jorge carrasco araizaga
México, D.F., 4 de abril (apro).- De nuevo, en apenas un mes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no sólo quedó rebasada por lo que ocurre en América Latina en temas relacionados con México, sino que demostró cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno de Felipe Calderón.
Primero, a comienzos de marzo, la SRE fue incapaz de reaccionar ante el asesinato de cuatro mexicanos por parte del ejército colombiano en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador. Incluso, soportó el desplante del presidente colombiano, Álvaro Uribe, al negarse a indemnizar a los connacionales, tratándolos como terroristas. Ahora, pese a todas las evidencias públicas que existían, se sentó a esperar que el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, anunciara su intención de nacionalizar la industria del cemento, lo que afecta principalmente a Cementos Mexicanos (Cemex).
Pero a diferencia de la agresión del ejército de Colombia a ese grupo de mexicanos, esta vez, de inmediato, mandó llamar al embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton, para hacerle ver que el gobierno mexicano tiene el “deber… de velar por los intereses legítimos de las empresas mexicanas en el exterior”. En menos de 24 horas, desde que Chávez hizo el anuncio –reacción que contrasta con casi el mes que debió pasar para que condenara el asesinato de los mexicanos a manos de militares colombianos– la SRE se movilizó para expresar su preocupación y anunciar la defensa de la empresa. De haber estado a la altura de su cargo, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez, hubiera advertido sobre la intención de Chávez, quien en varias ocasiones había amenazado con la nacionalización bajo el argumento de que las empresas extranjeras estaban dejando sin cemento a su país.
Según Chávez, esa es la causa del déficit en la construcción de vivienda para los venezolanos.
El embajador de México en Venezuela, Eduardo Baca Cuenca, también tendría que dar cuentas si es que no informó adecuadamente a la cancillería sobre ese asunto. En primera instancia, eso parece improbable, pues su principal tarea en ese país era, precisamente, advertir sobre las dificultades que existen en las relaciones bilaterales luego de que estuvieron a punto de romperse por la confrontación de Vicente Fox con Hugo Chávez, quien, incluso, caracterizó al expresidente mexicano como “cachorro del imperio”. Si bien Cemex tiene un ejército de abogados que la defienda, el gobierno mexicano, y en especial quien lo encabeza, Felipe Calderón, que tanto se dice defensor de las empresas, pudo haber actuado directamente con Chávez en torno a esta decisión.
No es nada inusual que los presidentes hagan recomendaciones a sus homólogos sobre las empresas de su país. Son, incluso, sus principales promotores en lo que se ha dado en llamar como “diplomacia económica”. La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, Gerónimo Gutiérrez y Eduardo Baca pudieron no ser los únicos en dejar que el tema siguiera creciendo. Tan importante como su posible omisión fue la de Cemex, que por su condición de emporio cuenta con un servicio de inteligencia industrial que le debe advertir sobre las condiciones en las que se encuentran sus filiales en más de 50 países.
Para esa tarea, Lorenzo Zambrano, dueño de la transnacional, contrató desde que el PRI perdió la Presidencia en el 2000 al exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón. Vicepresidente de Desarrollo de Información Internacional del Área de Planeación y Finanzas de Cemex, Tello es, además, titular del Seminario de Sistemas de Inteligencia Estratégica del Tecnológico de Monterrey. Es imposible que Zambrano y Tello no hayan tenido información sobre las intenciones de Chávez.
Si el gobierno de Calderón y Cemex esperaban esta medida, por qué ahora no salieron a defender la libertad de empresa como lo hicieron en el 2006, cuando se dedicaron a generar miedo en México al comparar a Andrés Manuel López Obrador precisamente con Chávez.
Primero, a comienzos de marzo, la SRE fue incapaz de reaccionar ante el asesinato de cuatro mexicanos por parte del ejército colombiano en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio de Ecuador. Incluso, soportó el desplante del presidente colombiano, Álvaro Uribe, al negarse a indemnizar a los connacionales, tratándolos como terroristas. Ahora, pese a todas las evidencias públicas que existían, se sentó a esperar que el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, anunciara su intención de nacionalizar la industria del cemento, lo que afecta principalmente a Cementos Mexicanos (Cemex).
Pero a diferencia de la agresión del ejército de Colombia a ese grupo de mexicanos, esta vez, de inmediato, mandó llamar al embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton, para hacerle ver que el gobierno mexicano tiene el “deber… de velar por los intereses legítimos de las empresas mexicanas en el exterior”. En menos de 24 horas, desde que Chávez hizo el anuncio –reacción que contrasta con casi el mes que debió pasar para que condenara el asesinato de los mexicanos a manos de militares colombianos– la SRE se movilizó para expresar su preocupación y anunciar la defensa de la empresa. De haber estado a la altura de su cargo, el subsecretario para América Latina y el Caribe, Gerónimo Gutiérrez, hubiera advertido sobre la intención de Chávez, quien en varias ocasiones había amenazado con la nacionalización bajo el argumento de que las empresas extranjeras estaban dejando sin cemento a su país.
Según Chávez, esa es la causa del déficit en la construcción de vivienda para los venezolanos.
El embajador de México en Venezuela, Eduardo Baca Cuenca, también tendría que dar cuentas si es que no informó adecuadamente a la cancillería sobre ese asunto. En primera instancia, eso parece improbable, pues su principal tarea en ese país era, precisamente, advertir sobre las dificultades que existen en las relaciones bilaterales luego de que estuvieron a punto de romperse por la confrontación de Vicente Fox con Hugo Chávez, quien, incluso, caracterizó al expresidente mexicano como “cachorro del imperio”. Si bien Cemex tiene un ejército de abogados que la defienda, el gobierno mexicano, y en especial quien lo encabeza, Felipe Calderón, que tanto se dice defensor de las empresas, pudo haber actuado directamente con Chávez en torno a esta decisión.
No es nada inusual que los presidentes hagan recomendaciones a sus homólogos sobre las empresas de su país. Son, incluso, sus principales promotores en lo que se ha dado en llamar como “diplomacia económica”. La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, Gerónimo Gutiérrez y Eduardo Baca pudieron no ser los únicos en dejar que el tema siguiera creciendo. Tan importante como su posible omisión fue la de Cemex, que por su condición de emporio cuenta con un servicio de inteligencia industrial que le debe advertir sobre las condiciones en las que se encuentran sus filiales en más de 50 países.
Para esa tarea, Lorenzo Zambrano, dueño de la transnacional, contrató desde que el PRI perdió la Presidencia en el 2000 al exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Tello Peón. Vicepresidente de Desarrollo de Información Internacional del Área de Planeación y Finanzas de Cemex, Tello es, además, titular del Seminario de Sistemas de Inteligencia Estratégica del Tecnológico de Monterrey. Es imposible que Zambrano y Tello no hayan tenido información sobre las intenciones de Chávez.
Si el gobierno de Calderón y Cemex esperaban esta medida, por qué ahora no salieron a defender la libertad de empresa como lo hicieron en el 2006, cuando se dedicaron a generar miedo en México al comparar a Andrés Manuel López Obrador precisamente con Chávez.
jcarrasco@proceso.com.mx
Kikka Roja
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