Evasión, elusión, regímenes especiales, enemigos del erario
Buena parte de la PEA no paga impuestos
Carlos Fernández-Vega
Asignatura pendiente desde casi tres décadas atrás, el más reciente capítulo de la crisis, con su cada día más pronunciada caída en los ingresos públicos, obliga a sacar del cajón del olvido una de las reformas más urgentes y necesarias para el país, que la clase política ha obviado: la fiscal, pero una real, de fondo, y no los interminables parches que a lo largo de ese periodo han pegoteado Ejecutivo y Legislativo, no sin el consejo del gran capital.
Evasión, elusión, regímenes especiales e informalidad son los principales enemigos del famélico erario, el cual a estas alturas parece ya no dar de sí. La reforma fiscal no es una necesidad nueva, que surja del más reciente terremoto económico-financiero. Por el contrario, es un vergonzoso pendiente, producto de los enjuagues de tres de los cuatro poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y fáctico, y no necesariamente en ese orden.
Por ello vale el paseo que sobre la realidad impositiva del país nos obsequia el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el cual divulgó el estudio Reforma fiscal en México, un modelo de equilibrio general, cuyo autor, el doctor Horacio Enrique Sobarzo, es profesor-investigador del Colegio de México y del ITESM. Va pues.
Durante las pasadas tres décadas ha habido diversos intentos para poner en marcha una reforma impositiva que permita financiar un creciente gasto público en el periodo. Sin embargo, con la excepción de una reforma impositiva en 1980, cuando se introdujo el IVA y se modificó el total del sistema recaudatorio, el nivel total de captación se ha mantenido prácticamente sin cambio.
Al estudiar las cifras de las finanzas públicas, se aprecia que los ingresos públicos en México como proporción del PIB han promediado 18.7 por ciento durante el período 1991-2000, lo cual es similar a lo observado en países de Latinoamérica con un grado similar de desarrollo económico. Sin embargo, a diferencia de estos países, una característica crucial del sistema impositivo mexicano es que el componente de la renta petrolera es relativamente importante dentro del total de ingresos públicos; en promedio, durante el periodo 1981-2006, los impuestos petroleros han fluctuado entre 4 y 6 puntos del PIB, nivel muy cercano al de los otros dos mayores impuestos, esto es, el IVA y el ISR.
Dos problemas cruciales del sistema impositivo mexicano son un importante grado de evasión fiscal y una reducida base impositiva. El resultado de este sistema es uno en el que aquéllos registrados en la base impositiva terminan con una muy pesada carga tributaria, mientras que, al mismo tiempo, una parte significativa de la población económicamente activa no paga impuestos. Para explicar la existencia de una base fiscal reducida hay que partir del hecho de que no obstante que en las pasadas dos décadas la economía mexicana registró algunos años de alto crecimiento económico, ha habido también años en el que el PIB declinó notoriamente. En promedio, durante esas dos décadas el PIB no creció más de 2.5 por ciento, una tasa, que coincidentemente, es igual a la tasa de crecimiento poblacional durante el periodo. Los periodos de crisis económicas originaron un creciente sector informal que nunca se ha convertido en formal una vez que la economía ha comenzado de nuevo a crecer.
Actualmente, algunas estimaciones sugieren que más de 30 por ciento de la población trabajadora (alrededor de 13.5 millones de personas) se encuentra en el sector informal. Por otra parte, el sistema impositivo ofrece una plétora de excepciones y de tratamientos especiales, complicando por consiguiente la administración impositiva y reduciendo la base fiscal. Y, adicionalmente, una distribución inequitativa del ingreso viene a complicar aún más la recaudación impositiva. En este contexto, la administración pública previa, la foxista, realizó dos intentos fallidos para pasar una reforma que eliminara la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas. Acompañada por otros cambios menores, la propuesta pretendía recaudar en ingresos 3 por ciento adicional del PIB.
En el primer año de la presente administración, en 2007, el gobierno mandó al Congreso una iniciativa, la cual fue finalmente aprobada y entró en vigencia en enero de 2008. El meollo de esta iniciativa era introducir un nuevo impuesto a las empresas, llamado IETU, con la base del impuesto siendo calculado de acuerdo con la diferencia entre ingresos y gastos en insumos. Las empresas tendrán que pagar el que resulte mayor entre el IETU y el existente ISR. La nueva legislación permite la completa deducibilidad de la inversión, así como de otros gastos, como las contribuciones al seguro social. Entonces, en sentido estricto, la base impositiva no necesariamente equivale al concepto de valor agregado para la empresa.
En el centro del debate político había estado siempre la idea de que incrementar la tasa del IVA para alimentos y medicinas de cero a 15 por ciento tendría presumiblemente fuertes efectos regresivos en los sectores de la población de bajos ingresos. Como resultado de esto, la iniciativa que fue finalmente aprobada no afectó los impuestos al consumo, pero en su lugar, sí afectó a los de las empresas. Por consiguiente, el IETU se aplica a todas aquellas actividades que estaban exentas del impuesto sobre la renta, como era el caso, por ejemplo, del sector transportes. Aún así, ha habido algunas discusiones respecto a que si este nuevo impuesto generará efectos no deseados, en particular, los concernientes a una reducción en el empleo. También se han expresado preocupaciones relativas a que los productores podrían trasladar el impuesto a los consumidores, alentando así el proceso inflacionario.
Las rebanadas del pastel
Barack Obama rápidamente encanece por la brutal crisis económica y el creciente desempleo, cuya tasa supera 8 por ciento, la mayor del último cuarto de siglo. Éste no es un futuro que acepte para Estados Unidos, dijo el mandatario, quien de plano no encuentra la puerta de salida. ¡Lo que es no saber!: que le pida asesoría al inquilino de Los Pinos, y en cuestión de segundos podrá presumir cifras históricas en generación de empleo y navíos de gran calado. Tan fácil como eso.
Evasión, elusión, regímenes especiales e informalidad son los principales enemigos del famélico erario, el cual a estas alturas parece ya no dar de sí. La reforma fiscal no es una necesidad nueva, que surja del más reciente terremoto económico-financiero. Por el contrario, es un vergonzoso pendiente, producto de los enjuagues de tres de los cuatro poderes de la nación: Ejecutivo, Legislativo y fáctico, y no necesariamente en ese orden.
Por ello vale el paseo que sobre la realidad impositiva del país nos obsequia el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el cual divulgó el estudio Reforma fiscal en México, un modelo de equilibrio general, cuyo autor, el doctor Horacio Enrique Sobarzo, es profesor-investigador del Colegio de México y del ITESM. Va pues.
Durante las pasadas tres décadas ha habido diversos intentos para poner en marcha una reforma impositiva que permita financiar un creciente gasto público en el periodo. Sin embargo, con la excepción de una reforma impositiva en 1980, cuando se introdujo el IVA y se modificó el total del sistema recaudatorio, el nivel total de captación se ha mantenido prácticamente sin cambio.
Al estudiar las cifras de las finanzas públicas, se aprecia que los ingresos públicos en México como proporción del PIB han promediado 18.7 por ciento durante el período 1991-2000, lo cual es similar a lo observado en países de Latinoamérica con un grado similar de desarrollo económico. Sin embargo, a diferencia de estos países, una característica crucial del sistema impositivo mexicano es que el componente de la renta petrolera es relativamente importante dentro del total de ingresos públicos; en promedio, durante el periodo 1981-2006, los impuestos petroleros han fluctuado entre 4 y 6 puntos del PIB, nivel muy cercano al de los otros dos mayores impuestos, esto es, el IVA y el ISR.
Dos problemas cruciales del sistema impositivo mexicano son un importante grado de evasión fiscal y una reducida base impositiva. El resultado de este sistema es uno en el que aquéllos registrados en la base impositiva terminan con una muy pesada carga tributaria, mientras que, al mismo tiempo, una parte significativa de la población económicamente activa no paga impuestos. Para explicar la existencia de una base fiscal reducida hay que partir del hecho de que no obstante que en las pasadas dos décadas la economía mexicana registró algunos años de alto crecimiento económico, ha habido también años en el que el PIB declinó notoriamente. En promedio, durante esas dos décadas el PIB no creció más de 2.5 por ciento, una tasa, que coincidentemente, es igual a la tasa de crecimiento poblacional durante el periodo. Los periodos de crisis económicas originaron un creciente sector informal que nunca se ha convertido en formal una vez que la economía ha comenzado de nuevo a crecer.
Actualmente, algunas estimaciones sugieren que más de 30 por ciento de la población trabajadora (alrededor de 13.5 millones de personas) se encuentra en el sector informal. Por otra parte, el sistema impositivo ofrece una plétora de excepciones y de tratamientos especiales, complicando por consiguiente la administración impositiva y reduciendo la base fiscal. Y, adicionalmente, una distribución inequitativa del ingreso viene a complicar aún más la recaudación impositiva. En este contexto, la administración pública previa, la foxista, realizó dos intentos fallidos para pasar una reforma que eliminara la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas. Acompañada por otros cambios menores, la propuesta pretendía recaudar en ingresos 3 por ciento adicional del PIB.
En el primer año de la presente administración, en 2007, el gobierno mandó al Congreso una iniciativa, la cual fue finalmente aprobada y entró en vigencia en enero de 2008. El meollo de esta iniciativa era introducir un nuevo impuesto a las empresas, llamado IETU, con la base del impuesto siendo calculado de acuerdo con la diferencia entre ingresos y gastos en insumos. Las empresas tendrán que pagar el que resulte mayor entre el IETU y el existente ISR. La nueva legislación permite la completa deducibilidad de la inversión, así como de otros gastos, como las contribuciones al seguro social. Entonces, en sentido estricto, la base impositiva no necesariamente equivale al concepto de valor agregado para la empresa.
En el centro del debate político había estado siempre la idea de que incrementar la tasa del IVA para alimentos y medicinas de cero a 15 por ciento tendría presumiblemente fuertes efectos regresivos en los sectores de la población de bajos ingresos. Como resultado de esto, la iniciativa que fue finalmente aprobada no afectó los impuestos al consumo, pero en su lugar, sí afectó a los de las empresas. Por consiguiente, el IETU se aplica a todas aquellas actividades que estaban exentas del impuesto sobre la renta, como era el caso, por ejemplo, del sector transportes. Aún así, ha habido algunas discusiones respecto a que si este nuevo impuesto generará efectos no deseados, en particular, los concernientes a una reducción en el empleo. También se han expresado preocupaciones relativas a que los productores podrían trasladar el impuesto a los consumidores, alentando así el proceso inflacionario.
Las rebanadas del pastel
Barack Obama rápidamente encanece por la brutal crisis económica y el creciente desempleo, cuya tasa supera 8 por ciento, la mayor del último cuarto de siglo. Éste no es un futuro que acepte para Estados Unidos, dijo el mandatario, quien de plano no encuentra la puerta de salida. ¡Lo que es no saber!: que le pida asesoría al inquilino de Los Pinos, y en cuestión de segundos podrá presumir cifras históricas en generación de empleo y navíos de gran calado. Tan fácil como eso.
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