- La renta petrolera en 2007 fue de $432 mil 789 millones
- Tiene el gobierno fondos para desarrollar Pemex
- Los ingresos van al erario, según información oficial
Ampliar la imagen Unidad de bombeo de petróleo cerca de Manhattan, Kansas Unidad de bombeo de petróleo cerca de Manhattan, Kansas Foto: Ap
El gobierno federal posee los suficientes recursos para destinarlos al desarrollo de la infraestructura productiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin necesidad de la participación de la inversión privada, según se constata en el análisis de los informes más recientes sobre finanzas públicas y de los resultados financieros de la empresa. Sin embargo, la renta petrolera en el país se ha utilizado como una de las principales fuentes de ingreso de las finanzas públicas y no como una herramienta para la expansión del sector energético o, en todo caso, del sector petrolero de México. La renta petrolera se define como la diferencia que existe entre el precio de la venta del petróleo y su costo de extracción. Esto significa que si en promedio el extraer un barril de petróleo en el país tiene un costo promedio de ocho dólares y se vende en los mercados internacionales en aproximadamente 80 dólares, la renta petrolera equivale a 72 dólares por barril.
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos y un costo de ventas más gastos operativos de 375 mil 339 millones de pesos, es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos. Lo anterior, contrasta con el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector, encabezados por la Secretaría de Energía, Georgina Kessel y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y legisladores del PRI y PAN, que consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria. El mismo informe señala, sin embargo, que al cierre del tercer trimestre de 2007, la paraestatal entregó o pagó al fisco; entre impuestos, derechos y aprovechamientos, 457 mil 341 millones de pesos, es decir, tuvo que entregar la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos, aproximadamente. Según la última información disponible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de noviembre de 2007, las finanzas públicas registraron un superávit fiscal, es decir, más ingresos que gastos, por 192 mil 98 millones de pesos, como resultado de haber obtenido ingresos por 2 billones 35 mil 500 millones de pesos y de haber realizado gastos por un billón 874 mil 615 millones de pesos.
Esta favorable evolución de los ingresos presupuestarios se explica en gran medida con el positivo comportamiento de los ingresos petroleros que a noviembre del año pasado fueron de 753 mil 153.3 millones de pesos, lo que representó 37 por ciento del total. Esto quiere decir que de cada peso que ingresó al gobierno 37 centavos provinieron directamente del petróleo. Es importante señalar que esta proporción es mayor si se considera la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado de las gasolinas y los excedentes petroleros, éstos últimos se estima que ascendieron a noviembre del año pasado a 113 mil 399 millones de pesos. En contraste se observó que el gasto público se concentró en el gasto corriente que ascendió a un billón 231 mil 836 millones de pesos, cifra que representa el 61 por ciento del gasto total, seguido por el gasto no programable que significó 25.5 por ciento y que se conforma principalmente por el costo financiero de la deuda y las participaciones federales a los Estados de la República. A este respecto, el especialista y consultor en temas financieros, Mario Di Costanzo afirmó: “Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que entrarán al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna empresa del mundo, aceptaría o sería rentable, con esa carga fiscal”.
El también secretario de la hacienda pública del autodenominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, indicó que a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la reforma energética que se presentará no buscará la privatización de Pemex, pero el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo, implicaría la transferencia o cesión de buena parte de la renta petrolera que es de todos los mexicanos, a compañías privadas extranjeras, advirtió. Alertó que la inversión privada o empresas trasnacionales que entren al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal “carga fiscal” por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida, lo que les permitiría adueñarse de la “renta petrolera”.
De acuerdo con el último informe financiero de Pemex, al 30 de septiembre de 2007, la paraestatal reportó ventas totales por 808 mil 128 millones de pesos y un costo de ventas más gastos operativos de 375 mil 339 millones de pesos, es decir, que la renta petrolera fue de 432 mil 789 millones de pesos. Lo anterior, contrasta con el principal argumento que se ha dado por parte de los grupos que quieren abrir el sector, encabezados por la Secretaría de Energía, Georgina Kessel y el director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y legisladores del PRI y PAN, que consiste en señalar que el país no cuenta con recursos para financiar la expansión de la industria. El mismo informe señala, sin embargo, que al cierre del tercer trimestre de 2007, la paraestatal entregó o pagó al fisco; entre impuestos, derechos y aprovechamientos, 457 mil 341 millones de pesos, es decir, tuvo que entregar la totalidad de la renta petrolera más 25 mil millones de pesos, aproximadamente. Según la última información disponible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de noviembre de 2007, las finanzas públicas registraron un superávit fiscal, es decir, más ingresos que gastos, por 192 mil 98 millones de pesos, como resultado de haber obtenido ingresos por 2 billones 35 mil 500 millones de pesos y de haber realizado gastos por un billón 874 mil 615 millones de pesos.
Esta favorable evolución de los ingresos presupuestarios se explica en gran medida con el positivo comportamiento de los ingresos petroleros que a noviembre del año pasado fueron de 753 mil 153.3 millones de pesos, lo que representó 37 por ciento del total. Esto quiere decir que de cada peso que ingresó al gobierno 37 centavos provinieron directamente del petróleo. Es importante señalar que esta proporción es mayor si se considera la recaudación proveniente del impuesto al valor agregado de las gasolinas y los excedentes petroleros, éstos últimos se estima que ascendieron a noviembre del año pasado a 113 mil 399 millones de pesos. En contraste se observó que el gasto público se concentró en el gasto corriente que ascendió a un billón 231 mil 836 millones de pesos, cifra que representa el 61 por ciento del gasto total, seguido por el gasto no programable que significó 25.5 por ciento y que se conforma principalmente por el costo financiero de la deuda y las participaciones federales a los Estados de la República. A este respecto, el especialista y consultor en temas financieros, Mario Di Costanzo afirmó: “Es obvio que esta situación muestra, entre otras cosas, la elevada carga fiscal que tiene Pemex y que sin lugar a dudas no se mantendría para las empresas privadas que entrarán al negocio del petróleo, en virtud de que ninguna empresa del mundo, aceptaría o sería rentable, con esa carga fiscal”.
El también secretario de la hacienda pública del autodenominado gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, indicó que a pesar de que tanto Felipe Calderón como los legisladores del PRI y del PAN han señalado que la reforma energética que se presentará no buscará la privatización de Pemex, pero el simple hecho de permitir la inversión privada en los procesos de refinación, exploración, distribución y comercialización del petróleo, implicaría la transferencia o cesión de buena parte de la renta petrolera que es de todos los mexicanos, a compañías privadas extranjeras, advirtió. Alertó que la inversión privada o empresas trasnacionales que entren al “nuevo negocio” no aceptarían hacerlo ante tal “carga fiscal” por lo que necesariamente a ellos se les aplicaría una tasa fiscal diferente y más reducida, lo que les permitiría adueñarse de la “renta petrolera”.
Kikka Roja
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