Ana Laura Magaloni Kerpel
21 Nov. 09
Un país con un sistema democrático no puede llevar a la cárcel a una persona que roba dos pescados por hambre, los sistemas de justicia no pueden distraer sus recursos en asuntos menores
"Me llegó la desesperación", afirma Rosa María al explicar por qué se había robado dos pescados del supermercado. Según publicó Reforma el pasado martes, justo al momento de estar haciendo la cola en la caja para pagar unos bolillos y dos litros de leche, la hija de Rosa María le preguntó: "¿qué vamos a cenar?". La desesperación la invadió y tomó un paquete de plástico con dos pescados y se los metió a la bolsa. Rosa María es madre soltera con tres hijos. Se dedica a la venta de dulces en la calle. Una de sus hijas ya no pudo seguir estudiando, pues no le alcanza el dinero. La Procuraduría del DF actuó sin consideraciones. El MP consignó el caso ante el juez, quien le impuso una fianza de 13 mil pesos. Gracias a la Fundación Telmex-Reintegra, Rosa María pudo pagar la fianza después de un mes de estar en la cárcel. Hoy sigue su proceso en libertad. ¿Cuántas Rosa Marías más habitan hoy las prisiones? ¿Cuántas no habrán tenido la fortuna de que alguien les ayudara a pagar la fianza? ¿Qué se pretende lograr con una política criminal de esta naturaleza?
Ante una contracción de 7% del PIB, evitar el desempleo y la angustia económica de una gran parte de la población es prácticamente imposible. Criminalizar la pobreza, en cambio, sí es una elección de las autoridades y, como tal, es completamente evitable. La política de perseguir penalmente robos menores ha sido una de las notas distintivas de la Procuraduría del DF por los últimos nueve años. Primero, durante la administración de López Obrador, en la Procuraduría se estableció la política de "cuotas de consignación", es decir, los ministerios públicos tenían que consignar un número determinado de asuntos al mes. ¿Qué se logró con ello? Pues que el MP se dedicara a consignar los casos más sencillos. La tasa de eficacia de la Procuraduría capitalina fue a la alza, pero no por aumentar las consignaciones en delitos violentos y complejos, sino por perseguir robos menores. Según la Encuesta a Población en Reclusión del CIDE, en 2005, 47% de los internos en el DF estaban cumpliendo una condena por robo simple sin violencia y 43% de éstos habían robado menos de 500 pesos. Es decir, la mitad de los recursos humanos y materiales del sistema de procuración y administración de justicia estaban destinados a criminalizar la pobreza.
En la administración de Marcelo Ebrad se abandonó la política de cuotas de consignación del MP. Dicha política la sustituyó lo que se denomina el sistema de semaforización. Dicho sistema estima que, tratándose de los MP dedicados a consignar casos en flagrancia, su desempeño se mide por el porcentaje de asuntos que se consignaron con detenido. Las consignaciones sin detenido no se evalúan positivamente. ¿Qué significa que ello sea así? Que, cuando se trata de delitos no graves en donde el acusado tiene derecho a no pisar el reclusorio y seguir su proceso en libertad con el pago de una fianza, el MP tenga incentivos para que ello no suceda, pues si la consignación fuese sin detenido, ello disminuiría su "productividad". Con este propósito, en 2007, la Procuraduría emitió un acuerdo para fijar los criterios de los montos de las fianzas y asegurar que la mayoría de las veces estos montos fuesen impagables.
En ninguna parte del mundo en donde exista un régimen democrático y un sistema de procuración y administración de justicia medianamente eficaz, una persona como Rosa María pisaría un minuto la cárcel. Tampoco requeriría el pago de fianza y, lo más probable, es que el MP no hubiese intentado siquiera llevar el caso a tribunales. Ello es así por dos razones: 1) porque casos como los de Rosa María no tienen nada que ver con las funciones centrales del aparato de persecución criminal de un régimen democrático y 2) porque el sistema de procuración de justicia sólo puede atender un número determinado de asuntos; distraer recursos humanos y materiales a casos como los de Rosa María, le resta capacidad al sistema para resolver casos de homicidio o de robo de coches.
No sé en qué otra entidad federativa se sigue el mismo tipo de políticas de consignación que existe en el DF. Lo que sí sé es que tales políticas están motivadas por dos factores: 1) una ciudadanía que demanda mayor seguridad y 2) un sistema de persecución criminal con tales problemas de gestión y de diseño que simplemente es impotente para resolver casos de delitos complejos y relevantes. Estos dos factores sí son generalizables en el país.
En el contexto económico actual es sumamente delicado contar con un sistema de persecución criminal tan obsoleto como el nuestro. El robo de comida, según los datos que publicó Reforma en la misma nota antes mencionada, ha aumentado 36% este año. Según Coneval, 19.5 millones de mexicanos no tienen recursos suficientes para adquirir la canasta básica de alimentos, de estos 7.2 millones viven en ciudades. ¿Cuántos presos por hambre tendremos el próximo año? Mientras que no se reforme a fondo el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano, el riesgo de criminalizar la pobreza es muy alto. Lo más preocupante es que no se ve que haya indignación por el tema. Es más, el problema es invisible para la élite. Miopía política, hambre e injusticia, sin querer sonar alarmista, pueden ser una combinación bastante explosiva.
kikka-roja.blogspot.com/
"Me llegó la desesperación", afirma Rosa María al explicar por qué se había robado dos pescados del supermercado. Según publicó Reforma el pasado martes, justo al momento de estar haciendo la cola en la caja para pagar unos bolillos y dos litros de leche, la hija de Rosa María le preguntó: "¿qué vamos a cenar?". La desesperación la invadió y tomó un paquete de plástico con dos pescados y se los metió a la bolsa. Rosa María es madre soltera con tres hijos. Se dedica a la venta de dulces en la calle. Una de sus hijas ya no pudo seguir estudiando, pues no le alcanza el dinero. La Procuraduría del DF actuó sin consideraciones. El MP consignó el caso ante el juez, quien le impuso una fianza de 13 mil pesos. Gracias a la Fundación Telmex-Reintegra, Rosa María pudo pagar la fianza después de un mes de estar en la cárcel. Hoy sigue su proceso en libertad. ¿Cuántas Rosa Marías más habitan hoy las prisiones? ¿Cuántas no habrán tenido la fortuna de que alguien les ayudara a pagar la fianza? ¿Qué se pretende lograr con una política criminal de esta naturaleza?
Ante una contracción de 7% del PIB, evitar el desempleo y la angustia económica de una gran parte de la población es prácticamente imposible. Criminalizar la pobreza, en cambio, sí es una elección de las autoridades y, como tal, es completamente evitable. La política de perseguir penalmente robos menores ha sido una de las notas distintivas de la Procuraduría del DF por los últimos nueve años. Primero, durante la administración de López Obrador, en la Procuraduría se estableció la política de "cuotas de consignación", es decir, los ministerios públicos tenían que consignar un número determinado de asuntos al mes. ¿Qué se logró con ello? Pues que el MP se dedicara a consignar los casos más sencillos. La tasa de eficacia de la Procuraduría capitalina fue a la alza, pero no por aumentar las consignaciones en delitos violentos y complejos, sino por perseguir robos menores. Según la Encuesta a Población en Reclusión del CIDE, en 2005, 47% de los internos en el DF estaban cumpliendo una condena por robo simple sin violencia y 43% de éstos habían robado menos de 500 pesos. Es decir, la mitad de los recursos humanos y materiales del sistema de procuración y administración de justicia estaban destinados a criminalizar la pobreza.
En la administración de Marcelo Ebrad se abandonó la política de cuotas de consignación del MP. Dicha política la sustituyó lo que se denomina el sistema de semaforización. Dicho sistema estima que, tratándose de los MP dedicados a consignar casos en flagrancia, su desempeño se mide por el porcentaje de asuntos que se consignaron con detenido. Las consignaciones sin detenido no se evalúan positivamente. ¿Qué significa que ello sea así? Que, cuando se trata de delitos no graves en donde el acusado tiene derecho a no pisar el reclusorio y seguir su proceso en libertad con el pago de una fianza, el MP tenga incentivos para que ello no suceda, pues si la consignación fuese sin detenido, ello disminuiría su "productividad". Con este propósito, en 2007, la Procuraduría emitió un acuerdo para fijar los criterios de los montos de las fianzas y asegurar que la mayoría de las veces estos montos fuesen impagables.
En ninguna parte del mundo en donde exista un régimen democrático y un sistema de procuración y administración de justicia medianamente eficaz, una persona como Rosa María pisaría un minuto la cárcel. Tampoco requeriría el pago de fianza y, lo más probable, es que el MP no hubiese intentado siquiera llevar el caso a tribunales. Ello es así por dos razones: 1) porque casos como los de Rosa María no tienen nada que ver con las funciones centrales del aparato de persecución criminal de un régimen democrático y 2) porque el sistema de procuración de justicia sólo puede atender un número determinado de asuntos; distraer recursos humanos y materiales a casos como los de Rosa María, le resta capacidad al sistema para resolver casos de homicidio o de robo de coches.
No sé en qué otra entidad federativa se sigue el mismo tipo de políticas de consignación que existe en el DF. Lo que sí sé es que tales políticas están motivadas por dos factores: 1) una ciudadanía que demanda mayor seguridad y 2) un sistema de persecución criminal con tales problemas de gestión y de diseño que simplemente es impotente para resolver casos de delitos complejos y relevantes. Estos dos factores sí son generalizables en el país.
En el contexto económico actual es sumamente delicado contar con un sistema de persecución criminal tan obsoleto como el nuestro. El robo de comida, según los datos que publicó Reforma en la misma nota antes mencionada, ha aumentado 36% este año. Según Coneval, 19.5 millones de mexicanos no tienen recursos suficientes para adquirir la canasta básica de alimentos, de estos 7.2 millones viven en ciudades. ¿Cuántos presos por hambre tendremos el próximo año? Mientras que no se reforme a fondo el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano, el riesgo de criminalizar la pobreza es muy alto. Lo más preocupante es que no se ve que haya indignación por el tema. Es más, el problema es invisible para la élite. Miopía política, hambre e injusticia, sin querer sonar alarmista, pueden ser una combinación bastante explosiva.
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