas figuras.—Apoyar a las estaciones de radio en AM, así como a las comunitarias y a las indígenas para facilitar el proceso de digitalización. —En materia de programación, contenidos y publicidad se proponen medidas que limitan la excesiva comercialización de la pantalla televisiva, así como la apertura y el apoyo a la producción independiente. —Mantener el tope publicitario de 18% para televisión y 40% en radio, pero que se mida por hora y se incluya la publicidad insertada en el contenido de la programación como si fuera información o parte de los contenidos. —Establece que “no se podrá insertar publicidad durante el desarrollo de eventos deportivos o de espectáculos”, lo que derivaría en una severa limitación a la publicidad intensiva que se transmite durante los partidos de futbol, los programas musicales y de variedades”. —Prohíbe la difusión de publicidad de bienes o servicios prohibidos por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). —Propone transmisiones de emisiones gratuitas diarias de hasta 30 minutos, continuos o discontinuos, para difundir temas educativos, culturales y de orientación social, así como 15 minutos para difundir lenguas, culturas y derechos indígenas, de acuerdo con los propios convenios signados por el Estado mexicano en esta materia. —En materia de contenidos, establece que la regulación debe ser equilibrada. “No se debe caer en la censura, pero sí delimitar obligaciones y responsabilidades que puedan afectar derechos de terceros.” —En materia de telecomunicaciones, una de las propuestas más novedosas es la creación de un Consejo Consultivo de Usuarios de Telecomunicaciones, una entidad independiente de la autoridad, formada por especialistas y defensores de los consumidores, con facultad para poder emitir recomendaciones que deberán ser tomadas en cuenta por la Profeco y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). —Eliminar las “restricciones actuales” que limitan la inversión extranjera en materia de telecomunicaciones. El documento subraya que el marco vigente –que establece un tope de 49% de capital externo– “crea incentivos a la realización de actos de simulación difíciles de supervisar por la autoridad”. La apertura al capital privado no se propone en radio y televisión. —En materia de interconexión, los legisladores proponen 13 puntos de solución para facilitar tarifas basadas en costos, evitar las prácticas de dominancia, comunes en las empresas de telefonía, y permitir la interconexión de redes convergentes. —Otorga facultades a la Cofetel para que pueda determinar la dominancia de una empresa tanto en telecomunicaciones como en radio y televisión. El documento subraya que “el poder monopólico de algunas empresas preestablecidas ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las telecomunicaciones en México y el mundo”. —Propone incorporar una legislación específica en materia de derecho de réplica. En específico, la modificación del artículo 38 del reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión que regula de forma muy limitada el derecho de réplica. El análisis establece que uno de los principales problemas en esta materia es que “se deja a la estación la consideración y decisión para proceder a otorgar el derecho de réplica”. Derecho de réplica y radiodifusoras Con la remoción de Creel, los concesionarios frenaron la posibilidad de que la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión se discuta y apruebe en el próximo período ordinario de sesiones o en un período extraordinario para cumplir con el compromiso establecido el 7 de septiembre de 2007, cuando el Senado instaló el Grupo Plural. Sin embargo, los focos de alerta se mantienen porque el propio Creel, como presidente del Senado, planteó que en el próximo periodo extraordinario, que inicia el jueves 19, el tema del derecho de réplica puede incluirse en el paquete complementario de reformas electorales. El senador Alejandro Zapata Perogordo, cercano a Creel, presentó la primera iniciativa sobre la materia el 13 de diciembre de 2007; de inmediato generó una oleada de reacciones negativas entre los comentaristas de Televisa y de TV Azteca, así como entre los especialistas, quienes consideraban ambiguos varios de sus planteamientos y violatorios a la libertad de expresión. El 25 de marzo pasado, un grupo de diputados del PAN, encabezados por José Antonio Díaz, Dora Alicia Martínez y Rocío del Carmen Morgan, presentó otra iniciativa que enmienda muchos de los puntos de las del senador Zapata Perogordo, reduce sustancialmente las sanciones, amplía hasta un año el lapso de presentación de la réplica (en lugar de los siete días de la iniciativa de Zapata) y establece que las partes podrán dirimir el conflicto de manera amigable. El 21 de abril, el grupo parlamentario del Partido Verde presentó una tercera iniciativa, mucho más favorable a los intereses de las televisoras. En ésta se elimina la posibilidad de sanciones y se propone la figura del Defensor de Audiencia, que sería nombrado por los propios medios, como responsable del cumplimiento de la réplica. Finalmente, el miércoles 4, un grupo de senadores del PRI, encabezados por su coordinador Manlio Fabio Beltrones, presentó otra iniciativa de reformas al artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir que las 859 estaciones de radio en Amplitud Modulada (AM) puedan transitar a Frecuencia Modulada (FM), sin necesidad de licitar ni pagar contraprestación al Estado. Un artículo transitorio de esta iniciativa establece que el Ejecutivo federal, a través de Cofetel, llevará a cabo un programa de reconversión tecnológica para otorgarles temporalmente las FM a las AM y permitir su tránsito a la digitalización. El dictamen recupera partes sustanciales del diagnóstico que realizó el Grupo Plural sobre la situación crítica de la mayoría de estaciones de radio en AM que han perdido competitividad ante las FM, han disminuido drásticamente sus ingresos publicitarios y tienen altos costos de operación. “Es una iniciativa justiciera”, afirmó Beltrones en conferencia de prensa el miércoles 11, pero reconoció que difícilmente se aprobará antes del período ordinario que inicia en septiembre. La iniciativa abriría la posibilidad de discutir las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, aunque sólo fuera parcialmente el tema de las radiodifusoras. Hasta ahora, las televisoras no han expresado su rechazo a la iniciativa de Beltrones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha mantenido silencio, pero algunos de los grupos radiofónicos más fuertes, dominantes en FM, han señalado que esta iniciativa “no pasará”. |
Kikka Roja
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