Al presentar ayer los resultados de un estudio sobre telecomunicaciones elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome, dio a conocer un decálogo de medidas con las que el gobierno federal pretende impulsar una competencia más equitativa en el sector. Entre las acciones destacan abrir al ciento por ciento la inversión extranjera en telecomunicaciones; la entrega, previo pago de contraprestaciones, de más de 6 mil inmuebles del gobierno federal para instalar equipo, como torres y antenas, a efecto de reducir barreras para la entrada de nuevos operadores, y la colocación en el mercado de un nuevo par de hilos de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.
Resulta difícil no estar de acuerdo con el planteamiento formulado por el funcionario federal de que el país necesita de un sector de telecomunicaciones más competitivo, convergente y dinámico, y es innegable que el gobierno debe adoptar las acciones necesarias para lograr ese propósito, deseable tanto por las ventajas que la competencia abierta conlleva para usuarios y clientes de servicios en general, pero también por la evidente necesidad de erradicar monopolios, duopolios y dominancias en este ramo que constituyen un lastre y un obstáculo para el desarrollo de la democracia en el país.
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