- Petróleo: pertinencia de la consulta
editorial
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó ayer que su proyecto de llevar a cabo una consulta popular –prevista para el próximo 27 de julio– en torno al paquete de iniciativas de reforma petrolera que el titular del Ejecutivo federal presentó el pasado 8 de abril al Senado ha recibido respaldo en 15 entidades federativas. Al mismo tiempo, el mandatario local dijo que en breve iniciará gestiones ante los institutos electorales correspondientes, a fin de que se encarguen de organizar la mencionada consulta.Al margen de que se confirme en los próximos días los apoyos estatales referidos por Ebrard, lo cual, por su parte, hablaría de un consenso significativo –casi la mitad de las entidades del país–, la sola disposición del gobierno capitalino para realizar la consulta mencionada debe saludarse, porque encierra un espíritu democrático destacable y porque recoge el sentir de amplios sectores de la sociedad mexicana con respecto a un tema en el que no sólo se juega el destino de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino la vigencia y observancia de lo expresado en la Constitución e incluso la viabilidad del país.
Es conveniente recordar los señalamientos que, respecto del mismo tema, planteó la semana pasada el connotado jurista y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro, en el sentido de que es necesario someter las iniciativas de reforma petrolera a escrutinio de la población, pues ella es la “titular exclusiva de las riquezas del subsuelo”, y dado que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
No obstante tales consideraciones, que sustentan la pertinencia y hasta la necesidad de llevar a cabo la consulta, el grupo en el poder ha exhibido una vez más su propensión a actuar de espaldas a la gente. Dicha actitud, signo del gobierno en turno, se había manifestado anteriormente con la elaboración del diagnóstico catastrofista que presentó la Secretaría de Energía sobre el estado actual de Pemex, que no es más que un listado de las dolencias de la paraestatal que no abunda en las causas de fondo de las mismas; con la manera tramposa y equívoca en que se promovió, gestionó y presentó la iniciativa gubernamental de reforma energética, que pretende la privatización de segmentos enteros de la industria petrolera nacional y, posteriormente, con sus apenas veladas intenciones de hacer aprobar esa iniciativa por medio de un albazo legislativo, impedido por las acciones de resistencia civil del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y por la toma de las tribunas legislativas en San Lázaro y Xicoténcatl. A tono con esta misma lógica, ahora se pretende cancelar de antemano la perspectiva de la consulta popular por considerarla una “táctica dilatoria”, como sostuvo ayer mismo el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, en un intento por subvertir principios que debieran ser primordiales en un régimen pretendidamente democrático.
Por lo demás, la demanda de preguntar a la ciudadanía sobre los temas de sumo interés general, en este caso el futuro de la industria petrolera, cobra especial pertinencia en una circunstancia como la actual, en que las instituciones políticas acusan un profundo descrédito, en el que persiste una aguda crisis de representatividad y un resquebrajamiento alarmante entre el gobierno y la sociedad. La no realización de esta consulta implicaría negar a la ciudadanía uno de los últimos reductos de expresión que al día de hoy resulta fundamental. Por añadidura, ello agudizaría, a no dudarlo, la polarización que actualmente recorre el país, ante la perspectiva de que parte del patrimonio nacional sea entregada a particulares.
Es conveniente recordar los señalamientos que, respecto del mismo tema, planteó la semana pasada el connotado jurista y ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro, en el sentido de que es necesario someter las iniciativas de reforma petrolera a escrutinio de la población, pues ella es la “titular exclusiva de las riquezas del subsuelo”, y dado que “la norma constitucional faculta al Estado a establecer procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática”.
No obstante tales consideraciones, que sustentan la pertinencia y hasta la necesidad de llevar a cabo la consulta, el grupo en el poder ha exhibido una vez más su propensión a actuar de espaldas a la gente. Dicha actitud, signo del gobierno en turno, se había manifestado anteriormente con la elaboración del diagnóstico catastrofista que presentó la Secretaría de Energía sobre el estado actual de Pemex, que no es más que un listado de las dolencias de la paraestatal que no abunda en las causas de fondo de las mismas; con la manera tramposa y equívoca en que se promovió, gestionó y presentó la iniciativa gubernamental de reforma energética, que pretende la privatización de segmentos enteros de la industria petrolera nacional y, posteriormente, con sus apenas veladas intenciones de hacer aprobar esa iniciativa por medio de un albazo legislativo, impedido por las acciones de resistencia civil del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y por la toma de las tribunas legislativas en San Lázaro y Xicoténcatl. A tono con esta misma lógica, ahora se pretende cancelar de antemano la perspectiva de la consulta popular por considerarla una “táctica dilatoria”, como sostuvo ayer mismo el subsecretario de Energía, Jordy Herrera, en un intento por subvertir principios que debieran ser primordiales en un régimen pretendidamente democrático.
Por lo demás, la demanda de preguntar a la ciudadanía sobre los temas de sumo interés general, en este caso el futuro de la industria petrolera, cobra especial pertinencia en una circunstancia como la actual, en que las instituciones políticas acusan un profundo descrédito, en el que persiste una aguda crisis de representatividad y un resquebrajamiento alarmante entre el gobierno y la sociedad. La no realización de esta consulta implicaría negar a la ciudadanía uno de los últimos reductos de expresión que al día de hoy resulta fundamental. Por añadidura, ello agudizaría, a no dudarlo, la polarización que actualmente recorre el país, ante la perspectiva de que parte del patrimonio nacional sea entregada a particulares.
Kikka Roja
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