Las medidas aprobadas ayer por el Senado de la República para atenuar los abusos de los bancos privados son tardías y se quedan cortas, y parecen más destinadas a cuidar a las empresas bancarias de su propia irresponsabilidad que a proteger a los clientes: quedaron prohibidas las prácticas de incrementar los límites de crédito sin autorización de los usuarios y de contratar servicios financieros vía telefónica, y se otorgaran a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atribuciones adicionales, cuando es claro que, más que nuevas facultades, esa institución requiere de voluntad política para ejercer las que ya tiene. En medio de recriminaciones por las presiones de cabilderos enviados por los bancos, los propios legisladores reconocieron la insuficiencia de las medidas y la falta de capacidad o de determinación del Legislativo para poner en orden a las empresas bancarias.
En efecto, los senadores dejaron intacta la parte sustancial de la acción depredadora y usurera de la banca en México: el cobro de comisiones desorbitadas a los usuarios de servicios financieros y el libertinaje en tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. El jueves, en estas páginas, Ignacio Deschamps, presidente de la filial mexicana del banco español BBVA, se manifestó en contra de cualquier regulación en estas materias y opinó que los precios de los servicios bancarios “deben responder al libre comportamiento del mercado”. Tal falacia resulta especialmente insostenible en momentos en que el mundo se asoma a la desolación económica provocada, precisamente, por el “libre comportamiento del mercado”, que ha sido, en realidad, la libertad irrestricta para especular.
En el contexto de la crisis provocada por los intereses financieros mundiales –presentes en nuestro país por conducto de empresas rescatadas con dinero público, cedidas luego en forma sospechosa a los mismos especuladores, y después revendidas a grandes consorcios extranjeros–, la generalidad de los bancos han elevado las tasas de interés en forma insaciable e incrementado hasta grados inadmisibles las comisiones que cobran a sus clientes. En contraste con la tendencia antirrecesiva que cobra fuerza en Europa y en Estados Unidos, y que consiste en bajar los intereses de manera radical –como hicieron el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, y como lo indujo la Reserva Federal estadunidense en el mercado hipotecario de su país–, la banca extranjera en México opera en forma depredadora y con total ausencia de compromiso para con las necesidades nacionales de desarrollo y de reactivación económica, todo ello a ciencia y paciencia del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entidades que se limitan, por una parte, a formular exhortos retóricos a los directivos de las compañías financieras y, por la otra, a gastar las reservas de divisas para satisfacer la frenética especulación cambiaria.
El poder político del país tiene ante sí la obligación de poner un alto a esta forma de saqueo nacional que es el desmesurado margen de intermediación –la diferencia entre lo que los bancos pagan a los ahorradores y lo que cobran a sus deudores– y de depauperación programada de los usuarios de servicios financieros, quienes habrán de resentir el impacto de la crisis en forma particularmente descarnada. Los tipos de interés cobrados por los bancos deben ser regulados por la autoridad, y se debe establecer como tope máximo a las comisiones bancarias lo que los propietarios extranjeros de los bancos cobran en sus países de origen. Sin esos instrumentos de control –y sin la voluntad política para ponerlos en práctica–, las estrategias anticrisis anunciadas por el gobierno se reducirán a buenos (e inútiles) deseos.
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En efecto, los senadores dejaron intacta la parte sustancial de la acción depredadora y usurera de la banca en México: el cobro de comisiones desorbitadas a los usuarios de servicios financieros y el libertinaje en tasas de interés, especialmente en el crédito al consumo. El jueves, en estas páginas, Ignacio Deschamps, presidente de la filial mexicana del banco español BBVA, se manifestó en contra de cualquier regulación en estas materias y opinó que los precios de los servicios bancarios “deben responder al libre comportamiento del mercado”. Tal falacia resulta especialmente insostenible en momentos en que el mundo se asoma a la desolación económica provocada, precisamente, por el “libre comportamiento del mercado”, que ha sido, en realidad, la libertad irrestricta para especular.
En el contexto de la crisis provocada por los intereses financieros mundiales –presentes en nuestro país por conducto de empresas rescatadas con dinero público, cedidas luego en forma sospechosa a los mismos especuladores, y después revendidas a grandes consorcios extranjeros–, la generalidad de los bancos han elevado las tasas de interés en forma insaciable e incrementado hasta grados inadmisibles las comisiones que cobran a sus clientes. En contraste con la tendencia antirrecesiva que cobra fuerza en Europa y en Estados Unidos, y que consiste en bajar los intereses de manera radical –como hicieron el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, y como lo indujo la Reserva Federal estadunidense en el mercado hipotecario de su país–, la banca extranjera en México opera en forma depredadora y con total ausencia de compromiso para con las necesidades nacionales de desarrollo y de reactivación económica, todo ello a ciencia y paciencia del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entidades que se limitan, por una parte, a formular exhortos retóricos a los directivos de las compañías financieras y, por la otra, a gastar las reservas de divisas para satisfacer la frenética especulación cambiaria.
El poder político del país tiene ante sí la obligación de poner un alto a esta forma de saqueo nacional que es el desmesurado margen de intermediación –la diferencia entre lo que los bancos pagan a los ahorradores y lo que cobran a sus deudores– y de depauperación programada de los usuarios de servicios financieros, quienes habrán de resentir el impacto de la crisis en forma particularmente descarnada. Los tipos de interés cobrados por los bancos deben ser regulados por la autoridad, y se debe establecer como tope máximo a las comisiones bancarias lo que los propietarios extranjeros de los bancos cobran en sus países de origen. Sin esos instrumentos de control –y sin la voluntad política para ponerlos en práctica–, las estrategias anticrisis anunciadas por el gobierno se reducirán a buenos (e inútiles) deseos.
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