Las diferencias entre los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República mantienen al gobierno (espurio) de Felipe Calderón prácticamente sumido en la incredulidad y sin una estrategia eficaz en su lucha contra el Crimen Organizado. En los casi dos años de administración calderonista, las filtraciones de información, la presunta protección a narcotraficantes, las pugnas de poder y los vicios en ambas dependencias se han exacerbado, lo que impide que la cruzada contra los cárteles de la droga sea exitosa. Aunado a ello en los últimos días aparecieron narcomantas en varios estados en las que el titular de la SSP, Genaro García Luna, y varios agentes de esa dependencia son señalados como protectores del Cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín Guzmán Loera El Chapo.
A raíz de la captura de Jesús Zambada García, El Rey, su hijo Jesús Zambada y otros miembros del Cártel de Sinaloa, dos de los colaboradores de García Luna: Víctor Gerardo Garay Cadena y Luis Cárdenas Palominos, comisionado interno de la PFP y coordinador de inteligencia de la SSP, respectivamente, fueron interrogados por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por la presunta protección a los sicarios de esa organización. El 30 de octubre, tres días después del interrogatorio, cuando todo parecía indicar que ambos serían arraigados, García Luna ejerció “fuertes presiones” ante la PGR para que los liberaran, aseguró una fuente interna de esta última dependencia. Así mismo, policías federales, particularmente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), acusan a García Luna de estar coludido con el cártel de Sinaloa desde el sexenio pasado, cuando fungía como director de la AFI.
Y por esas mismas causas –la protección a los sicarios del Cártel de Sinaloa y los mensajes de las narcomantas– también fueron citados a declarar a la SIEDO cerca de 70 agentes federales, en particular elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la PFP que operan bajo las órdenes de Garay Cadena.
El comisario Javier Herrera Valle, excomisionado de la PFP y quien recientemente fue despedido de la SSP, asegura que García Luna se ha convertido en un funcionario intocable, a pesar de su negro historial y los señalamientos que lo vinculan con la protección al narcotráfico. “García Luna, al menos eso me mandó decir Juan de Dios Castro Lozano (subprocurador de derechos humanos de la PGR) es el funcionario consentido del presidente Calderón. Creo que por eso no se le toca”, dice Herrera Valle.
–¿Usted cree que García Luna es el hombre consentido del gabinete o existen complicidades oscuras que lo unen con el presidente? –Ya no sé que pensar ni qué decir. No he recibido respuesta de mis cartas, en las que denuncio la corrupción. Pero no tengo duda de que García Luna es intocable y esto es muy peligroso para el país.
Inamovible
Los señalamientos de que García Luna está presuntamente coludido con el cártel de Sinaloa no son nuevos. Según datos de la PGR, las presuntas relaciones de este personaje con el narco datan de 2005 y él ni siquiera ha sido investigado por ello. La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, integrada contra la célula de los hermanos Beltrán Leyva –cuando mantenían una sólida sociedad con el cártel de Sinaloa y controlaban el estado de Guerrero–, contiene revelaciones que implican al titular de la SSP en la presunta protección de este grupo criminal. Se trata de transcripciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos enviados por personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo –en 2005 había una fuerte pugna entre Los Zetas y los Beltrán Leyva por el control de Acapulco y Zihuatanejo, dos plazas boyantes del narco– en los que denunciaron que García Luna recibía pagos millonarios de los Beltrán Leyva. Al igual que otros mensajes, un telefonema recibido el 15 de mayo de 2005 en la PGR pasó a formar parte de una constancia ministerial. El reporte dice: En el micro 0696 que corresponde a las oficinas de la visitaduría general, en el período de guardia nocturna, se recibió el teléfono 5228618399 llamado anónimo de una persona que se dijo integrante del cártel del Golfo, para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación (en el 2005 García Luna fungía como director de la AFI) de las plazas de Acapulco y de Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, catorce de mayo en la tarde detuvieron a cinco zetas, (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y les trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.
En otro reporte, por el cual García Luna tampoco fue molestado y mucho menos investigado, registrado en la averiguación referida, contiene un dato contundente: que el actual secretario de Seguridad Pública recibía dinero del Cártel de Sinaloa: De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González (el mismo a quien Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, le entregó un millón de dólares para que le brindara protección a él y a su jefe Arturo Beltrán Leyva), mismo que se encuentra prófugo de la justicia en el vecino país de Belice. El mensaje, presuntamente enviado por personal del cártel del Golfo a la PGR, termina con una advertencia: Esperamos su actuación a esta acción reprobable lo antes posible y exigimos pongan a disposición a nuestros cinco compañeros y en libertad a sus familiares o de lo contrario dejaremos caer todo el rigor y coraje sobre esos narcopolicías. Si no hay reacción, en cinco días difundiremos toda esta información a todos los medios de comunicación y dos días después recibirán nuestro mensaje particular contra aquellos bandidos o narcopolicías.
Además de los mensajes que ha recibido Calderón sobre la descomposición interna en la SSP y la corrupción (tráfico de plazas, “dobleteo” de viáticos y colusión de policías y altos mandos de la PFP con el narco), García Luna sigue inamovible en su cargo y su posición ahora parece reforzarse con la reaparición de Jorge Tello Peón –su mentor–, quien fungió como subsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Ernesto Zedillo y desapareció de la escena pública poco después de la fuga de El Chapo Guzmán en enero del 2001. Los señalamientos de que García Luna sirve a los intereses del narco han surgido por varias vías, pero de nada han servido pues él sigue en el cargo, a pesar de todo. El 1 de agosto del 2007, por ejemplo, el procurador Eduardo Medina Mora recibió una carta, firmada por un testigo protegido –cuyo nombre y clave se omiten por temor a represalias–, la cual se refiere a la relación que mantuvo García Luna como director de la AFI con Alberto Pliego Fuentes (ya fallecido), quien presuntamente estaba ligado al negocio de la efedrina. De acuerdo con una fuente consultada, Pliego Fuentes, a quien entre otras capturas se le atribuyó la de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, tenía relación con el cártel de los hermanos Amezcua Contreras, conocidos como pioneros en la producción y tráfico de drogas sintéticas y, a través de sus relaciones con altos mandos de la AFI, obtenían la sustancia química, que es la base de las llamadas drogas de diseño.
Recientemente estalló la crisis al interior de la SSP, cuando cientos de agentes federales tanto de la AFI como de la PFP endurecieron sus posiciones y se lanzaron a la calle a protestar contra García Luna por sus yerros en la lucha contra el narcotráfico. Los inconformes exigieron limpieza en la institución, retiro de “mandos corruptos” y frenar el proyecto de unificar a la AFI y a la PFP bajo un mando único, lo que a su juicio significa “darle más poder a García Luna para servir a intereses dudosos”. El 20 de octubre último, de nueva cuenta se puso en evidencia la presunta protección que mandos de la AFI y de la PFP ofrecen al cártel de Sinaloa, en particular a Ismael Zambada García El Mayo, así como a sus familiares. Ese día se desató una balacera en las inmediaciones de la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, donde familiares de El Mayo Zambada, entre ellos su hermano Jesús Zambada, habían rentado una casa. Durante el enfrentamiento, derivado de una supuesta denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la presencia de los capos, aparecieron cuatro agentes federales que repelieron el fuego en defensa de los presuntos narcotraficantes del cártel del Pacífico. Según información de la PGR, uno de los agentes que brindó apoyo a los Zambada es Ulises Rodríguez Rodríguez, quien fue presentado como exintegrante de la desaparecida Policía Judicial Federal. De acuerdo con datos consultados en la SSP, este personaje en realidad se llama Marco Antonio Valadez Rico, un elemento activo de la PFP adscrito a la Dirección General de Aeropuertos y Fronteras, bajo las órdenes de Oscar Moreno Villatoro.
Los otros tres policías, que también operaban en el círculo cercano de García Luna, son: Carlos Gerardo Castillo Ramírez, adscrito al área de Despliegue Regional de la AFI, José Guillermo Báez Figueroa, quien trabajaba en la Coordinación de Despliegue Regional de la PFP, y Francisco Montaño Ochoa, agente ministerial del Estado de México, territorio que hoy se disputan Los Zetas, La Familia y el cártel de Sinaloa.
Promesas incumplidas
En la PGR la situación es aun más crítica. En varias décadas son pocos los procuradores que no han resultado “salpicados” por la corrupción o por sus nexos con el crimen organizado. Los últimos dos de los antecesores de Medina Mora: Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca se comprometieron a depurar a la PGR con discursos triunfalistas. Ambos fracasaron. El primero se vio inmerso en varios escándalos, entre ellos se le señaló como protector de Los Zetas, según la averiguación previa PGR/GRO/ACAAMA/413/2005–; el segundo, quien despachó en la PGR durante los últimos 20 meses del gobierno de Vicente Fox, reconoció su fracaso, incluso declaró que sus agentes estuvieron a punto de capturar al Chapo Guzmán, pero éste logró escapar, dijo antes de abandonar su cargo. Medina Mora, al ser ratificado por el Senado en diciembre de 2006, declaró: “El compromiso de la PGR es recuperar los espacios perdidos que la delincuencia nos ha arrebatado. Los mexicanos pueden tener la certeza de que viven en un país de leyes, con pleno respeto a los derechos humanos, con efectividad y transparencia en la aplicación de la justicia”. Y agregó: “La gran responsabilidad de la institución es evitar el temor y promover la confianza de los mexicanos en las instituciones encargadas de procurar justicia…
Casi dos años después de aquel discurso, en el que también se comprometió a sanear a la PGR, Medina Mora ahora enfrenta uno de los conflictos más graves: la infiltración del narcotráfico en la SIEDO, la subprocuraduría más importante en las investigaciones contra el crimen organizado. Según información de la misma procuraduría, la célula de los hermanos Beltrán Leyva logró tejer una amplia red de informantes –secretarias, agentes del Ministerio Público, fiscales, policías– que les informaban con antelación sobre los operativos realizados en contra de su organización. Entre los informantes figuran poco más de una treintena de agentes del Ministerio Público que aportaban información a los hermanos Beltrán Leyva, así como datos confidenciales de expedientes en curso de investigación. A cambio de esos favores, recibían gratificaciones mensuales de entre 350 mil y 400 mil dólares. De entre las piezas más importantes que desde la SIEDO servían a los hermanos Beltrán Leyva destacan: Miguel Colorado y Fernando Rivera, quienes hacía mancuerna con Antonio Mejía y Jorge Alberto Zavala. Hoy los cuatro están presos en el penal de Puente Grande, Jalisco, en tanto que Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, agente de la AFI adscrito a la SIEDO, y José Antonio Cueto López, exagente de la extinta Policía Judicial Federal y presunto enlace entre los Beltrán Leyva y altos funcionarios de la SIEDO, están prófugos.
Al estallar el conflicto en la SIEDO, que puso en entredicho el trabajo de saneamiento prometido por Medina Mora hace dos años, éste intentó justificarse al declarar que se dio un relajamiento del control del personal y de la custodia de los datos contenidos en expedientes de la subprocuraduría. Y añadió: “No se habían venido practicando mecanismos de reclutamiento y selección con la regularidad que marca la normatividad y, además, no se hacían, quizá, con el rigor y con la profundidad que se requiere. No es la primera vez que piezas del cártel de Sinaloa se infiltran en la estructura del poder. El escándalo en la SIEDO es similar al que se dio durante el gobierno de Vicente Fox, cuando los Beltrán Leyva “engancharon” al jefe de giras presidenciales, Nahúm Acosta, quien mantenía una estrecha relación con Arturo Beltrán. Ese vínculo fue descubierto por elementos de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), así como por grabaciones que fueron entregadas a la SIEDO en la que se le recomendaba investigar “lo que ocurría en la casa número uno de México”.
Poco antes de que se descubriera la infiltración de los narcos en Los Pinos, en octubre de 2001 los miembros emblemáticos del cártel de Juárez –Vicente Carrillo, Ismael El Mayo Zambada, Javier Torres Félix, El JT, Arturo González Hernández, El Chaky, entre otros– crearon una red de informantes en la PGR y en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre los informantes había militares y fiscales. Uno de los jefes del grupo era Francisco Tornez Castro o Víctor Manuel Llamas Escobar, conocido como El capitán Tornez, responsable de la recopilación y procesamiento de información sustantiva, generada por las células infiltradas en varias dependencias federales, que luego era entregada a los cárteles de Juárez y de Sinaloa. Las operaciones de entonces son similares a las que recién se descubrieron en la SIEDO.
Las legisladoras de todos los partidos preparan una rebelión en el interior del Senado de la República, porque están inconformes por la forma en que sus compañeros legisladores desechan las propuestas del área femenina de Xicoténcatl y las excluyen de las discusiones nacionales más importantes, como las reforma de justicia.En entrevista, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Blanca Judith Díaz, explicó que la exclusión de las mujeres en el Senado pasa, por ejemplo, por la Junta de Coordinación Política, donde no existe un solo espacio para las mujeres. La rebelión femenina en el Senado se gestó porque el jueves pasado diversas comisiones encabezadas por hombres decidieron desechar varias iniciativas en materia electoral, entre ellas una referente a la obligación de que las candidaturas de mujeres al Senado y a la Cámara de Diputados sean acompañadas por mujeres suplentes, con el argumento de que el punto estaba satisfecho en las nuevas leyes electorales.
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