Explicaciones oficiales inverosímiles
El pasado fin de semana José Luis Chávez García, titular de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), aseguró que armas de un grupo delictivo mataron el pasado 3 de abril a los menores Bryan y Martín Almanza Salazar (cinco y nueve años), cuando el vehículo en que viajaban con sus padres fue tiroteado y atacado con granadas en Ciudad Mier, Tamaulipas.
Un día después, en un intento por exculpar a las fuerzas armadas de la muerte de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, el pasado 19 de marzo, en el campus del Tec de Monterrey, el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, presentó a la opinión pública diagramas, animaciones y un fragmento del video que, por sí mismo, no exculpa a los efectivos castrenses de esas muertes, y aseguró que en el cuerpo de uno de los asesinados se encontró un proyectil calibre .223 que, según el portavoz de la PGR, corresponde "al calibre utilizado por la delincuencia organizada".
Lejos de despejar la indignación ciudadana y las dudas en torno a esas muertes, que han pasado a ser emblemáticas de las numerosas pérdidas de vidas civiles causadas en el marco de la "guerra contra la delincuencia" decidida por la actual administración, las exposiciones de Chávez García y de Nájera han ahondado el escepticismo social y han abierto muchas más interrogantes de las que pretendían responder. En el caso de la tragedia ocurrida en Ciudad Mier, el procurador militar no aportó un elemento sólido para desvirtuar los testimonios sostenidos desde un principio por los padres de los menores asesinados y de un tío de las víctimas, los cuales refieren una agresión simple, brutal e injustificada, realizada únicamente por los uniformados, y la inexistencia de una confrontación armada entre éstos y un grupo de delincuentes.
Sobre los estudiantes muertos en el Tec, en la capital nuevoleonesa, lo dicho y lo mostrado por el vocero de la PGR no esclarecen lo ocurrido ese 19 de marzo, y hasta ofrecen a la opinión pública factores de confusión y desinformación, como es señalar que la delincuencia organizada "usa" el calibre .223, como si tuviera uno reglamentario, cuando según la propia información oficial los grupos criminales cuentan con varios tipos de fusiles de asalto y de armas cortas de distintos calibres.
Las presentaciones referidas son ejemplos de un irritante estilo de escamotear la verdad y de enturbiar los hechos hasta el punto que resulte imposible esclarecerla, en especial en los episodios de violencia en los que se han visto involucrados efectivos de las fuerzas armadas. Así ha ocurrido a lo largo de la actual administración, desde la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascención Rosario, en febrero de 2007, de quien hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta si murió a consecuencia de una "gastritis crónica no atendida", como aseguró el titular del Ejecutivo federal, de una "anemia aguda", como lo aseveró posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de "parasitosis", como acabó concluyendo la procuraduría veracruzana, o bien a consecuencia de lesiones causadas en una violación tumultuaria por efectivos del Ejército, como señalaron los familiares de la fallecida, agresión que, perpetrada por soldados o no, fue corroborada en la primera autopsia al cadáver.
Las autoridades de todos los niveles piden a la sociedad que les crea pero, por otro lado, minan su propia credibilidad con alegatos autoexculpatorios tan insostenibles como los presentados el pasado fin de semana por la PGJM y la PGR. De esa forma se alienta la impunidad, se acrecienta la confusión y la zozobra sociales, se ahonda el desprestigio de las instituciones y se niega la justicia a los inocentes caídos en el contexto de una estrategia de seguridad pública a todas luces equivocada y fallida.
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http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3088be475a72f2a2ca55859b88b5136a
Sandra Rodríguez Nieto
El Diario | 30-04-2010 | 23:53 | Nacional
La guerra lanzada por el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico es una farsa debido a que, si bien ha desplegado miles de elementos, también ha dejado intactas las estructuras económicas del crimen organizado –como propiedades y empresas– tanto en Chihuahua como en el resto del país, dijo Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico de México (ITAM).
Entrevistado con respecto a los resultados del combate al crimen organizado en Juárez, donde en casi dos años y medio han muerto más de cinco mil personas y, en contraste, el Gobierno federal ha asegurado sólo una propiedad, el investigador explicó que es precisamente ese enfoque el que ha dejado intacto el motor de la violencia que padece esta frontera y todo México: el dinero ilícito.
“Desde 2006 estamos anunciando al presidente de la República que este asunto iba a explotar, y lamentablemente, las experiencias internacionales nuevamente nos indican que si el presidente continúa con esta estrategia represiva y no ataca la motivación principal por lo cual estos grupos criminales florecen en México, que es la motivación económica, no vamos a llegar a ninguna consecuencia”, advirtió Buscaglia.
“Eso (intervenir empresas) es algo común en la Unión Europea, en Japón, en Canadá, en los países que toman el combate de la delincuencia organizada en serio, no como la administración actual de México”, dijo.
“Hay 17 países que se toman esta prevención en serio, y los que no lo hacen, simplemente envían soldados como técnicas mediáticas, dan discursos todo el día, hacen foritos cuando explotan situaciones de inseguridad, como hacen en Juárez ahora, donde la técnica del presidente es sólo reactiva: va porque explotó una situación, pero no porque hayan estado previendo la situación”, mencionó el investigador.
Maestro en Derecho y Doctor en Economía, consejero de diversas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y autor de diversos artículos sobre combate al crimen organizado, Buscaglia fue también uno de los primeros investigadores en detectar que, aun cuando el Cártel de Sinaloa es considerado el más poderoso de México, apenas una minoría de los detenidos en la guerra de Calderón pertenecen a esa organización.
En marzo pasado, Buscaglia también aportó en una entrevista hecha en un medio nacional los nombres de más de 20 empresas mexicanas cuyos activos estaban congelados en Estados Unidos sin que aquí se les sujetara a investigación alguna.
Entre esas empresas, la información de Buscaglia incluyó a varias ubicadas en Chihuahua, como Gasolineras San Fernando, Inmobiliarias El Presón, Indio Vitorio, Del Norte Carnes Finas, San Ignacio e Inmobiliaria El Escorpión del Norte, propiedades todas de los hermanos Arriola Márquez y las cuales fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por probables vínculos con el crimen organizado.
Buscaglia agregó que, así como se ha enviado un ejército de elementos armados a diversos puntos del país, el Gobierno de Calderón debería enviar un ejército de auditores para investigar el origen de los recursos de cientos de empresas y, a partir de ello, desmantelar la infraestructura criminal y menguar a los grupos.
Lo político y electoral, ‘pacto de impunidad’, alerta
“¿Y cómo se comienza a atacar esta motivación económica? Bueno, en el caso de estas 3 mil 500 propiedades ligadas a la Federación de Sinaloa, estas cuarenta y tantas de Tijuana, o estas empresas o propiedades ligadas a los Arellano y otras a los Carrillo Fuentes, por ejemplo, se les tiene que enviar inmediatamente auditoría del Servicio de Administración Tributaria, y a través de auditores se determina el origen lícito o no de los recursos que se invirtieron en esas propiedades”, agregó.
Buscaglia aseguró que el Estado mexicano no requiere siquiera iniciar procesos penales para intervenir empresas. Pero esto no se hace, explicó, porque la experiencia internacional muestra también que las compañías que pertenecen o apoyan a los cárteles, para obtener protección, regularmente pagan campañas electorales, por lo que investigarlas, dijo, conduce casi siempre a personajes políticos.
“Y eso es lo que no hacen, ni quieren hacer, porque en la mayoría de los países donde eso se hace bien, como Italia, donde se tomaron en serio el combate y la prevención de la delincuencia organizada, se han encontrado que estas empresas legales financian precampañas y campañas”, dijo.
“Y ese es el pacto de impunidad que hoy impide desmantelar a las empresas criminales de todos los grupos, las de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, y sacarles la motivación económica que está detrás de los asesinatos y de los secuestros y de la corrupción. Si les quitas la motivación económica en México, la delincuencia organizada se desploma”, insistió.
Por tanto, agregó, mientras eso no se haga, la guerra de Calderón no será más que una farsa.
kikka-roja.blogspot.com/
Un día después, en un intento por exculpar a las fuerzas armadas de la muerte de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, el pasado 19 de marzo, en el campus del Tec de Monterrey, el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera, presentó a la opinión pública diagramas, animaciones y un fragmento del video que, por sí mismo, no exculpa a los efectivos castrenses de esas muertes, y aseguró que en el cuerpo de uno de los asesinados se encontró un proyectil calibre .223 que, según el portavoz de la PGR, corresponde "al calibre utilizado por la delincuencia organizada".
Lejos de despejar la indignación ciudadana y las dudas en torno a esas muertes, que han pasado a ser emblemáticas de las numerosas pérdidas de vidas civiles causadas en el marco de la "guerra contra la delincuencia" decidida por la actual administración, las exposiciones de Chávez García y de Nájera han ahondado el escepticismo social y han abierto muchas más interrogantes de las que pretendían responder. En el caso de la tragedia ocurrida en Ciudad Mier, el procurador militar no aportó un elemento sólido para desvirtuar los testimonios sostenidos desde un principio por los padres de los menores asesinados y de un tío de las víctimas, los cuales refieren una agresión simple, brutal e injustificada, realizada únicamente por los uniformados, y la inexistencia de una confrontación armada entre éstos y un grupo de delincuentes.
Sobre los estudiantes muertos en el Tec, en la capital nuevoleonesa, lo dicho y lo mostrado por el vocero de la PGR no esclarecen lo ocurrido ese 19 de marzo, y hasta ofrecen a la opinión pública factores de confusión y desinformación, como es señalar que la delincuencia organizada "usa" el calibre .223, como si tuviera uno reglamentario, cuando según la propia información oficial los grupos criminales cuentan con varios tipos de fusiles de asalto y de armas cortas de distintos calibres.
Las presentaciones referidas son ejemplos de un irritante estilo de escamotear la verdad y de enturbiar los hechos hasta el punto que resulte imposible esclarecerla, en especial en los episodios de violencia en los que se han visto involucrados efectivos de las fuerzas armadas. Así ha ocurrido a lo largo de la actual administración, desde la muerte de la anciana indígena Ernestina Ascención Rosario, en febrero de 2007, de quien hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta si murió a consecuencia de una "gastritis crónica no atendida", como aseguró el titular del Ejecutivo federal, de una "anemia aguda", como lo aseveró posteriormente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de "parasitosis", como acabó concluyendo la procuraduría veracruzana, o bien a consecuencia de lesiones causadas en una violación tumultuaria por efectivos del Ejército, como señalaron los familiares de la fallecida, agresión que, perpetrada por soldados o no, fue corroborada en la primera autopsia al cadáver.
Las autoridades de todos los niveles piden a la sociedad que les crea pero, por otro lado, minan su propia credibilidad con alegatos autoexculpatorios tan insostenibles como los presentados el pasado fin de semana por la PGJM y la PGR. De esa forma se alienta la impunidad, se acrecienta la confusión y la zozobra sociales, se ahonda el desprestigio de las instituciones y se niega la justicia a los inocentes caídos en el contexto de una estrategia de seguridad pública a todas luces equivocada y fallida.
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http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=3088be475a72f2a2ca55859b88b5136a
- Guerra de Calderón no ataca bienes del narco
Sandra Rodríguez Nieto
El Diario | 30-04-2010 | 23:53 | Nacional
La guerra lanzada por el presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico es una farsa debido a que, si bien ha desplegado miles de elementos, también ha dejado intactas las estructuras económicas del crimen organizado –como propiedades y empresas– tanto en Chihuahua como en el resto del país, dijo Edgardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico de México (ITAM).
Entrevistado con respecto a los resultados del combate al crimen organizado en Juárez, donde en casi dos años y medio han muerto más de cinco mil personas y, en contraste, el Gobierno federal ha asegurado sólo una propiedad, el investigador explicó que es precisamente ese enfoque el que ha dejado intacto el motor de la violencia que padece esta frontera y todo México: el dinero ilícito.
“Desde 2006 estamos anunciando al presidente de la República que este asunto iba a explotar, y lamentablemente, las experiencias internacionales nuevamente nos indican que si el presidente continúa con esta estrategia represiva y no ataca la motivación principal por lo cual estos grupos criminales florecen en México, que es la motivación económica, no vamos a llegar a ninguna consecuencia”, advirtió Buscaglia.
“Eso (intervenir empresas) es algo común en la Unión Europea, en Japón, en Canadá, en los países que toman el combate de la delincuencia organizada en serio, no como la administración actual de México”, dijo.
“Hay 17 países que se toman esta prevención en serio, y los que no lo hacen, simplemente envían soldados como técnicas mediáticas, dan discursos todo el día, hacen foritos cuando explotan situaciones de inseguridad, como hacen en Juárez ahora, donde la técnica del presidente es sólo reactiva: va porque explotó una situación, pero no porque hayan estado previendo la situación”, mencionó el investigador.
Maestro en Derecho y Doctor en Economía, consejero de diversas organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y autor de diversos artículos sobre combate al crimen organizado, Buscaglia fue también uno de los primeros investigadores en detectar que, aun cuando el Cártel de Sinaloa es considerado el más poderoso de México, apenas una minoría de los detenidos en la guerra de Calderón pertenecen a esa organización.
En marzo pasado, Buscaglia también aportó en una entrevista hecha en un medio nacional los nombres de más de 20 empresas mexicanas cuyos activos estaban congelados en Estados Unidos sin que aquí se les sujetara a investigación alguna.
Entre esas empresas, la información de Buscaglia incluyó a varias ubicadas en Chihuahua, como Gasolineras San Fernando, Inmobiliarias El Presón, Indio Vitorio, Del Norte Carnes Finas, San Ignacio e Inmobiliaria El Escorpión del Norte, propiedades todas de los hermanos Arriola Márquez y las cuales fueron boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por probables vínculos con el crimen organizado.
Buscaglia agregó que, así como se ha enviado un ejército de elementos armados a diversos puntos del país, el Gobierno de Calderón debería enviar un ejército de auditores para investigar el origen de los recursos de cientos de empresas y, a partir de ello, desmantelar la infraestructura criminal y menguar a los grupos.
Lo político y electoral, ‘pacto de impunidad’, alerta
“¿Y cómo se comienza a atacar esta motivación económica? Bueno, en el caso de estas 3 mil 500 propiedades ligadas a la Federación de Sinaloa, estas cuarenta y tantas de Tijuana, o estas empresas o propiedades ligadas a los Arellano y otras a los Carrillo Fuentes, por ejemplo, se les tiene que enviar inmediatamente auditoría del Servicio de Administración Tributaria, y a través de auditores se determina el origen lícito o no de los recursos que se invirtieron en esas propiedades”, agregó.
Buscaglia aseguró que el Estado mexicano no requiere siquiera iniciar procesos penales para intervenir empresas. Pero esto no se hace, explicó, porque la experiencia internacional muestra también que las compañías que pertenecen o apoyan a los cárteles, para obtener protección, regularmente pagan campañas electorales, por lo que investigarlas, dijo, conduce casi siempre a personajes políticos.
“Y eso es lo que no hacen, ni quieren hacer, porque en la mayoría de los países donde eso se hace bien, como Italia, donde se tomaron en serio el combate y la prevención de la delincuencia organizada, se han encontrado que estas empresas legales financian precampañas y campañas”, dijo.
“Y ese es el pacto de impunidad que hoy impide desmantelar a las empresas criminales de todos los grupos, las de Sinaloa, del Golfo, de Juárez, y sacarles la motivación económica que está detrás de los asesinatos y de los secuestros y de la corrupción. Si les quitas la motivación económica en México, la delincuencia organizada se desploma”, insistió.
Por tanto, agregó, mientras eso no se haga, la guerra de Calderón no será más que una farsa.
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