Alejandro Gutiérrez / Proceso
MADRID, 29 DE DICIEMBRE /
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intenta darle la puntilla al franquismo, ideología que aún reivindican los grupos consevadores de España y que incluso sobrevive como símbolo en los topónimos de algunos pueblos, la nomenclatura de calles, así como de estatuas y monumentos erigidos durante la larga dictadura del "generalísimo" Francisco Franco.
El pasado 20 de noviembre se realizó en el Valle de los Caídos la concentración anual para homenajear al dictador Francisco Franco y al fundador de la ultraconservadora Falange española, José Antonio Primo de Rivera. Es probable que encuentros multitudinarios de este tipo ya no se repitan en ese lugar puesto que la recién aprobada Ley de Memoria Histórica prohíbe expresamente que ese monumental recinto, el más emblemático de los símbolos del franquismo, sea utilizado para “actos de naturaleza política o exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo”. Aquel día, unas mil personas –entre miembros de la Falange, jóvenes de grupos ultras y ancianos seguidores del viejo régimen dictatorial– asistieron a la conmemoración luctuosa de ambos personajes muertos un 20 de noviembre: Franco en 1975 y Primo de Rivera en 1936. Además de la celebración religiosa oficiada en la Basílica del Valle de los Caídos, los asistentes lanzaron arengas típicas del fascismo español: “¡Viva Franco! y “¡Viva Cristo Rey!”; también se oyeron frases como “España cristiana y no musulmana”, en medio del himno de la Falange, De cara al sol. En vísperas de esa efeméride, en varias ciudades españolas hubo movilizaciones tanto de jóvenes conservadores como de antifascistas, las cuales acabaron en disturbios al menos en Barcelona y en Madrid. En esta última ciudad, cerca de la estación del metro Legazpi, un joven de 16 años fue apuñalado por un soldado neonazi cuando increpaba a los manifestantes de la ultraderechista Democracia Nacional. Y es en este contexto social cargado de crispación que los diputados españoles aprobaron, el 31 de octubre, la ley que busca cerrar capítulos de la dictadura franquista, 30 años después de iniciado el proceso de transición democrática.
La iniciativa fue ratificada por el Senado el lunes 10. De esta manera, una de las disposiciones más significativas de la nueva legislación es la relacionada con el Valle de los Caídos, sitio que a partir de ahora deberá ceñirse “estrictamente” a los nuevos lineamientos aplicables a los lugares de culto y a los cementerios. La iniciativa aprobada ordena además el retiro de los símbolos de la sublevación militar encabezada por Franco, la Guerra Civil o la represión de la dictadura que se encuentren en lugares públicos. Las nuevas medidas también obligarán a las poblaciones y calles de España cuya nomenclatura aluda al caudillo o a generales franquistas a modificar su denominación; además, los cientos de edificios que exhiban los símbolos o insignias franquistas tendrán que suprimirlos. En el artículo 15, relativo a los “símbolos y monumentos públicos”, el ordenamiento aprobado destaca: “1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. “Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas y arquitectónicas protegidas por la ley”. De último momento, los legisladores incluyeron esta excepción, propuesta por el Grupo Parlamentario catalán Convergencia i Unió, cuyos integrantes también dieron su voto aprobatorio. El director del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos (CEPC), dependiente del Ministerio de la Presidencia, Jesús Álvarez Junco, quien participó en la elaboración del proyecto de ley, considera que esta excepción “es muy subjetiva y muy difícil de interpretar”.
Por ello considera desacertada la disposición legislativa sobre el retiro de los símbolos franquistas, pues ordena al gobierno español y a las administraciones locales elaborar un catálogo de todos los vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura, tarea difícil de lograr. En ello coincide el director del CEPC, Jesús Álvarez Junco, quien además comenta que muchas de las obras simbólicas del franquismo fueron realizadas por presos del bando republicano, quienes redimían sus penas con el trabajo, que en el fondo era trabajo forzado. Así sucedió, por ejemplo, con el conjunto arquitectónico del Valle de los Caídos, cuyo decreto de construcción data de 1940, si bien la obra duró 19 años.
De las ocho estatuas ecuestres de Franco que se levantaron en toda España sólo quedan la de Santander –la única que se localiza en un lugar público: la plaza principal de esa ciudad–, así como otras tres que se encuentran en dependencias militares, con lo cual “las fuerzas armadas se han convertido en los últimos años en depositarias de la memoria del franquismo”, dice Sanz. A su vez, la estatua que estuvo en el Instituto Ramiro de Maetzu de Madrid fue envida a la academia de infantería de Toledo y la estatua de Ferrol fue trasladada a los jardines del Museo Naval, según el investigador de la UNED. Sanz asegura que en el caso de Santander, el alcalde del Partido Popular, “una semana y otra también” se ve inmerso en la polémica por defender la permanencia de la estatua. Y agrega: “Lo que he visto es que en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular es que cuando se retiran los símbolos del franquismo se acaban la polémica y la confrontación”. Las estatuas o monumentos que permanecen todavía inamovibles son el escudo-medallón de la Plaza Mayor de Salamanca (declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO), así como los monumentos alegóricos de Tenerife y Oviedo y la estatua de Melilla. Por el contrario, los que fueron retirados definitivamente son los de Lupión (Jaén), Puerto Serrano (Cádiz), Marbella (Málaga), Barcelona, además de los de Albal (Valencia), Ponteareas (Pontevedra), el monolito de Orihuela (Alicante), la estatua ecuestre de Zaragoza, el busto de Pobla de Valbona y otras efigies en Madrid y Guadalajara. La que estuvo ubicada en la parroquia de San Mateo, en Narón (La Coruña), fue decapitada en diciembre de 2003 por un grupo opuesto a los símbolos franquistas en Galicia, según los estudios de Sanz.
Sanz, quien lleva varios años dedicado a la investigación de los símbolos del franquismo –publicó su primer artículo sobre el tema en 2004–advierte que resulta muy difícil tener un catálogo definitivo sobre el número de calles cuya nomenclatura alude al franquismo. Recuerda que en ese sentido ya hubo un intento relativamente exitoso entre 1979 y 1986, cuando los socialistas aprobaron una reforma para modificar la nomenclatura urbana. En Madrid, dice, la avenida del Generalísimo cambió su nombre por el de La Castellana, mientras que la avenida José Antonio Primo de Rivera se convirtió en La Gran Vía.
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El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intenta darle la puntilla al franquismo, ideología que aún reivindican los grupos consevadores de España y que incluso sobrevive como símbolo en los topónimos de algunos pueblos, la nomenclatura de calles, así como de estatuas y monumentos erigidos durante la larga dictadura del "generalísimo" Francisco Franco.
El pasado 20 de noviembre se realizó en el Valle de los Caídos la concentración anual para homenajear al dictador Francisco Franco y al fundador de la ultraconservadora Falange española, José Antonio Primo de Rivera. Es probable que encuentros multitudinarios de este tipo ya no se repitan en ese lugar puesto que la recién aprobada Ley de Memoria Histórica prohíbe expresamente que ese monumental recinto, el más emblemático de los símbolos del franquismo, sea utilizado para “actos de naturaleza política o exaltadores de la guerra civil, de sus protagonistas o del franquismo”. Aquel día, unas mil personas –entre miembros de la Falange, jóvenes de grupos ultras y ancianos seguidores del viejo régimen dictatorial– asistieron a la conmemoración luctuosa de ambos personajes muertos un 20 de noviembre: Franco en 1975 y Primo de Rivera en 1936. Además de la celebración religiosa oficiada en la Basílica del Valle de los Caídos, los asistentes lanzaron arengas típicas del fascismo español: “¡Viva Franco! y “¡Viva Cristo Rey!”; también se oyeron frases como “España cristiana y no musulmana”, en medio del himno de la Falange, De cara al sol. En vísperas de esa efeméride, en varias ciudades españolas hubo movilizaciones tanto de jóvenes conservadores como de antifascistas, las cuales acabaron en disturbios al menos en Barcelona y en Madrid. En esta última ciudad, cerca de la estación del metro Legazpi, un joven de 16 años fue apuñalado por un soldado neonazi cuando increpaba a los manifestantes de la ultraderechista Democracia Nacional. Y es en este contexto social cargado de crispación que los diputados españoles aprobaron, el 31 de octubre, la ley que busca cerrar capítulos de la dictadura franquista, 30 años después de iniciado el proceso de transición democrática.
La iniciativa fue ratificada por el Senado el lunes 10. De esta manera, una de las disposiciones más significativas de la nueva legislación es la relacionada con el Valle de los Caídos, sitio que a partir de ahora deberá ceñirse “estrictamente” a los nuevos lineamientos aplicables a los lugares de culto y a los cementerios. La iniciativa aprobada ordena además el retiro de los símbolos de la sublevación militar encabezada por Franco, la Guerra Civil o la represión de la dictadura que se encuentren en lugares públicos. Las nuevas medidas también obligarán a las poblaciones y calles de España cuya nomenclatura aluda al caudillo o a generales franquistas a modificar su denominación; además, los cientos de edificios que exhiban los símbolos o insignias franquistas tendrán que suprimirlos. En el artículo 15, relativo a los “símbolos y monumentos públicos”, el ordenamiento aprobado destaca: “1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. “Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas y arquitectónicas protegidas por la ley”. De último momento, los legisladores incluyeron esta excepción, propuesta por el Grupo Parlamentario catalán Convergencia i Unió, cuyos integrantes también dieron su voto aprobatorio. El director del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos (CEPC), dependiente del Ministerio de la Presidencia, Jesús Álvarez Junco, quien participó en la elaboración del proyecto de ley, considera que esta excepción “es muy subjetiva y muy difícil de interpretar”.
- Un tema “muy sensible”
Por ello considera desacertada la disposición legislativa sobre el retiro de los símbolos franquistas, pues ordena al gobierno español y a las administraciones locales elaborar un catálogo de todos los vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura, tarea difícil de lograr. En ello coincide el director del CEPC, Jesús Álvarez Junco, quien además comenta que muchas de las obras simbólicas del franquismo fueron realizadas por presos del bando republicano, quienes redimían sus penas con el trabajo, que en el fondo era trabajo forzado. Así sucedió, por ejemplo, con el conjunto arquitectónico del Valle de los Caídos, cuyo decreto de construcción data de 1940, si bien la obra duró 19 años.
- Monopolizar los simbolos
De las ocho estatuas ecuestres de Franco que se levantaron en toda España sólo quedan la de Santander –la única que se localiza en un lugar público: la plaza principal de esa ciudad–, así como otras tres que se encuentran en dependencias militares, con lo cual “las fuerzas armadas se han convertido en los últimos años en depositarias de la memoria del franquismo”, dice Sanz. A su vez, la estatua que estuvo en el Instituto Ramiro de Maetzu de Madrid fue envida a la academia de infantería de Toledo y la estatua de Ferrol fue trasladada a los jardines del Museo Naval, según el investigador de la UNED. Sanz asegura que en el caso de Santander, el alcalde del Partido Popular, “una semana y otra también” se ve inmerso en la polémica por defender la permanencia de la estatua. Y agrega: “Lo que he visto es que en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular es que cuando se retiran los símbolos del franquismo se acaban la polémica y la confrontación”. Las estatuas o monumentos que permanecen todavía inamovibles son el escudo-medallón de la Plaza Mayor de Salamanca (declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO), así como los monumentos alegóricos de Tenerife y Oviedo y la estatua de Melilla. Por el contrario, los que fueron retirados definitivamente son los de Lupión (Jaén), Puerto Serrano (Cádiz), Marbella (Málaga), Barcelona, además de los de Albal (Valencia), Ponteareas (Pontevedra), el monolito de Orihuela (Alicante), la estatua ecuestre de Zaragoza, el busto de Pobla de Valbona y otras efigies en Madrid y Guadalajara. La que estuvo ubicada en la parroquia de San Mateo, en Narón (La Coruña), fue decapitada en diciembre de 2003 por un grupo opuesto a los símbolos franquistas en Galicia, según los estudios de Sanz.
- El callejero franquista
Sanz, quien lleva varios años dedicado a la investigación de los símbolos del franquismo –publicó su primer artículo sobre el tema en 2004–advierte que resulta muy difícil tener un catálogo definitivo sobre el número de calles cuya nomenclatura alude al franquismo. Recuerda que en ese sentido ya hubo un intento relativamente exitoso entre 1979 y 1986, cuando los socialistas aprobaron una reforma para modificar la nomenclatura urbana. En Madrid, dice, la avenida del Generalísimo cambió su nombre por el de La Castellana, mientras que la avenida José Antonio Primo de Rivera se convirtió en La Gran Vía.
UNA VEZ DIJO CALDERON FECAL QUE ADMIRABA A FRANCO... EL ENANO USURPADOR NI HA DE SABER QUIEN FUE. LUEGO ACABAN LLORANDO FRENTE AL JUEZ PIDIENDO CLEMENCIA PORQUE "NUNCA ORDENARON ASESINAR GENTE Y NUNCA TUVIERON CONOCIMIENTO" IGUALITO QUE FUJIMORI.
ASESINOS, LADRONES Y AL FINAL GALLINAS MARICONES
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