- Advierte que es “claramente privatizadora”; el coordinador panista rechaza el análisis
- Centro de estudios de San Lázaro califica de “inconstitucional” proyecto sobre Pemex
- Los gobiernos recientes han convertido al petróleo en área de negocios del sector privado, dice
La reforma a Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por el gobierno “es anticonstitucional y claramente privatizadora”, concluye el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, que dirige el priísta Alfredo Ríos Camarena, análisis que descalificó el coordinador de los diputados panistas, Héctor Larios, por tratarse del estudio “de un priísta”.
El CEDIP sostiene que los gobiernos recientes “han convertido a la industria del petróleo y los hidrocarburos en una vasta área de negocios del sector privado, sobre todo extranjero, porque se han invadido áreas medulares de la explotación petrolera mediante contratos de servicios múltiples o integrales. De modo que empresas privadas se hallan participando en actividades que constitucionalmente sólo pueden ser realizadas por el Estado”.
En conferencia de prensa, Ríos Camarena enfatizó que el proyecto de reforma energética está incompleto y “no podemos llegar a conclusiones de ningún debate si no existe la reforma completa del Ejecutivo federal. Hay un debate falso, puesto que todavía el Presidente no ha presentado la iniciativa de carácter fiscal y está muy cerca de que termine el periodo de sesiones”, argumentó.
Dijo que antes del 30 de abril se debe presentar la iniciativa de reforma fiscal en materia petrolera, y afirmó que sería un error grave si el Ejecutivo esperara a la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, “ya que no sabríamos de lo que estamos hablando si no existe la base financiera para hacerlo”.
Esta información fue descalificada en entrevista por el coordinador del PAN, Héctor Larios, al señalar que no comparte el análisis del centro de estudios de la propia Cámara, y enfatizar que “no hay ninguna prueba de que violente la Constitución, así lo han afirmado ya varios juristas”, aunque no consideró necesario mencionarlos.
Dijo además que si el problema es que el Presidente no ha presentado la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos en Materia de Régimen Fiscal de Pemex, “que no tenga preocupación, porque se presentará en los próximos días”.
Acompañado por Onosandro Trejo Cerda, director general del CEDIP, Ríos Camarena aseveró que “no estamos tampoco frente a una reforma energética, es una reforma petrolera que tiene que ver con un viejo apetito de las grandes trasnacionales del petróleo, y del modelo neoliberal que vivimos, de apropiarse de los energéticos en el mundo”.
Insistió en que son inconstitucionales las cinco iniciativas que el Ejecutivo presentó ante el Senado de la República en materia energética pues, dijo, “consideramos que estas reformas no corresponden a una interpretación adecuada de la Constitución y por lo tanto no deben ser atendibles por ninguna de las cámaras del Congreso”, agregó.
Al referirse a la propuesta de los bonos petroleros, señaló que éstos podrían dar buen rendimiento, pero están limitados “a un cajoncito muy pequeño de inversión”, lo cual no significa nada en relación con la inversión petrolera. En tanto, Trejo Cerda puntualizó que el centro de estudios procedió a revisar dichas iniciativas y a elaborar un documento que deriva del análisis jurídico y constitucional. Consideró que el planteamiento que se ha hecho en esas iniciativas ha sido respecto de la industria petrolera y a la de los hidrocarburos, y que sería ése el motivo de la discusión, por lo que en una primera instancia el fin sería no privatizar Pemex.
“Debe quedar muy claro que cuando se habla de esa propuesta privatizadora se refiere a las actividades que forman parte de la industria petrolera; esto tiene que ver, por supuesto, con la exploración, con la perforación, con la extracción del petróleo, con la refinación, con su transportación, con su almacenamiento y, por supuesto, con la venta de los derivados del petróleo”, sostuvo.
El CEDIP sostiene que los gobiernos recientes “han convertido a la industria del petróleo y los hidrocarburos en una vasta área de negocios del sector privado, sobre todo extranjero, porque se han invadido áreas medulares de la explotación petrolera mediante contratos de servicios múltiples o integrales. De modo que empresas privadas se hallan participando en actividades que constitucionalmente sólo pueden ser realizadas por el Estado”.
En conferencia de prensa, Ríos Camarena enfatizó que el proyecto de reforma energética está incompleto y “no podemos llegar a conclusiones de ningún debate si no existe la reforma completa del Ejecutivo federal. Hay un debate falso, puesto que todavía el Presidente no ha presentado la iniciativa de carácter fiscal y está muy cerca de que termine el periodo de sesiones”, argumentó.
Dijo que antes del 30 de abril se debe presentar la iniciativa de reforma fiscal en materia petrolera, y afirmó que sería un error grave si el Ejecutivo esperara a la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, “ya que no sabríamos de lo que estamos hablando si no existe la base financiera para hacerlo”.
Esta información fue descalificada en entrevista por el coordinador del PAN, Héctor Larios, al señalar que no comparte el análisis del centro de estudios de la propia Cámara, y enfatizar que “no hay ninguna prueba de que violente la Constitución, así lo han afirmado ya varios juristas”, aunque no consideró necesario mencionarlos.
Dijo además que si el problema es que el Presidente no ha presentado la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos en Materia de Régimen Fiscal de Pemex, “que no tenga preocupación, porque se presentará en los próximos días”.
Acompañado por Onosandro Trejo Cerda, director general del CEDIP, Ríos Camarena aseveró que “no estamos tampoco frente a una reforma energética, es una reforma petrolera que tiene que ver con un viejo apetito de las grandes trasnacionales del petróleo, y del modelo neoliberal que vivimos, de apropiarse de los energéticos en el mundo”.
Insistió en que son inconstitucionales las cinco iniciativas que el Ejecutivo presentó ante el Senado de la República en materia energética pues, dijo, “consideramos que estas reformas no corresponden a una interpretación adecuada de la Constitución y por lo tanto no deben ser atendibles por ninguna de las cámaras del Congreso”, agregó.
Al referirse a la propuesta de los bonos petroleros, señaló que éstos podrían dar buen rendimiento, pero están limitados “a un cajoncito muy pequeño de inversión”, lo cual no significa nada en relación con la inversión petrolera. En tanto, Trejo Cerda puntualizó que el centro de estudios procedió a revisar dichas iniciativas y a elaborar un documento que deriva del análisis jurídico y constitucional. Consideró que el planteamiento que se ha hecho en esas iniciativas ha sido respecto de la industria petrolera y a la de los hidrocarburos, y que sería ése el motivo de la discusión, por lo que en una primera instancia el fin sería no privatizar Pemex.
“Debe quedar muy claro que cuando se habla de esa propuesta privatizadora se refiere a las actividades que forman parte de la industria petrolera; esto tiene que ver, por supuesto, con la exploración, con la perforación, con la extracción del petróleo, con la refinación, con su transportación, con su almacenamiento y, por supuesto, con la venta de los derivados del petróleo”, sostuvo.
Kikka Roja
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