ASI ERA Abascal, Alvaro Delgado

CLICK AMPLIAR IMAGEN revista Proceso El martes 2 falleció el exsecretario del Trabajo y de Gobernación Carlos Abascal Carranza, a quien las cúpulas del empresariado, la derecha católica y del panismo y muchos medios de comunicación elevaron a la categoría de prócer, con aires casi de santidad. Si bien para ellos el activismo católico de este personaje, aun siendo funcionario público, no fue otra cosa que prueba de “congruencia”, lo mismo puede decirse de su conducta intolerante, represiva y facciosa, congruente así mismo con su expresión confesa de repudio a la democracia. Ésta es, llegó a decir, “una farsa de la que se ha servido la masonería en México…” ASI ERA 06/12/2008 Autor: Alvaro Delgado Fuente: Proceso www.xalapa.diarioaz.com.mx/2.0/4/121/22090/Opinion/Asi-era.html Detrás de los alardes religiosos y el catolicismo militante de Carlos Abascal Carranza, que para la clase política que lloró su muerte son prueba de «congruencia», se encuentran acciones represivas con numerosos muertos, contubernio con líderes corruptos, promoción del sindicalismo blanco, contratos para amigos, negociaciones de la ley y maniobras para instaurar un Estado confesional contrario a la Constitución. Activo dirigente patronal y promotor de diversas iniciativas católicas, elevado ya a prócer de la derecha, Abascal repudió la democracia la mayor parte de su vida –«es una farsa de la que se ha servido la masonería en México» –, pero murió como un prominente ideólogo del Partido Acción Nacional (PAN) , al que su padre y maestro, Salvador Abascal Infante, detestaba. Fue «un panista de los grandes», lo definió el presidente del PAN, Germán Martínez, a pesar de que Abascal militó formalmente en ese partido apenas seis años, desde el 2002, cuando ya era secretario del Trabajo del gobierno de Vicente Fox, con quien compartió escándalos a lo largo del sexenio por mezclar sus creencias personales con la función pública. Abascal como secretario de Gobernación y Eduardo Medina Mora como secretario de Seguridad Pública federal –hoy procurador general de la República (PGR)– formaron parte del gobierno de Fox que le heredó a su sucesor, Felipe Calderón, un Estado «doblegado», como éste se lo hizo saber, por escrito, al Congreso. «Estaba doblegado por el poder de grupos criminales que conducían sus actividades delictivas (narcotráfico, secuestros y tráfico de drogas, entre las principales) con absoluta impunidad y el Estado no podía cumplir a cabalidad con su obligación de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio», describió Calderón el momento en que tomó posesión, el 1 de diciembre del 2006. Abascal y Medina Mora –también ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el sexenio de Fox– diseñaron la estrategia para reprimir, en medio del proceso electoral del 2006, movimientos sociales y sindicales, cuyas arbitrariedades permanecen impunes porque, precisamente, uno de los involucrados es el titular de la PGR. En la incursión policiaca de San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 de mayo, murieron dos personas y elementos policiacos cometieron violaciones tumultuarias contra mujeres, y en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el jueves 20 de abril, el embate de la tropa federal arrojó dos trabajadores mineros muertos con arma de fuego. Los hechos en Michoacán eran parte del conflicto del sindicato minero en el que el gobierno de Fox tomó partido al negar la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia y dársela, con base en documentos falsos, a Elías Morales, el 20 de enero, un mes antes de la muerte de 56 trabajadores en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero, que padecían peligrosas condiciones de trabajo ignoradas por funcionarios de la Secretaría del Trabajo designados por Abascal. La política laboral del gobierno implicó establecer contubernios con líderes corruptos y autoritarios, como Víctor Flores, a quien el sucesor de Abascal en la Secretaría del Trabajo, Francisco Xavier Salazar Sáenz, validó la ilegal prórroga de su gestión al frente del Congreso del Trabajo. Abascal operó también la política del gobierno de Fox para disolver el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y mantener en el cargo al gobernador priista Ulises Ruiz: Primero mediante la cooptación de la cúpula del sindicato magisterial del estado y luego con la acción represiva de la policía federal. «Calderón solicitó que el asunto quedara resuelto antes de asumir su responsabilidad. Fox se comprometió que así sería. El conflicto quedó en manos de Abascal», escriben Rubén Aguilar y Jorge Castañeda en su libro La diferencia, con base en lo que Fox les platicó y el ex vocero sabía como protagonista de la trama. Abascal procedió a convencer al secretario general de la Sección 22 del magisterio, Enrique Rueda, de separarse de la APPO a cambio de dinero, cancelar órdenes de aprehensión y excarcelar maestros, según se pactó en una reunión celebrada en 27 de octubre, tal como se consigna en una grabación reproducida en el libro Oaxaca sitiada, de Diego Enrique Osorno: El líder asegura: «Tenemos otras cosas torales: el asunto de los compañeros detenidos en la jornada: Evangelino (Mendoza), Germán (Mendoza Nube)…» a lo que el secretario –¿reconvenido en magistrado?– responde: «Me comprometí. El lunes están libres» (...) La negociación continúa, el audio no miente. Rueda asegura: «El asunto de las órdenes, la revisión que hay contra los dirigentes…». Abascal contesta: «Eso está claro: se cancelan…». Dos días después de ese arreglo violatorio de la ley, el domingo 29, más de 5 mil agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI) recuperaron el centro histórico de Oaxaca, y el resto lo hizo ya Calderón: El lunes 4 de diciembre fue detenido el líder de la APPO Flavio Sosa, quien había sido citado a conversar por el sucesor de Abascal, Francisco Ramírez Acuña. En gratitud a tales acciones en Oaxaca, Calderón asistió al funeral de Abascal, la tarde del martes 2, y aunque fue menos prolijo en elogios que a Juan Camilo Mouriño, el fallecido secretario de Gobernación, lo enalteció como un gran mexicano y un hombre congruente. «Que descanse en paz Carlos Abascal y que seamos capaces quienes lo conocimos de poder seguir su ejemplo y su testimonio», expresó Calderón, quien compartió con él no sólo su repudio al Estado «ateo y antirreligioso» vigente en la Constitución, sino el proyecto de reformar ésta para impartir educación religiosa en las escuelas públicas. DISCÍPULO DE ABASCAL Calderón, en efecto, comparte con Abascal la agenda de la derecha en materia religiosa y educativa, como lo escribió hace casi dos décadas, el 2 de diciembre de 1991, cuando el fallecido ex secretario de Gobernación apenas comenzaba a simpatizar con la democracia y a participar en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En «Educación religiosa», un artículo que publicó en el diario unomásuno, justo cuando comenzó su gestión como diputado federal en la segunda parte del sexenio de Carlos Salinas, Calderón exigía una reforma constitucional para garantizar la educación religiosa, porque los católicos «han tenido que vivir una suerte de clandestinidad educativa, social y política». En este contexto, exponía, es que debía analizarse la reforma educativa: «No es sólo el argumento difícilmente refutable de que la actual Constitución viola el universalmente reconocido derecho humano de los padres a escoger el tipo de educación de sus hijos, sino también el argumento de que la democracia implica pluralidad, y que el sistema educativo actual no es estrictamente laico, sino ateo y antirreligioso, que no es lo mismo». Inclusive Calderón proponía que el Estado apoyase económicamente la educación religiosa: «Esto significa que si una persona es marxista, católica, judía, protestante, anarquista, etcétera, tendría el derecho de educar a sus hijos en esas convicciones, con el apoyo del Estado». Abascal pensaba igual y por ello exigió reformas al artículo 3 de la Constitución para impartir educación religiosa en las escuelas públicas, a todos los niveles, como lo ratificó en entrevista con el reportero, en junio del 2007: «El Estado coadyuva con los padres de familia y el Estado debe asegurarse de que todos los niños tengan acceso a la educación. Si un padre de familia escoge que en la escuela su hijo reciba educación religiosa, debería ser posible.»

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