Lilia Arellano 09.02.2012 20:59
“Cuida tu reputación, no por vanidad, sino para no dañar
tu obra, y por amor a la verdad: Henry F. Amiel
Pobreza y muerte
Ocultan cifras de muertos en “guerra”
FCH, principal obstáculo de Chepina
AMLO exige evitar coacción de voto
Encuestas quitan el sueño a Peña Nieto
El equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota se encuentra inmerso en la reiteradamente negada “operación cicatriz” con los panistas que apoyaron a Ernesto Cordero y Santiago Creel, la cual no habrá de llevarles más que unos cuantos días dado el bajo perfil que exhibieron los perdedores. Sin embargo, el asunto de fondo que tiene preocupados a los operadores políticos de la residente en el municipio mexiquense de Huixquilucan, es como evitar que el lastre de los adversos resultados de la administración de Felipe Calderón afecte el despegue de su campaña. Tan sólo dos aspectos ilustran lo titánico de dicha tarea: la producción de pobres que según datos oficiales del Coneval llegó a 52 millones o el 46.2% de la población total del país y el número real de muertos y desaparecidos durante la guerra al narcotráfico que se ha desarrollado durante toda esta gestión y que, según datos no reconocidos oficialmente, supera los 61 mil fallecidos, 10 mil desaparecidos y varios de cientos de miles de desplazados.
La frase publicitaria de campaña de doña Josefina “!No seré más de lo mismo!” habrá que enfrentar no sólo los contundentes datos del “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” del Comité de Evaluación de la misma, que destaca que hay 28 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria y precisa que las entidades en donde más creció la pobreza fueron Veracruz, Guanajuato, Chihuahua y Oaxaca, sino el hecho de que a menos 5 meses de la elección federal y a unos días del inicio formal de las campañas por la Presidencia de la República, la renovación del Congreso de la Unión y los comicios por los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Yucatán y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sin olvidar la elección de Chiapas, habrá de toparse con la pared que representa el total fracaso de la guerra contra el narcotráfico.
Por eso, no es extraño que la administración federal aplique desde hace varios meses un operativo que podríamos denominar “amnesia” en relación no sólo al desastre del principal por no decir único proyecto de gobierno de Felipe Calderón y que se refiere al ataque frontal a los cárteles del narcotráfico después de la firma de la “Iniciativa Mérida”, que en un principio se conoció como Plan México y que fue signado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush y el inquilino de Los Pinos, a partir de la cual el 11 de diciembre de 2006 el gobierno federal anunció que iniciaría una “batalla” contra el crimen organizado, empezando por el Estado de Michoacán, de donde es oriundo don Felipe.
Apenas esta semana el responsable de la política interior del país, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, salió con el anuncio –o cuento- de que el gobierno federal trabaja en la construcción de una base de datos confiable en relación a los desparecidos en todo el país, misma que, dijo, será construida con el apoyo de diversas instituciones gubernamentales y gobernadores. En otras palabras, quiere hacer creer que la administración federal no sabe cuántos muertos van en este sexenio en la guerra contra los cárteles de la droga y que tampoco sabe cuántos “desaparecidos” se tienen registrados, denominación que nos lleva a recordar también a los “desaparecidos” en el terremoto de 1985 que manejó en su momento el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado y que, por supuesto, nunca aparecieron.
El gobierno de Felipe Calderón determinó simple y llanamente ya no informar cuántos muertos se han registrado en la guerra contra el narcotráfico porque dichas estadísticas golpean una y otra vez a su administración. En esa estrategia se inscribe la entrevista de Poiré con The Associated Press en la que únicamente señala que los asesinatos atribuidos al narcotráfico y el crimen organizado habrían alcanzado su punto máximo en 2011 para iniciar una disminución hacia la última mitad de ese mismo año. El funcionario precisó que en los últimos dos trimestres del 2011 se redujo el número de homicidios, aunque la cifra específica se dará a conocer “una vez que se sistematice una nueva metodología implementada”. Cabe señalar que dicha “metodología” se viene implementando cuando menos desde mediados del año pasado y tiene como fin ocultar la magnitud de la matazón a lo largo y ancho del país.
El conteo oficial “congeló” a principios de este año el número de muertos por la ofensiva contra el narcotráfico en 47 mil 515 homicidios, hasta septiembre del año pasado. Esos datos oficiales señalan que sólo entre enero y septiembre del 2011 la cifra ascendió a 12 mil 903, comparadas con las 11 mil 583 registradas en el mismo periodo de 2010.
Los datos que maneja la Secretaría de Gobernación han sido desmentidos una y otra vez por las organizaciones civiles y activistas de los derechos humanos, entre los que podemos mencionar al Movimiento por la Paz, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Periodistas de a pie, el Centro Mexicano de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como otras de carácter internacional como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional, quienes señalan la existencia de más de 61 mil muertos, 10 mil desaparecidos y cientos de miles de desplazados por el conflicto armado en que se encuentra envuelto el país.
TODOS LOS CARTELES EN UNA LICUADORA
No obstante, el recuento más serio sobre el número de víctimas como consecuencia de la guerra al crimen organizado que registran los medios de comunicación del país y que ha tenido un gran impacto en medios internacionales es el impresionante cómputo, con información de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia de los estados, que fue elaborado por la revista regional “Zeta” en su edición 167 de diciembre 12 de 2011, que fue retomada por la revista nacional “Proceso” y por un gran número de diarios, revistas y medios electrónicos a lo largo y ancho del territorio nacional.
De acuerdo con ese riguroso conteo, que utilizó como metodología la comparación de las tarjetas informativas de las secretarías de Seguridad Pública tanto municipales como estatales y las estadísticas de las fiscalías y procuradurías generales de justicia de los estados con la información del Sistema Nacional de Información, el número de muertos en los cinco años de guerra calderonista contra el narcotráfico “ya superó los 60 mil”, entre los que figuran presuntos delincuentes y sicarios –que formaron parte de las estructuras de los cárteles de Sinaloa, Golfo, Zetas, Juárez, Pacífico, Independiente de Acapulco, Milenio, La Familia Michoacana y Caballeros Templarios-, policías, soldados, marinos y civiles –denominados “daños colaterales”- que fueron privados de la vida a través de “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”. Entre estos se encuentran por supuesto los asesinatos múltiples como los 26 cadáveres arrojados en Guadalajara o los 35 en Boca del Río; los desenterrados en narcofosas en Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero, por mencionar sólo los que más atrajeron la atención de la opinión pública,
Las organizaciones defensoras de derechos humanos refutan los datos oficiales que hablan de menos de 50 mil muertos hasta septiembre del año pasado al precisar que en la contabilización oficial de las estadísticas de las 32 procuradurías generales de justicia de los estados, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR) no se incluyen los muertos sin nombre, sin identificación y sin número. Sus estimaciones señalan que se pasó de 34 mil asesinatos a finales del 2010 a más 60 mil muertos al inicio de 2012. De acuerdo con los registros oficiales, las entidades más violentas son Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Sinaloa.
Este sexenio también tiene el “mérito” de haber colocado al país como el más peligroso para ejercer el periodismo, lugar que lo ha ganado por dos años consecutivos, de acuerdo con el informe Campaña Emblema de Prensa (CEP). También Amnistía Internacional (AI) hace el mismo señalamiento y refiere que en 2010, más de la mitad de los periodistas asesinados en América Latina lo fueron en México. Para la Academia Mexicana de Derechos Humanos el 2011 “ha sido el peor de los años del sexenio, porque todas las situaciones graves que hemos vivido se están agudizando”.
ALERTA REACTIVADA
Ante este panorama no extraña en lo absoluto que el gobierno de Estados Unidos reactivara la alerta para no viajar a 14 estados de la República Mexicana debido a que, señala el Departamento de Estado, “el crimen y la violencia son problemas graves en todo el país y pueden ocurrir en cualquier parte”. El gobierno de Barack Obama pide a sus connacionales no viajar a Tamaulipas, Coahuila, Durango y Chihuahua, y recomienda no ir a gran parte de Zacatecas, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Aguascalientes y Nuevo León. También les pide ser prudentes en sus desplazamientos a Colima, Morelos, Veracruz y Baja California, en suma que no vengan a México, pues.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia da a conocer que “cree” que el cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, utiliza empresas como fachada en Estados Unidos para lavar sus ganancias ilegales, mientras que el Departamento de Defensa anuncia el despliegue de recursos militares para dar apoyo a medidas de seguridad de la Patrulla Fronteriza en zonas limítrofes de Arizona y Nuevo México. El Pentágono indicó que las comunidades del sur de ambos estados tendrán mayor presencia de personal, vehículos y equipo militar a lo largo de la frontera a partir de mediados de febrero.
Mientras que en el Congreso mexicano los diputados federales y sus líderes parlamentarios se contentan con hacer descalificaciones a la alerta de viaje a México emitida por el gobierno estadounidense. Guadalupe Acosta Naranjo, el presidente de la Cámara de Diputados, lo único que hizo fue “un llamado a que los turistas estadounidenses y todos los países del mundo, nos sigan visitando”, mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja, Armando Ríos Pitter, únicamente lamentó la alerta que, dijo, en nada ayuda a generar márgenes de seguridad en el combate al crimen en territorio mexicano.
El coordinador de los diputados del PAN, Francisco Ramírez Acuña, reprobó que los Estados Unidos sigan sin hacer lo que les corresponde para poder controlar el consumo de drogas. “Ellos generan la violencia que ocurre en México, al no controlar sus espacios de delito y crimen”, dijo, mientras que el priísta Emilio Chuayfffet comentó que “es curioso que en Estados Unidos esté buena parte del origen de nuestros problemas; el mayor mercado de consumo de drogas está allí, y el mayor mercado de venta de armas en el mundo, también”. Eso fue todo, esa fue la gran labor de nuestro Congreso en torno a un tema de seguridad nacional.
DE LOS PASILLOS
Mientras, en los equipos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial del Movimiento Progresista, y Enrique Peña Nieto, precandidato priísta, las preocupaciones son de otra índole. Al mexiquense le quita el sueño y, lo peor, le mueve el copete, su caída en las encuestas mientras que el tabasqueño se ocupa en evitar ser víctima de un fraude electoral.
López Obrador justificó en Santa María del Río, SLP, su solicitud al IFE de instrumentar acciones para evitar la compra y coacción del voto, a fin de impedir lo que ocurrió hace seis años cuando la ahora precandidata panista, Josefina Vázquez Mota, utilizó los programas de Sedesol para la compra de votos a favor de Felipe Calderón. También subrayó que si el Instituto Federal Electoral quiere garantizar elecciones limpias, debe cuidar bien dos ejes: evitar el uso de programas sociales y el trato equitativo de los medios de comunicación a las campañas.
En tanto, en la ciudad de México, Peña Nieto admitió otra vez que la inercia de los meses anteriores que lo ubican como puntero en las encuestas “no será suficiente” para ganar la elección presidencial. Durante una reunión con integrantes del Movimiento Territorial pidió a las estructuras de su partido apretar el paso, dejar de lado las simulaciones y las viejas prácticas que ya no garantizan el triunfo. La encuesta de Ipsos-Bimsa, que se publicó en Guanajuato en la semana, le dio otro rayón a su imagen.
El “moreirazo” todavía tiene mucha cuerda. La PGR emitió una alerta migratoria y ficha roja para ubicar a cinco ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del gobierno de Coahuila que son investigados por presentar documentación falsa para contratar deuda y que se encuentran prófugos de la justicia. De acuerdo con lo declarado por Irvin Barrios, subprocurador especializado en Delitos Federales, el Ministerio Público Federal ha comprobado endeudamientos por más de mil millones de pesos contratados con documentos apócrifos con el Banco del Bajío. La PGR aún no tiene indicios de la participación de Humberto Moreira en la obtención de dichos créditos irregulares… En Monterrey dos personas fueron asesinadas a balazos mientras viajaban en un camión de transporte urbano… En Gómez Palacio encontraron una cabeza humana en una hielera afuera de una tortillería… Al río Atoyac arrojaron el cadáver de un hombre de 50 años que se presume fue ejecutado… Dos cadáveres más aparecieron en al comunidad de La Aldea, en Morelia; se trata de otros dos ejecutados. (lilia_arellano@yahoo.com)
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. . . kikka-roja.blogspot.com/
“Cuida tu reputación, no por vanidad, sino para no dañar
tu obra, y por amor a la verdad: Henry F. Amiel
Pobreza y muerte
Ocultan cifras de muertos en “guerra”
FCH, principal obstáculo de Chepina
AMLO exige evitar coacción de voto
Encuestas quitan el sueño a Peña Nieto
El equipo de campaña de Josefina Vázquez Mota se encuentra inmerso en la reiteradamente negada “operación cicatriz” con los panistas que apoyaron a Ernesto Cordero y Santiago Creel, la cual no habrá de llevarles más que unos cuantos días dado el bajo perfil que exhibieron los perdedores. Sin embargo, el asunto de fondo que tiene preocupados a los operadores políticos de la residente en el municipio mexiquense de Huixquilucan, es como evitar que el lastre de los adversos resultados de la administración de Felipe Calderón afecte el despegue de su campaña. Tan sólo dos aspectos ilustran lo titánico de dicha tarea: la producción de pobres que según datos oficiales del Coneval llegó a 52 millones o el 46.2% de la población total del país y el número real de muertos y desaparecidos durante la guerra al narcotráfico que se ha desarrollado durante toda esta gestión y que, según datos no reconocidos oficialmente, supera los 61 mil fallecidos, 10 mil desaparecidos y varios de cientos de miles de desplazados.
La frase publicitaria de campaña de doña Josefina “!No seré más de lo mismo!” habrá que enfrentar no sólo los contundentes datos del “Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social” del Comité de Evaluación de la misma, que destaca que hay 28 millones de mexicanos en situación de pobreza alimentaria y precisa que las entidades en donde más creció la pobreza fueron Veracruz, Guanajuato, Chihuahua y Oaxaca, sino el hecho de que a menos 5 meses de la elección federal y a unos días del inicio formal de las campañas por la Presidencia de la República, la renovación del Congreso de la Unión y los comicios por los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco, Yucatán y la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, sin olvidar la elección de Chiapas, habrá de toparse con la pared que representa el total fracaso de la guerra contra el narcotráfico.
Por eso, no es extraño que la administración federal aplique desde hace varios meses un operativo que podríamos denominar “amnesia” en relación no sólo al desastre del principal por no decir único proyecto de gobierno de Felipe Calderón y que se refiere al ataque frontal a los cárteles del narcotráfico después de la firma de la “Iniciativa Mérida”, que en un principio se conoció como Plan México y que fue signado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush y el inquilino de Los Pinos, a partir de la cual el 11 de diciembre de 2006 el gobierno federal anunció que iniciaría una “batalla” contra el crimen organizado, empezando por el Estado de Michoacán, de donde es oriundo don Felipe.
Apenas esta semana el responsable de la política interior del país, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, salió con el anuncio –o cuento- de que el gobierno federal trabaja en la construcción de una base de datos confiable en relación a los desparecidos en todo el país, misma que, dijo, será construida con el apoyo de diversas instituciones gubernamentales y gobernadores. En otras palabras, quiere hacer creer que la administración federal no sabe cuántos muertos van en este sexenio en la guerra contra los cárteles de la droga y que tampoco sabe cuántos “desaparecidos” se tienen registrados, denominación que nos lleva a recordar también a los “desaparecidos” en el terremoto de 1985 que manejó en su momento el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado y que, por supuesto, nunca aparecieron.
El gobierno de Felipe Calderón determinó simple y llanamente ya no informar cuántos muertos se han registrado en la guerra contra el narcotráfico porque dichas estadísticas golpean una y otra vez a su administración. En esa estrategia se inscribe la entrevista de Poiré con The Associated Press en la que únicamente señala que los asesinatos atribuidos al narcotráfico y el crimen organizado habrían alcanzado su punto máximo en 2011 para iniciar una disminución hacia la última mitad de ese mismo año. El funcionario precisó que en los últimos dos trimestres del 2011 se redujo el número de homicidios, aunque la cifra específica se dará a conocer “una vez que se sistematice una nueva metodología implementada”. Cabe señalar que dicha “metodología” se viene implementando cuando menos desde mediados del año pasado y tiene como fin ocultar la magnitud de la matazón a lo largo y ancho del país.
El conteo oficial “congeló” a principios de este año el número de muertos por la ofensiva contra el narcotráfico en 47 mil 515 homicidios, hasta septiembre del año pasado. Esos datos oficiales señalan que sólo entre enero y septiembre del 2011 la cifra ascendió a 12 mil 903, comparadas con las 11 mil 583 registradas en el mismo periodo de 2010.
Los datos que maneja la Secretaría de Gobernación han sido desmentidos una y otra vez por las organizaciones civiles y activistas de los derechos humanos, entre los que podemos mencionar al Movimiento por la Paz, el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Periodistas de a pie, el Centro Mexicano de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como otras de carácter internacional como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional, quienes señalan la existencia de más de 61 mil muertos, 10 mil desaparecidos y cientos de miles de desplazados por el conflicto armado en que se encuentra envuelto el país.
TODOS LOS CARTELES EN UNA LICUADORA
No obstante, el recuento más serio sobre el número de víctimas como consecuencia de la guerra al crimen organizado que registran los medios de comunicación del país y que ha tenido un gran impacto en medios internacionales es el impresionante cómputo, con información de las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia de los estados, que fue elaborado por la revista regional “Zeta” en su edición 167 de diciembre 12 de 2011, que fue retomada por la revista nacional “Proceso” y por un gran número de diarios, revistas y medios electrónicos a lo largo y ancho del territorio nacional.
De acuerdo con ese riguroso conteo, que utilizó como metodología la comparación de las tarjetas informativas de las secretarías de Seguridad Pública tanto municipales como estatales y las estadísticas de las fiscalías y procuradurías generales de justicia de los estados con la información del Sistema Nacional de Información, el número de muertos en los cinco años de guerra calderonista contra el narcotráfico “ya superó los 60 mil”, entre los que figuran presuntos delincuentes y sicarios –que formaron parte de las estructuras de los cárteles de Sinaloa, Golfo, Zetas, Juárez, Pacífico, Independiente de Acapulco, Milenio, La Familia Michoacana y Caballeros Templarios-, policías, soldados, marinos y civiles –denominados “daños colaterales”- que fueron privados de la vida a través de “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”. Entre estos se encuentran por supuesto los asesinatos múltiples como los 26 cadáveres arrojados en Guadalajara o los 35 en Boca del Río; los desenterrados en narcofosas en Durango, Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero, por mencionar sólo los que más atrajeron la atención de la opinión pública,
Las organizaciones defensoras de derechos humanos refutan los datos oficiales que hablan de menos de 50 mil muertos hasta septiembre del año pasado al precisar que en la contabilización oficial de las estadísticas de las 32 procuradurías generales de justicia de los estados, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República (PGR) no se incluyen los muertos sin nombre, sin identificación y sin número. Sus estimaciones señalan que se pasó de 34 mil asesinatos a finales del 2010 a más 60 mil muertos al inicio de 2012. De acuerdo con los registros oficiales, las entidades más violentas son Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Sinaloa.
Este sexenio también tiene el “mérito” de haber colocado al país como el más peligroso para ejercer el periodismo, lugar que lo ha ganado por dos años consecutivos, de acuerdo con el informe Campaña Emblema de Prensa (CEP). También Amnistía Internacional (AI) hace el mismo señalamiento y refiere que en 2010, más de la mitad de los periodistas asesinados en América Latina lo fueron en México. Para la Academia Mexicana de Derechos Humanos el 2011 “ha sido el peor de los años del sexenio, porque todas las situaciones graves que hemos vivido se están agudizando”.
ALERTA REACTIVADA
Ante este panorama no extraña en lo absoluto que el gobierno de Estados Unidos reactivara la alerta para no viajar a 14 estados de la República Mexicana debido a que, señala el Departamento de Estado, “el crimen y la violencia son problemas graves en todo el país y pueden ocurrir en cualquier parte”. El gobierno de Barack Obama pide a sus connacionales no viajar a Tamaulipas, Coahuila, Durango y Chihuahua, y recomienda no ir a gran parte de Zacatecas, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Aguascalientes y Nuevo León. También les pide ser prudentes en sus desplazamientos a Colima, Morelos, Veracruz y Baja California, en suma que no vengan a México, pues.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia da a conocer que “cree” que el cártel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, utiliza empresas como fachada en Estados Unidos para lavar sus ganancias ilegales, mientras que el Departamento de Defensa anuncia el despliegue de recursos militares para dar apoyo a medidas de seguridad de la Patrulla Fronteriza en zonas limítrofes de Arizona y Nuevo México. El Pentágono indicó que las comunidades del sur de ambos estados tendrán mayor presencia de personal, vehículos y equipo militar a lo largo de la frontera a partir de mediados de febrero.
Mientras que en el Congreso mexicano los diputados federales y sus líderes parlamentarios se contentan con hacer descalificaciones a la alerta de viaje a México emitida por el gobierno estadounidense. Guadalupe Acosta Naranjo, el presidente de la Cámara de Diputados, lo único que hizo fue “un llamado a que los turistas estadounidenses y todos los países del mundo, nos sigan visitando”, mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja, Armando Ríos Pitter, únicamente lamentó la alerta que, dijo, en nada ayuda a generar márgenes de seguridad en el combate al crimen en territorio mexicano.
El coordinador de los diputados del PAN, Francisco Ramírez Acuña, reprobó que los Estados Unidos sigan sin hacer lo que les corresponde para poder controlar el consumo de drogas. “Ellos generan la violencia que ocurre en México, al no controlar sus espacios de delito y crimen”, dijo, mientras que el priísta Emilio Chuayfffet comentó que “es curioso que en Estados Unidos esté buena parte del origen de nuestros problemas; el mayor mercado de consumo de drogas está allí, y el mayor mercado de venta de armas en el mundo, también”. Eso fue todo, esa fue la gran labor de nuestro Congreso en torno a un tema de seguridad nacional.
DE LOS PASILLOS
Mientras, en los equipos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial del Movimiento Progresista, y Enrique Peña Nieto, precandidato priísta, las preocupaciones son de otra índole. Al mexiquense le quita el sueño y, lo peor, le mueve el copete, su caída en las encuestas mientras que el tabasqueño se ocupa en evitar ser víctima de un fraude electoral.
López Obrador justificó en Santa María del Río, SLP, su solicitud al IFE de instrumentar acciones para evitar la compra y coacción del voto, a fin de impedir lo que ocurrió hace seis años cuando la ahora precandidata panista, Josefina Vázquez Mota, utilizó los programas de Sedesol para la compra de votos a favor de Felipe Calderón. También subrayó que si el Instituto Federal Electoral quiere garantizar elecciones limpias, debe cuidar bien dos ejes: evitar el uso de programas sociales y el trato equitativo de los medios de comunicación a las campañas.
En tanto, en la ciudad de México, Peña Nieto admitió otra vez que la inercia de los meses anteriores que lo ubican como puntero en las encuestas “no será suficiente” para ganar la elección presidencial. Durante una reunión con integrantes del Movimiento Territorial pidió a las estructuras de su partido apretar el paso, dejar de lado las simulaciones y las viejas prácticas que ya no garantizan el triunfo. La encuesta de Ipsos-Bimsa, que se publicó en Guanajuato en la semana, le dio otro rayón a su imagen.
El “moreirazo” todavía tiene mucha cuerda. La PGR emitió una alerta migratoria y ficha roja para ubicar a cinco ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del gobierno de Coahuila que son investigados por presentar documentación falsa para contratar deuda y que se encuentran prófugos de la justicia. De acuerdo con lo declarado por Irvin Barrios, subprocurador especializado en Delitos Federales, el Ministerio Público Federal ha comprobado endeudamientos por más de mil millones de pesos contratados con documentos apócrifos con el Banco del Bajío. La PGR aún no tiene indicios de la participación de Humberto Moreira en la obtención de dichos créditos irregulares… En Monterrey dos personas fueron asesinadas a balazos mientras viajaban en un camión de transporte urbano… En Gómez Palacio encontraron una cabeza humana en una hielera afuera de una tortillería… Al río Atoyac arrojaron el cadáver de un hombre de 50 años que se presume fue ejecutado… Dos cadáveres más aparecieron en al comunidad de La Aldea, en Morelia; se trata de otros dos ejecutados. (lilia_arellano@yahoo.com)
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