1. El complejo proceso de imposición de Calderón en la silla presidencial lo documentan dos aspectos que evidencian que las acciones para mantener un régimen político que defiende los privilegios de unos cuantos grupos empresariales compromete seriamente el futuro de México como nación libre e independiente capaz de decidir sus propias políticas.
2. El primero es la intervención determinante del gobierno de Vicente Fox en la imposición del fraude para evitar que López Obrador llegara a la Presidencia, implementando operaciones de mapachería electoral hasta el fraude cibernético, y estableciendo compromisos de tráfico de influencias con grupos a los que ahora se les retribuye. Y el segundo es el de los compromisos inconfesables que contrajo Calderón con la administración de Bush para entregar a Estados Unidos aspectos centrales de la soberanía mexicana a cambio del reconocimiento de Washington a su gobierno espurio.
3. Que el fraude electoral lo orquestara el grupo de Los Pinos, encabezado por Fox en colaboración con Carlos Salinas, ha sido bien documentado, y sólo quienes se aferran a sus privilegios se atreven a negarlo. El recordatorio que se hizo en el Senado al ex secretario particular de Fox, el panista Emilio Goicoechea, de que el 26 de enero de 2006 convocó a los dirigentes de la Concanaco a una reunión en Los Pinos para planear cómo evitar que Lopez Obrador fuera electo, es un dato más en el expediente delictivo del foxismo. Fox se ha vanagloriado de ello en actos que no sólo son de estulticia, pues sin proponérselo confirma su proceder criminal, y busca doblegar más a Calderón. Lo hizo así antes de dejar Los Pinos, cuando afirmó que él ganó las elecciones presidenciales de 2000 y de 2006, y lo refrendó el lunes 12, al declarar en el Centro Kennedy de Washington, en una de sus conferencias de paga, que perdió la batalla por lograr el desafuero -y la inhabilitación política de López Obrador-, pero que se desquitó con "el triunfo" de Calderón, con lo que intenta recordar a todos -a Calderón en particular-- que el dudoso "mérito" del operativo fraudulento y de la imposición es suyo, y que el nuevo gobierno debe retribuirlo a él y a sus amigos, cuidando sus intereses.
4. Los compromisos de Calderón con la administración de Bush son más graves, pues suponen más integración con Estados Unidos sobre la base de que territorio nacional y recursos estratégicos mexicanos son claves para la seguridad estadunidense, lo que supone privatizar y entregar Pemex y el sector eléctrico, y mayor control estratégico del país, pactado de nuevo por sus colaboradores en la reunión secreta del 20 de septiembre en Banff, Canadá, y ratificado en la Casa Blanca el 9 de noviembre.
5. Un primer deber de un gobernante es velar por el respeto a las garantías de sus conciudadanos, y la entrega vergonzosa y anticonstitucional que hace Calderón a Washington de ciudadanos mexicanos procesados por delitos contra la salud es una cobardía.
6. La desesperación de Calderón por sentarse en la silla presidencial lo ha llevado a escudarse de manera patética en las fuerzas armadas, buscando otorgarles canonjías y privilegios, disfrazándose de "comandante en jefe", prodigando los actos al lado de militares como ningún otro gobernante en la historia y tratando de crear a los soldados una situación de privilegio, por lo que el 19 de febrero, Día del Ejército, anunciará un incremento de 35 por ciento a tropa y marinería. Esa angustiosa recurrencia al Ejército y su invocación constante a las fuerzas armadas reflejan en lo síquico una mente autoritaria y desequilibrada, y en lo político muestra todos los días su debilidad.
7. Un hato de políticos fascistoides y corruptos no constituye un gobierno, ni un hombre que duerme en Los Pinos se convierte por eso en jefe de Estado. El respaldo de un jefe militar al fraude no cambia esa realidad ni garantiza al gobernante espurio ninguna lealtad a futuro, como documenta la historia, y es el caso del general Guillermo Galván, titular de la Sedena, quien trata de legitimar a Calderón, siguiendo la nefasta práctica del siglo XIX cuando los militares convalidaban al gobernante de facto. Michael C. Meyer refiere en Huerta. A political portrait (University of Nebraska, 1972) cómo los altos oficiales del Ejército avalaron como "legal" la usurpación de 1913, y un año después muchos cambiaron su posición.
8. El Ejército no combate al narco: está sirviendo a Calderón en una operación de distracción y requilibrio de las fuerzas que actúan en el mercado de estupefacientes para proteger a los cárteles que apoyan a Salinas y a Calderón, pues el narcopoder se halla en las estructuras del Estado (de la banca a cuerpos de seguridad) y nada tiene que ver con el narcomenudeo al que pretenden combatir los militares bajo la directriz de la DEA. Los delitos contra la salud sólo puede perseguirlos una policía especializada y no las fuerzas armadas, que están actuando ilegalmente, y como todo mundo sabe ya están penetradas por el narco.
9. El Ejército funge como un garante de la violación a la soberanía nacional por agencias estadunidenses y trasnacionales: tanto de la entrega de recursos estratégicos de México al extranjero como del control de fronteras, aduanas y espacio aéreo y marítimo mexicano por Washington. No es casual que Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, llegara ayer en visita oficial para supervisar las medidas que ha tomado el gobierno mexicano en seguridad, naturalmente la de Estados Unidos.
10. Las finanzas mexicanas las manejan el Banco Mundial y el FMI y el control estratégico del territorio corre a cargo del Comando Norte, el Pentágono, la DEA y la Secretaría de Seguridad Interna. Por ello es urgente evitar que un individuo, por buscar "legitimarse", cometa actos de lesa traición contra el país desde Los Pinos.
Kikka Roja
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