Ricardo Monreal detecta RED de CORRUPCIÓN de Muñoz Soria que operaba en la delegación Cuauhtémoc
Rosalía Vergara
México, D.F., (apro).- El candidato electo a la jefatura delegacional de Cuauhtémoc, el zacatecano Ricardo Monreal, dio a conocer hoy toda una red de corrupción que operaba en dicha demarcación bajo las órdenes de los exdelegados Alejandro Fernández y José Luis Muñoz Soria.
Este último es actualmente diputado federal y contendió con Monreal por la demarcación.
Un equipo de “sabuesos” al servicio del exgobernador de Zacatecas se dio a la tarea de seguir la huella de la documentación comprometedora y buena parte de ella la encontraron en bolsas de basura, cuyo destino era el tiradero de Iztapalapa.
Según Monreal, días después del triunfo del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la delegación, las autoridades perredistas se deshicieron de toda la documentación oficial que comprometía a los exdelegados Alejandro Fernández y José Luis Muñoz Soria.
No obstante, los “detectives” de su equipo registraron el momento en que inspectores afines a Fernández y Muñoz, así como a la delegada Jimena Martín del Campo Porras, echaban la papelería a los camiones de basura.
Los morenistas recuperaron las bolsas con 58 mil 654 fojas rotas, se dieron a la tarea de juntar cada pedazo y descubrieron que los funcionarios señalados recibían cada mes 6 millones 900 mil pesos por autorizar reglamentos.
No sólo eso, también cobraban 2 millones de pesos a restaurantes, hoteles, casas de citas, estacionamientos, bares, tiendas Oxxo y Seven Eleven, así como a vinaterías, bodegas de telas y papelerías grandes, mientras que del comercio informal, tianguis y vendedores en eventos recibían 700 mil pesos.
Y por cada permiso de giro mercantil por impacto vecinal cobraban 900 mil pesos; para brindar una calificación favorable sin clausura en obras o giros mercantiles, 500 mil pesos; por obras, manifestaciones de construcción y construcciones especiales, 3 millones de pesos; por campañas especiales, sexoservidoras o revendedores de boletos, 100 mil pesos; por la autorización del programa especial o interno de protección civil, 100 mil pesos, y por enseres en vía pública, cine, obras de teatro o espectáculos masivos, 300 mil pesos por temporada.
Según el quipo del exgobernador de Zacatecas, esa información constituye diversos delitos, como ejercicio ilegal del servicio público, robo, robo agravado, abuso de confianza, administración fraudulenta, daño a la propiedad, coalición de servidores públicos, uso ilegal de atribuciones y facultades, y cohecho.
Luego de organizar una a una las 58 mil 654 fojas recuperadas, el equipo de Monreal detalló que 23 de ellas corresponden a “siniestros”, 25 a la Subdirección de Gobierno, 374 a la Procuraduría, 285 a la administración de servicios generales y materiales, 147 a la dirección jurídica, 37 a mantenimiento de vehículos, 42 a Protección Civil, cinco al gobierno federal, una a la policía judicial, 37 a servicios urbanos, mil 310 tienen el rubro “varios”, 232 “territoriales” y 443 a inventario.
A la lista se suman mil 773 minutas de verificación; 3 mil 471 de combustible; 2 mil 69 de reordenamiento en vía pública de objetos retirados; 6 mil 412 de mercados y vía pública; 2 mil 570 de nómina, y 53 de Gobierno del Distrito Federal. Hay otras dos con el rubro “bolsa vía pública”, con 231 mil 983 y 310 mil 363 fojas, y otra de bolsas para la vía pública, retención de mercancías y coordinación de operación, con 15 mil.
Árbol genealógico
De acuerdo con el tabulador mensual de 2007 a 2015, 122 personas afines a los exdelegados Alejandro Fernández y José Luis Muñoz Soria, así como al asambleísta Agustín Torres y sus operadores (Edgar Doroteo García, director general de Desarrollo Social; José Pandal Jiménez, director de Servicios Urbanos, y Roberto López Suárez, diputado federal del PRD) cobran una nómina de 3 millones 422 mil 726 pesos.
En el listado destacan familiares y concubinas, amigos, compadres y exesposas. Por ejemplo, Alma, hermana de Alejandro Fernández Ramírez, es la encargada de la Casa del Sordo en la Territorial Obrera-Doctores, y su prima Vanesa Irlanda Infante Ramírez funge como secretaria particular de la jefa delegacional, con un sueldo de 38 mil 603 pesos.
El concuño de Muñoz Soria, Luis Mariano Martínez Valdez, es asesor de participación ciudadana y ecología, con un sueldo de 31 mil 382 pesos; su hija Juana María Muñoz Elías es trabajadora de base y recibe mensualmente alrededor de 8 mil 500 pesos; su hijo Ernesto Canek Muñoz Elías aparece en la “nómina 8”, con un sueldo de 5 mil 491 pesos, y su esposa Verónica Olvera Hernández se desempeñó como directora general de Desarrollo Social, con un sueldo de 48 mil 322 pesos.
Olvera Hernández dejó el puesto el 26 de marzo pasado, cuando la denunciaron públicamente por repartir despensas con fines electorales.
Aldo Giovanni Ramírez Olvera, sobrino de la exdirectora de Desarrollo Social, es jefe de la Unidad Delegacional de Mercados y Plazas Comerciales, con un sueldo de 16 mil 961 pesos. Este funcionario fue protagonista de un escándalo en enero pasado, cuando el diario ‘El Universal’ dio a conocer que contrajo nupcias el 20 de diciembre de 2014 en la Capilla Británica, protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), sin respetar los horarios, además de que repartió bebidas alcohólicas.
Otra sobrina de Muñoz Soria, Karla Anylú Gallardo Soria, trabaja en la subdirección de calificaciones de infracciones, con un sueldo de 31 mil 382 pesos.
Y la jefa de Unidad de Calificación de Giros Mercantiles y Espectáculos, con quien supuestamente mantiene una relación sentimental, está Luz María Robles, con un sueldo de 22 mil 232 pesos.
Según el recuento de la nómina en poder de Apro, Edgar Doroteo García, de Desarrollo Social, tiene a su primo Edwin Arreola Doroteo en la Jefatura de Unidad de Vía Pública, cargo por el que recibe 23 mil 232 pesos mensuales. Su suegra, María Elena Lara Zetina, funge como jefa de Unidad de Almacenes e Inventarios, con un sueldo de 31 mil 382 pesos, y su esposa Rosa Emma Campos Lara labora en la subdirección de Administración Jurídica y de Gobierno, con el mismo sueldo que su madre.
El diputado federal Roberto López, quien formará parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tiene a 18 operadores políticos en Cuauhtémoc, y el exdelegado Agustín Torres metió a trabajar a su exesposa Beatriz Margarita Gómez Sepúlveda como jefa de la Unidad Delegacional de Administración de Cultura, con un sueldo de 23 mil 232 pesos.
El cuñado de Alejandro Fernández, Luis Alfonso González Barriguete, labora en la Dirección Territorial Centro Histórico, con un sueldo de 31 mil 382 pesos.
La libra Agustín Torres
En febrero pasado, el exdelegado y asambleísta Agustín Torres se sumó a la campaña de Ricardo Monreal por Morena, después de una fractura con Izquierda Democrática Nacional (IDN), la corriente liderada por René Bejarano que desde hace 18 años controla esa delegación.
En ese entonces, entrevistado por Apro, Torres comentó: “Yo siento que ha habido una deformación de todos estos principios. Una pérdida de valores. Y cuando empiezo a ver esto, ya se descompuso. Es el poder por el poder y a repartir el cargo a los amigos”.
Luego de criticar la compra de votos internos y la intromisión del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el proceso electoral de junio pasado, Torres lanzó: el PRD “ya se perdió”.
Asimismo, comentó que no quiso ser cómplice del partido y optó por no apoyar a Muñoz Soria en su intento por volver a encabezar a la delegación Cuauhtémoc. Después de eso se salió del PRD.
“Tienen colusión. Hay cofradías. Hay gente involucrada, como jueces, ministerios públicos, judiciales, policías, la anterior AFI, le decían ellos: ‘hay AFI buena y hay AFI mala’. La AFI buena es la que me avisa que va a haber operativo y la AFI mala la que llega y me quita todo porque no hay acuerdo con ellos…”, relató entonces.
Añadió: “La corrupción existe en todas las delegaciones, diría yo que en cualquier órgano de gobierno, pero hay que controlar que esa no se dispare, hay que irles poniendo candados, pero no hay que promover que se haga institucional”.
En aquella ocasión, Torres destacó que el maltrato, acoso laboral, amenazas y corrupción se volvieron parte de la delegación en las seis direcciones territoriales, y también se consideró normal tener “el poder por el poder” y “repartir el cargo entre los amigos”.
“Crean un ambiente de terror muy fuerte. Se presume, aunque no me consta, que consumen drogas. Se presume que se tienen esos malos hábitos. Sólo basta estar un rato con ellos para entender a los de la delegación. Empieza a haber un deterioro de la imagen del jefe delegacional”.
Estos elementos, prosiguió, lo llevaron a una crisis existencial, que superó el 1 de marzo, cuando el PRD le ofreció una candidatura a diputado federal por el distrito 12
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Rosalía Vergara
Este último es actualmente diputado federal y contendió con Monreal por la demarcación.
Un equipo de “sabuesos” al servicio del exgobernador de Zacatecas se dio a la tarea de seguir la huella de la documentación comprometedora y buena parte de ella la encontraron en bolsas de basura, cuyo destino era el tiradero de Iztapalapa.
Según Monreal, días después del triunfo del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la delegación, las autoridades perredistas se deshicieron de toda la documentación oficial que comprometía a los exdelegados Alejandro Fernández y José Luis Muñoz Soria.
No obstante, los “detectives” de su equipo registraron el momento en que inspectores afines a Fernández y Muñoz, así como a la delegada Jimena Martín del Campo Porras, echaban la papelería a los camiones de basura.
Los morenistas recuperaron las bolsas con 58 mil 654 fojas rotas, se dieron a la tarea de juntar cada pedazo y descubrieron que los funcionarios señalados recibían cada mes 6 millones 900 mil pesos por autorizar reglamentos.
No sólo eso, también cobraban 2 millones de pesos a restaurantes, hoteles, casas de citas, estacionamientos, bares, tiendas Oxxo y Seven Eleven, así como a vinaterías, bodegas de telas y papelerías grandes, mientras que del comercio informal, tianguis y vendedores en eventos recibían 700 mil pesos.
Y por cada permiso de giro mercantil por impacto vecinal cobraban 900 mil pesos; para brindar una calificación favorable sin clausura en obras o giros mercantiles, 500 mil pesos; por obras, manifestaciones de construcción y construcciones especiales, 3 millones de pesos; por campañas especiales, sexoservidoras o revendedores de boletos, 100 mil pesos; por la autorización del programa especial o interno de protección civil, 100 mil pesos, y por enseres en vía pública, cine, obras de teatro o espectáculos masivos, 300 mil pesos por temporada.
Según el quipo del exgobernador de Zacatecas, esa información constituye diversos delitos, como ejercicio ilegal del servicio público, robo, robo agravado, abuso de confianza, administración fraudulenta, daño a la propiedad, coalición de servidores públicos, uso ilegal de atribuciones y facultades, y cohecho.
Luego de organizar una a una las 58 mil 654 fojas recuperadas, el equipo de Monreal detalló que 23 de ellas corresponden a “siniestros”, 25 a la Subdirección de Gobierno, 374 a la Procuraduría, 285 a la administración de servicios generales y materiales, 147 a la dirección jurídica, 37 a mantenimiento de vehículos, 42 a Protección Civil, cinco al gobierno federal, una a la policía judicial, 37 a servicios urbanos, mil 310 tienen el rubro “varios”, 232 “territoriales” y 443 a inventario.
A la lista se suman mil 773 minutas de verificación; 3 mil 471 de combustible; 2 mil 69 de reordenamiento en vía pública de objetos retirados; 6 mil 412 de mercados y vía pública; 2 mil 570 de nómina, y 53 de Gobierno del Distrito Federal. Hay otras dos con el rubro “bolsa vía pública”, con 231 mil 983 y 310 mil 363 fojas, y otra de bolsas para la vía pública, retención de mercancías y coordinación de operación, con 15 mil.
Árbol genealógico
De acuerdo con el tabulador mensual de 2007 a 2015, 122 personas afines a los exdelegados Alejandro Fernández y José Luis Muñoz Soria, así como al asambleísta Agustín Torres y sus operadores (Edgar Doroteo García, director general de Desarrollo Social; José Pandal Jiménez, director de Servicios Urbanos, y Roberto López Suárez, diputado federal del PRD) cobran una nómina de 3 millones 422 mil 726 pesos.
En el listado destacan familiares y concubinas, amigos, compadres y exesposas. Por ejemplo, Alma, hermana de Alejandro Fernández Ramírez, es la encargada de la Casa del Sordo en la Territorial Obrera-Doctores, y su prima Vanesa Irlanda Infante Ramírez funge como secretaria particular de la jefa delegacional, con un sueldo de 38 mil 603 pesos.
El concuño de Muñoz Soria, Luis Mariano Martínez Valdez, es asesor de participación ciudadana y ecología, con un sueldo de 31 mil 382 pesos; su hija Juana María Muñoz Elías es trabajadora de base y recibe mensualmente alrededor de 8 mil 500 pesos; su hijo Ernesto Canek Muñoz Elías aparece en la “nómina 8”, con un sueldo de 5 mil 491 pesos, y su esposa Verónica Olvera Hernández se desempeñó como directora general de Desarrollo Social, con un sueldo de 48 mil 322 pesos.
Olvera Hernández dejó el puesto el 26 de marzo pasado, cuando la denunciaron públicamente por repartir despensas con fines electorales.
Aldo Giovanni Ramírez Olvera, sobrino de la exdirectora de Desarrollo Social, es jefe de la Unidad Delegacional de Mercados y Plazas Comerciales, con un sueldo de 16 mil 961 pesos. Este funcionario fue protagonista de un escándalo en enero pasado, cuando el diario ‘El Universal’ dio a conocer que contrajo nupcias el 20 de diciembre de 2014 en la Capilla Británica, protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), sin respetar los horarios, además de que repartió bebidas alcohólicas.
Otra sobrina de Muñoz Soria, Karla Anylú Gallardo Soria, trabaja en la subdirección de calificaciones de infracciones, con un sueldo de 31 mil 382 pesos.
Y la jefa de Unidad de Calificación de Giros Mercantiles y Espectáculos, con quien supuestamente mantiene una relación sentimental, está Luz María Robles, con un sueldo de 22 mil 232 pesos.
Según el recuento de la nómina en poder de Apro, Edgar Doroteo García, de Desarrollo Social, tiene a su primo Edwin Arreola Doroteo en la Jefatura de Unidad de Vía Pública, cargo por el que recibe 23 mil 232 pesos mensuales. Su suegra, María Elena Lara Zetina, funge como jefa de Unidad de Almacenes e Inventarios, con un sueldo de 31 mil 382 pesos, y su esposa Rosa Emma Campos Lara labora en la subdirección de Administración Jurídica y de Gobierno, con el mismo sueldo que su madre.
El diputado federal Roberto López, quien formará parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), tiene a 18 operadores políticos en Cuauhtémoc, y el exdelegado Agustín Torres metió a trabajar a su exesposa Beatriz Margarita Gómez Sepúlveda como jefa de la Unidad Delegacional de Administración de Cultura, con un sueldo de 23 mil 232 pesos.
El cuñado de Alejandro Fernández, Luis Alfonso González Barriguete, labora en la Dirección Territorial Centro Histórico, con un sueldo de 31 mil 382 pesos.
La libra Agustín Torres
En febrero pasado, el exdelegado y asambleísta Agustín Torres se sumó a la campaña de Ricardo Monreal por Morena, después de una fractura con Izquierda Democrática Nacional (IDN), la corriente liderada por René Bejarano que desde hace 18 años controla esa delegación.
En ese entonces, entrevistado por Apro, Torres comentó: “Yo siento que ha habido una deformación de todos estos principios. Una pérdida de valores. Y cuando empiezo a ver esto, ya se descompuso. Es el poder por el poder y a repartir el cargo a los amigos”.
Luego de criticar la compra de votos internos y la intromisión del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el proceso electoral de junio pasado, Torres lanzó: el PRD “ya se perdió”.
Asimismo, comentó que no quiso ser cómplice del partido y optó por no apoyar a Muñoz Soria en su intento por volver a encabezar a la delegación Cuauhtémoc. Después de eso se salió del PRD.
“Tienen colusión. Hay cofradías. Hay gente involucrada, como jueces, ministerios públicos, judiciales, policías, la anterior AFI, le decían ellos: ‘hay AFI buena y hay AFI mala’. La AFI buena es la que me avisa que va a haber operativo y la AFI mala la que llega y me quita todo porque no hay acuerdo con ellos…”, relató entonces.
Añadió: “La corrupción existe en todas las delegaciones, diría yo que en cualquier órgano de gobierno, pero hay que controlar que esa no se dispare, hay que irles poniendo candados, pero no hay que promover que se haga institucional”.
En aquella ocasión, Torres destacó que el maltrato, acoso laboral, amenazas y corrupción se volvieron parte de la delegación en las seis direcciones territoriales, y también se consideró normal tener “el poder por el poder” y “repartir el cargo entre los amigos”.
“Crean un ambiente de terror muy fuerte. Se presume, aunque no me consta, que consumen drogas. Se presume que se tienen esos malos hábitos. Sólo basta estar un rato con ellos para entender a los de la delegación. Empieza a haber un deterioro de la imagen del jefe delegacional”.
Estos elementos, prosiguió, lo llevaron a una crisis existencial, que superó el 1 de marzo, cuando el PRD le ofreció una candidatura a diputado federal por el distrito 12
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