Reforma del Estado : México

• PRD: sería un buen signo de cambio que la Corte rechace la ley Televisa
• El estigma del fraude electoral marca arranque de la reforma del Estado

ANDREA BECERRIL , ROBERTO GARDUÑO

El líder de la Cámara de Diputados, Jorge Zermeño; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones; el titular de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia; la dirigente priísta, Beatriz Paredes, y los perredistas René Arce y Leonel Cota, durante la ceremonia en la cual se instaló la comisión para la reforma del Estado Foto: Cristina Rodríguez

Al iniciar los trabajos para la reforma del Estado, en un acto en el cual participaron todas las fuerzas políticas convocadas por el Congreso de la Unión, la mayoría coincidió en señalar la urgencia de una reforma electoral que garantice equidad y limite la participación de los poderes fácticos, en especial los medios de comunicacción electrónicos, para que no se repita el escenario de confrontación de 2006. Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente del Senado de República y titular de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos, refirió que el Poder Legislativo asume el papel de convocante, con el propósito de resolver los grandes problemas nacionales, porque la alternancia electoral no fue suficiente para alcanzar los objetivos del desarrollo. "Admitamos lo que estos años hemos vivido en el ámbito de la política, sobre todo en el año 2006, que nos colocó muy cerca de los límites de la confrontación y de la ruptura, que afortunadamente no se rebasaron. Ello fue posible por un plausible y sensato ejercicio de responsabilidad, y la voluntad específica de acatar -aunque imperfectas- las disposiciones de la legislación electoral para instalar el Congreso, dar garantías y seguridad a la República y propiciar una transición ordenada del Ejecutivo federal".

Ante el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, y de legisladores y gobernadores, Leonel Cota Montaño, dirigente nacional del PRD, advirtió que una señal clara sobre la voluntad real de reformar al Estado se observará con una resolución en contra de la llamada ley Televisa, y por el contrario, si el máximo tribunal valida esa norma, se cancelaría el camino de las reformas democráticas. Por su parte, la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, advirtió en referencia directa al PAN: "sería paradójico "que aquellos que cuando eran oposición demandaban mejores prácticas democráticas y condenaban al partido de Estado, ahora, desde el gobierno, actúen partidariamente". En el encuentro, celebrado en el Palacio de Minería, se dieron cita personajes de todo origen político e ideología. Se observó juntos, alejados del presídium, al litigante Diego Fernández de Cevallos y al titular del Consejo General del IFE, Luis Carlos Ugalde, quien se convirtió en el principal sujeto de críticas de seis de los ocho dirigentes de los partidos políticos.

Alejado de éstos, serio, el impulsor permanente del tema, Porfirio Muñoz Ledo, y cerca, Gonzalo Martínez Corbalá y Jesús Kumate. Personajes con distintas concepciones ideológicas, quienes atestiguaron que de los 17 participantes en el encuentro, sólo dos de ellos, los panistas Ramírez Acuña, y José Espina, mencionaron al presidente Felipe Calderón Hinojosa. Fue precisamente el secretario de Go-bernación quien, a contracorriente de la mayoría de los expositores, ponderó la importancia de la reforma del Estado más allá del aspecto electoral, al evocar ideas de la doctrina social cristiana: "El reto de las últimas décadas fue democratizar al país. Sin embargo, en la democracia no es suficiente establecer las condiciones para establecer la competencia electoral equitativa entre partidos políticos. Hace falta también construir las condiciones de la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad entre las partes que forman la sociedad, con el fin de incorporar a toda la población y a todas las regiones de México al desarrollo social sustentable". Para el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, la esencia de una reforma como la que se pretende impulsar se encuentra en el diálogo profundo e incluyente para alcanzar la negociación y el acuerdo.

En nombre de los gobernadores, el de Nuevo León, Natividad González Parás, planteó que ante un proceso de deformación en la estructura del gobierno y en su operación, o cuando cambian las cosmovisiones o los valores sociales comunes, la Constitución incluye mecanismos legales para reformar las herramientas de gobierno. La crítica al modelo electoral tras los comicios de 2006 la abrió Alberto Begné, dirigente del partido Alternativa: "Si bien es verdad que las sucesivas reformas electorales de los últimos 15 años nos permitieron abrir paso a la pluralidad y a la distribución del poder público, también lo es que muy pronto entrampamos nuestro proceso de cambio democrático en un círculo vicioso de confrontaciones estériles, sujetas a visiones e intereses tan estrechos como mezquinos. Peor aún: hemos permitido que el dinero y los poderes fácticos de uno y otro signo hayan reducido la esfera de nuestra vida pública a la representación de esos intereses y esos poderes, muy lejos de las demandas de la sociedad y las exigencias de desarrollo".

En una pausa, el secretario técnico de la Comisión Ejecutiva, Alberto Aguilar Iñárritu, reiteró que todos los partidos tienen un plazo de 30 días para entregar sus propuestas, con el propósito de conformar un documento marco para iniciar el análisis, el debate y lograr el consenso, e integrar así un dictamen. También se fijó el plazo de un año para que la comisión entregue un proyecto de dictamen que se discuta tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Tocó el turno a Alberto Anaya, integrante de la dirigencia colegiada del PT, quien frente al vilipendiado Luis Carlos Ugalde evocó el resultado del pasado proceso electoral federal y planteó propuestas en ese ámbito: "Acabamos de vivir el 2 de julio un fraude, quizás el más grande en la historia de este país; un fraude producto de una elección de Estado y un fraude de Estado. No queremos que eso vuelva a suceder. Estamos en favor de crear el instituto nacional de elecciones, que sustituya a los a actuales órganos electorales".

Pausada, Beatriz Paredes asumió que los actuales son momentos de emprender una reforma, porque difícilmente se podrá conducir de manera razonable el país con las fórmulas que diseñó su partido, el PRI, mismo que ahora está dispuesto a sumarse al cambio. "No se trata de refuncionalizar el presidencialismo en un esquema de democracia mercadotécnica circunscrita a lo electoral, en el que las elites políticas y económicas se reconocen sólo en la realidad virtual y son ajenas a las dolorosas contradicciones y carencias que caracterizan la vida de las mayorías nacionales. No se trata de un ejercicio gatopardista para aparentar que cambiamos y seguir con el mismo orden de cosas. Se trata de encontrar la síntesis pertinente, que permita una nueva fórmula en la gobernación."

Con dureza, Leonel Cota Montaño, presidente del PRD, recriminó que "el proyecto alternativo de nación fue víctima de un fraude caracterizado por la intervención del entonces titular del Poder Ejecutivo en el proceso electoral. Nuestro candidato a la Presidencia de la República fue objeto de la peor campaña de desprestigio de la cual se tenga memoria en la historia reciente de México por parte de los grupos de interés que por décadas han saqueado el patrimonio nacional y se han enriquecido a costa de la pobreza de millones de mexicanos". Cota Montaño insistió en que una señal favorable para la reforma del Estado sería que la SCJN se pronuncie contra la ley Televisa, porque en caso contrario se cancelaría el camino del perfeccionamiento democrático. "Queremos una profunda reforma electoral que permita procesos equitativos a lo largo y ancho del país, que no permita más, como se sigue haciendo hasta hoy, que el presupuesto público interfiera con campañas, que se resuelva el acceso a medios de comunicación y se castigue el uso de dinero privado en campañas políticas."

Al concluir, Manlio Fabio Beltrones refirió los sucesos electorales del año pasado, de los cuales se desprendían "sombríos presagios en el horizonte nacional, y la incertidumbre y el conflicto parecían irreductibles. No obstante, digámoslo brevemente, en el Congreso se instauró la representación nacional, y una oposición tan consciente como demandante".

Kikka Roja