SG: toda la fuerza del Estado contra bloqueos en Morelos
- El gobierno acepta dialogar, pero no puede remover líderes sindicales
- Consignan a 16 detenidos; denuncian la desaparición de 50 profesores
- Retirar tropas de Xoxocotla y Amayuca, exigen maestros y pobladores
- Legisladores del PRD, ONG y AMLO demandan cese a la represión
F. Martínez, L. Poy, A. Becerril, E. Olivares, R. Garduño y A. Muñoz, reporteros, y R. Morelos y U. Gutiérrez, corresponsales
Rosario Ibarra y grupos civiles condenan uso de la policía
Andrea Becerril y Ángeles Cruz
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, exigió que cese la represión contra el magisterio de Morelos y que se presente a los maestros desaparecidos durante el operativo policiaco que se llevó a cabo en Xoxocotla, mientras organismos de defensa de las garantías fundamentales resaltaron que sin diálogo está cancelada la posibilidad de consolidación de la democracia en México. Los activistas también señalaron el riesgo que implica para la paz social la persistente participación del Ejército en acciones de represión contra movimientos sociales. Además, dijo Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), habría que recordar las experiencias pasadas de San Salvador Atenco y Oaxaca, las cuales siguen vigentes con procesos judiciales abiertos y personas detenidas en penales de alta seguridad. Estos hechos –apuntó– tenían que haber servido para evitar que se repitieran.
Por una cultura de respeto
Al respecto, Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, destacó que mientras el gobierno no tome la decisión de modificar las instituciones policiacas y de justicia para que asuman una cultura de respeto a los derechos humanos, “seguiremos viendo acontecimientos como los de Morelos”. Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, se cuestionó sobre el costo de mantener a los militares y fuerzas policiacas en acciones de represión y lo que habría invertido el gobierno si hubiera tomado la alternativa del diálogo con los inconformes. Los activistas coincidieron en señalar como “grave error” de las autoridades no haber escuchado las peticiones de los maestros antes de decidirse por la imposición del proyecto de la Alianza por la Calidad Educativa. Menos aún cuando sólo intervinieron en su diseño la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia del SNTE, en particular Elba Esther Gordillo.
A su vez, el senador perredista Graco Ramírez acusó al gobernador de Morelos, Marco Adame, y a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, de haber incumplido un acuerdo con legisladores para privilegiar el diálogo en la solución del conflicto con los maestros. “Sin embargo, bastó un manotazo de Gordillo para que ambos se echaran para atrás y decidieran escalar aún más el conflicto al reprimir a los mentores” recalcó.
Emir Olivares Alonso
Profesores de Morelos defendieron el movimiento que mantienen desde hace más de 50 días y aseguraron que “las autoridades no han dado a conocer a la opinión pública el contenido total de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)”, por lo que “se desconocen los retrocesos” que este acuerdo traerá para el sistema educativo del país. Por otro lado, la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó la noche del jueves impulsar un mayor apoyo al plantón “representativo” instalado desde el pasado miércoles en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de que el próximo 17 de octubre los maestros volverán a tomar las calles de la ciudad de México para realizar una marcha del Zócalo a Los Pinos exigiendo que se cancele ese acuerdo educativo y en rechazo a la “represión” contra el movimiento magisterial morelense.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Blanca Nieves Sánchez y Martha García, de la comisión de prensa del movimiento magisterial de Morelos, denunciaron que durante los operativos en varias comunidades de la entidad se han presentado 200 lesionados, 100 presuntos desaparecidos y 25 detenciones, por lo que llamaron a diferentes organizaciones civiles a solidarizarse con ellos. Las profesoras subrayaron que la ACE “no puede estar por encima de la ley, por lo que su aplicación es anticonstitucional”. Agregaron que las autoridades federales y estatales “dicen lo que les conviene para golpear al movimiento”, por lo que rechazaron que los mentores morelenses sólo demanden que se garantice su derecho a vender o heredar su plaza. “No estamos en contra de la educación con calidad, pero debemos analizar los contenidos pedagógicos; éstos deben responder a los contextos de cada región, no puede generalizarse”, debido a que los niños de comunidades rurales no tienen los mismos beneficios que los citadinos.
Hicieron hincapié en que si bien es cierto que la ACE plantea el tema de la infraestructura de los planteles, “ésta dependerá de las cuotas de los padres de familia, con lo que se viola el texto constitucional que dice que la educación debe ser laica y gratuita. Este acuerdo recarga la infraestructura en los padres de familia, cuando debe ser el Estado el que garantice ese desarrollo”. Las profesoras destacaron que la ACE responde a los intereses de un partido y se aprobó “para pagar facturas” de Felipe Calderón a la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. Sin embargo, acotaron que habría que cuestionar la honestidad de “cualquier gobierno que pacte con Gordillo” debido al historial de la dirigente sindical.
Señalaron además que desde antes de que iniciara el movimiento magisterial en Morelos, los profesores insistieron en conocer el contenido total de la ACE, lo cual les fue negado por las autoridades educativas del estado. Por esa razón –señalaron– solicitaron esa información al Instituto Federal de Acceso a la Información, donde “nos dijeron que en 20 días habría respuesta”, lo cual aún no ocurre. Agregaron que la opinión pública sólo achaca la responsabilidad del conflicto que se vive en la entidad a los profesores; pero “no se preguntan qué hace el gobierno, el cual se desentiende del problema, pese a que es su responsabilidad”.
Prevén paro nacional
Por otro lado, representantes de las secciones 3 de Baja California Sur; 18 de Michoacán; 22 de Oaxaca; 9, 10 y 11 del Distrito Federal; 36 del Valle de México, y 31 de Tlaxcala, entre otras, que participaron en la asamblea nacional representativa de la CNTE, informaron que durante la marcha del próximo 17 de octubre se dará a conocer la fecha para un paro nacional como medida de presión para la cancelación de la ACE, la derogación de la Ley del ISSSTE y el cese a la represión en Morelos. En tanto, Gloria Mora, portavoz de los profesores que se encuentran en plantón “representativo” desde el pasado miércoles afuera de la sede de la SEP, señaló que luego de dos días de haberse instalado “las cosas están tranquilas y, aunque muchos nos critican por ser pocos, debemos recordarles que se trata de un plantón representativo, no masivo”.
■ La fuerza bruta no resuelve nada en Morelos, dice López Obrador
Cese inmediato de la represión contra maestros, exige el PRD
■ Los graves abusos han enardecido al pueblo, advierten profesores
Roberto Garduño, Rosa Elvira Vargas y Alma E. Muñoz
Ampliar la imagen Elementos de la Policía Federal Preventiva custodian el poblado morelense de Xoxocotla, donde el pasado jueves pobladores se enfrentaron con la fuerza pública Elementos de la Policía Federal Preventiva custodian el poblado morelense de Xoxocotla, donde el pasado jueves pobladores se enfrentaron con la fuerza pública Foto: Marco Peláez
Los diputados del PRD emitieron una declaración pública para exigir la libertad incondicional de los maestros detenidos en Morelos y el “cese inmediato de la represión”, mientras Andrés Manuel López Obrador manifestó su repudio a la fuerza ejercida contra profesores y ciudadanos de aquella entidad.
“No se va a resolver nada con la fuerza bruta”, declaró el excandidato presidencial en Zamora, Michoacán.
Dijo que personas como Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, pertenecen a la “misma mafia” impulsora de un acuerdo por la calidad de la educación que atenta, precisamente, contra el carácter público de la enseñanza, porque busca cerrrar las normales, cuando el país lo que requiere es más planteles educativos.
Por su parte, Alejandro Encinas criticó también que Calderón haga uso indiscriminado de la fuerza pública para acallar un movimiento social que “debería atenderse en el contexto del diálogo entre las autoridades civiles y los representantes del magisterio”.
Con ello –afirmó el perredista–, evidencia sus intenciones y las de la derecha de criminalizar la protesta social y crear un ambiente de zozobra que alienta tentaciones autoritarias del régimen.
En tanto, los diputados del PRD exigieron la libertad incondicional e inmediata de todos los maestros que fueron detenidos de manera “ilegal y arbitraria”.
Valentina Batres, Rosario Ortiz, José Antonio Almazán y Adrián Pedroso anunciaron que el martes próximo presentarán ante el pleno camaral un punto de acuerdo para que todas las fuerzas políticas en San Lázaro demanden al gobierno de Felipe Calderón que establezca una negociación ajena a los actos de represión que hasta el momento ha padecido el magisterio morelense.
A tal posición se sumaron profesores provenientes de distintas secciones magisteriales en el país.
José Luis Ramírez, representante de la sección 19 del SNTE en Morelos, acusó a los gobiernos federal y estatal de graves abusos contra los mentores. “Se ha creado una sicosis entre todo el magisterio de la entidad, lo que ha enardecido a los pueblos, que no van a abandonar la lucha. El gobernador nos dice que quiere dialogar, pero ha utilizado todos los medios de comunicación, como Tv Azteca y Televisa, para generar odio contra los maestros”. En tanto, Sergio Espinal, representante de la sección 18 de Michoacán, acusó al gobierno de emprender una campaña para destruir la cultura pedagógica nacional; “quieren desaparecer el normalismo y defienden a toda cosa el derecho de las trasnacionales”.
La profesora Blanca Sánchez relató los días de zozobra y agresión de que han sido objeto los integrantes del magisterio. “A los diputados les pedimos acciones concretas, a una sola voz, un SOS para Morelos, porque no podemos permitir que hoy en día en el estado el hecho de ser maestro es peor que ser narcotraficante”.
El profesor Néstor Manuel Trujado, de la sección novena del Distrito Federal, refirió que la movilización morelense es la de todos los maestros del país, y demandó al gobierno “detener la represión. La propia comisión negociadora se anda escondiendo. ¿Qué diálogo está ofreciendo el Distrito Federal a los trabajadores de la educación en Morelos?” –preguntó y respondió: sólo toletazos.
Por una cultura de respeto
Al respecto, Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, destacó que mientras el gobierno no tome la decisión de modificar las instituciones policiacas y de justicia para que asuman una cultura de respeto a los derechos humanos, “seguiremos viendo acontecimientos como los de Morelos”. Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, se cuestionó sobre el costo de mantener a los militares y fuerzas policiacas en acciones de represión y lo que habría invertido el gobierno si hubiera tomado la alternativa del diálogo con los inconformes. Los activistas coincidieron en señalar como “grave error” de las autoridades no haber escuchado las peticiones de los maestros antes de decidirse por la imposición del proyecto de la Alianza por la Calidad Educativa. Menos aún cuando sólo intervinieron en su diseño la Secretaría de Educación Pública y la dirigencia del SNTE, en particular Elba Esther Gordillo.
A su vez, el senador perredista Graco Ramírez acusó al gobernador de Morelos, Marco Adame, y a la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, de haber incumplido un acuerdo con legisladores para privilegiar el diálogo en la solución del conflicto con los maestros. “Sin embargo, bastó un manotazo de Gordillo para que ambos se echaran para atrás y decidieran escalar aún más el conflicto al reprimir a los mentores” recalcó.
- Dará la CNTE más apoyo al plantón “representativo” frente a la SEP; anuncia marcha para el 17
- La población desconoce los retrocesos que traerá la ACE, advierten mentores
- Las autoridades dicen lo que les conviene para golpear al movimiento, acusan profesores
Emir Olivares Alonso
Profesores de Morelos defendieron el movimiento que mantienen desde hace más de 50 días y aseguraron que “las autoridades no han dado a conocer a la opinión pública el contenido total de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)”, por lo que “se desconocen los retrocesos” que este acuerdo traerá para el sistema educativo del país. Por otro lado, la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó la noche del jueves impulsar un mayor apoyo al plantón “representativo” instalado desde el pasado miércoles en la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de que el próximo 17 de octubre los maestros volverán a tomar las calles de la ciudad de México para realizar una marcha del Zócalo a Los Pinos exigiendo que se cancele ese acuerdo educativo y en rechazo a la “represión” contra el movimiento magisterial morelense.
En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Blanca Nieves Sánchez y Martha García, de la comisión de prensa del movimiento magisterial de Morelos, denunciaron que durante los operativos en varias comunidades de la entidad se han presentado 200 lesionados, 100 presuntos desaparecidos y 25 detenciones, por lo que llamaron a diferentes organizaciones civiles a solidarizarse con ellos. Las profesoras subrayaron que la ACE “no puede estar por encima de la ley, por lo que su aplicación es anticonstitucional”. Agregaron que las autoridades federales y estatales “dicen lo que les conviene para golpear al movimiento”, por lo que rechazaron que los mentores morelenses sólo demanden que se garantice su derecho a vender o heredar su plaza. “No estamos en contra de la educación con calidad, pero debemos analizar los contenidos pedagógicos; éstos deben responder a los contextos de cada región, no puede generalizarse”, debido a que los niños de comunidades rurales no tienen los mismos beneficios que los citadinos.
Hicieron hincapié en que si bien es cierto que la ACE plantea el tema de la infraestructura de los planteles, “ésta dependerá de las cuotas de los padres de familia, con lo que se viola el texto constitucional que dice que la educación debe ser laica y gratuita. Este acuerdo recarga la infraestructura en los padres de familia, cuando debe ser el Estado el que garantice ese desarrollo”. Las profesoras destacaron que la ACE responde a los intereses de un partido y se aprobó “para pagar facturas” de Felipe Calderón a la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo. Sin embargo, acotaron que habría que cuestionar la honestidad de “cualquier gobierno que pacte con Gordillo” debido al historial de la dirigente sindical.
Señalaron además que desde antes de que iniciara el movimiento magisterial en Morelos, los profesores insistieron en conocer el contenido total de la ACE, lo cual les fue negado por las autoridades educativas del estado. Por esa razón –señalaron– solicitaron esa información al Instituto Federal de Acceso a la Información, donde “nos dijeron que en 20 días habría respuesta”, lo cual aún no ocurre. Agregaron que la opinión pública sólo achaca la responsabilidad del conflicto que se vive en la entidad a los profesores; pero “no se preguntan qué hace el gobierno, el cual se desentiende del problema, pese a que es su responsabilidad”.
Prevén paro nacional
Por otro lado, representantes de las secciones 3 de Baja California Sur; 18 de Michoacán; 22 de Oaxaca; 9, 10 y 11 del Distrito Federal; 36 del Valle de México, y 31 de Tlaxcala, entre otras, que participaron en la asamblea nacional representativa de la CNTE, informaron que durante la marcha del próximo 17 de octubre se dará a conocer la fecha para un paro nacional como medida de presión para la cancelación de la ACE, la derogación de la Ley del ISSSTE y el cese a la represión en Morelos. En tanto, Gloria Mora, portavoz de los profesores que se encuentran en plantón “representativo” desde el pasado miércoles afuera de la sede de la SEP, señaló que luego de dos días de haberse instalado “las cosas están tranquilas y, aunque muchos nos critican por ser pocos, debemos recordarles que se trata de un plantón representativo, no masivo”.
■ La fuerza bruta no resuelve nada en Morelos, dice López Obrador
Cese inmediato de la represión contra maestros, exige el PRD
■ Los graves abusos han enardecido al pueblo, advierten profesores
Roberto Garduño, Rosa Elvira Vargas y Alma E. Muñoz
Ampliar la imagen Elementos de la Policía Federal Preventiva custodian el poblado morelense de Xoxocotla, donde el pasado jueves pobladores se enfrentaron con la fuerza pública Elementos de la Policía Federal Preventiva custodian el poblado morelense de Xoxocotla, donde el pasado jueves pobladores se enfrentaron con la fuerza pública Foto: Marco Peláez
Los diputados del PRD emitieron una declaración pública para exigir la libertad incondicional de los maestros detenidos en Morelos y el “cese inmediato de la represión”, mientras Andrés Manuel López Obrador manifestó su repudio a la fuerza ejercida contra profesores y ciudadanos de aquella entidad.
“No se va a resolver nada con la fuerza bruta”, declaró el excandidato presidencial en Zamora, Michoacán.
Dijo que personas como Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, pertenecen a la “misma mafia” impulsora de un acuerdo por la calidad de la educación que atenta, precisamente, contra el carácter público de la enseñanza, porque busca cerrrar las normales, cuando el país lo que requiere es más planteles educativos.
Por su parte, Alejandro Encinas criticó también que Calderón haga uso indiscriminado de la fuerza pública para acallar un movimiento social que “debería atenderse en el contexto del diálogo entre las autoridades civiles y los representantes del magisterio”.
Con ello –afirmó el perredista–, evidencia sus intenciones y las de la derecha de criminalizar la protesta social y crear un ambiente de zozobra que alienta tentaciones autoritarias del régimen.
En tanto, los diputados del PRD exigieron la libertad incondicional e inmediata de todos los maestros que fueron detenidos de manera “ilegal y arbitraria”.
Valentina Batres, Rosario Ortiz, José Antonio Almazán y Adrián Pedroso anunciaron que el martes próximo presentarán ante el pleno camaral un punto de acuerdo para que todas las fuerzas políticas en San Lázaro demanden al gobierno de Felipe Calderón que establezca una negociación ajena a los actos de represión que hasta el momento ha padecido el magisterio morelense.
A tal posición se sumaron profesores provenientes de distintas secciones magisteriales en el país.
José Luis Ramírez, representante de la sección 19 del SNTE en Morelos, acusó a los gobiernos federal y estatal de graves abusos contra los mentores. “Se ha creado una sicosis entre todo el magisterio de la entidad, lo que ha enardecido a los pueblos, que no van a abandonar la lucha. El gobernador nos dice que quiere dialogar, pero ha utilizado todos los medios de comunicación, como Tv Azteca y Televisa, para generar odio contra los maestros”. En tanto, Sergio Espinal, representante de la sección 18 de Michoacán, acusó al gobierno de emprender una campaña para destruir la cultura pedagógica nacional; “quieren desaparecer el normalismo y defienden a toda cosa el derecho de las trasnacionales”.
La profesora Blanca Sánchez relató los días de zozobra y agresión de que han sido objeto los integrantes del magisterio. “A los diputados les pedimos acciones concretas, a una sola voz, un SOS para Morelos, porque no podemos permitir que hoy en día en el estado el hecho de ser maestro es peor que ser narcotraficante”.
El profesor Néstor Manuel Trujado, de la sección novena del Distrito Federal, refirió que la movilización morelense es la de todos los maestros del país, y demandó al gobierno “detener la represión. La propia comisión negociadora se anda escondiendo. ¿Qué diálogo está ofreciendo el Distrito Federal a los trabajadores de la educación en Morelos?” –preguntó y respondió: sólo toletazos.
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