Miguel Ángel Granados Chapa

Impertinencias y Cofetel

Plaza Pública

Impertinencias propias y en torno suyo marcan a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuya actual integración es uno de los frutos podridos de la reforma a la legislación sobre radio, televisión y telecomunicaciones que desde hace casi un año está en entredicho legal, sujeta a la acción de inconstitucionalidad que aún no resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Allí se han cometido, y es de temerse que se reproduzcan, impertinencias graves en la tramitación de ese medio de control constitucional, iniciado por un tercio (y poco más) de los senadores que se opusieron al modo en que se generó la nueva legalidad en esas materias y a su fondo, pues en el afán de servir a los intereses de los grandes consorcios de la radiotelevisión y las telecomunicaciones no se vaciló en atropellar de muchas maneras la Constitución.

Ha transcurrido demasiado tiempo sin que el pleno del Tribunal constitucional aborde al asunto. Se comprendería que la demora obedeciera a las complejidades técnicas y jurídicas de la cuestión, que dificultan aún plantear los dilemas de fondo en la legislación impugnada. Pero se sabe de fijo que el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano concluyó su proyecto de sentencia en noviembre pasado, y no lo ha sometido a debate por razones de una oportunidad inexplicable, como no sea la que permita que la aplicación de la ley genere hechos consumados e irrevocables. Pero el ministro ponente desea, según indicaciones, resolver el tema en sesiones privadas, en apariencia de mero intercambio de ideas pero que en realidad anticipen y sustituyan la sesión pública que debe ser el escenario en que se adopte la resolución. Un buen motivo para solicitar una discusión cerrada es que de ese modo se impediría que en el debate sobre problemas intrincados los ministros se arriesguen a mostrar incapacidades de comprensión, como ocurrió en el prolongado debate sobre la Ley de Seguridad Social Militar, donde algunos miembros del alto Tribunal se enredaron en los conceptos científicos con que arroparon sus nociones sobre el SIDA. En el fondo, sin embargo, lo que se busca con estas sesiones preliminares es llegar a consensos que inhiban la toma de posiciones de los ministros ante el público o el ocultamiento de las razones que mueven a otros a anteponer los intereses de las empresas a los generales de los gobernados. En preparación a ese modo sigiloso de actuar, se ha cancelado en los hechos la participación de quienes iniciaron la acción de inconstitucionalidad, con el argumento no expreso de que perdieron su condición de senadores al concluir agosto y por tanto carecen ya de interés jurídico para realizar promociones o buscar ser oídos.

Se escucha, sin embargo, no a los abogados de la contraparte, que es el Senado, sino a los que verdaderamente impulsaron la legislación, los personeros de Televisa y TV Azteca, visitantes asiduos de los despachos de los ministros donde son bien recibidos. Como irritante complemento de esa marginación se ha dejado de lado también a los representantes legales de los senadores, despojándoles de la personalidad que les permite seguir el expediente. Por ese motivo pudieron enterarse tarde y mal de otra agraviante impertinencia, la de negar a la parte demandante el problemario que resolverán los ministros. Motu propio, y en aras de la transparencia, los miembros de la Corte resolvieron que en cada asunto el problemario –que como su nombre lo indica resume los dilemas que genera una ponencia, respecto de los que deben manifestarse los altos jueces—se pusiera a disposición de las partes en general... excepto en este caso.

Dos comisionados a los que designó el presidente Fox y objetó la Comisión Permanente del Congreso, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez PCUS, demandaron amparo de la justicia federal por esa decisión legislativa, cuya pertinencia cuestionaron. Antes de que se resuelva el asunto de fondo, ambos fueron llamados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a servir como subsecretario uno y coordinador jurídico otro, nombramientos que alimentaron las diferencias institucionales y personales entre la Comisión y la Secretaría y quienes las encabezan. De modo impertinente, hace dos semanas el Senado osó pedir a los demandantes de amparo que desistan de su acción, que acaso es impertinente haber iniciado o mantener, pero a lo cual tienen pleno derecho. Impertinentísima, en fin, es la actuación de la Cofetel, que no ha resuelto problemas de fondo en telecomunicaciones (y sirve con ello a Telmex) ni en radio y televisión. Ante la urgencia social a que licite nuevas frecuencias en esos medios electrónicos, para pluralizar las emisiones y atenuar el duopolio en televisión (ya que es iluso proponer su fractura), cachazudamente los comisionados de la Cofetel anuncian que empezarán a estudiar la cuestión por lo que quizá hasta el año próximo tengan una respuesta. Instalados en su cargo en julio pasado, hace ocho meses, los comisionados debieron desde entonces iniciar los estudios que ahora dicen que van a hacer. Se ratifica con esa parsimonia que al menos los dos comisionados que fueron antes senadores (Héctor Osuna y Ernesto Gil Elorduy) están allí, como en La Borrachita de Tata Nacho, “pa´ servir al patrón”.

Kikka Roja