Las controversias de Calderón
Nos equivocamos si creemos que en materia de combate a la corrupción nada podía estar peor que durante el sexenio de Vicente Fox. Con las recientes controversias constitucionales iniciadas contra la Auditoría Superior de la Federacion (ASF), el gobiemo de Felipe Calderón supera la inactividad de su predecesor con un franco sabotaje de cualquier intento por fiscalizar al Ejecutivo Federal.
México es uno de los países más corruptos del orbe, y desafortunadamente esta situación va de mal en peor. Según el Barómetro de las Américas, en 2006 Mexico obtuvo, sólo despues de Haiti, el índice de corrupción más alto de todo el continente. Para 2007, de acuerdo con el informe de Global Integrity de Washington, D.C., Mexico recibe la calificación reprobatoria de 63 sobre 100 en cuanto a sus estrategias de combate a la corrupción, atrás de Bangladesh, Azerbaijan, Malawi y Jordania, que reciben calificaciones más altas. Según el índice de Transparencia Intemacional, en 2007 México perdió cinco lugares respecto de 2006, hasta descender a un vergonzoso sitio 75 que lo ubica al nivel de Marruecos, China y Surinam.
En este contexto, es una vergüenza que Calderón y su nuevo secretario de Gobernación se empeñen en obstaculizar el trabajo de una de las únicas instituciones que se ha propuesto enfrentar la impunidad y la simulación imperantes en la administración pública federal. Las históricas investigaciones de la ASF en temas tan delicados como el rescate bancario, los permisos de generación de energía eléctrica y las escandalosas devoluciones de impuestos a las grandes empresas trasnacionales, así como su cotidiana labor de fomento a la cultura de la transparencia y el buen desempeño gubemamental, han demostrado que estamos ante una institucion comprometida con la rendicion de cuentas hasta las últimas consecuencias.
Pero en lugar de dar la bienvenida al activismo y arrojo del auditor Arturo González de Aragón, la administración de Felipe Calderón erige muros de opacidad. En los ultimos meses, las secretarías de Energía, de Medio Ambiente y de Gobernación, así como una empresa dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han presentado recursos de inconstitucionalidad (cuatro controversias constitucionales y un amparo indirecto) en contra de la ASF con el fin de detener las investigaciones sobre posibles irregularidades en la aplicación de recursos públicos.
La naturaleza de las auditorías impugnadas llama la atención y abona al sospechosismo.
El gobiemo federal está particularmente interesado en detener una auditona a la Secretaría de Energía que se propone hacer la "Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos". Otras auditonas particularmente incomodas son la de "Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Sorteos" de la Secretaría de Gobernación, y la referente a los "Programas y Campanas de Comunicación Social del Gobiemo Federal" durante el ano 2006. La ASF realiza más de 400 auditorías al año, incluyendo más de 40 auditorías al desempeño, pero por alguna extrana razón la administración de Felipe Calderón tiene un interés especial en detener éstas investigaciones en particular.
El gobierno federal sostiene que la ASF debe limitarse a una revisión exclusivamente contable del gasto público, y que el auditor viola la Constitución al buscar ir mas allá de simplemente revisar las entradas y salidas de los pesos y centavos para verificar el desempeño de los programas federales. Pero tal interpretación no encuentra ningún respaldo en el texto de la Constitución, cuyo articulo 79 señala claramente que la ASF esta facultada para fiscalizar integralmente "el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales".
Es cierto que hace algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación busco poner límites a las facultades constitucionales del auditor. En una desafortunada resolución de la Controversia Constitucional 61/2004, impulsada por el ministro Mariano Azuela y objetada por cinco ministros del Pleno, la Corte revocó una serie de recomendaciones dirigidas por la ASF a la Comisión Reguladora de Energía. Pero aquella resolución anulaba unicamente las recomendaciones surgidas de la auditona en cuestión. Ahora, el gobierno de Calderón busca extrapolar el criterio de la Corte de manera irresponsable con objeto de detener la realización de las auditorías desde su inicio y acabar de una vez por todas con las facultades del auditor para realizar auditorias al desempeño.
Parece que el gobiemo federal ignora que el pasado 18 de septiembre de 2007 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al articulo 79 constitucional precisamente con el propósito de hacer mas explícita la facultad del auditor para realizar auditorías al desempeño y evitar futuros reveses en la Corte. Una vez que la mayoria de las entidades federativas avalen esta reforma, la Constitución explícitamente facultan al auditor a "realizar auditorías sabre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales".
Un auditor activo e independiente es fundamental para el avance de la democracia y la rendición de cuentas en el país. En su discurso de toma de posesión desde el Auditorio Nacional el 2 de diciembre de 2006, Calderón declaró que "antes de pedir más sacrificios a los mexicanos para resolver nuestros problemas, soy consciente de que el gobierno de México debe demostrar can acciones que realiza un esfuerzo significativo para usar de manera eficiente y transparente los recursos de los ciudadanos". Entre dicho y hecho hay mucho trecho. Si Calderón estuviera interesado en cumplir can su palabra, en lugar de buscar artimañas legales para obstaculizar el trabajo de la ASF, retiraria de una vez par todas las controversias constitucionales y trabajaria junto can la Camara de Diputados en una reforma para robustecer las facultades del auditor .•
Proceso No. 1631, ANALISIS, página 48, 3 febrero 2008
Kikka Roja
México es uno de los países más corruptos del orbe, y desafortunadamente esta situación va de mal en peor. Según el Barómetro de las Américas, en 2006 Mexico obtuvo, sólo despues de Haiti, el índice de corrupción más alto de todo el continente. Para 2007, de acuerdo con el informe de Global Integrity de Washington, D.C., Mexico recibe la calificación reprobatoria de 63 sobre 100 en cuanto a sus estrategias de combate a la corrupción, atrás de Bangladesh, Azerbaijan, Malawi y Jordania, que reciben calificaciones más altas. Según el índice de Transparencia Intemacional, en 2007 México perdió cinco lugares respecto de 2006, hasta descender a un vergonzoso sitio 75 que lo ubica al nivel de Marruecos, China y Surinam.
En este contexto, es una vergüenza que Calderón y su nuevo secretario de Gobernación se empeñen en obstaculizar el trabajo de una de las únicas instituciones que se ha propuesto enfrentar la impunidad y la simulación imperantes en la administración pública federal. Las históricas investigaciones de la ASF en temas tan delicados como el rescate bancario, los permisos de generación de energía eléctrica y las escandalosas devoluciones de impuestos a las grandes empresas trasnacionales, así como su cotidiana labor de fomento a la cultura de la transparencia y el buen desempeño gubemamental, han demostrado que estamos ante una institucion comprometida con la rendicion de cuentas hasta las últimas consecuencias.
Pero en lugar de dar la bienvenida al activismo y arrojo del auditor Arturo González de Aragón, la administración de Felipe Calderón erige muros de opacidad. En los ultimos meses, las secretarías de Energía, de Medio Ambiente y de Gobernación, así como una empresa dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, han presentado recursos de inconstitucionalidad (cuatro controversias constitucionales y un amparo indirecto) en contra de la ASF con el fin de detener las investigaciones sobre posibles irregularidades en la aplicación de recursos públicos.
La naturaleza de las auditorías impugnadas llama la atención y abona al sospechosismo.
El gobiemo federal está particularmente interesado en detener una auditona a la Secretaría de Energía que se propone hacer la "Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos". Otras auditonas particularmente incomodas son la de "Evaluación del Proceso para el Otorgamiento de Permisos de Sorteos" de la Secretaría de Gobernación, y la referente a los "Programas y Campanas de Comunicación Social del Gobiemo Federal" durante el ano 2006. La ASF realiza más de 400 auditorías al año, incluyendo más de 40 auditorías al desempeño, pero por alguna extrana razón la administración de Felipe Calderón tiene un interés especial en detener éstas investigaciones en particular.
El gobierno federal sostiene que la ASF debe limitarse a una revisión exclusivamente contable del gasto público, y que el auditor viola la Constitución al buscar ir mas allá de simplemente revisar las entradas y salidas de los pesos y centavos para verificar el desempeño de los programas federales. Pero tal interpretación no encuentra ningún respaldo en el texto de la Constitución, cuyo articulo 79 señala claramente que la ASF esta facultada para fiscalizar integralmente "el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales".
Es cierto que hace algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación busco poner límites a las facultades constitucionales del auditor. En una desafortunada resolución de la Controversia Constitucional 61/2004, impulsada por el ministro Mariano Azuela y objetada por cinco ministros del Pleno, la Corte revocó una serie de recomendaciones dirigidas por la ASF a la Comisión Reguladora de Energía. Pero aquella resolución anulaba unicamente las recomendaciones surgidas de la auditona en cuestión. Ahora, el gobierno de Calderón busca extrapolar el criterio de la Corte de manera irresponsable con objeto de detener la realización de las auditorías desde su inicio y acabar de una vez por todas con las facultades del auditor para realizar auditorias al desempeño.
Parece que el gobiemo federal ignora que el pasado 18 de septiembre de 2007 el Congreso de la Unión aprobó una reforma al articulo 79 constitucional precisamente con el propósito de hacer mas explícita la facultad del auditor para realizar auditorías al desempeño y evitar futuros reveses en la Corte. Una vez que la mayoria de las entidades federativas avalen esta reforma, la Constitución explícitamente facultan al auditor a "realizar auditorías sabre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales".
Un auditor activo e independiente es fundamental para el avance de la democracia y la rendición de cuentas en el país. En su discurso de toma de posesión desde el Auditorio Nacional el 2 de diciembre de 2006, Calderón declaró que "antes de pedir más sacrificios a los mexicanos para resolver nuestros problemas, soy consciente de que el gobierno de México debe demostrar can acciones que realiza un esfuerzo significativo para usar de manera eficiente y transparente los recursos de los ciudadanos". Entre dicho y hecho hay mucho trecho. Si Calderón estuviera interesado en cumplir can su palabra, en lugar de buscar artimañas legales para obstaculizar el trabajo de la ASF, retiraria de una vez par todas las controversias constitucionales y trabajaria junto can la Camara de Diputados en una reforma para robustecer las facultades del auditor .•
Proceso No. 1631, ANALISIS, página 48, 3 febrero 2008
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