Las petacas del gober precioso

Las maletas de Marín

Roberto Zamarripa

Mario Marín canceló un viaje a Pekín, vía París, para mantenerse, según dijo, "pendiente de la situación del Estado".

En qué cabeza cabe ordenar a sus ujieres que ya no suban las maletas al avión porque hay que estar "pendientes" de lo que pasa en la entidad que gobierna. Cabe en la atribulada cabeza de Mario Marín. Y debería caber la posibilidad de decirle a los ujieres que las maletas las dejen así como están, cerradas y empacadas. Porque pronto puede ofrecerse salir de la residencia de gobierno para siempre. El gobernador tenía programada una visita de trabajo a Francia y a China entre el 16 y el 26 de junio. Diez espléndidos días que la Suprema Corte le echó a perder. Esta semana, la Corte resolverá sobre el informe de la comisión investigadora respecto a la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho. El proyecto de dicha comisión, presidida por el ministro Juan Silva, contiene tantas evidencias contra Marín que mejor hubiera ido a China para no regresar. Por ejemplo, la comisión constató que los policías judiciales poblanos que detuvieron a mediados de diciembre del 2005 en Cancún a Lydia Cacho, estaban adscritos a la guardia personal del gobernador Marín.

Es decir, salieron de la Casa Puebla y regresaron ahí para notificar a su superior: misión cumplida.

Como se sabe, Cacho fue detenida en su oficina de Cancún, Quintana Roo, por policías judiciales de otra entidad. En la acción fueron auxiliados por agentes quintanarroenses, subordinados del procurador estatal Bello Melchor. (Como de cuento de hadas: precioso pide a Bello su ayuda para secuestrar a la princesa, porque un rey libanés quiere meterla en el calabozo. El rey libanés puso hasta el carruaje. Una de las camionetas utilizadas en el secuestro de Lydia Cacho era propiedad de Kamel Nacif, el empresario textilero). "¡Quiero a esa vieja en la cárcel!", cuentan que les dijo Kamel Nacif a sus abogados apenas conoció el libro Los demonios del edén, escrito por Cacho. Los abogados le respondieron que eso no sería posible en el Distrito Federal, donde debía presentarse la denuncia porque ahí se editó el libro y el empresario tenía su domicilio fiscal. "¿Y en Puebla?", preguntó. Antes de que sus abogados le dijeran sí, Kamel ya llamaba a Marín, el góber precioso, para ordenarle su intervención.

La comisión de la Corte dice en su proyecto que existió una confabulación entre Kamel y Marín para atentar ilegalmente contra la periodista. Y solicitará que se ejercite acción penal contra los funcionarios que participaron en esa confabulación, a saber: la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Villeda (una más para el cuento de hadas: doña Blanca, la procuradora del Reino). También al presidente del Tribunal de Justicia, don Guillermo Pacheco (a quien mejor no se le incluye en la ficción para no herir susceptibilidades de la PGR). La jueza quinto penal, Rosa Celia Pérez (una Rosa no podía faltar en una historia de príncipes y hadas) y los policías judiciales que aprehendieron a Cacho, adscritos, como se ha dicho, a Casa Puebla. De ser así, Marín se quedará sin procuradora, sin interlocutor en el Tribunal de Justicia y sin los policías que lo cuidaban. Las evidencias recabadas por la comisión harán que las famosas grabaciones telefónicas de Marín y Kamel sean meramente una voz en off de la trama urdida. ¿Y qué de Marín? El proyecto de la comisión pide a la Cámara de Diputados iniciar el juicio de procedencia contra Mario Marín, lo que llevaría a su destitución.
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El pasado jueves 14, el ministro Salvador Aguirre Anguiano tronó: "A mí me parece oprobioso que se use a la Suprema Corte, como la mano del gato para que renuncien gobernadores; yo pienso que la Suprema Corte debe de intervenir para esclarecer puntos constitucionales o conforme a la Constitución". La Corte debatía ese jueves la procedencia de instalar una comisión investigadora que revisara las violaciones de derechos humanos en Oaxaca, donde otro gobernador, Ulises Ruiz, también está en el banquillo. Probablemente confundido por tanto reclamo ciudadano que azota las puertas del Poder Judicial, Aguirre reclamó por el delicado papel que les ha tocado jugar. Citando al constitucionalista Felipe Tena, el ministro Genaro Góngora insistió en ese debate que si una intervención de la Corte "trae consigo implicaciones políticas, no se debe a que la Corte invada jurisdicciones ajenas, sino débase por el contrario a que los actos atentatorios han ocurrido dentro de la zona de las garantías individuales, cuya custodia corresponde, precisamente a la Corte". Ulises Ruiz y Mario Marín son responsables de actos delictivos. La Corte juzga las violaciones constitucionales de sus actos y no puede ser cómplice de sus delitos. Que hagan maletas, por su bien y el de las entidades que mal gobiernan.

Kikka Roja