El fracaso
Luis Javier GarridoEl fracaso de la llamada “reforma electoral” no hace más que ahondar la grave crisis política abierta en México tras el fraude electoral de 2006, pues no hace más que poner de relieve el profundo desprecio del panismo a las instituciones.
1. El proceso de reforma electoral de 2007 se terminó con un evidente fracaso de los legisladores de los tres partidos, pero sobre todo del gobierno ilegítimo de Felipe Calderón, que lo había impulsado como la vía para salir de la crisis institucional en la que se halla el país y lo único que logró con el mismo es evidenciar el deterioro institucional creciente y, sobre todo, la decisión de los grupos mafiosos que controlan el aparato estatal de no aceptar que haya elecciones presidenciales democráticas en 2012.
2. La “reforma electoral” de 2007 constituyó ante todo un fracaso estrepitoso del Congreso de la Unión, que pretendió someter a los concesionarios de la radio y la televisión a la ley cuando discutía las modificaciones constitucionales, y terminó doblegándose ante sus exigencias al redactar el Cofipe, y sobre todo ante su reclamo airado de hacer valer la que creen que es su prerrogativa, la de querer imponerle a México sus gobernantes, todo lo cual evidenció que en nuestro país los poderes fácticos prevalecen sobre los poderes constituidos.
3. El proceso de “reforma” configuró también, sin embargo, un fracaso sin parangón de los legisladores del PAN, del PRI y de un sector del PRD, que pretendieron engañar a los mexicanos haciéndoles creer que iban a elaborar una gran reforma político-electoral que haría salir al país de la grave crisis política en la que se halla, lo que nunca fue su propósito, y terminaron por hundir más en el desprestigio a las instituciones de la República.
4. El proyecto de reformar la legislación electoral para tratar de generarle alguna legitimidad al IFE, a las instituciones y al régimen de facto en su conjunto culminó con una verdadera contrarreforma constitucional y legal, que terminó por dividir a la bancada del PRD y generar múltiples inconformidades de partidos y organizaciones ciudadanas, pues contiene modificaciones intrascendentes en aspectos secundarios, serias regresiones y graves omisiones, pero ninguno de los cambios necesarios para garantizar que pueda haber en México procesos electorales democráticos.
5. El hecho de que el proceso culminara con una exhibición bochornosa de los legisladores del PAN y el PRI, que obsesionados por entregar una vez más el Consejo General del IFE a oscuros subordinados suyos en función de su alianza, se dedicaron a vetar todas las propuestas de carácter ciudadano y prefirieron suspender el procedimiento para designar al presidente del IFE y a otros dos consejeros a sabiendas de que violaban el principio constitucional que ellos mismos habían aprobado de cumplir con esta obligación antes del 13 de diciembre, es muy significativo de lo acontecido.
6. El mensaje político que se envió a los mexicanos con el proceso de reformas en materia electoral de 2007 fue, por todo esto, muy claro: las leyes pueden mejorarse en aspectos secundarios e irrelevantes en lo que se refiere a la disputa por el poder, pero no se puede poner en riesgo el control oficial sobre el organismo encargado de organizar los procesos electorales ni sobre el tribunal electoral encargado de sancionarlos ni mucho menos abrir la posibilidad de elecciones realmente democráticas.
7. El veto del PAN a la candidatura del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel como posible consejero presidente del IFE es un hecho de extrema gravedad, que evidencia una vez más el desastre institucional del país, no tan sólo por evidenciar el afán panista de imponer como consejeros a incondicionales suyos, sino porque el veto esta vez fue al más prestigiado de los ministros de la Suprema Corte –y una personalidad muy por encima de los demás aspirantes–, poniendo por este solo hecho en entredicho al alto tribunal, sobre todo tras los escándalos dados en 2004 y 2005 por el ministro filopanista Mariano Azuela, quien se ostentó en esos meses como asesor de Vicente Fox cuando éste trató de inhabilitar constitucionalmente a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato presidencial.
8. El saldo más importante de los más de 10 meses de negociaciones de los legisladores de los tres partidos ha sido a pesar del fiasco que significa la nueva legislación el confirmar una vez más que la extrema derecha panista y sus amigos no están dispuestos a organizar elecciones realmente democráticas en 2012, pues no quisieron un IFE ni un tribunal electoral que no estuviesen controlados por la mafia en el poder ni una legislación electoral democrática, que garantice los derechos ciudadanos, someta al Ejecutivo a la legalidad, impida la utilización de los recursos del Estado para imponer a un candidato, tipifique y sancione los delitos electorales, cree causales de nulidad de los procesos.
9. El futuro institucional de México quedó en entredicho con la llegada a Los Pinos de un gobernante espurio apoyado por oscuras mafias y cada día es más evidente que el país no podrá salir adelante si no hay un cambio en profundidad, pues la crisis institucional no deja de agravarse y la credibilidad que tienen las instancias públicas es prácticamente nula, y eso va lo mismo por la Presidencia de la República que por el Congreso de la Unión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el IFE, por las fuerzas armadas.
10. El panismo en el poder ha sido depredador de la vida institucional de México, y lo que es más significativo es lo que hizo en el plano electoral, pues destruyó las posibilidades inmediatas de una transición política democrática. El triunfo de un candidato de la oposición no podrá darse en consecuencia en México en 2012 tras esta contrarreforma más que con una victoria por amplio margen y si hay una sociedad civil dispuesta a todo para defender su voto.
2. La “reforma electoral” de 2007 constituyó ante todo un fracaso estrepitoso del Congreso de la Unión, que pretendió someter a los concesionarios de la radio y la televisión a la ley cuando discutía las modificaciones constitucionales, y terminó doblegándose ante sus exigencias al redactar el Cofipe, y sobre todo ante su reclamo airado de hacer valer la que creen que es su prerrogativa, la de querer imponerle a México sus gobernantes, todo lo cual evidenció que en nuestro país los poderes fácticos prevalecen sobre los poderes constituidos.
3. El proceso de “reforma” configuró también, sin embargo, un fracaso sin parangón de los legisladores del PAN, del PRI y de un sector del PRD, que pretendieron engañar a los mexicanos haciéndoles creer que iban a elaborar una gran reforma político-electoral que haría salir al país de la grave crisis política en la que se halla, lo que nunca fue su propósito, y terminaron por hundir más en el desprestigio a las instituciones de la República.
4. El proyecto de reformar la legislación electoral para tratar de generarle alguna legitimidad al IFE, a las instituciones y al régimen de facto en su conjunto culminó con una verdadera contrarreforma constitucional y legal, que terminó por dividir a la bancada del PRD y generar múltiples inconformidades de partidos y organizaciones ciudadanas, pues contiene modificaciones intrascendentes en aspectos secundarios, serias regresiones y graves omisiones, pero ninguno de los cambios necesarios para garantizar que pueda haber en México procesos electorales democráticos.
5. El hecho de que el proceso culminara con una exhibición bochornosa de los legisladores del PAN y el PRI, que obsesionados por entregar una vez más el Consejo General del IFE a oscuros subordinados suyos en función de su alianza, se dedicaron a vetar todas las propuestas de carácter ciudadano y prefirieron suspender el procedimiento para designar al presidente del IFE y a otros dos consejeros a sabiendas de que violaban el principio constitucional que ellos mismos habían aprobado de cumplir con esta obligación antes del 13 de diciembre, es muy significativo de lo acontecido.
6. El mensaje político que se envió a los mexicanos con el proceso de reformas en materia electoral de 2007 fue, por todo esto, muy claro: las leyes pueden mejorarse en aspectos secundarios e irrelevantes en lo que se refiere a la disputa por el poder, pero no se puede poner en riesgo el control oficial sobre el organismo encargado de organizar los procesos electorales ni sobre el tribunal electoral encargado de sancionarlos ni mucho menos abrir la posibilidad de elecciones realmente democráticas.
7. El veto del PAN a la candidatura del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel como posible consejero presidente del IFE es un hecho de extrema gravedad, que evidencia una vez más el desastre institucional del país, no tan sólo por evidenciar el afán panista de imponer como consejeros a incondicionales suyos, sino porque el veto esta vez fue al más prestigiado de los ministros de la Suprema Corte –y una personalidad muy por encima de los demás aspirantes–, poniendo por este solo hecho en entredicho al alto tribunal, sobre todo tras los escándalos dados en 2004 y 2005 por el ministro filopanista Mariano Azuela, quien se ostentó en esos meses como asesor de Vicente Fox cuando éste trató de inhabilitar constitucionalmente a Andrés Manuel López Obrador para ser candidato presidencial.
8. El saldo más importante de los más de 10 meses de negociaciones de los legisladores de los tres partidos ha sido a pesar del fiasco que significa la nueva legislación el confirmar una vez más que la extrema derecha panista y sus amigos no están dispuestos a organizar elecciones realmente democráticas en 2012, pues no quisieron un IFE ni un tribunal electoral que no estuviesen controlados por la mafia en el poder ni una legislación electoral democrática, que garantice los derechos ciudadanos, someta al Ejecutivo a la legalidad, impida la utilización de los recursos del Estado para imponer a un candidato, tipifique y sancione los delitos electorales, cree causales de nulidad de los procesos.
9. El futuro institucional de México quedó en entredicho con la llegada a Los Pinos de un gobernante espurio apoyado por oscuras mafias y cada día es más evidente que el país no podrá salir adelante si no hay un cambio en profundidad, pues la crisis institucional no deja de agravarse y la credibilidad que tienen las instancias públicas es prácticamente nula, y eso va lo mismo por la Presidencia de la República que por el Congreso de la Unión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el IFE, por las fuerzas armadas.
10. El panismo en el poder ha sido depredador de la vida institucional de México, y lo que es más significativo es lo que hizo en el plano electoral, pues destruyó las posibilidades inmediatas de una transición política democrática. El triunfo de un candidato de la oposición no podrá darse en consecuencia en México en 2012 tras esta contrarreforma más que con una victoria por amplio margen y si hay una sociedad civil dispuesta a todo para defender su voto.
Kikka Roja
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