Editorial
El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, vetó el lunes la llamada Ley de la Familia impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local y aprobada la madrugada del sábado. Entre otras cosas, la polémica normativa define al matrimonio como la “unión del hombre y la mujer”, plantea que la familia es una “institución de carácter natural”, establece la responsabilidad del Estado para defender “el matrimonio tradicional y sus valores” y, para tal efecto, promueve la creación de un instituto estatal de la familia. Al respecto, González Parás argumentó que la ley atenta contra la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo de crear dependencias y entidades de orden administrativo, como el mencionado instituto, el cual además duplicaría las funciones del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia e invadiría distintas atribuciones de las dependencias ya existentes, como las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social. Asimismo, el gobernador subrayó la falta de consenso con respecto a la ley dentro y fuera del Congreso, por lo que consideró imprescindible “que se haga una amplia consulta a la población y no se dejen fuera los derechos de nadie”.
Debe reconocerse la pertinencia del veto del mandatario nuevoleonés a una ley que, por decir lo menos, es excluyente y absurda, y que, como lo ha señalado ya la Cámara de Diputados mediante un extrañamiento emitido al Congreso de Nuevo León, es contraria a las garantías individuales establecidas en la Constitución, al discriminar a las personas que no encajan en los patrones de la familia tradicional, especialmente a las madres solteras. Además, al pretender la inclusión de miembros de asociaciones religiosas en el órgano directivo del instituto citado, se estaría consumando un duro golpe en contra el Estado laico. En tal contexto, lo menos que podía esperarse es que el gobernador de Nuevo León hiciera uso de su facultad constitucional y vetara la normativa.
En las últimas décadas, la sociedad mexicana en su conjunto ha experimentado cambios importantes en materia de ejercicio y defensa de las libertades ciudadanas, situación que ha alcanzado una de sus expresiones más acabadas en la capital del país: el reconocimiento y las exigencias de una ciudadanía plural y tolerante como la capitalina ha sido un factor fundamental para consolidar una modernidad social y legislativa en el Distrito Federal, y adecuar el marco jurídico vigente a una realidad social mediante leyes como la de Sociedades en Convivencia, la despenalización del aborto y la recién aprobada Ley de Voluntad Anticipada. En Nuevo León, sin embargo, pareciera que las decisiones del Congreso estatal no sólo no se ajustan a las condiciones que demandan las sociedades en la actualidad, sobre todo en temas como el ejercicio de la sexualidad y la planificación familiar, sino que buscan imponer visiones retrógradas y contrarias al interés común, como ocurre con la Ley de la Familia.
Por cierto, no resulta extraño –aunque sí lamentable– que el partido en el poder reafirme, con posturas como la que subyace a la normativa referida, su carácter moralista, ultraconservador e intolerante: el mismo talante han revestido, por ejemplo, las desafortunadas declaraciones hechas en agosto pasado por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, en el sentido de que proporcionar anticonceptivos a los jóvenes equivale a que el Estado pague “las chelas y el motel”, y los cavernarios argumentos antiabortistas del PAN capitalino.
En suma, cabe esperar que el veto del gobernador nuevoleonés sea atendido por los legisladores panistas, para que éstos revisen y den marcha atrás con ese engendro legislativo aberrante. La población, por su parte, debiera rechazar cualquier tipo ley que, como la que se comenta, implique un retroceso jurídico y el desconocimiento de la soberanía ciudadana en ámbitos que deben ser estrictamente de la libertad individual, al margen de los poderes externos –seculares o religiosos–, en tanto que no se afecten los derechos de terceros.
Debe reconocerse la pertinencia del veto del mandatario nuevoleonés a una ley que, por decir lo menos, es excluyente y absurda, y que, como lo ha señalado ya la Cámara de Diputados mediante un extrañamiento emitido al Congreso de Nuevo León, es contraria a las garantías individuales establecidas en la Constitución, al discriminar a las personas que no encajan en los patrones de la familia tradicional, especialmente a las madres solteras. Además, al pretender la inclusión de miembros de asociaciones religiosas en el órgano directivo del instituto citado, se estaría consumando un duro golpe en contra el Estado laico. En tal contexto, lo menos que podía esperarse es que el gobernador de Nuevo León hiciera uso de su facultad constitucional y vetara la normativa.
En las últimas décadas, la sociedad mexicana en su conjunto ha experimentado cambios importantes en materia de ejercicio y defensa de las libertades ciudadanas, situación que ha alcanzado una de sus expresiones más acabadas en la capital del país: el reconocimiento y las exigencias de una ciudadanía plural y tolerante como la capitalina ha sido un factor fundamental para consolidar una modernidad social y legislativa en el Distrito Federal, y adecuar el marco jurídico vigente a una realidad social mediante leyes como la de Sociedades en Convivencia, la despenalización del aborto y la recién aprobada Ley de Voluntad Anticipada. En Nuevo León, sin embargo, pareciera que las decisiones del Congreso estatal no sólo no se ajustan a las condiciones que demandan las sociedades en la actualidad, sobre todo en temas como el ejercicio de la sexualidad y la planificación familiar, sino que buscan imponer visiones retrógradas y contrarias al interés común, como ocurre con la Ley de la Familia.
Por cierto, no resulta extraño –aunque sí lamentable– que el partido en el poder reafirme, con posturas como la que subyace a la normativa referida, su carácter moralista, ultraconservador e intolerante: el mismo talante han revestido, por ejemplo, las desafortunadas declaraciones hechas en agosto pasado por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, en el sentido de que proporcionar anticonceptivos a los jóvenes equivale a que el Estado pague “las chelas y el motel”, y los cavernarios argumentos antiabortistas del PAN capitalino.
En suma, cabe esperar que el veto del gobernador nuevoleonés sea atendido por los legisladores panistas, para que éstos revisen y den marcha atrás con ese engendro legislativo aberrante. La población, por su parte, debiera rechazar cualquier tipo ley que, como la que se comenta, implique un retroceso jurídico y el desconocimiento de la soberanía ciudadana en ámbitos que deben ser estrictamente de la libertad individual, al margen de los poderes externos –seculares o religiosos–, en tanto que no se afecten los derechos de terceros.
Kikka Roja
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