Horizonte político
José A. Crespo
Alto voltaje
Horizonte político
El conflicto en torno a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y su sindicato se llevará en varios frentes; el político, desde luego, expresado en movilizaciones, marchas y plantones. El discursivo, donde se esgrimen razones y alegatos a favor de cada una de las posturas en pugna. Y la jurídica, donde se señala si la decisión del gobierno de extinguirla, así como la forma en que se ha llevado a cabo, se apegan o no a la ley. Hay varias reflexiones al respecto.
1) Por un lado, el aspecto jurídico. Quienes en principio hemos expresado nuestro acuerdo con la extinción de LyFC por razones de racionalidad administrativa, no tendríamos por qué aceptar que se hiciera por encima de la ley. Como bien se ha dicho, no puede construirse un Estado de derecho violando el derecho. Pero bien sabemos que en los litigios cada parte tiende a interpretar la ley conforme a sus intereses o convicciones (más frecuentemente, lo primero, que lo segundo). Muchos juristas, por ejemplo, han señalado que la decisión de liquidar LyFC es anticonstitucional, porque, entre otras razones, dicha decisión debía tomarse previo acuerdo del Congreso. Se acusa la violación de los artículos 73 y el 131. El 73 establece las facultades del Congreso, entre las cuales está legislar sobre temas diversos, incluyendo energía y administración pública. Pero no dice que sean facultades exclusivas, las cuales están más bien señaladas en el artículo 74 (de la Cámara de Diputados) que nada dice sobre la extinción de empresas públicas. El artículo 131 faculta al Congreso a aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, crear otras, restringir y prohibir importaciones o exportaciones de ciertos artículos, cuando lo estime urgente. Nada sobre la liquidación de una empresa pública.
2) Por su parte, el coordinador de la diputación priista, Francisco Rojas (de innegable filiación salinista), se manifiesta contra la extinción de LyFC porque los gobiernos difirieron la inversión pública a la empresa. ¿Un salinista en defensa del SME? ¿Por qué no?, si ese sindicato respaldó en 1988 a Salinas de Gortari, no a Cuauhtémoc Cárdenas. Señala Rojas, sin embargo, que esa decisión “es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo federal por lo que éste debe asumir las consecuencias políticas, económicas y sociales de su determinación”, (11/Oct/09). No considera pues que el Congreso deba o pueda tomar esa determinación.
3) Se ha señalado también que se violaron diversas normas en materia laboral, y también al tomar las instalaciones de LyFC antes de ser publicado el decreto de extinción. La polémica llegará sin duda a diversas instancias judiciales. Habrá que ver qué determinan lo jueces, y cómo argumentan sus fallos.
4) En materia administrativa, Cuauhtémoc Cárdenas escribió que desde que se determinó por primera vez la liquidación de LyFC hace 35 años, hubo tiempo “más que suficiente para que el gobierno… hubiera hecho de LyFC un ente productivo, eficiente, modernizado… y unificado en un solo organismo la prestación del servicio público (La jornada, 12/Oct/09). En efecto, así es. Pero, que no lo hayan hecho, ¿es razón suficiente para que el gobierno actual (o alguno futuro) no hiciera algo al respecto? Se dice que debió buscarse un saneamiento de la empresa junto con el sindicato, no por encima de él. Hubiera sido lo más razonable, sin duda. Pero, ¿hubiera aceptado el sindicato, por ejemplo, recortar las miles de plazas que exceden las necesidades de operación, o renunciar a varias de las prebendas contenidas en su contrato colectivo, sin lo cual difícilmente se hubiera podido sanear la empresa?
5) Se ha alegado también, con razón, que no conviene dejar sin empleo a miles de trabajadores, menos en plena crisis. Es lo malo de crear más plazas de las estrictamente necesarias, característica típica de los monopolios públicos, como también ocurre con Pemex. Los nuevos empleos deben poder financiarse con recursos sanos. Y, desde luego, hubiera sido mejor tomar la extinción de LyFC en época de vacas gordas —como lo fue el sexenio de Vicente Fox— para facilitar a los despedidos encontrar un nuevo empleo. Lástima que en México las decisiones no se tomen en el momento más adecuado, sino hasta que se tiene el agua hasta el cuello. Pero me parece peor que tales decisiones jamás se tomen. Debe crecer y fortalecerse la exigencia social de que otras decisiones en torno a otras empresas quebradas y otros grupos privilegiados, sean igualmente tomadas.
Mejor tarde que nunca.
Bien sabemos que en los litigios cada parte tiende a interpretar la ley conforme a sus intereseso convicciones.
1) Por un lado, el aspecto jurídico. Quienes en principio hemos expresado nuestro acuerdo con la extinción de LyFC por razones de racionalidad administrativa, no tendríamos por qué aceptar que se hiciera por encima de la ley. Como bien se ha dicho, no puede construirse un Estado de derecho violando el derecho. Pero bien sabemos que en los litigios cada parte tiende a interpretar la ley conforme a sus intereses o convicciones (más frecuentemente, lo primero, que lo segundo). Muchos juristas, por ejemplo, han señalado que la decisión de liquidar LyFC es anticonstitucional, porque, entre otras razones, dicha decisión debía tomarse previo acuerdo del Congreso. Se acusa la violación de los artículos 73 y el 131. El 73 establece las facultades del Congreso, entre las cuales está legislar sobre temas diversos, incluyendo energía y administración pública. Pero no dice que sean facultades exclusivas, las cuales están más bien señaladas en el artículo 74 (de la Cámara de Diputados) que nada dice sobre la extinción de empresas públicas. El artículo 131 faculta al Congreso a aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, crear otras, restringir y prohibir importaciones o exportaciones de ciertos artículos, cuando lo estime urgente. Nada sobre la liquidación de una empresa pública.
2) Por su parte, el coordinador de la diputación priista, Francisco Rojas (de innegable filiación salinista), se manifiesta contra la extinción de LyFC porque los gobiernos difirieron la inversión pública a la empresa. ¿Un salinista en defensa del SME? ¿Por qué no?, si ese sindicato respaldó en 1988 a Salinas de Gortari, no a Cuauhtémoc Cárdenas. Señala Rojas, sin embargo, que esa decisión “es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo federal por lo que éste debe asumir las consecuencias políticas, económicas y sociales de su determinación”, (11/Oct/09). No considera pues que el Congreso deba o pueda tomar esa determinación.
3) Se ha señalado también que se violaron diversas normas en materia laboral, y también al tomar las instalaciones de LyFC antes de ser publicado el decreto de extinción. La polémica llegará sin duda a diversas instancias judiciales. Habrá que ver qué determinan lo jueces, y cómo argumentan sus fallos.
4) En materia administrativa, Cuauhtémoc Cárdenas escribió que desde que se determinó por primera vez la liquidación de LyFC hace 35 años, hubo tiempo “más que suficiente para que el gobierno… hubiera hecho de LyFC un ente productivo, eficiente, modernizado… y unificado en un solo organismo la prestación del servicio público (La jornada, 12/Oct/09). En efecto, así es. Pero, que no lo hayan hecho, ¿es razón suficiente para que el gobierno actual (o alguno futuro) no hiciera algo al respecto? Se dice que debió buscarse un saneamiento de la empresa junto con el sindicato, no por encima de él. Hubiera sido lo más razonable, sin duda. Pero, ¿hubiera aceptado el sindicato, por ejemplo, recortar las miles de plazas que exceden las necesidades de operación, o renunciar a varias de las prebendas contenidas en su contrato colectivo, sin lo cual difícilmente se hubiera podido sanear la empresa?
5) Se ha alegado también, con razón, que no conviene dejar sin empleo a miles de trabajadores, menos en plena crisis. Es lo malo de crear más plazas de las estrictamente necesarias, característica típica de los monopolios públicos, como también ocurre con Pemex. Los nuevos empleos deben poder financiarse con recursos sanos. Y, desde luego, hubiera sido mejor tomar la extinción de LyFC en época de vacas gordas —como lo fue el sexenio de Vicente Fox— para facilitar a los despedidos encontrar un nuevo empleo. Lástima que en México las decisiones no se tomen en el momento más adecuado, sino hasta que se tiene el agua hasta el cuello. Pero me parece peor que tales decisiones jamás se tomen. Debe crecer y fortalecerse la exigencia social de que otras decisiones en torno a otras empresas quebradas y otros grupos privilegiados, sean igualmente tomadas.
Mejor tarde que nunca.
Bien sabemos que en los litigios cada parte tiende a interpretar la ley conforme a sus intereseso convicciones.
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