Acabo de escuchar por radio, que Porfirio Muñoz Ledo no estaba enterado de las declaraciones de Carlos Navarrete, le dijo al politico de "alto peso", Desleal.
Muñoz Ledo dijo : "¿Ah si? en que fundamenta su dicho" "yo no tengo pleito con Navarrte" "Carlos es un chico simpático pero si sacan la espada se van a repentir" "AMLO tiene el 80 % de los votos del PRD, Navarrete tiene el 3%, y si quieren sus propias canicas, sus propios diputados y Senadores, es un OPORTUNISMO, porque no les importa que un candidato NO llegue a la presidencia, sólo quieren la parte presupuestal..." "Aquí va a ver muchos trapitos sucios al sol".
¡¡AAAY NANITA!! El Sr. Porfirio, ahorita está en Los Angeles E.U., inaugurando la casa del Distrito Federal en los Angeles, mañana llega, y está muy enojado, esta bronca FAP-CHUCHOS tiene para rato, ...pinches chuchitos no se la van a acabar...
Una de las más refinadas prácticas del antiguo régimen era la construcción de sistemas de consulta entre los actores sociales y políticos que servían como aparato justificativo de decisiones tomadas desde el poder. La democracia de fachada encarnada por el prototípico IEPES, especializado en montar vistosos debates en los que se oía a muchos, se escuchaba a pocos y finalmente no se le hacía caso a ninguno. En la arena legislativa la simulación viene de lejos y en tiempos de dictadura tenía funciones casi sacramentales. Las formalidades legales se cumplían al estilo europeo mientras que las órdenes se transmitían en el modo asiático. De ahí que los libérrimos debates parlamentarios desatados cuando la restauración de la República y la victoria de Madero hayan perturbado tanto a los ideólogos autoritarios y que los congresos constituyentes sean los momentos estelares de nuestra democracia parlamentaria. Cuando saludamos con beneplácito la expedición de la Ley para la Reforma del Estado subrayamos la pertinencia de un procedimiento legislativo de excepción, diseñado para promover la participación de la sociedad y el concurso de los especialistas en un proceso parlamentario transparente, informado y plural. Sobre todo, la privación explícita del derecho de iniciativa al Ejecutivo, cuya legitimidad fue puesta en duda por los propios legisladores en su exposición de motivos. Seis meses han transcurrido desde el inicio de sus labores. Las reuniones de consulta arrojaron varios miles de propuestas y los partidos aportaron más de un millar. El presupuesto ejercido ha sido cuantioso, los seminarios y debates numerosos y las horas de trabajo interminables, en los grupos y subgrupos de trabajo. El único resultado alcanzado hasta ahora, la reforma constitucional en materia electoral, fue sin embargo negociado en violación expresa de los procedimientos establecidos y las modificaciones legales correspondientes están a punto de seguir la misma suerte. El grupo responsable de elaborarlas había sesionado a marchas forzadas en cuatro ocasiones, siempre en espera de textos provenientes de un origen desconocido. Los temas más delicados son las coaliciones electorales, la distribución del tiempo en los medios y los requisitos de elegibilidad de los Consejeros del IFE. Los pendientes: la ampliación del voto de los mexicanos en el extranjero, la equidad de género y precisiones indispensables respecto de los recursos privados en las campañas. Habíamos llegado a conclusiones básicas respecto de los más relevantes y estábamos en espera del capítulo referente a medios. El texto estaba “encorchetado” y las expectativas eran favorables. Súbitamente se convocó a una reunión de la Comisión Ejecutiva conjuntamente con el grupo de trabajo, de invitación selectiva. Ahí se nos hizo saber que nuestra tarea había concluido y por tanto el informe —que no habíamos presentado— sería discutido en instancia superior. Reaccioné bautizando tal marrullería como el apagón legislativo. Añadí que la razón del atropello no era nuestra incapacidad para concretar acuerdos —como se sugirió—, sino que los estábamos logrando al margen del mandarinato. Desde la cúspide quiso silenciarse a quienes no fuésemos “pares” —esto es, legisladores en funciones— en olvido de los derechos y procedimientos marcados por la ley y de que los presidentes de los partidos, algunos ahí presentes, son parte en la negociación, aunque no ocupen un escaño en el Congreso. En recuerdo de una pegajosa melodía pregunté: ¿qué cosas suceden en el apagón? Ocurre que, en contradicción incluso con las posiciones oficiales de sus frentes y partidos, las cúpulas legislativas han decidido imponer en su beneficio una definición estrecha y equívoca de las coaliciones. Se les llama así a lo que son sólo candidaturas comunes y se priva a éstas de prerrogativas de representación y acceso a la propaganda. Se habla de “flexibilizar” las alianzas, cuando en realidad se las restringe. A despecho de repetidas declaraciones en favor del fortalecimiento de las coaliciones como sustento de mayorías estables, se las vulnera sin mirar sus consecuencias sobre el régimen de gobierno que estamos diseñando. Se intenta convertirlas en supermercados para que cada cliente acuda a su propia caja registradora, en desdoro del sentido mismo de una alianza política, de sus equilibrios internos, de las solidaridades y de los proyectos de largo plazo que implica. Es lógico que el PAN haya propuesto la supresión del régimen de coaliciones, que generalmente ha jugado en contra suya y cuando lo utilizó en 2000 fue en términos puramente mercantilistas. Se entiende que el PRI, cuyas recientes alianzas han sido el colmo del pragmatismo, prefiera que sus socios eventuales reciban en pago sólo lo que hayan ganado con el sudor de su frente. Resulta incomprensible que dirigentes parlamentarios del PRD, en contra de plataformas y propuestas partidarias y de compromisos de fondo contraídos en el FAP, se unan a ese propósito, sin explicar a cambio de qué o en provecho de quiénes. Resultaría cuando menos antidemocrático que los tres juntos asestaran un golpe al pluralismo e impidieran de paso las alianzas entre los demás, a los que han dado en menospreciar como chiquillada. Menos explicable aun que se coludieran en el designio de entronizar al frente del IFE al autor de los textos que debatimos, quien ha planteado dos reformas sucesivas que levantarían el impedimento legal para ser elegido. Si fuese cierto que se trata del candidato de Los Pinos, estaríamos en la víspera de un segundo ugaldazo. Los sucesos hacen tambalear el edificio todo de la reforma del Estado, en el que tantos y tantos estamos embarcados de buena fe, impulsando el debate público y haciendo avanzar las genuinas negociaciones. Parece ahondarse así el abismo entre los intereses de unos cuantos grupos y las necesidades del país. Cómo no recordar aquel pasaje de las memorias de Raúl Alfonsín, cuando al reunir la Comisión para la Consolidación de la Democracia se percata que está integrada mayoritariamente por emisarios del pasado. Comenta: “Para construir una democracia se necesitan demócratas y ahí no había casi ninguno”. bitarep@gmail.com Desde fines de los 80 hemos padecido el distanciamiento entre el impulso ciudadano a favor del cambio y la coagulación del estamento político, ahora plural, que tiende a manipularlo en función de sus propios intereses. Así, el desbordamiento inédito de personajes que se inscribieron como candidatos a consejeros del IFE, en contraste con las inercias autoritarias de las cúpulas, que a través del derecho al palomeo pretenden capitalizar las ganancias. He llamado “reclutas electorales” a los 489 compatriotas que se presentaron, entre los cuales sólo 63 mujeres. La expresión connota a quien “libre y voluntariamente se alista como soldado”, en este caso, del combate mayor por la democracia. Es una panoplia representativa de personalidades nacionales, algunas en extremo destacadas y muchas profesionalmente idóneas, aunque no hayan faltado las pinceladas picarescas aportadas por el desempleo. En las antípodas de “el que se mueve no sale en la foto”, la afluencia de aspirantes revela una mutación significativa de nuestra cultura política. El paso al frente, sobre todo en el caso de figuras consagradas, es un riesgo cívico que no debiera frustrarse. Los diputados, que ya eliminaron a 383, han emprendido su tarea con celo y desmontado de paso una candidatura ostensiblemente prefabricada. Queda ahora lo principal: la primacía de la competencia y la imparcialidad sobre la componenda. Sorprende que los legisladores no hayan decidido la sustitución de los nueve consejeros. La densidad de la nómina de elegibles opaca y casi ridiculiza a los sobrevivientes, que sin embargo conservarán la mayoría; lo que sugiere un juego de apariencias por el que se da satisfacción a las galerías mientras se conservan los controles. Nunca ha sido sencilla la designación de los miembros de los órganos electorales, menos en periodos de transición. Cada una de las instituciones constitucionales autónomas obedece a un régimen distinto: en la Universidad corresponde a la propia comunidad representada por la Junta de Gobierno; el director del Banco de México es propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Senado; la Comisión Nacional de Derechos Humanos se integra mediante un procedimiento análogo y sólo el Consejo del IFE surge de un procedimiento parlamentario. Esta fue la única fórmula inicialmente aceptable, aunque en realidad se trataba de una feroz negociación entre la oposición y el gobierno, que disponía de mayoría absoluta en ambas cámaras. El objetivo pactado era garantizar el máximo de autonomía política de los consejeros. En 1989, cuando por primera vez planteé la designación de ciudadanos independientes, se me respondió con la mofa o con el sincero escepticismo de quienes pensaban que ello era imposible en nuestro país. En la emergencia de 1994 convenimos con el titular de Gobernación, Jorge Carpizo, un método de consenso. Afloraron listas de personalidades afines a los partidos o francamente irrelevantes. A los voceros de aquel PRD se nos ocurrió adelantar una relación de ilustres intelectuales a fin de probar la existencia de ciudadanos difícilmente controlables. El secretario respondió —con indignación magisterial—: “¡Esto es la República de las Letras!”. Prosiguió el intenso debate sobre perfiles, hasta obtener resultados memorables. A principios de 1996 volvimos a padecer los embates del “cuotismo”, encabezados por Castillo Peraza, que categóricamente rechazamos. Nuestros sucesores alcanzaron un acuerdo razonable en el que mezclaron simpatías partidarias y competencias profesionales. La selección de 2003 fue el colmo de la patología foxiana. Injerencia descarada de Los Pinos a través de la coordinación parlamentaria del PRI a cambio de una reforma fiscal frustrada y en preparación de una defraudación electoral consumada. El cese de los comisarios más notorios del entuerto sólo tendría sentido si les reemplaza por consejeros probadamente incorruptibles. La convocatoria para la integración del Consejo contempla en su punto octavo que, una vez decantadas las candidaturas, la Junta de Coordinación Política “determinará” —mediante el “más amplio consenso posible”— las propuestas para consejero presidente y consejeros electorales, que enviará al pleno sin alternativa de apelación. Como la junta decide por voto ponderado que refleja el peso relativo de los grupos parlamentarios, la decisión no obedecería al principio de igualdad jurídica entre sus miembros y que el llamado consenso sólo sería el espacio privilegiado de transacción entre tres partidos. Por eso las organizaciones civiles han sugerido un proceso transparente de insaculación de los aspirantes seleccionados que eliminaría las sospechas. Se abre camino también entre los diputados la propuesta de elección en urnas sobre la lista escogida, tras de un debate plenario y bajo el compromiso verificable de libertad de voto. Sería la última oportunidad de salvar la maltrecha credibilidad de la clase política. Dicen en Salamanca que el doctorado no es la prueba del alumno sino la del profesor. Para todos efectos, será el Congreso el que se califique, al prefigurar la legitimidad de las elecciones venideras. bitarep@gmail.com |
Kikka Roja
Entradas
