¿Por qué Fox no combatió el narco? escuché rumores entre mis conocidos que Marta tenía tratos con el narco, el ejército también los tiene, el PRI tenía bien asegurado el negocio de la delincuencia, ¿el PAN es el nuevo líder? ¿Por qué el ejército es tan leal con los corruptos? Conozco a militares, una conocida (Capitán) se dice apartidista, pero está feliz con el nuevo gobierno calderonista, ella sólo quiere dinero, le vale gorro lo que le suceda a la gente, cuando se enteró que iba a los megaplantones para apoyar con la ropa "viejita" pero en buen estado que dejaban las chiquillas, lo primero que me preguntó fue si me quedaba con ellos, porque sabía que iba haber ordenes de golpear a los plantonistas, y callaba... La vergüenza de la gente que votó por el PAN será grande, cuando calderón arruine más sus vidas, cuando siga el saqueo y la venta de la patria, cuando vean que Mouriño español no atiende a los intereses de la gente pobre, cuando los negocios truenen, cuando vean que fueron desleales y traidores con nuestros indígenas, cuando la desigualdad lleve a niveles insoportables la delicuencia... PRI PANISTAS unidos en la dictadura perfecta... Simplemente el gobierno mexicano panista-antimexicano, no pudo emitir declaración respecto a la ejecución de Saddam Hussein, No supo que posición tomar, ignorante de su propia historia o simplememnte se vió reflejado en la misma dictadura de Hussein, ¿Seguirán con los fraudes electorales o descaradamente calderón no se irá en el 2012? La esperanza para la izquierda mexicana es reforzada por la ineptitud de los mediocres derechistas, Tu decide ¿este año tendrá buenos augurios? para mi si, ...un amigo camarógrafo un día nos dijo: ¿Quieres ver a tu enemigo caer...? sólo sientate a la orilla del camino....
El crecimiento que tuvo la criminalidad hace una década -consecuencia de la crisis económica de 1994-1995-, dio origen a la convicción de que el problema de la inseguridad era uno solo: consistía en disminuir la incidencia delictiva. No hacía falta más: para alcanzar la seguridad bastaba abatir los crímenes. El tiempo, auxiliado por las encuestas victimológicas, corrigió el error y terminó por descubrirnos que las dificultades capitales no eran una sino dos: los delitos por un lado y la percepción pública de la inseguridad por el otro. Una cosa era lo que estaba pasando en el universo del crimen y muy otra lo que la gente creía que estaba pasando. El rumor y los medios de difusión alargaban o acortaban las sombras del miedo con total independencia de lo que hicieran o dejaran de hacer los delincuentes. Había, pues, dos problemas distintos que requerían acciones y terapias diferentes.
Los estudiosos del crimen podrían haberse evitado muchos sinsabores si se hubieran detenido ahí. Sus recomendaciones hubieran seguido siendo recibidas con silencio y desconfianza por las autoridades -o sea lo usual-, de no ser porque empezó a emerger un tercer problema que condujo al enfrentamiento.
El camino para controlar la delincuencia era largo y difícil, pero no era invisible o intransitable. También había modos y maneras para recuperar la confianza de la gente y evitar que la tv, el radio y la prensa siguieran presentando como hechos cotidianos crímenes terribles y esporádicos. No se ignoraba, ni en un problema ni en otro, qué lucía prometedor ni qué había que cancelar, pero día a día, paso a paso, fue terminando por resultar evidente que las instituciones de gobierno estaban empeñadas en hacer precisamente lo que no servía. Se les mostraba que subir las penas, sobre todo las privativas de libertad, era contraproducente y, a pesar de la advertencia, brincaban de treinta años de prisión a cuarenta, cincuenta, setenta, cien o establecían las rejas de por vida. Se les dieron todas las razones del mundo para frenar la política de mano dura y evitar que la cárcel llegara a los delincuentes muy menores, como raterillos o limpiaparabrisas, y hoy las prisiones están llenas de ellos: los 88 mil reos que había en la República al empezar 1995 crecieron hasta sumar 207 mil al finalizar el último agosto. La población encarcelada creció seis veces más que la población en libertad y la delincuencia siguió igual.
Hoy ya no se tiene duda: la inseguridad pública resulta de un triángulo formado por tres problemas diferentes: la delincuencia, la manera en que se la percibe y las acciones de las autoridades. Los tres resultan de un sin fin de intereses, egoísmos y sorderas, pero el más urgente y difícil de superar es el último. Es el más urgente porque mientras no se lo corrija no podrá hacérsele mella a los dos primeros; y es el más difícil porque implica una transformación radical del papel que cumplen las instituciones de gobierno frente a la inseguridad. El cambio no puede reducirse a las autoridades: corregir el problema demanda que los ciudadanos aprendamos también a pensar de otra manera.
Tal vez mi argumentación resulte más clara si empiezo por el final. El cambio de población es, en nuestras cárceles, particularmente acelerado. Lo usual en un reclusorio que tiene mil presos es que salgan dos tercios a lo largo del año y permanezcan en ella trescientos treinta. Sólo que en el mismo lapso recibe novecientos nuevos reos, al menos con el ritmo actual, de tal manera que concluye el año con mil doscientos treinta. En el DF esto implica que más o menos veinte mil personas salen de prisión cada año. En la República entera suman 400 mil. Lo grave es que no salen mejor que como entraron.
Quien conozca nuestras prisiones, así sea superficialmente, admitirá que están organizadas para explotar a los presos y a sus familiares, pero no para rehabilitar a nadie. Un doloroso reportaje publicado días atrás por nuestro diario (10, oct, 2005) confirma la apreciación dando cuenta detallada del despojo al que se ven sometidos los reos y quienes los visitan: todo se vende en la cárcel, desde los alimentos hasta el permiso para pasarlos; desde el agua de beber hasta el suelo para dormir; desde los servicios médicos hasta la seguridad personal. Los 31 mil 664 reos que había en las cárceles de la ciudad el pasado primero de noviembre, añadiendo lo que pagan sus familiares para poder verlos, representarán más o menos mil millones de pesos de ingresos ilícitos para los custodios a lo largo del año. Los 207 mil presos que hay en la República pagarán más de seis mil millones de pesos de forzadas exacciones. Nosotros cooperaremos a la engorda del cochinito agregando, vía impuestos, doce mil millones de pesos más.
Bueno sería que estas sumas fueran nada más dinero tirado a la basura. Por desgracia no lo son porque de los 400 mil reos que saldrán este año, un poco más de la mitad estarán de nuevo en prisión antes de tres años, diez mil de ellos por delitos más violentos. Reformar los códigos para subir las penas; presumir arrestos anuales de miles de personas; exigir más hombres, más armas, más cárceles, más presupuesto, más patrullas, sirven sobre todo para dos cosas: producir más delincuentes y asegurar el negocio de quienes los producen. Para alcanzar la seguridad no sirven.
Es absurdo destinar tanto esfuerzo y tanto dinero a reciclar continuamente a los mismos presos sólo para empeorarlos. Pero más absurdo todavía es que sugerir acciones para lograr que se queden afuera y no regresen; hablar de rehabilitación; conservar la pena de prisión sólo para los autores de los crímenes más graves y usar castigos alternativos para los demás; advertir que incluso por razones económicas tenemos que empezar a despoblar las cárceles, no consigue suscitar sino el más airado y tajante rechazo oficial. La posibilidad ni siquiera se discute y la razón es evidente: no se trata de resolver el problema de la inseguridad pública, sino de conservar un negocio que es tanto más redituable cuanto más sobre pobladas estén las prisiones, más inundados estén los tribunales y mayor sea la presión social para abatir la delincuencia. La delincuencia deja utilidades importantes, pero tal como están las cosas, deja mucho más prometer mano dura y hacer como que se combate al crimen.
Si queremos vivir en ciudades tranquilas, sin miedo a vernos asaltados, heridos o secuestrados, tenemos que parar a las autoridades e impedir que sigan por ese camino. Tenemos que integrar consejos ciudadanos -no de prestanombres que se finjan ciudadanos-, para vigilar y controlar a las fuerzas policíacas. Víctimas y deudos deben tener la posibilidad de fiscalizar la actuación del ministerio público, suplirlo en sus faltas y lograr que se lo sancione cuando actúe ilícitamente o con notoria incompetencia. Hay que aligerar las tareas de los tribunales con juicios orales y el empleo generoso de la justicia restauradora. En suma: si queremos llegar a vivir en un país seguro, tenemos que empezar por custodiar a nuestros custodios. Nuestra seguridad personal es demasiado importante para seguirla dejando en manos de quienes quieren comerciar con ella.
Los estudiosos del crimen podrían haberse evitado muchos sinsabores si se hubieran detenido ahí. Sus recomendaciones hubieran seguido siendo recibidas con silencio y desconfianza por las autoridades -o sea lo usual-, de no ser porque empezó a emerger un tercer problema que condujo al enfrentamiento.
El camino para controlar la delincuencia era largo y difícil, pero no era invisible o intransitable. También había modos y maneras para recuperar la confianza de la gente y evitar que la tv, el radio y la prensa siguieran presentando como hechos cotidianos crímenes terribles y esporádicos. No se ignoraba, ni en un problema ni en otro, qué lucía prometedor ni qué había que cancelar, pero día a día, paso a paso, fue terminando por resultar evidente que las instituciones de gobierno estaban empeñadas en hacer precisamente lo que no servía. Se les mostraba que subir las penas, sobre todo las privativas de libertad, era contraproducente y, a pesar de la advertencia, brincaban de treinta años de prisión a cuarenta, cincuenta, setenta, cien o establecían las rejas de por vida. Se les dieron todas las razones del mundo para frenar la política de mano dura y evitar que la cárcel llegara a los delincuentes muy menores, como raterillos o limpiaparabrisas, y hoy las prisiones están llenas de ellos: los 88 mil reos que había en la República al empezar 1995 crecieron hasta sumar 207 mil al finalizar el último agosto. La población encarcelada creció seis veces más que la población en libertad y la delincuencia siguió igual.
Hoy ya no se tiene duda: la inseguridad pública resulta de un triángulo formado por tres problemas diferentes: la delincuencia, la manera en que se la percibe y las acciones de las autoridades. Los tres resultan de un sin fin de intereses, egoísmos y sorderas, pero el más urgente y difícil de superar es el último. Es el más urgente porque mientras no se lo corrija no podrá hacérsele mella a los dos primeros; y es el más difícil porque implica una transformación radical del papel que cumplen las instituciones de gobierno frente a la inseguridad. El cambio no puede reducirse a las autoridades: corregir el problema demanda que los ciudadanos aprendamos también a pensar de otra manera.
Tal vez mi argumentación resulte más clara si empiezo por el final. El cambio de población es, en nuestras cárceles, particularmente acelerado. Lo usual en un reclusorio que tiene mil presos es que salgan dos tercios a lo largo del año y permanezcan en ella trescientos treinta. Sólo que en el mismo lapso recibe novecientos nuevos reos, al menos con el ritmo actual, de tal manera que concluye el año con mil doscientos treinta. En el DF esto implica que más o menos veinte mil personas salen de prisión cada año. En la República entera suman 400 mil. Lo grave es que no salen mejor que como entraron.
Quien conozca nuestras prisiones, así sea superficialmente, admitirá que están organizadas para explotar a los presos y a sus familiares, pero no para rehabilitar a nadie. Un doloroso reportaje publicado días atrás por nuestro diario (10, oct, 2005) confirma la apreciación dando cuenta detallada del despojo al que se ven sometidos los reos y quienes los visitan: todo se vende en la cárcel, desde los alimentos hasta el permiso para pasarlos; desde el agua de beber hasta el suelo para dormir; desde los servicios médicos hasta la seguridad personal. Los 31 mil 664 reos que había en las cárceles de la ciudad el pasado primero de noviembre, añadiendo lo que pagan sus familiares para poder verlos, representarán más o menos mil millones de pesos de ingresos ilícitos para los custodios a lo largo del año. Los 207 mil presos que hay en la República pagarán más de seis mil millones de pesos de forzadas exacciones. Nosotros cooperaremos a la engorda del cochinito agregando, vía impuestos, doce mil millones de pesos más.
Bueno sería que estas sumas fueran nada más dinero tirado a la basura. Por desgracia no lo son porque de los 400 mil reos que saldrán este año, un poco más de la mitad estarán de nuevo en prisión antes de tres años, diez mil de ellos por delitos más violentos. Reformar los códigos para subir las penas; presumir arrestos anuales de miles de personas; exigir más hombres, más armas, más cárceles, más presupuesto, más patrullas, sirven sobre todo para dos cosas: producir más delincuentes y asegurar el negocio de quienes los producen. Para alcanzar la seguridad no sirven.
Es absurdo destinar tanto esfuerzo y tanto dinero a reciclar continuamente a los mismos presos sólo para empeorarlos. Pero más absurdo todavía es que sugerir acciones para lograr que se queden afuera y no regresen; hablar de rehabilitación; conservar la pena de prisión sólo para los autores de los crímenes más graves y usar castigos alternativos para los demás; advertir que incluso por razones económicas tenemos que empezar a despoblar las cárceles, no consigue suscitar sino el más airado y tajante rechazo oficial. La posibilidad ni siquiera se discute y la razón es evidente: no se trata de resolver el problema de la inseguridad pública, sino de conservar un negocio que es tanto más redituable cuanto más sobre pobladas estén las prisiones, más inundados estén los tribunales y mayor sea la presión social para abatir la delincuencia. La delincuencia deja utilidades importantes, pero tal como están las cosas, deja mucho más prometer mano dura y hacer como que se combate al crimen.
Si queremos vivir en ciudades tranquilas, sin miedo a vernos asaltados, heridos o secuestrados, tenemos que parar a las autoridades e impedir que sigan por ese camino. Tenemos que integrar consejos ciudadanos -no de prestanombres que se finjan ciudadanos-, para vigilar y controlar a las fuerzas policíacas. Víctimas y deudos deben tener la posibilidad de fiscalizar la actuación del ministerio público, suplirlo en sus faltas y lograr que se lo sancione cuando actúe ilícitamente o con notoria incompetencia. Hay que aligerar las tareas de los tribunales con juicios orales y el empleo generoso de la justicia restauradora. En suma: si queremos llegar a vivir en un país seguro, tenemos que empezar por custodiar a nuestros custodios. Nuestra seguridad personal es demasiado importante para seguirla dejando en manos de quienes quieren comerciar con ella.
Reforma
05/11/2005
http://kikka-roja.blogspot.com
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