lajornada
Tras las muestras de descontento y rechazo cosechadas en días pasados por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en su visita a Ciudad Juárez, su gobierno anunció ayer, por boca de diversos integrantes del gabinete, que invertirá 500 millones de pesos en la "reconstrucción del tejido social" de Ciudad Juárez. Por más que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, haya saludado tales anuncios con "orgullo y satisfacción" por "el compromiso del Presidente hacia esta frontera", cabe preguntar si la sociedad juarense no percibirá un agravio adicional en el empeño por despejar, con una inyección millonaria y súbita de recursos monetarios, la indignación por los frutos amargos de años de abandono y simulación por parte de las autoridades de todos los niveles frente al drama que se vive en la localidad.
Parece difícil, en todo caso, que la suma referida, u otra mayor, logren borrar un trienio de empecinamiento oficial en una estrategia a todas luces equivocada y parcial en el combate a la delincuencia, tres años de triunfalismo ciego, muchos meses de ignorancia y desdén por los que, hasta ahora, no se ha presentado una disculpa.
Los habitantes de Juárez han venido clamando por un programa coherente contra la criminalidad desde hace por lo menos tres lustros, cuando el número intolerable de feminicidios empezó a llamar la atención pública nacional e internacional, y se les respondió con ficciones, estadísticas amañadas, indolencia y torpeza: recuérdese la deplorable gestión del actual titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, como responsable estatal de Justicia, o las erráticas declaraciones de funcionarios federales sobre la violencia siempre creciente en la localidad fronteriza.
Algo parecido empieza a esbozarse en el centro del país con la persistente distorsión oficial de la realidad en lo que se refiere al conflicto entre el régimen calderonista y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Ayer, el propio Calderón se ufanó por los supuestos efectos benéficos de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en la captación de inversión privada.
El decreto correspondiente, emitido en octubre del año pasado, ha permitido "fortalecer la competitividad y la cadena productiva del país", dijo el titular del Ejecutivo federal, y agregó que en Hidalgo "la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sabido resolver una serie de problemas y desafíos de suministro de electricidad a estas plantas que antes estaban sin resolver bajo la operación de Luz y Fuerza del Centro".
Tales apreciaciones chocan frontalmente con las de la población del centro del país, para la cual la extinción de LFC y la ineptitud de la CFE se han traducido en apagones desusadamente largos, en imposibilidad de resolver inundaciones catastróficas, en embotellamientos de tránsito y, en suma, en una afectación severísima de la vida cotidiana y en la multiplicación de riesgos de seguridad pública. Por añadidura, el golpe al SME y a la empresa pública ha significado pérdidas incalculables para cientos de miles de personas físicas y morales que dependen de la continuidad del abasto eléctrico para realizar sus tareas productivas. Para colmo, la CFE ha estado distribuyendo entre los usuarios recibos de cobro en los que se consigna un astronómico incremento de facto en las tarifas eléctricas. En resumen, para la zona centro del país la eliminación de LFC y su remplazo por la CFE ha significado una pérdida sin precedente de productividad, competitividad, rentabilidad, habitabilidad y nivel de vida.
Sostener una versión opuesta a la realidad representa un atropello adicional al que significa el haber causado, por rencores políticos y cálculos empresariales, el desbarajuste referido. Así como lo hizo durante el trienio pasado en Ciudad Juárez, en el centro del país el gobierno parece empeñado en ofrecer un discurso ficticio, sucedáneo de un ejercicio gubernamental responsable, y, al igual que en la ensangrentada ciudad fronteriza, el costo humano, político, económico y social de esa suplantación puede ser muy alto.
kikka-roja.blogspot.com/
Parece difícil, en todo caso, que la suma referida, u otra mayor, logren borrar un trienio de empecinamiento oficial en una estrategia a todas luces equivocada y parcial en el combate a la delincuencia, tres años de triunfalismo ciego, muchos meses de ignorancia y desdén por los que, hasta ahora, no se ha presentado una disculpa.
Los habitantes de Juárez han venido clamando por un programa coherente contra la criminalidad desde hace por lo menos tres lustros, cuando el número intolerable de feminicidios empezó a llamar la atención pública nacional e internacional, y se les respondió con ficciones, estadísticas amañadas, indolencia y torpeza: recuérdese la deplorable gestión del actual titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, como responsable estatal de Justicia, o las erráticas declaraciones de funcionarios federales sobre la violencia siempre creciente en la localidad fronteriza.
Algo parecido empieza a esbozarse en el centro del país con la persistente distorsión oficial de la realidad en lo que se refiere al conflicto entre el régimen calderonista y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Ayer, el propio Calderón se ufanó por los supuestos efectos benéficos de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en la captación de inversión privada.
El decreto correspondiente, emitido en octubre del año pasado, ha permitido "fortalecer la competitividad y la cadena productiva del país", dijo el titular del Ejecutivo federal, y agregó que en Hidalgo "la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sabido resolver una serie de problemas y desafíos de suministro de electricidad a estas plantas que antes estaban sin resolver bajo la operación de Luz y Fuerza del Centro".
Tales apreciaciones chocan frontalmente con las de la población del centro del país, para la cual la extinción de LFC y la ineptitud de la CFE se han traducido en apagones desusadamente largos, en imposibilidad de resolver inundaciones catastróficas, en embotellamientos de tránsito y, en suma, en una afectación severísima de la vida cotidiana y en la multiplicación de riesgos de seguridad pública. Por añadidura, el golpe al SME y a la empresa pública ha significado pérdidas incalculables para cientos de miles de personas físicas y morales que dependen de la continuidad del abasto eléctrico para realizar sus tareas productivas. Para colmo, la CFE ha estado distribuyendo entre los usuarios recibos de cobro en los que se consigna un astronómico incremento de facto en las tarifas eléctricas. En resumen, para la zona centro del país la eliminación de LFC y su remplazo por la CFE ha significado una pérdida sin precedente de productividad, competitividad, rentabilidad, habitabilidad y nivel de vida.
Sostener una versión opuesta a la realidad representa un atropello adicional al que significa el haber causado, por rencores políticos y cálculos empresariales, el desbarajuste referido. Así como lo hizo durante el trienio pasado en Ciudad Juárez, en el centro del país el gobierno parece empeñado en ofrecer un discurso ficticio, sucedáneo de un ejercicio gubernamental responsable, y, al igual que en la ensangrentada ciudad fronteriza, el costo humano, político, económico y social de esa suplantación puede ser muy alto.
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