Fox : No me voy, no me voy, no me voy...

Daniel Lizárraga

Vicente Fox les paga a los colaboradores de sus nuevos proyectos mediante la nómina de la Presidencia y sigue haciéndose presente en la política nacional, ante el silencio de Felipe Calderón y su gabinete. La locuacidad de Fox contrasta con el silencio que mantuvo acerca de sus bienes no declarados y la asignación irregular de contratos durante su sexenio... Rota su promesa de guardar silencio, de nuevo está desatado, ávido de los reflectores perdidos.

“No voy a emitir juicios sobre el gobierno anterior, del cual además, orgullosamente, formé parte”, sentenció el presidente Felipe Calderón el 26 de enero pasado en Davos, Suiza, durante su primera vista oficial a Europa. Días después, Vicente Fox, el exgobernante al que así había protegido, se adjudicó en público la victoria del PAN en 2006 y confirmó que su intervencionismo en el proceso electoral obedeció a un desquite contra su acérrimo enemigo político, Andrés Manuel López Obrador. En su presentación como conferencista internacional, realizada en el Centro de las Artes John F. Kennedy, de Washington, Fox no reconoció el trabajo proselitista de Calderón. “Pagué el costo político (del desafuero contra López Obrador), pero 18 meses más tarde yo tuve la victoria. El día de la elección, el candidato de mi partido ganó”, dijo Fox en su conferencia del 12 de febrero, frotándose las manos y con una sonrisa socarrona.

Sin embargo, la postura del exmandatario no provocó críticas en el actual gabinete. En la residencia oficial de Los Pinos hubo silencio. Tampoco respetó Fox su “decisión” de guardar silencio durante todo este año, como lo había ofrecido cuatro días después de que dejó el poder. Cuando asistieron a la misa dominical en la parroquia la Purísima Concepción, en San Cristóbal, dijo: “Marta y yo regresamos aquí a casa y ahora vamos a llevar una vida privada, ya no vamos a tener información, ni conferencias de prensa para ustedes”. Y en un intento de Marta de agregar un comentario, Fox la calló: “Chitón, chitón, ya”. El 27 de noviembre, cuatro días antes de abandonar Los Pinos, Vicente Fox inauguró su propia escultura en bronce, en la llamada Calzada de los Presidentes. Eran las últimas horas de su gobierno marcado por el despilfarro, la desaparición de recursos públicos en una de las cuentas personales de Fox, el ocultamiento de propiedades y de violaciones al marco legal, aun cuando algunas de las pruebas documentales de estas irregularidades provienen del propio gobierno federal y se han conocido mediante la Ley Federal de Transparencia. Sin embargo, la administración calderonista no ha iniciado –por lo menos públicamente– las investigaciones correspondientes.

Vicente Fox dejó Los Pinos sin explicar cómo fue que el gobierno de Ernesto Zedillo le depositó en una de sus cuentas personales 24 millones 150 mil pesos. El dinero provenía del erario y formaba parte de la bolsa destinada al equipo de transición que trabajó de julio a noviembre de 2000. Fueron seis los depósitos realizados al fideicomiso privado F/084, abierto en Inbursa por Vicente Fox. Proceso obtuvo copias de los recibos 032, 033, 034, 035, 046 y 051 en poder de la Secretaría de Hacienda. El dinero salió de la dependencia en calidad de “donativo”, por lo que Fox no tuvo la obligación de comprobar el uso de esos recursos públicos. Por otra parte, Hacienda manejó 45 millones 264 mil pesos para pagar los sueldos de las 315 personas del equipo de transición. En total, el gobierno de Zedillo entregó 69 millones 264 mil pesos al equipo de su sucesor, y una parte de esa cantidad se desvió a la cuenta privada de Vicente Fox. El 24 de noviembre de 2000, Carlos Rojas –entonces coordinador financiero del equipo de transición– anunció que el dinero aportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sería la base para constituir el Fondo Nacional de Becas. Ni un solo peso del erario llegó a ese destino, de acuerdo con documentos oficiales a los que este semanario tuvo acceso después de una investigación que inició en enero de 2005 y concluyó en noviembre de 2006. Al responder a un paquete de solicitudes de información, la SHCP, la Secretaría de Educación Pública y la Presidencia reconocieron finalmente que nunca hubo transferencias del fideicomiso privado F/084 hacia las cuentas del Fondo Nacional de Becas.

Lino Korrodi, uno de los creadores de la asociación Amigos de Fox, aceptó por vez primera, en entrevista con Proceso (número 1562), que él personalmente consiguió donativos para el período de transición por 60 millones de pesos, que también fueron depositados en el fideicomiso mencionado. “Lo que sí puedo confirmar es que de ahí salieron sueldos y gastos, aunque algunas personas abusaron metiendo en nómina a gente balín. Sinceramente, hubo mucho dinero gastado en superficialidades. Nunca se controló adecuadamente”, reveló el empresario. Pese a la intervención del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno de Fox se negó a rendir cuentas sobre el uso que le dio al dinero del fideicomiso. La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene el oficio IFAI/JPGA/022/025, fechado el 9 de junio de 2005, mediante el cual el comisionado Juan Pablo Guerrero pidió que se dieran a conocer esos documentos. Desde entonces (hace ya un año con ocho meses) la dependencia no ha respondido. La Presidencia, con Fox, nunca aclaró esto a pesar de que se le solicitó una entrevista al exvocero Rubén Aguilar. Lo que sí hubo, en contraparte, fue un acto de censura por parte de directivos de El Universal para que no se publicara la primera parte de esta investigación en su ya extinta publicación La Revista.

Sello foxista

A lo largo de su sexenio, Fox aceptó más de 3 mil 560 regalos, muchos de los cuales debieron enviarse al Nacional Monte de Piedad o donarse a una organización de asistencia social, toda vez que su valor supera el límite de 485 pesos estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No obstante, Fox y Marta Sahagún se fueron a vivir a uno de sus ranchos, La Estancia, sin regresar ni uno solo de esos obsequios, de acuerdo con una investigación de este semanario (Proceso 1574). Durante la segunda semana de diciembre, el nuevo secretario de la Función Pública, Germán Martínez, firmó un acuerdo mediante el cual exigió a los integrantes del gobierno no aceptar regalos cuyo costo supere los 485 pesos. Sin embargo, nada dijo de lo sucedido en el sexenio foxista, aun cuando las pruebas documentales sobre las violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades están dentro de los archivos de la propia dependencia. Así mismo, en julio de 2005 salió a la venta el libro El gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción escrito por Anabel Hernández y Arelí Quintero. En uno de sus capítulos, las periodistas documentaron cómo Fox fue transformando unos áridos terrenos en la comunidad guanajuatense de La Gorda Atorada –en Nuevo Jesús del Monte, municipio de San Francisco del Rincón– en el imponente rancho La Estancia.

Más de 300 hectáreas de esa propiedad –área equivalente a la mitad del Bosque de Chapultepec– están dedicadas a la siembra de agave azul. Además, tiene una lujosa casa con lago artificial y acabados en mármol, así como aproximadamente 100 hectáreas de sembradíos de papa, cebolla y ajo, amplios espacios para venados, llamas, avestruces, borregos y caballos pura sangre. Cuando apareció este libro, el vocero presidencial, Rubén Aguilar, aseguró que todos los bienes de Vicente Fox aparecían en su declaración patrimonial (Proceso 1500). Luego el propio Fox insistió en su inocencia durante una entrevista de televisión: “Ahí en el Rancho San Cristóbal nací, y ahí voy a seguir viviendo. No hay nada nuevo”, dijo. Sin embargo, poco antes de que concluyera el sexenio, Fox y Sahagún organizaron comidas y fiestas de despedida en La Estancia. En la prensa nacional y en la guanajuatense aparecieron fotografías de la finca. De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos –en su artículo 47, fracción XVIII–, “todo servidor público, incluido el presidente, debe presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de su situación patrimonial” o será sancionado.

El sábado 18 de noviembre visitaron a Fox en La Estancia el cardenal Norberto Rivera, el empresario Olegario Vázquez Raña y el director del diario El Universal, Juan Francisco Ealy. Ese día ellos fueron los únicos invitados a la comida con Fox, de acuerdo con información obtenida por la corresponsal de Proceso en Guanajuato, Verónica Espinosa. La siguiente semana, el sábado 25 de noviembre, acudieron allí varios miembros del gabinete foxista, empresarios, amigos cercanos y familiares. “Tanto calor agarró la velada, que los helicópteros del Estado Mayor Presidencial parecían taxis sobrevolando la comunidad, llevando y trayendo a los numerosos invitados”, describió la reportera. Un día después, los diputados federales y senadores del PAN acudieron a una comilona convocada por Fox y Marta Sahagún en la misma finca. Ese día el rancho quedó evidenciado en todos los medios de comunicación, ya que en pleno festejo el mandatario se desmayó. “Algunos de los invitados a la comilona de birria y tequila revelaron que en realidad el desmayo se debió a la resaca y a la desvelada de la prolongada reunión de la tarde anterior con su gabinete”, reportó Espinosa.

El propio Felipe Calderón, ya como presidente electo, acudió a La Estancia con su esposa Margarita Zavala y sus tres hijos. El domingo 8 de octubre, la familia llegó al territorio de los Fox en un helicóptero del EMP. Al igual que Vicente Fox, Calderón se vistió de pantalón de mezclilla y sombrero. La agencia oficial Notimex difundió fotografías del encuentro. Poco después del medio día, la gente de San Francisco del Rincón se sorprendió al ver en la carretera León-Cuerámaro una camioneta Hummer con placas de circulación LYF-68-71 del Estado de México; el conductor era Vicente Fox, y en el lugar del copiloto iba Felipe Calderón, quien cargaba sobre las piernas a uno de sus hijos. En la parte trasera viajaban Marta Sahagún, Margarita Zavala y dos de sus hijos. Como escolta iba otra Hummer con al menos cinco elementos del EMP, según la crónica del corresponsal de La Jornada, Martín Diego Rodríguez. En ninguna de las declaraciones patrimoniales de Vicente Fox como presidente aparece la compra de una camioneta Hummer, cuyo precio en el mercado va de 43 mil a 78 mil 504 dólares. A dos meses de haber asumido su cargo, el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, no se ha ocupado de cómo Fox remodeló en secreto esa finca durante su mandato y adquirió al menos una Hummer.

Financiamiento presidencial

Ahora instalados en La Estancia, Vicente Fox y su esposa transformaron la casa materna en el “Centro Operativo del Rancho San Cristóbal”, que tiene los departamentos de Gerencia Operativa, Comunicación y Academia, Administración, Sistemas y Asesorías. En estas oficinas trabajan al menos siete personas cuyos sueldos van de los 47 mil 973 a los 17 mil pesos y están en la nómina actual de la Presidencia. Al frente del equipo estuvo inicialmente la expresidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Sari Bermúdez, quien se encargó de ordenar el archivo de Fox. En una entrevista con la revista electrónica Reporte Índigo, la exfuncionaria reconoció que ese material oficial será enviado al “Centro de Estudios para la Democracia” que pretende construir Fox en San Francisco del Rincón. En la entrevista concedida a la reportera Anabel Hernández, Bermúdez reconoció haber recibido un salario de 119 mil 680 pesos durante diciembre y enero pasados para colaborar con Fox. “Para mí fue un honor”, añadió. Entre el personal que trabaja en el “Centro Operativo” apareció también el subdirector de área Alejandro Olalde Pérez, quien al menos hasta marzo de 2006 fungió como representante de la fundación Vamos México, de acuerdo con información del Gobierno de Guanajuato. Otros colaboradores identificados del expresidente son: Jorge Cabrera Bohórquez –exempleado del Conaculta–, Gregorio T. López Maciel –especialista en comercialización–, María Magdalena Aguirre Navarro, Tania Castillo Bernal y Mónica Adriana Guzmán Flores. La Presidencia asegura que la incorporación de Sari Bermúdez a su nómina fue decidida directamente por Vicente Fox, en apego a un reglamento interno que opera desde 1988. El 3 de diciembre pasado, Felipe Calderón firmó un decreto de austeridad para reducir el 10% de su propio sueldo y el de sus colaboradores. Pero esta medida no incluye el sueldo de los expresidentes y no altera sus privilegiadas prestaciones.

Auditoría oculta

En la auditoría 2015, realizada por auditores de la desaparecida Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), ahora Secretaría de la Función Pública (SFP), se descubrió que durante el gobierno de Fox se realizaron gastos excesivos, daño patrimonial, fraude e irregularidades administrativas en la asignación y distribución de contratos para la remodelación de Los Pinos por un monto de 66.5 millones de pesos. Bajo el mando del panista chihuahuense Francisco Barrio, la Secodam acusó a la Oficina Ejecutiva de Presidencia de la República de haber desembolsado esos 66 millones de pesos en obras sin licitación y subcontratadas, de acuerdo con una investigación de la revista Contralínea (también difundida en Proceso 1547). Días antes de que asumiera la Presidencia, Fox ordenó asignar directamente cuatro contratos y dos convenios modificatorios a las empresas Humberto Artigas y Asociados y MYO, S.A. de S.V, con el argumento de que se trataba de un asunto de seguridad nacional. Pero esa justificación resultó insuficiente cuando los auditores de Barrio descubrieron que las compañías presentaban problemas para documentar la compra de equipo y enseres domésticos. Este semanario hizo una solicitud de acceso a la información pública no sólo para conocer por completo la auditoría mencionada, sino también para saber si de ella derivaron juicios administrativos y penales. El pasado 3 de febrero, la SFP que encabeza Martínez Cázares notificó que el asunto aún está en manos de la Dirección General de Responsabilidades, no obstante que data de 2001.

Un ejemplo de las irregularidades: “El contratista Humberto Artigas y Asociados subcontrató las cuatro obras que le adjudicó la Presidencia con las empresas: Técnicas Avanzadas de Promoción Inmobiliaria; Contrataciones y Destajos Especiales; BM Arquitectos y GBI, de quienes proporcionó facturas por 23 millones 833 mil pesos, aspecto que contraviene el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que en el penúltimo párrafo establece que no se podrán ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones de los contratos. “Las adquisiciones se efectuaron en forma directa con poca justificación; se otorgó financiamiento al proveedor mediante un anticipo que no cumplía con los requisitos; se aceptó facturación global que, al omitir una descripción específica, representó una limitante para efectuar un sondeo en el mercado y en su caso determinar un sobreprecio”, dice una copia de la auditoría firmada por el subsecretario Roberto Muñoz Leos. Las obras eran para la remodelación de las cabañas 1 y 2 de Los Pinos –donde ahora vive Calderón con su familia– así como para la residencia Miguel Alemán, los exteriores de Los Pinos y una casa anexa a la residencia oficial. La escultura de Fox puede verse en la Calzada de los Presidentes junto a la de Ernesto Zedillo. Así quedó registrada la gestión del gobernante que, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, puso en riesgo las elecciones con su intervención constante a favor de Felipe Calderón.

Proceso No. 01581, 18 febrero 2007, pág 6.


Kikka Roja