Gustavo Gordillo/IV y último
Hay dos vías: o siguen las izquierdas partidistas mirándose el ombligo y tratando de resolver sus pugnas con medidas orgánicas, distribución de puestos y canonjías, o se impulsan articulaciones entre las izquierdas partidistas y sociales con un amplio segmento de la ciudadanía afectada por las crisis económica, de seguridad pública y de representación política.
No puede soslayarse la importancia de reconstruir al PRD después de los conflictos internos que se han reflejado en una aguda caída electoral. Pero pretender realizarla con medidas orgánicas no llevará más que a reacomodos cosméticos sin resolver los problemas de fondo.
Dos iniciativas de cara a la sociedad generarían mejores condiciones para dirimir de manera civilizada esas disputas y sobre todo para fortalecer a las izquierdas en su conjunto.
Por un lado está la construcción programática. He propuesto como eje articulador lo que he llamado el Estado de la sociedad. Esta propuesta postula la necesidad de intervenciones específicas con un propósito central: disminuir las desigualdades y corregir el funcionamiento de los mercados. El hilo conductor de esas regulaciones debe ser combatir los monopolios y contribuir a generar una mejor y más amplia competencia económica.
Pero el Estado de la sociedad se diferencia del Estado burocrático, que propició la captura de recursos por diversos grupos de interés, porque coloca en el centro de su accionar a la ciudadanía. El Estado de la sociedad promovería amplias formas de participación ciudadana buscando rescatar los espacios públicos que han sido crecientemente privatizados.
Ello lleva a colocar la construcción programática en el terreno de lo que Norberto Bobbio denominó la democracia de los modernos. La lucha contra el abuso del poder desarrollándose en dos frentes: contra el poder desde arriba en nombre del poder desde abajo, y contra el poder concentrado en nombre del poder distribuido.
La lucha contra el abuso del poder desde abajo es la lucha por la transparencia y la fiscalización democrática. Es decir, por la rendición de cuentas. Su consecuencia central es acotar el vicioso círculo de la impunidad de los poderosos. La lucha contra el poder concentrado es la lucha contra los poderes monopólicos, tanto en la economía como en la cultura y en la política. El monopolio de la política ha sido, históricamente, la nodriza que alimenta las concentraciones del poder en los otros ámbitos y de manera relevante en el económico.
Dicho de otra manera, la construcción programática de unas izquierdas que están al mismo tiempo tejiendo su propio futuro, busca centralmente combatir privilegios económicos y políticos.
Por otra parte, la construcción programática tiene que estar inserta en el momento actual por medio de la acción política. Con todas las limitaciones que se le encuentren a la reforma petrolera y a las acciones políticas que la acompañaron, esa combinación entre negociación parlamentaria, elaboración de la propuesta por un grupo de expertos y movilizaciones, es probablemente lo más cercano a establecer ese puente irremplazable entre acción política y construcción discursiva.
Cambiar las reglas del juego, sobre todo si están enraizadas en el privilegio y la inercia, requiere de movilizaciones ciudadanas. Y éstas, sin claros propósitos de reformas institucionales, terminan disipándose en el juego del clientelismo o confrontadas sin salida.
El tiempo apremia. La ausencia de izquierdas enraizadas en la sociedad propicia que los estallidos sociales que empiezan a brotar aquí y allá deriven en fragmentación y retroceso. Aquí está el verdadero reto para las izquierdas.
Enfrente, en las derechas, solo hay gente sonriente a quienes, como señalara Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo, les falta a tal punto el sentido de la ciudadanía, que ni siquiera descubren que es culpa suya.
http://gustavogordillo.blogspot.com • http://twitter.com/gusto47
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Los retos de las izquierdas: de la audacia
Gustavo Gordillo/ III
Por los 25 años de La Jornada.
Las izquierdas deberían hacer suya como consigna la siguiente frase de Tocqueville: Es casi tan peligroso para la moralidad humana despreciar un prejuicio por las molestias que origina, como abandonar una idea verdadera porque sea peligrosa.
La idea verdadera pero peligrosa hoy es que para que este país salga de su estancamiento, detenga su declive y oriente positivamente la energía social que emerge discretamente, debe acontecer un profundo cataclismo en las relaciones entre las elites y la ciudadanía.
Son necesarias la deliberación programática y la movilización social, para desconcentrar el poder y confrontarlo desde la construcción de abajo.
Las movilizaciones y el debate entre las distintas fuerzas que integran la entretejedura de la sociedad en las últimas décadas obedece claramente a la extenuación del modelo oligárquico apoyado por un Estado patrimonialista. Este modelo se marchita respecto del formato central basado en el entendido de que las clases sociales son conjuntos no homogéneos sino heterogéneos y por tanto no obedecen a un principio automático de unificación, y su construcción alternativa son las redes sociales; al discurso de justicia social que se ve cuestionado desde el espacio de la construcción democrática con el reclamo de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, y al concepto de intervención patrimonialista impugnado desde la reivindicación de plena ciudadanía de los distintos agentes sociales.
Es en este contexto que adquiere gran importancia el diagnóstico y las propuestas que han hecho un grupo importante e influyente de economistas y personalidades, entre quiene se encuentran David Ibarra, Rolando Cordera y Cuauhtémoc Cárdenas. Frente al diagnóstico Carstens, proponen cambiar el foco desde el ámbito del hoyo fiscal al del desempleo y subempleo. Sólo a partir de la necesidad de reactivar la economía y las políticas de empleo es que tiene sentido hablar de una reforma fiscal progresiva.
Apenas ayer un reportaje dimensiona en parte la magnitud de este patrimonalismo exacerbado al revisar cómo se podría rellenar el famoso hoyo fiscal de Carstens, afectando los privilegios de los más poderosos. Sólo por regímenes especiales, señala el reportaje, los ingresos totales serían de 465 mil millones, por devolución de impuestos, 480 mil millones y por baja recaudación, 200 mil millones de pesos. (La Jornada, septiembre 18).
Pero el tema central de quienes proponen un nuevo curso de desarrollo tiene que ver con poner en el centro el combate a la desigualdad y en utilizar como mecanismo básico para ello al Estado.
Hace apenas unos años el Banco Mundial presentaba un amplio estudio sobre la desigualdad en América Latina y subrayaba los efectos que ésta tenía en mantener y ampliar la pobreza al reducirse la tasa de crecimiento de la economía y en enfrentar de peor manera los shocks externos por la misma fragilidad fiscal.
La idea de un Estado de la sociedad postula la necesidad de intervenciones específicas para disminuir las desigualdades y corregir el funcionamiento de los mercados. Pero el Estado de la sociedad se diferencia del Estado burocrático, que propició la captura de recursos por diversos grupos de interés; porque coloca en el centro de su accionar a la ciudadanía. El Estado de la sociedad promovería amplias formas de participación ciudadana buscando rescatar los espacios públicos que han sido crecientemente privatizados.
Convertir la propuesta de un modelo alternativo de desarrollo en una coalición de ciudadanos, fuerzas sociales y partidos con miras a 2012 requiere avanzar como lo planteó el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, por la doble vía de las reformas económicas y de las reformas políticas, es decir, de la reforma del poder.
No puede soslayarse la importancia de reconstruir al PRD después de los conflictos internos que se han reflejado en una aguda caída electoral. Pero pretender realizarla con medidas orgánicas no llevará más que a reacomodos cosméticos sin resolver los problemas de fondo.
Dos iniciativas de cara a la sociedad generarían mejores condiciones para dirimir de manera civilizada esas disputas y sobre todo para fortalecer a las izquierdas en su conjunto.
Por un lado está la construcción programática. He propuesto como eje articulador lo que he llamado el Estado de la sociedad. Esta propuesta postula la necesidad de intervenciones específicas con un propósito central: disminuir las desigualdades y corregir el funcionamiento de los mercados. El hilo conductor de esas regulaciones debe ser combatir los monopolios y contribuir a generar una mejor y más amplia competencia económica.
Pero el Estado de la sociedad se diferencia del Estado burocrático, que propició la captura de recursos por diversos grupos de interés, porque coloca en el centro de su accionar a la ciudadanía. El Estado de la sociedad promovería amplias formas de participación ciudadana buscando rescatar los espacios públicos que han sido crecientemente privatizados.
Ello lleva a colocar la construcción programática en el terreno de lo que Norberto Bobbio denominó la democracia de los modernos. La lucha contra el abuso del poder desarrollándose en dos frentes: contra el poder desde arriba en nombre del poder desde abajo, y contra el poder concentrado en nombre del poder distribuido.
La lucha contra el abuso del poder desde abajo es la lucha por la transparencia y la fiscalización democrática. Es decir, por la rendición de cuentas. Su consecuencia central es acotar el vicioso círculo de la impunidad de los poderosos. La lucha contra el poder concentrado es la lucha contra los poderes monopólicos, tanto en la economía como en la cultura y en la política. El monopolio de la política ha sido, históricamente, la nodriza que alimenta las concentraciones del poder en los otros ámbitos y de manera relevante en el económico.
Dicho de otra manera, la construcción programática de unas izquierdas que están al mismo tiempo tejiendo su propio futuro, busca centralmente combatir privilegios económicos y políticos.
Por otra parte, la construcción programática tiene que estar inserta en el momento actual por medio de la acción política. Con todas las limitaciones que se le encuentren a la reforma petrolera y a las acciones políticas que la acompañaron, esa combinación entre negociación parlamentaria, elaboración de la propuesta por un grupo de expertos y movilizaciones, es probablemente lo más cercano a establecer ese puente irremplazable entre acción política y construcción discursiva.
Cambiar las reglas del juego, sobre todo si están enraizadas en el privilegio y la inercia, requiere de movilizaciones ciudadanas. Y éstas, sin claros propósitos de reformas institucionales, terminan disipándose en el juego del clientelismo o confrontadas sin salida.
El tiempo apremia. La ausencia de izquierdas enraizadas en la sociedad propicia que los estallidos sociales que empiezan a brotar aquí y allá deriven en fragmentación y retroceso. Aquí está el verdadero reto para las izquierdas.
Enfrente, en las derechas, solo hay gente sonriente a quienes, como señalara Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo, les falta a tal punto el sentido de la ciudadanía, que ni siquiera descubren que es culpa suya.
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Los retos de las izquierdas: de la audacia
Gustavo Gordillo/ III
Por los 25 años de La Jornada.
Las izquierdas deberían hacer suya como consigna la siguiente frase de Tocqueville: Es casi tan peligroso para la moralidad humana despreciar un prejuicio por las molestias que origina, como abandonar una idea verdadera porque sea peligrosa.
La idea verdadera pero peligrosa hoy es que para que este país salga de su estancamiento, detenga su declive y oriente positivamente la energía social que emerge discretamente, debe acontecer un profundo cataclismo en las relaciones entre las elites y la ciudadanía.
Son necesarias la deliberación programática y la movilización social, para desconcentrar el poder y confrontarlo desde la construcción de abajo.
Las movilizaciones y el debate entre las distintas fuerzas que integran la entretejedura de la sociedad en las últimas décadas obedece claramente a la extenuación del modelo oligárquico apoyado por un Estado patrimonialista. Este modelo se marchita respecto del formato central basado en el entendido de que las clases sociales son conjuntos no homogéneos sino heterogéneos y por tanto no obedecen a un principio automático de unificación, y su construcción alternativa son las redes sociales; al discurso de justicia social que se ve cuestionado desde el espacio de la construcción democrática con el reclamo de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, y al concepto de intervención patrimonialista impugnado desde la reivindicación de plena ciudadanía de los distintos agentes sociales.
Es en este contexto que adquiere gran importancia el diagnóstico y las propuestas que han hecho un grupo importante e influyente de economistas y personalidades, entre quiene se encuentran David Ibarra, Rolando Cordera y Cuauhtémoc Cárdenas. Frente al diagnóstico Carstens, proponen cambiar el foco desde el ámbito del hoyo fiscal al del desempleo y subempleo. Sólo a partir de la necesidad de reactivar la economía y las políticas de empleo es que tiene sentido hablar de una reforma fiscal progresiva.
Apenas ayer un reportaje dimensiona en parte la magnitud de este patrimonalismo exacerbado al revisar cómo se podría rellenar el famoso hoyo fiscal de Carstens, afectando los privilegios de los más poderosos. Sólo por regímenes especiales, señala el reportaje, los ingresos totales serían de 465 mil millones, por devolución de impuestos, 480 mil millones y por baja recaudación, 200 mil millones de pesos. (La Jornada, septiembre 18).
Pero el tema central de quienes proponen un nuevo curso de desarrollo tiene que ver con poner en el centro el combate a la desigualdad y en utilizar como mecanismo básico para ello al Estado.
Hace apenas unos años el Banco Mundial presentaba un amplio estudio sobre la desigualdad en América Latina y subrayaba los efectos que ésta tenía en mantener y ampliar la pobreza al reducirse la tasa de crecimiento de la economía y en enfrentar de peor manera los shocks externos por la misma fragilidad fiscal.
La idea de un Estado de la sociedad postula la necesidad de intervenciones específicas para disminuir las desigualdades y corregir el funcionamiento de los mercados. Pero el Estado de la sociedad se diferencia del Estado burocrático, que propició la captura de recursos por diversos grupos de interés; porque coloca en el centro de su accionar a la ciudadanía. El Estado de la sociedad promovería amplias formas de participación ciudadana buscando rescatar los espacios públicos que han sido crecientemente privatizados.
Convertir la propuesta de un modelo alternativo de desarrollo en una coalición de ciudadanos, fuerzas sociales y partidos con miras a 2012 requiere avanzar como lo planteó el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, por la doble vía de las reformas económicas y de las reformas políticas, es decir, de la reforma del poder.
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Los retos de las izquierdas: el eje articulador
Gustavo Gordillo/II
La crisis de las izquierdas tiene tres orígenes. Una crisis ética, una deliberada estrategia que impulsa una restauración conservadora y una cultura política que por hegemónica floreció en muchos ámbitos de la sociedad mexicana. Su elemento clave es la falsificación discursiva.
Óscar Wilde en La decadencia de la mentira hablaba de la diferencia entre mentira y falsificación. El principio de la falsificación es adoptar el lenguaje de los adversarios para operar un descabezamiento ideológico. Por ejemplo ahora todo mundo quieren cambiar el modelo económico.
Orwell en 1984 habla del newspeak de los comunistas. Pero ahora y aquí, el newspeak de la partidocracia considera a la política como mercado. Su frase favorita resume toda su sabiduría: así es la política. Consecuentemente se proponen listas de supermercado en vez de programas coherentes.
Para enfrentar ese newspeak no sólo hay que ir al grano sin ambigüedades, sino sobre todo definir con un eje articulador. Propongo como el centro de esa articulación discursiva y política, la del Estado de la sociedad.
El debate central es hoy sobre el Estado, su papel y sus articulaciones con el mercado y con la sociedad. Muchas de las más importantes voces de las elites políticas y económicas parecen coincidir en la necesidad de cambiar la política económica. Pero para algunos eso significa ampliar el papel de los mercados y para otros regresar al Estado autoritario interventor. Para las izquierdas debería ser la del Estado de la sociedad.
La propuesta de un Estado de la sociedad postula la necesidad de intervenciones específicas con un propósito central: disminuir las desigualdades y corregir el funcionamiento de los mercados. El hilo conductor de esas regulaciones en México debe ser combatir los monopolios y contribuir a generar una mejor y más amplia competencia económica.
Pero el Estado de la sociedad se diferencia del Estado burocrático, que propició la captura de recursos por diversos grupos de interés; porque coloca en el centro de su accionar a la ciudadanía. El Estado de la sociedad promovería amplias formas de participación ciudadana en el ámbito electoral, pero sobre todo buscaría rescatar los espacios públicos que han sido crecientemente privatizados.
Asumiría que debe contribuir a garantizar que la ciudadanía organizada en asociaciones, partidos y comunidades ejerza a plenitud una fiscalización social que conlleva una efectiva rendición de cuentas de todas las autoridades en sus distintos niveles de gobierno y de las entidades públicas. También debería contribuir a la participación ciudadana en la discusión, diseño e implementación de políticas públicas.
Para enfrentar las crisis actuales a partir de este eje articulador, se requiere un seguro contra el desempleo y un sistema de salud universal como puntos de partida y la renta mímima ciudadana como punto de llegada. Y la transferencia de recursos fiscales y crediticios a las pequeñas y medianas empresas y a las asociaciones locales de campesinos y agricultores familiares.
¿Cómo se financian? Primero con una rigurosa revisión del gasto público centrado en desarticular los nudos del privilegio presupuestal que benefician a diversos grupos de interés y en limitar a la Secretaría de Hacienda el manejo discrecional del presupuesto. Del lado de la tributación en indispensable que junto con combatir los privilegios fiscales de los grupos más poderosos, se haga una propuesta seria y contundente alrededor de un impuesto sobre la renta progresivo.
La propuesta de un Estado de la sociedad busca articular discurso y acciones políticas de las izquierdas. Desde el Congreso y las instituciones republicanas. Desde las calles y las acciones ciudadanas. Ambos se complementan. Movilización social como medio de producción de instituciones. Haciendo efectivo el artículo 39 constitucional sobre la soberanía del pueblo.
Óscar Wilde en La decadencia de la mentira hablaba de la diferencia entre mentira y falsificación. El principio de la falsificación es adoptar el lenguaje de los adversarios para operar un descabezamiento ideológico. Por ejemplo ahora todo mundo quieren cambiar el modelo económico.
Orwell en 1984 habla del newspeak de los comunistas. Pero ahora y aquí, el newspeak de la partidocracia considera a la política como mercado. Su frase favorita resume toda su sabiduría: así es la política. Consecuentemente se proponen listas de supermercado en vez de programas coherentes.
Para enfrentar ese newspeak no sólo hay que ir al grano sin ambigüedades, sino sobre todo definir con un eje articulador. Propongo como el centro de esa articulación discursiva y política, la del Estado de la sociedad.
El debate central es hoy sobre el Estado, su papel y sus articulaciones con el mercado y con la sociedad. Muchas de las más importantes voces de las elites políticas y económicas parecen coincidir en la necesidad de cambiar la política económica. Pero para algunos eso significa ampliar el papel de los mercados y para otros regresar al Estado autoritario interventor. Para las izquierdas debería ser la del Estado de la sociedad.
La propuesta de un Estado de la sociedad postula la necesidad de intervenciones específicas con un propósito central: disminuir las desigualdades y corregir el funcionamiento de los mercados. El hilo conductor de esas regulaciones en México debe ser combatir los monopolios y contribuir a generar una mejor y más amplia competencia económica.
Pero el Estado de la sociedad se diferencia del Estado burocrático, que propició la captura de recursos por diversos grupos de interés; porque coloca en el centro de su accionar a la ciudadanía. El Estado de la sociedad promovería amplias formas de participación ciudadana en el ámbito electoral, pero sobre todo buscaría rescatar los espacios públicos que han sido crecientemente privatizados.
Asumiría que debe contribuir a garantizar que la ciudadanía organizada en asociaciones, partidos y comunidades ejerza a plenitud una fiscalización social que conlleva una efectiva rendición de cuentas de todas las autoridades en sus distintos niveles de gobierno y de las entidades públicas. También debería contribuir a la participación ciudadana en la discusión, diseño e implementación de políticas públicas.
Para enfrentar las crisis actuales a partir de este eje articulador, se requiere un seguro contra el desempleo y un sistema de salud universal como puntos de partida y la renta mímima ciudadana como punto de llegada. Y la transferencia de recursos fiscales y crediticios a las pequeñas y medianas empresas y a las asociaciones locales de campesinos y agricultores familiares.
¿Cómo se financian? Primero con una rigurosa revisión del gasto público centrado en desarticular los nudos del privilegio presupuestal que benefician a diversos grupos de interés y en limitar a la Secretaría de Hacienda el manejo discrecional del presupuesto. Del lado de la tributación en indispensable que junto con combatir los privilegios fiscales de los grupos más poderosos, se haga una propuesta seria y contundente alrededor de un impuesto sobre la renta progresivo.
La propuesta de un Estado de la sociedad busca articular discurso y acciones políticas de las izquierdas. Desde el Congreso y las instituciones republicanas. Desde las calles y las acciones ciudadanas. Ambos se complementan. Movilización social como medio de producción de instituciones. Haciendo efectivo el artículo 39 constitucional sobre la soberanía del pueblo.
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Los retos de las izquierdas: el terreno
Gustavo Gordillo/I
Las izquierdas en México están divididas, desorientadas y más preocupadas por ocupar espacios que por construir alianzas estratégicas. Esto es evidente en los partidos que se reclaman de izquierda, pero también entre las organizaciones no gubernamentales y agrupamientos de la sociedad civil. Todas tienen prisa por ocupar un espacio sin discutir para qué ni con quiénes. Practican frecuentemente la vieja consigna de La sombra del caudillo. El principal verbo que se conjuga en política es el verbo madrugar.
Es necesario cambiar de terreno de deliberación.
El punto de partida para la acción de las izquierdas mexicanas debería ser la definición de Bobbio sobre la democracia de los modernos. La lucha contra el abuso del poder desarrollándose en dos frentes: contra el poder desde arriba en nombre del poder desde abajo, y contra el poder concentrado en nombre del poder distribuido.
La lucha contra el abuso del poder desde abajo es la lucha por la transparencia y la fiscalización democrática. Es decir, por la rendición de cuentas. Su consecuencia central es acotar cada vez más el vicioso círculo de la impunidad de los poderosos. En las últimas semanas hemos visto brutales expresiones de esa impunidad en el caso de la guardería de niños en Hermosillo y en la liberación de los implicados en los atroces crímenes en Acteal.
La lucha contra el poder concentrado es la lucha contra los poderes monopólicos tanto en la economía como en la cultura y, sobre todo, en la política. El monopolio de la política ha sido, históricamente, la nodriza que alimenta las concentraciones del poder en los otros ámbitos y de manera relevante en el económico. Aun cuando ese monopolio evolucionó en un frágil oligopolio. El mayor peligro ahora es que se vuelva como lo han pregonado muchos: un duopolio.
El enclave autoritario que subsiste después de la alternancia ha sido la plataforma desde la cual se lanzan signos inequívocos de retrocesos conservadores. Estas pulsiones restauradoras se alimentan de varias circunstancias: las expectativas de los actores políticos que le apuestan al éxito individual, sin consideración a la solidaridad con los demás; la sobrevaloración de la ciudadanía por los espacios privados, dado que los públicos están invadidos por pequeñas minorías intensas que los ocupan y excluyen, y, sobre todo, el cinismo del discurso político que ha hecho del así-es-la-política su piedra de toque.
En la discusión más estratégica para enfrentar estas inercias percibo dos caminos que expresan a distintos conjuntos sociales. Por una parte están quienes consideran que en un gobierno republicano el tema central para sustentar una nueva moral pública pasa por el cambio de reglas. En consecuencia, se orientan a las reformas institucionales. Mientras, otros insisten en que más allá y más acá de las instituciones están los actores y la forma en que se vinculan entre sí y con los poderes. Privilegian el momento cultural y promulgan, por la naturaleza policéntrica del poder en el mundo de hoy, un proceso de acumulación de fuerzas de largo aliento que construya una coalición histórica.
Un camino hace del campo electoral su espacio privilegiado y el otro busca construir alianzas desde las luchas ciudadanas. Desde una perspectiva, se sospecha que la forma partido termina por atrapar los impulsos autónomos de la sociedad en las madejas del poder constituido. Otra, desde los partidos de izquierda o los movimientos, busca transformar las reglas que excluyen a muchos del ámbito electoral para reconstruir el propio sistema de partidos.
En las elecciones recientes votaron de manera separada: unos por partidos, otros por el voto nulo y algunos más se abstuvieron. Es indispensable establecer puentes entre estos segmentos para oponer una coalición progresista articulada a la inminente alianza restauradora. Es necesario privilegiar la deliberación programática.
Es necesario cambiar de terreno de deliberación.
El punto de partida para la acción de las izquierdas mexicanas debería ser la definición de Bobbio sobre la democracia de los modernos. La lucha contra el abuso del poder desarrollándose en dos frentes: contra el poder desde arriba en nombre del poder desde abajo, y contra el poder concentrado en nombre del poder distribuido.
La lucha contra el abuso del poder desde abajo es la lucha por la transparencia y la fiscalización democrática. Es decir, por la rendición de cuentas. Su consecuencia central es acotar cada vez más el vicioso círculo de la impunidad de los poderosos. En las últimas semanas hemos visto brutales expresiones de esa impunidad en el caso de la guardería de niños en Hermosillo y en la liberación de los implicados en los atroces crímenes en Acteal.
La lucha contra el poder concentrado es la lucha contra los poderes monopólicos tanto en la economía como en la cultura y, sobre todo, en la política. El monopolio de la política ha sido, históricamente, la nodriza que alimenta las concentraciones del poder en los otros ámbitos y de manera relevante en el económico. Aun cuando ese monopolio evolucionó en un frágil oligopolio. El mayor peligro ahora es que se vuelva como lo han pregonado muchos: un duopolio.
El enclave autoritario que subsiste después de la alternancia ha sido la plataforma desde la cual se lanzan signos inequívocos de retrocesos conservadores. Estas pulsiones restauradoras se alimentan de varias circunstancias: las expectativas de los actores políticos que le apuestan al éxito individual, sin consideración a la solidaridad con los demás; la sobrevaloración de la ciudadanía por los espacios privados, dado que los públicos están invadidos por pequeñas minorías intensas que los ocupan y excluyen, y, sobre todo, el cinismo del discurso político que ha hecho del así-es-la-política su piedra de toque.
En la discusión más estratégica para enfrentar estas inercias percibo dos caminos que expresan a distintos conjuntos sociales. Por una parte están quienes consideran que en un gobierno republicano el tema central para sustentar una nueva moral pública pasa por el cambio de reglas. En consecuencia, se orientan a las reformas institucionales. Mientras, otros insisten en que más allá y más acá de las instituciones están los actores y la forma en que se vinculan entre sí y con los poderes. Privilegian el momento cultural y promulgan, por la naturaleza policéntrica del poder en el mundo de hoy, un proceso de acumulación de fuerzas de largo aliento que construya una coalición histórica.
Un camino hace del campo electoral su espacio privilegiado y el otro busca construir alianzas desde las luchas ciudadanas. Desde una perspectiva, se sospecha que la forma partido termina por atrapar los impulsos autónomos de la sociedad en las madejas del poder constituido. Otra, desde los partidos de izquierda o los movimientos, busca transformar las reglas que excluyen a muchos del ámbito electoral para reconstruir el propio sistema de partidos.
En las elecciones recientes votaron de manera separada: unos por partidos, otros por el voto nulo y algunos más se abstuvieron. Es indispensable establecer puentes entre estos segmentos para oponer una coalición progresista articulada a la inminente alianza restauradora. Es necesario privilegiar la deliberación programática.
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