josé gil olmos
México, D.F., 16 de abril (apro).- Como en los viejos tiempos del PRI, en los últimos días hemos presenciado una campaña política en los medios acusando de “secuestro” a los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) que tomaron las tribunas del Senado y de la Cámara de Diputados. Alineados, los conductores no han dejado de repetir la consigna y, molestos, alegan que sus espacios están abiertos para todas las opiniones, cuando en realidad es todo lo contrario.
Por definición, el secuestro es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o a grupo de personas durante un tiempo determinado con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político o mediático.
¿Es un secuestro lo que hicieron los legisladores del FAP el pasado jueves? En términos estrictos no se tipifica como un delito, sino más bien se trata de una acción política bien planeada --que puede ser repudiada por muchos-- a la que recurrieron los partidos políticos para detener la mal llamada reforma energética, porque no se trata de cambios para aprovechar todas las fuentes de energía, sino que sólo pretende allanar la entrada de las empresas privadas en la exploración y explotación del petróleo mexicano.
Para muchos, las acciones de los legisladores del PRD, PT y Convergencia son criticables porque significan actos de violencia en el lugar donde, se supone, se debe dialogar para resolver los problemas más apremiantes del país. “Nos da una imagen de país bananero”, alegan la mayoría de los comentarios que se escuchan en los medios.
Pero habría que preguntar si los otros partidos, PAN y PRI, principalmente, han estado a la altura de las circunstancias y han hecho buen uso de su envestidura parlamentaria. O si no han “secuestrado” su papel de representantes ciudadanos solamente para sacar provecho y trabajar para sus propios intereses personales y de grupo. ¿Quién es el secuestrador?, sería la pregunta.
Televisa y Televisión Azteca han ordenado a sus reporteros y a sus conductores de noticias –aunque algunos lo hacen por propia voluntad– a seguir una línea de denostación, antes que de crítica, contra el FAP y principalmente contra Andrés Manuel López Obrador. No los bajan de violentos y de transgredir las leyes.
En radio, los conductores de noticias siguen la misma tónica y, sin medir palabras, han comparado a los perredistas y a López Obrador con burros, perros, gatos y demás animales, incitando precisamente lo que tanto critican: la violencia.
Hay locutores como Oscar Mario Beteta, Joaquín López Dóriga, Leonardo Kurzio, Adela Micha, Pedro Ferriz De Con y Raúl Sánchez Carrillo, entre una larga lista, que en sus espacios informativos han tomado como única bandera exaltar la imagen de violencia de los seguidores de López Obrador y acusar a los legisladores de “secuestrar” los recintos legislativos. En algunos espacios de televisión, antes de llegar a la noticia política, han llegado a presentar hasta cinco noticias de asesinatos, enfrentamientos a balazos y peleas, condicionando a la audiencia.
Los conductores en radio leen decenas de comentarios que les manda la gente, donde también se reiteran los mismos argumentos y la misma línea discursiva, que usan como razones para sostener su verdad. Pero cuando se les llega a colar una llamada donde los critican, de inmediato cortan la comunicación alegando que los están ofendiendo, pues los acusan de parciales y oficialistas.
En contrapartida, López Obrador y sus seguidores, así como los legisladores del FAP, han denunciado la campaña que hay en contra de su movimiento y han exigido el derecho a la réplica.
El sábado pasado, miles de “adelitas”, como les llaman a las mujeres lopezobradoristas, se manifestaron frente a las instalaciones de Televisa exigiendo que tomaran en cuenta sus opiniones y denunciando la campaña que se ha desplegado en contra de su movimiento. Desde hace 20 años no se veía una manifestación de este tipo. Sólo en los tiempos de hegemonía absoluta del PRI hubo tales expresiones masivas en contra de la misma empresa y de su entonces conductor estrella: Jacobo Zabludowsky.
Hoy, la historia parece repetirse. La mayoría de los medios de comunicación y de sus conductores repiten el mismo papel de reproductores del discurso oficial y, más allá de la critica y del rechazo que puede haber en las acciones del FAP y de López Obrador, dejan de lado su responsabilidad de informar y sólo tratan de legitimar al gobierno en turno.
La advertencia del conductor del principal noticiero de Televisa, Joaquín López-Dóriga, hacia López Obrador, de que si le ocurre algo será su responsabilidad, refleja precisamente su falta de responsabilidad al manejar la información de la toma de la tribuna parlamentaria por parte del FAP. La acusación reiterada de que fue un secuestro y denostar la imagen de los seguidores del tabasqueño, parece más una campaña sucia que incita a la violencia y a la polarización, como la que usó el PAN en la campaña de 2006, que una labor informativa.
El derecho a la libre expresión no debe tener cortapisas. Eso no está a discusión. Pero el mismo derecho a expresarse lo tiene quien está detrás del micrófono que el ciudadano de la calle, que es quien, al final, reciente las decisiones que se toman en los recintos del poder.
Por definición, el secuestro es el acto por el que se priva de libertad de forma ilegal a una persona o a grupo de personas durante un tiempo determinado con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de crédito político o mediático.
¿Es un secuestro lo que hicieron los legisladores del FAP el pasado jueves? En términos estrictos no se tipifica como un delito, sino más bien se trata de una acción política bien planeada --que puede ser repudiada por muchos-- a la que recurrieron los partidos políticos para detener la mal llamada reforma energética, porque no se trata de cambios para aprovechar todas las fuentes de energía, sino que sólo pretende allanar la entrada de las empresas privadas en la exploración y explotación del petróleo mexicano.
Para muchos, las acciones de los legisladores del PRD, PT y Convergencia son criticables porque significan actos de violencia en el lugar donde, se supone, se debe dialogar para resolver los problemas más apremiantes del país. “Nos da una imagen de país bananero”, alegan la mayoría de los comentarios que se escuchan en los medios.
Pero habría que preguntar si los otros partidos, PAN y PRI, principalmente, han estado a la altura de las circunstancias y han hecho buen uso de su envestidura parlamentaria. O si no han “secuestrado” su papel de representantes ciudadanos solamente para sacar provecho y trabajar para sus propios intereses personales y de grupo. ¿Quién es el secuestrador?, sería la pregunta.
Televisa y Televisión Azteca han ordenado a sus reporteros y a sus conductores de noticias –aunque algunos lo hacen por propia voluntad– a seguir una línea de denostación, antes que de crítica, contra el FAP y principalmente contra Andrés Manuel López Obrador. No los bajan de violentos y de transgredir las leyes.
En radio, los conductores de noticias siguen la misma tónica y, sin medir palabras, han comparado a los perredistas y a López Obrador con burros, perros, gatos y demás animales, incitando precisamente lo que tanto critican: la violencia.
Hay locutores como Oscar Mario Beteta, Joaquín López Dóriga, Leonardo Kurzio, Adela Micha, Pedro Ferriz De Con y Raúl Sánchez Carrillo, entre una larga lista, que en sus espacios informativos han tomado como única bandera exaltar la imagen de violencia de los seguidores de López Obrador y acusar a los legisladores de “secuestrar” los recintos legislativos. En algunos espacios de televisión, antes de llegar a la noticia política, han llegado a presentar hasta cinco noticias de asesinatos, enfrentamientos a balazos y peleas, condicionando a la audiencia.
Los conductores en radio leen decenas de comentarios que les manda la gente, donde también se reiteran los mismos argumentos y la misma línea discursiva, que usan como razones para sostener su verdad. Pero cuando se les llega a colar una llamada donde los critican, de inmediato cortan la comunicación alegando que los están ofendiendo, pues los acusan de parciales y oficialistas.
En contrapartida, López Obrador y sus seguidores, así como los legisladores del FAP, han denunciado la campaña que hay en contra de su movimiento y han exigido el derecho a la réplica.
El sábado pasado, miles de “adelitas”, como les llaman a las mujeres lopezobradoristas, se manifestaron frente a las instalaciones de Televisa exigiendo que tomaran en cuenta sus opiniones y denunciando la campaña que se ha desplegado en contra de su movimiento. Desde hace 20 años no se veía una manifestación de este tipo. Sólo en los tiempos de hegemonía absoluta del PRI hubo tales expresiones masivas en contra de la misma empresa y de su entonces conductor estrella: Jacobo Zabludowsky.
Hoy, la historia parece repetirse. La mayoría de los medios de comunicación y de sus conductores repiten el mismo papel de reproductores del discurso oficial y, más allá de la critica y del rechazo que puede haber en las acciones del FAP y de López Obrador, dejan de lado su responsabilidad de informar y sólo tratan de legitimar al gobierno en turno.
La advertencia del conductor del principal noticiero de Televisa, Joaquín López-Dóriga, hacia López Obrador, de que si le ocurre algo será su responsabilidad, refleja precisamente su falta de responsabilidad al manejar la información de la toma de la tribuna parlamentaria por parte del FAP. La acusación reiterada de que fue un secuestro y denostar la imagen de los seguidores del tabasqueño, parece más una campaña sucia que incita a la violencia y a la polarización, como la que usó el PAN en la campaña de 2006, que una labor informativa.
El derecho a la libre expresión no debe tener cortapisas. Eso no está a discusión. Pero el mismo derecho a expresarse lo tiene quien está detrás del micrófono que el ciudadano de la calle, que es quien, al final, reciente las decisiones que se toman en los recintos del poder.
Kikka Roja
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