Comisiones de la Cámara
Miguel Ángel Granados Chapa
4 Oct. 09
Desde la Comisión del DF, Gabriela Cuevas podrá ejercer una labor de escrutinio de parte de las finanzas de la capital, tarea lícita que puede pervertirse y transformarse en hostigamiento
Cada nueva legislatura dispone de 30 días para integrar las comisiones dictaminadoras, las que preparan el trabajo que después se discute en el pleno. Tan importante es su tarea que con frecuencia sus dictámenes son aprobados sin modificación alguna tras el debate en las sesiones plenarias. Por eso la negociación sobre el reparto de comisiones ocupa buena parte del tiempo y la energía de los coordinadores de bancadas, si no durante el mes entero en que comienzan a ejercer sus responsabilidades, sí en los días finales de septiembre. Aunque por definición su labor es colectiva, colegiada, quienes presiden las comisiones adquieren en ellas una posición preponderante, porque pueden imprimirles su propio tono y ritmo. Esa relevancia se refleja asimismo en el funcionamiento de la totalidad de la Cámara.
Desde que en 1997 el PRI perdió el control de San Lázaro, rige en la Cámara un criterio de proporcionalidad que continúa vigente ahora que en alianza con el Verde el priismo ha vuelto a ser mayoría. Tal criterio figura en la Ley Orgánica del Congreso para varios propósitos, entre ellos la distribución de las comisiones. De las 44 que figuran en ese ordenamiento, al PRI le correspondieron 20, 12 al PAN, seis al PRD, tres al Verde y una a cada uno de los partidos con menor representación: PT, Nueva Alianza y Convergencia. Dentro de cada partido, a su vez, las pujas por encabezar cada uno de esos grupos de trabajo se resuelven en función de los factores de poder que determinaron la integración de las Cámaras y del peso de corrientes y líderes en el interior de las fracciones.
Como una muestra del predominio del Ejecutivo en el proceso legislativo, todavía hoy las comisiones corresponden a las facultades y denominaciones de las secretarías de Estado, salvo algunas que son propias de la función legislativa. Eso establece rangos en las comisiones. Las más relevantes son las más disputadas, tanto en la pugna entre partidos como dentro de ellos. La coyuntura política tiende también a hacer sobresalir ciertas comisiones en algunas legislaturas. Todas ellas, sin embargo, tendrán una carga importante de trabajo. Hay rezagos provenientes del pasado, y ya en las 10 sesiones iniciales de la actual legislatura se ha presentado un gran número de iniciativas y de propuestas de acuerdo que deberán ser desahogadas una vez que las comisiones comiencen a funcionar. Aunque la lista de quienes presidirán las comisiones fue aprobada al alba del miércoles 30 de septiembre, día fijado por la ley para ese fin, el elenco está incompleto, pues no figuraron allí las diputadas y diputados del PRD que encabezarán comisiones. A pesar de que a las seis de la tarde del martes 29 se inició un receso para concluir la configuración de las comisiones, o al menos sus presidencias, la negociación en torno de la Comisión del DF y el modo en que terminó obligaron al coordinador de la bancada perredista, Alejandro Encinas, a un reajuste del arreglo interno ya conseguido, que demoró más horas que la discusión entre bancadas.
La Comisión del DF es un remanente del tiempo en que el gobierno de la Ciudad de México era ejercido por el presidente de la República a través de un departamento administrativo. La reforma constitucional de 1996 dotó a las autoridades capitalinas de la casi totalidad de las atribuciones que el Ejecutivo y el Legislativo federales ejercían respecto del gobierno capitalino. Pero conservan algunas que son cruciales para el ejercicio gubernamental en la Ciudad de México. Una de ellas es la aprobación de la deuda local. A diferencia de la capacidad de los estados de la República, que pueden mediante el acuerdo de sus gobernadores y sus congresos contratar créditos, el DF no puede hacerlo. Se requiere que el presidente de la República incluya en su proyecto de Ley de Ingresos el pedido del gobierno de la capital sobre su propio endeudamiento, cuyo límite y supervisión corren a cargo del Congreso. Un dictamen de la Comisión del DF contrario a las pretensiones del gobierno de la ciudad, si es aprobado por el pleno, puede frustrar o modificar sustancialmente proyectos que sólo pueden ser financiados mediante créditos.
Hasta ahora, la mencionada comisión de la Cámara había estado presidida por diputados perredistas, que solían obrar en consonancia con la autoridad capitalina. Esta vez no ocurrirá así. Acción Nacional consiguió que la presidencia de esa comisión le correspondiera, y la encabezará Gabriela Cuevas, una aguerrida opositora al perredismo gobernante, desde sus días como diputada local y después al frente de la delegación Miguel Hidalgo. Tiene ahora en sus manos un instrumento idóneo para su visión política, como es el escrutinio a una parte de las finanzas del gobierno del DF, lícita función que puede pervertirse hasta llegar al hostigamiento.
Para conservar el equilibrio interno en la Cámara respecto del dinero público, el PRI y el PAN han convenido desde hace varias legislaturas en repartirse las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública. Ésta última estuvo a cargo de un panista en la legislatura anterior y ahora corresponderá a un priista, y viceversa. Tanto mejor para los intereses de ambos partidos, o de sus grupos dirigentes al menos, que contar para ese efecto con presidentes que por su personalidad, su formación y sus tareas son intercambiables. Luis Videgaray Caso podría perfectamente ser panista (aunque con motivo de su campaña para llegar a San Lázaro hizo saber que militó en el Frente Juvenil Revolucionario del PRI desde 1987) y nadie encontraría nada anómalo en que Mario A. Becerra Pocoroba apareciera como priista, pues acaso ni siquiera milita en el PAN.
Videgaray Caso, presidente de la comisión encargada de perfilar el gasto público, la de Presupuesto, es economista egresado del ITAM con maestría en el MIT (el Tecnológico de Massachusetts). Fue director de Protego, la firma financiera de Pedro Aspe dedicada entre otros menesteres a renegociar deuda de gobiernos locales. Lo hizo con el de Marcelo Ebrard y con el mexiquense de Arturo Montiel. En esa coyuntura, Videgaray Caso conoció al secretario de Administración Enrique Peña Nieto, quien al convertirse en gobernador lo designó secretario de Finanzas, de donde pasó este año a la diputación federal. Emplazar esa pieza permite a Peña Nieto no sólo ejercer influencia en el Legislativo (los presidentes de las comisiones de Justicia, Humberto Benítez Treviño, y de Comunicaciones, José Adán Ignacio Rubí, son "gente suya", miembros de su gabinete, como también lo es Alfonso Navarrete, uno de los subcoordinadores de la bancada tricolor) sino al mismo tiempo asegurarse recursos que le permitan terminar en 2011 su gestión con grandes logros y aun mayores cacareos.
El guerrerense Mario Alberto Becerra Pocoroba fue alumno, es profesor y fue rector de la Escuela Libre de Derecho. Participó en al menos un acto de campaña de su antiguo alumno Felipe Calderón y también en el foro que el Senado organizó en 2008 sobre la reforma petrolera. Se ha dedicado al ejercicio privado de su profesión. Puesta en duda su idoneidad para presidir la comisión de Hacienda por conflicto de intereses, hasta se habla de investigar formalmente su desempeño. El diputado Becerra niega estar asociado con los panistas Diego Fernández de Cevallos y de Fauzi Hamdan, que presidió esa comisión en el Senado, señalados como litigantes contra el Estado mientras formaban parte de su Poder Legislativo. Admite, en cambio, tener relación amistosa y profesional con Salvador Rocha Díaz, diputado y senador priista en su tiempo y abogado hoy de TV Azteca. No ha negado haber tenido parte en el caso de Rogelio Montemayor, que como director de Pemex fue acusado administrativa y penalmente por desviar más de mil 500 millones de pesos al sindicato petrolero, parte de los cuales engrosaron el financiamiento del candidato presidencial priista Francisco Labastida.
El PRD retuvo la Comisión de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, tercer vértice del triángulo legislativo relacionado con el dinero público. La encabeza Esthela Damián Peralta, que en la Asamblea Legislativa del DF presidió la comisión equivalente y forma parte de Nueva Izquierda, como su antecesor Antonio Ortega, hermano de Jesús, el líder nacional perredista.
Cada nueva legislatura dispone de 30 días para integrar las comisiones dictaminadoras, las que preparan el trabajo que después se discute en el pleno. Tan importante es su tarea que con frecuencia sus dictámenes son aprobados sin modificación alguna tras el debate en las sesiones plenarias. Por eso la negociación sobre el reparto de comisiones ocupa buena parte del tiempo y la energía de los coordinadores de bancadas, si no durante el mes entero en que comienzan a ejercer sus responsabilidades, sí en los días finales de septiembre. Aunque por definición su labor es colectiva, colegiada, quienes presiden las comisiones adquieren en ellas una posición preponderante, porque pueden imprimirles su propio tono y ritmo. Esa relevancia se refleja asimismo en el funcionamiento de la totalidad de la Cámara.
Desde que en 1997 el PRI perdió el control de San Lázaro, rige en la Cámara un criterio de proporcionalidad que continúa vigente ahora que en alianza con el Verde el priismo ha vuelto a ser mayoría. Tal criterio figura en la Ley Orgánica del Congreso para varios propósitos, entre ellos la distribución de las comisiones. De las 44 que figuran en ese ordenamiento, al PRI le correspondieron 20, 12 al PAN, seis al PRD, tres al Verde y una a cada uno de los partidos con menor representación: PT, Nueva Alianza y Convergencia. Dentro de cada partido, a su vez, las pujas por encabezar cada uno de esos grupos de trabajo se resuelven en función de los factores de poder que determinaron la integración de las Cámaras y del peso de corrientes y líderes en el interior de las fracciones.
Como una muestra del predominio del Ejecutivo en el proceso legislativo, todavía hoy las comisiones corresponden a las facultades y denominaciones de las secretarías de Estado, salvo algunas que son propias de la función legislativa. Eso establece rangos en las comisiones. Las más relevantes son las más disputadas, tanto en la pugna entre partidos como dentro de ellos. La coyuntura política tiende también a hacer sobresalir ciertas comisiones en algunas legislaturas. Todas ellas, sin embargo, tendrán una carga importante de trabajo. Hay rezagos provenientes del pasado, y ya en las 10 sesiones iniciales de la actual legislatura se ha presentado un gran número de iniciativas y de propuestas de acuerdo que deberán ser desahogadas una vez que las comisiones comiencen a funcionar. Aunque la lista de quienes presidirán las comisiones fue aprobada al alba del miércoles 30 de septiembre, día fijado por la ley para ese fin, el elenco está incompleto, pues no figuraron allí las diputadas y diputados del PRD que encabezarán comisiones. A pesar de que a las seis de la tarde del martes 29 se inició un receso para concluir la configuración de las comisiones, o al menos sus presidencias, la negociación en torno de la Comisión del DF y el modo en que terminó obligaron al coordinador de la bancada perredista, Alejandro Encinas, a un reajuste del arreglo interno ya conseguido, que demoró más horas que la discusión entre bancadas.
La Comisión del DF es un remanente del tiempo en que el gobierno de la Ciudad de México era ejercido por el presidente de la República a través de un departamento administrativo. La reforma constitucional de 1996 dotó a las autoridades capitalinas de la casi totalidad de las atribuciones que el Ejecutivo y el Legislativo federales ejercían respecto del gobierno capitalino. Pero conservan algunas que son cruciales para el ejercicio gubernamental en la Ciudad de México. Una de ellas es la aprobación de la deuda local. A diferencia de la capacidad de los estados de la República, que pueden mediante el acuerdo de sus gobernadores y sus congresos contratar créditos, el DF no puede hacerlo. Se requiere que el presidente de la República incluya en su proyecto de Ley de Ingresos el pedido del gobierno de la capital sobre su propio endeudamiento, cuyo límite y supervisión corren a cargo del Congreso. Un dictamen de la Comisión del DF contrario a las pretensiones del gobierno de la ciudad, si es aprobado por el pleno, puede frustrar o modificar sustancialmente proyectos que sólo pueden ser financiados mediante créditos.
Hasta ahora, la mencionada comisión de la Cámara había estado presidida por diputados perredistas, que solían obrar en consonancia con la autoridad capitalina. Esta vez no ocurrirá así. Acción Nacional consiguió que la presidencia de esa comisión le correspondiera, y la encabezará Gabriela Cuevas, una aguerrida opositora al perredismo gobernante, desde sus días como diputada local y después al frente de la delegación Miguel Hidalgo. Tiene ahora en sus manos un instrumento idóneo para su visión política, como es el escrutinio a una parte de las finanzas del gobierno del DF, lícita función que puede pervertirse hasta llegar al hostigamiento.
Para conservar el equilibrio interno en la Cámara respecto del dinero público, el PRI y el PAN han convenido desde hace varias legislaturas en repartirse las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública. Ésta última estuvo a cargo de un panista en la legislatura anterior y ahora corresponderá a un priista, y viceversa. Tanto mejor para los intereses de ambos partidos, o de sus grupos dirigentes al menos, que contar para ese efecto con presidentes que por su personalidad, su formación y sus tareas son intercambiables. Luis Videgaray Caso podría perfectamente ser panista (aunque con motivo de su campaña para llegar a San Lázaro hizo saber que militó en el Frente Juvenil Revolucionario del PRI desde 1987) y nadie encontraría nada anómalo en que Mario A. Becerra Pocoroba apareciera como priista, pues acaso ni siquiera milita en el PAN.
Videgaray Caso, presidente de la comisión encargada de perfilar el gasto público, la de Presupuesto, es economista egresado del ITAM con maestría en el MIT (el Tecnológico de Massachusetts). Fue director de Protego, la firma financiera de Pedro Aspe dedicada entre otros menesteres a renegociar deuda de gobiernos locales. Lo hizo con el de Marcelo Ebrard y con el mexiquense de Arturo Montiel. En esa coyuntura, Videgaray Caso conoció al secretario de Administración Enrique Peña Nieto, quien al convertirse en gobernador lo designó secretario de Finanzas, de donde pasó este año a la diputación federal. Emplazar esa pieza permite a Peña Nieto no sólo ejercer influencia en el Legislativo (los presidentes de las comisiones de Justicia, Humberto Benítez Treviño, y de Comunicaciones, José Adán Ignacio Rubí, son "gente suya", miembros de su gabinete, como también lo es Alfonso Navarrete, uno de los subcoordinadores de la bancada tricolor) sino al mismo tiempo asegurarse recursos que le permitan terminar en 2011 su gestión con grandes logros y aun mayores cacareos.
El guerrerense Mario Alberto Becerra Pocoroba fue alumno, es profesor y fue rector de la Escuela Libre de Derecho. Participó en al menos un acto de campaña de su antiguo alumno Felipe Calderón y también en el foro que el Senado organizó en 2008 sobre la reforma petrolera. Se ha dedicado al ejercicio privado de su profesión. Puesta en duda su idoneidad para presidir la comisión de Hacienda por conflicto de intereses, hasta se habla de investigar formalmente su desempeño. El diputado Becerra niega estar asociado con los panistas Diego Fernández de Cevallos y de Fauzi Hamdan, que presidió esa comisión en el Senado, señalados como litigantes contra el Estado mientras formaban parte de su Poder Legislativo. Admite, en cambio, tener relación amistosa y profesional con Salvador Rocha Díaz, diputado y senador priista en su tiempo y abogado hoy de TV Azteca. No ha negado haber tenido parte en el caso de Rogelio Montemayor, que como director de Pemex fue acusado administrativa y penalmente por desviar más de mil 500 millones de pesos al sindicato petrolero, parte de los cuales engrosaron el financiamiento del candidato presidencial priista Francisco Labastida.
El PRD retuvo la Comisión de Fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación, tercer vértice del triángulo legislativo relacionado con el dinero público. La encabeza Esthela Damián Peralta, que en la Asamblea Legislativa del DF presidió la comisión equivalente y forma parte de Nueva Izquierda, como su antecesor Antonio Ortega, hermano de Jesús, el líder nacional perredista.
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