Da por concluidas la PGR indagatorias del asesinato de Francisco Ruiz Massieu
Estaba pendiente de cumplimentarse una orden de aprehensión contra el diputado tamaulipeco
Alfredo Méndez
La Procuraduría General de la República (PGR) dio por concluidas las investigaciones sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, a partir del fallo judicial que esta semana determinó la prescripción del delito de homicidio que se imputó hace 14 años al ex diputado Manuel Muñoz Rocha. De acuerdo con un fiscal de esa dependencia que pidió el anonimato, como el delito de homicidio calificado ya fue declarado prescrito por el Poder Judicial Federal (PJF), no queda más que cerrar el caso. El funcionario de la PGR rechazó que el crimen haya quedado impune, pues dijo que varios sujetos, entre ellos Daniel Aguilar Treviño –quien disparó a Ruiz Massieu–, están en prisión y se demostró su culpabilidad en grado de autoría material.
A decir de la fuente consultada, la investigación no había concluido porque estaba pendiente de cumplimentarse una orden de aprehensión librada contra Muñoz Rocha, pero ante las resoluciones judiciales del juzgado octavo y del primer tribunal unitario –que cancelaron en definitiva la medida cautelar–, el Ministerio Público Federal quedó impedido de volver a actuar en contra del ex legislador tamaulipeco. De su lado, autoridades del PJF consultadas responsabilizaron a la Procuraduría General de la República de permitir que prescribiera el ilícito en beneficio de Muñoz Rocha, pues durante 14 años no promovieron alguna prueba superviniente que hubiera interrumpido el plazo de la prescripción.
Según la versión de los funcionarios judiciales, fue Elizabeth Vargas, juez octavo de procesos penales, la que en apego a lo establecido por los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales actuó de oficio e hizo el cómputo de la prescripción porque ya había transcurrido el tiempo indispensable para ello. El fallo de la juez de distrito emitido hace un mes fue revisado por un magistrado de circuito –que es su superior jerárquico–, el cual confirmó la resolución. En su edición de ayer La Jornada publicó que dos juzgadores federales determinaron que el homicidio imputado a Muñoz Rocha prescribió el pasado 20 de febrero, cuando se cumplieron 14 años, cuatro meses y 14 días de que se emitió la orden de aprehensión contra el ex legislador priísta.
Si el citado delito contempla una pena de ocho a 20 años de prisión, y la acción penal prescribirá conforme al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, el ilícito de homicidio en análisis prescribirá a los 13 años de haberse librado el mandamiento de captura de fecha 7 de octubre de 1994, refiere el fallo de la juez Vargas, que ya fue confirmado. El homicidio de José Francisco Ruiz Massieu ocurrió el 28 de septiembre de 1994 en el Distrito Federal. Muñoz Rocha es el centro de este caso, pero desapareció al día siguiente del asesinato.
El primer fiscal que se hizo cargo de este caso fue Pablo Chapa Bezanilla. Logró llevar a la cárcel y tener diez años preso a Raúl Salinas de Gortari, aunque para ello sobornó con 500 mil dólares a Fernando Rodríguez, el principal acusador. A principios de la década actual, el ex procurador Antonio Lozano admitió ante autoridades judiciales que en su momento autorizó a Chapa el pago de un fideicomiso por esa cantidad a beneficio de dicho testigo. En 2004, la fiscal Marisela Morales (actual titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) fue designada responsable del área de investigaciones especiales de la PGR, y entre otros casos indagaba el móvil de la muerte de Ruiz Massieu. Durante una entrevista con representantes de los medios de comunicación, publicada el 29 de septiembre de 2004, Morales informó que las investigaciones del caso están prácticamente concluidas, sin que se haya determinado ningún nuevo probable responsable.
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A decir de la fuente consultada, la investigación no había concluido porque estaba pendiente de cumplimentarse una orden de aprehensión librada contra Muñoz Rocha, pero ante las resoluciones judiciales del juzgado octavo y del primer tribunal unitario –que cancelaron en definitiva la medida cautelar–, el Ministerio Público Federal quedó impedido de volver a actuar en contra del ex legislador tamaulipeco. De su lado, autoridades del PJF consultadas responsabilizaron a la Procuraduría General de la República de permitir que prescribiera el ilícito en beneficio de Muñoz Rocha, pues durante 14 años no promovieron alguna prueba superviniente que hubiera interrumpido el plazo de la prescripción.
Según la versión de los funcionarios judiciales, fue Elizabeth Vargas, juez octavo de procesos penales, la que en apego a lo establecido por los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales actuó de oficio e hizo el cómputo de la prescripción porque ya había transcurrido el tiempo indispensable para ello. El fallo de la juez de distrito emitido hace un mes fue revisado por un magistrado de circuito –que es su superior jerárquico–, el cual confirmó la resolución. En su edición de ayer La Jornada publicó que dos juzgadores federales determinaron que el homicidio imputado a Muñoz Rocha prescribió el pasado 20 de febrero, cuando se cumplieron 14 años, cuatro meses y 14 días de que se emitió la orden de aprehensión contra el ex legislador priísta.
Si el citado delito contempla una pena de ocho a 20 años de prisión, y la acción penal prescribirá conforme al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, el ilícito de homicidio en análisis prescribirá a los 13 años de haberse librado el mandamiento de captura de fecha 7 de octubre de 1994, refiere el fallo de la juez Vargas, que ya fue confirmado. El homicidio de José Francisco Ruiz Massieu ocurrió el 28 de septiembre de 1994 en el Distrito Federal. Muñoz Rocha es el centro de este caso, pero desapareció al día siguiente del asesinato.
El primer fiscal que se hizo cargo de este caso fue Pablo Chapa Bezanilla. Logró llevar a la cárcel y tener diez años preso a Raúl Salinas de Gortari, aunque para ello sobornó con 500 mil dólares a Fernando Rodríguez, el principal acusador. A principios de la década actual, el ex procurador Antonio Lozano admitió ante autoridades judiciales que en su momento autorizó a Chapa el pago de un fideicomiso por esa cantidad a beneficio de dicho testigo. En 2004, la fiscal Marisela Morales (actual titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) fue designada responsable del área de investigaciones especiales de la PGR, y entre otros casos indagaba el móvil de la muerte de Ruiz Massieu. Durante una entrevista con representantes de los medios de comunicación, publicada el 29 de septiembre de 2004, Morales informó que las investigaciones del caso están prácticamente concluidas, sin que se haya determinado ningún nuevo probable responsable.
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