Se divide la Tremenda corte

El reducido tiempo para calificar los comicios complica aún más el panorama
Divide a la Corte la solicitud de que investigue presunta violación del voto

JESUS ARANDA

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se conformaron dos bloques en torno a la postura que debe asumir el máximo tribunal respecto a la solicitud de que los ministros investiguen la presunta violación grave al voto público en las pasadas elecciones presidenciales: por un lado, hay al menos cuatro ministros que consideran que se debe definir una postura en sesión del pleno, en tanto Sergio Salvador Aguirre Anguiano se sumó al planteamiento del ministro presidente, Mariano Azuela, de que la petición es "notoriamente improcedente". Asimismo, trascendió que Margarita Beatriz Luna Ramos planteó a sus compañeros de la segunda sala, en sesión privada, la necesidad de que sea el pleno el que dictamine el recurso de reclamación que fue presentado en contra de la decisión de Azuela de no admitir siquiera la demanda de que los ministros ejerzan su facultad de investigación, y no que sea esa instancia -como estableció inicialmente el ministro presidente- la que dictamine el recurso de reclamación 235/2006 PL. Ayer, el ministro Juan Díaz Romero envío su respuesta a los representantes de los 16 mil 806 ciudadanos, agrupados en el Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación -quienes solicitaron al máximo tribunal su intervención "ante el riesgo de que se violente la paz social en México, debido a la incertidumbre generada por la violencia al voto público"-, en la que, al igual que José Ramón Cossío, precisa que no puede emitir una opinión sobre la petición, porque fijará su postura cuando se revise el recurso de reclamación referido. En este contexto, trascendió en la Corte que aun cuando los ministros Olga Sánchez Cordero y Genaro David Góngora Pimentel no han formalizado su opinión mediante un escrito de respuesta a los peticionarios -en cumplimiento al artículo octavo constitucional, que obliga a los funcionarios públicos a responder al derecho de petición que se les haga por escrito-, ambos son de la opinión de que lo mejor es que el asunto sea tratado por el pleno y que ahí se resuelva si el máximo tribunal ejerce de oficio la facultad prevista en el artículo 97 constitucional. En otro orden, representantes de los 16 mil 806 firmantes emitieron un comunicado en el que señalan que ya cumplieron con solicitar a la SCJN que investigue, "faltaría ver ahora, si la Corte y sus ministros recogen con sensibilidad esta solicitud, que no busca otra cosa que la preservación de la paz social y la garantía de nuestro máximo tribunal para velar por el estado de derecho". Y agregan: lo que sí es "notoriamente procedente para todos los mexicanos es la búsqueda incesante de alternativas para garantizar nuestra democracia y hacer valer sus principios básicos", como establece la Constitución. Por otra parte, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano entregó a sus compañeros un escrito en el que señala que la Corte no puede acceder a la petición planteada, además de que descarta totalmente la posibilidad de que se ordene una suspensión con el propósito de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no califique los comicios presidenciales hasta que la SCJN adopte una decisión. Lo anterior porque uno de los argumentos de la reciente petición de investigación que recibieron los ministros -de las ocho que se formularon sobre el mismo tema- plantea que la Corte ordene al tribunal electoral que no califique los comicios hasta que los ministros resuelvan. En todo caso, confiaron fuentes judiciales, resulta que está en manos de la ministra Margarita Luna Ramos el destino del recurso de reclamación y de que la Corte defina una postura antes de que el TEPJF dictamine. Esto se debe a que en ningún artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se establece plazo alguno para que un ministro presente su proyecto de dictamen sobre una reclamación, y ante lo justo de los tiempos -el tribunal electoral debe calificar la elección presidencial a más tardar el próximo 6 de septiembre- podría suceder que para cuando el pleno aborde el tema ya sea demasiado tarde y finalmente la petición sea desechada por extemporánea, sin discusión alguna. El problema, explicaron, es que el ministro Azuela envió el citado recurso de reclamación a la segunda sala, bajo la ponencia de Luna Ramos, y necesariamente debe seguirse un trámite para enviar el caso al pleno, ya sea en sesión privada o pública, lo que consumirá más tiempo en esta carrera contra el reloj.

Censura jurista la "necedad" de Mariano Azuela
ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La "necedad" del ministro Mariano Azuela Güitrón de impedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indague el presunto fraude electoral del pasado 2 de julio demuestra el "profundo desprecio" del juzgador hacia la legislación en la materia y pone en evidencia la "falta de voluntad política" de su lado para llevar a cabo una investigación "delicada e importante" para la coyuntura política del país, consideró Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México. En entrevista telefónica, el especialista en derecho constitucional refirió que con su continuo rechazo Azuela "evita encarar una responsabilidad" del máximo tribunal del país, que "en estos difíciles momentos normaría el criterio de la clase política mexicana, sobre todo el de la derecha". Para el litigante, la Corte "tiene facultad para investigar casos de violación a las garantías individuales, o como en este caso, violaciones al voto público. Esto lo plantea el artículo 97 constitucional". Asimismo, refirió que es incorrecta la posición del ministro Azuela, que rechazó dar entrada a una petición ciudadana para que la Corte indague el supuesto fraude cometido en perjuicio del candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador. "Es falso que la facultad de investigación de la Corte derive de ordenamientos del siglo pasado", indicó Miranda Esquivel en referencia a las declaraciones públicas del ministro presidente de la SCJN, quien la semana pasada dijo que el artículo 97 es "anacrónico" y "fue redactado con los pies". El presidente de la Unión de Juristas de México precisó que "la reforma al artículo 97 se hizo a finales de 1977, una época importante en la vida nacional, después de las matanzas de 1968 y 1971, cuando la ciudadanía demandó elecciones libres y democráticas. Desde entonces se reforma el texto constitucional y se plantea la facultad de la Corte para practicar de oficio la investigación de hechos que constituyen violaciones a los procesos electorales".

Luis Javier Garrido

El fallo

La decisión final que asuma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre las elecciones presidenciales de 2006 puede llevar a una ruptura del orden constitucional si se confirman los indicios sobre el tejemaneje de los magistrados.

1 . El tribunal tiene aún tres posibilidades: a) reconocer el legítimo triunfo de Andrés Manuel López Obrador, anulando la votación fraudulenta de Calderón en algunas de las miles de casillas en que el recuento parcial evidenció el fraude o en entidades donde se evidencia que el fraude fue un operativo del gobierno estatal coludido con el federal, como Guanajuato, Jalisco, Sonora o Nuevo León, o bien haciendo el conteo "voto por voto y casilla por casilla" o investigando las alteraciones al recuento consecuencia del fraude cibernético; y b) puede anular todo el proceso con base en la causal de "nulidad abstracta". Por eso preocupa que los magistrados, lejos de cumplir con su obligación, aparezcan sometidos a El Yunque y a la ultraderecha y pretendan c) avalar la imposición ilegal de Calderón.

2. Las causales de la nulidad de la votación a favor de Calderón son múltiples, todas evidentes y se dieron antes, durante y después del 2 de julio invocar una sola basta para dejar al abanderado panista fuera de la contienda por delincuencia electoral: la intervención continua e ilegal de Fox a su favor, la utilización sistemática de recursos públicos para su campaña, el descomunal financiamiento ilegal, la utilización de programas sociales de gobierno para comprar votos, la campaña sucia de los medios contra López Obrador, la manipulación de la votación el día de la jornada electoral (introduciendo ilegalmente en las urnas votos para Calderón y destruyendo los favorables a López Obrador) en un operativo generalizado, la falsificación de actas de escrutinio, la apertura y manipulación de los paquetes electorales y la tergiversación de las cifras. A ello se agrega que el IFE, lejos de actuar con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad fue cómplice de Fox en la imposición

3. El nuevo escándalo que generó Fox hace unos días constituye una nueva razón para anular las elecciones. Ha sido causal de anulación la multimillonaria campaña mediática oficial que busca imponer al pueblo y a los magistrados luego del 2 de julio la creencia de que Calderón ganó, y sobre todo la directa injerencia de Los Pinos para dictar al tribunal electoral el resultado de su fallo; pero Fox ha ido mucho más lejos y su admonición amenazadora postulando que Calderón es el "claro ganador" (22 de agosto) constituye en México, como en cualquier legislación del mundo, causal para anular la votación del candidato oficial, pues se entiende como intervención ilegal del titular del Ejecutivo tendiente a doblegar al Judicial, que por ese hecho ya no podría fallar con objetividad y plena imparcialidad.

4. Los actos delictivos de quien es aún titular del Ejecutivo son más que evidentes y la difusión que hizo Carmen Aristegui de un video en el cual Carlos Ahumada refiere con lujo de detalles la conjura en la que han estado participando desde hace tres años Salinas, Fox, Diego y otros individuos de la ultraderecha mexicana para impedir el triunfo de López Obrador y burlar los derechos del pueblo mexicano (18 de agosto) constituye una nueva prueba apabullante que debería considerar el tribunal.

5. Los magistrados de la sala superior saben bien que lo acontecido debe verse no sólo desde el ámbito de lo político, sino de lo jurídico y que la preparación, organización e intento de consumación del fraude por parte de Fox, Salinas, Calderón, Ugalde, Muñoz, Gordillo, Espino, Abascal, Azcárraga Jean, entre otros, los hace responsables de graves delitos del orden común, pero, sobre todo, del delito de asociación delictuosa tipificado en la legislación penal, por el cual han buscado hacer nulos los derechos electorales de los mexicanos.

6. La manipulación fraudulenta del proceso electoral de 2006 que llevaron a cabo en particular Salinas de Gortari y Fox en estrecha connivencia, desde su tentativa en 2004 para inhabilitar como candidato a López Obrador hasta la campaña ilegal y el fraude del 2 de julio para arrebatarle el triunfo en la elección presidencial que ganó legal y legítimamente, y más tarde la brutal campaña propagandística posterior a las elecciones, tendiente a someter a su imposición y a las reglas del nuevo sistema de dominación a todos los mexicanos y, sobre todo, a cualquier magistrado del tribunal electoral que intentase salirse del redil, entrañarían, sin embargo, de alcanzar sus objetivos gravísimas consecuencias para México, en lo social, en lo político y en lo jurídico.

7. El fraude que pretende imponer a Calderón en la silla presidencial, de consumarse significaría en lo social un acto de desprecio sin precedentes al pueblo de México, como bien saben los señores magistrados, pues muchos entre los millones de mexicanos que se sienten agraviados no van a dudar en tener una respuesta. En lo político, esa decisión de la oligarquía financiera y política, que para mantener sin riesgo alguno sus privilegios busca imponerse sobre la voluntad mayoritaria de los mexicanos, culminaría un deterioro gravísimo de las instituciones a las que no han respetado Fox ni la extrema derecha del país, el que haría retroceder décadas el reloj de la historia, y dejaría a México en una situación de ingobernabilidad. Y en lo jurídico, una decisión tan aberrante no sería otra cosa que una ruptura brutal del orden constitucional de la República.

8. Una decisión de los magistrados Leonel Castillo, Mauro Miguel Reyes, José Fernando Ojesto, Alfonsina Berta Navarro, José Luna, Eloy Fuentes y José de Jesús Orozco avalando el fraude, a pesar de las evidencias descomunales que existen, y actuando abiertamente en contra de los principios constitucionales y legales del país, constituiría no nada más una vergüenza para ellos en lo personal y para la judicatura mexicana, sino, sobre todo, un acto con terribles consecuencias jurídicas y políticas: consumaría una ruptura brutal al orden constitucional del país.

9. Los magistrados de la sala superior que confían en que los mecanismos de dominación del pasado, y en particular la campaña de Los Pinos instrumentada por Televisa, van a operar imponiendo la creencia de que no hubo un fraude de tan magnas dimensiones y que Calderón les garantizará a todos ellos la impunidad como al resto del hampa electoral, se equivocan. La venalidad no necesitará documentarse, pues va a resaltar con las evidencias de lo acontecido, que son cada vez mayores, y cientos de miles de mexicanos les van a pasar la factura.

10. La ruptura del orden constitucional y jurídico del país será responsabilidad de ellos, y ante el dilema en el que se encuentran no deben olvidarse que una decisión así, que sería contra la razón y el derecho, abriría una grave crisis política en la que habría un gobierno ilegítimo fungiendo en plena ilegalidad, pero también amplios sectores del pueblo que actuarían en libre ejercicio de su soberanía haciendo valer sus derechos.