El Gobierno en la sombra
Lorenzo Meyer
AGENDA CIUDADANA
“Una posible interpretación de la política mexicana actual, es de una lucha entre el Gobierno formal y el Gobierno en la Sombra”Lo Que Está en Juego. De las 461 concesiones de televisión que actualmente operan en México, Televisa y TV Azteca controlan el 95% (cifras tomadas de Denise Dresser, Reforma, 29 de mayo). Si éste no es un caso claro de monopolio, entonces el concepto ya perdió todo sentido en México. Además de la lucha contra el narcotráfico, la atención del público está centrada en dos controversias legales. Por un lado, la querella sobre la constitucionalidad de la despenalización parcial del aborto, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Por el otro, un litigio similar en torno a la legislación aprobada el año pasado -sin discusión y en plena campaña electoral-, en materia de telecomunicaciones, radio y televisión. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) es el sitio donde formalmente se va a llegar a una decisión legal en torno a estos dos temas, de naturaleza muy distinta, pero igualmente importantes. Mientras la derecha ha elegido al aborto como la arena para hacer patente su intento de dominio ideológico sobre la sociedad mexicana, las Leyes de telecomunicaciones y de radio y televisión son el campo donde se está decidiendo la relación presente y futura de la sociedad mexicana con los grandes difusores e interpretes de la realidad pero, sobre todo, con los grandes monopolios del presente y el futuro.
La Televisión y el Viejo Régimen. A falta de una clase propietaria empresarial y realmente capaz de encabezar un proyecto de desarrollo nacional, el Estado mexicano del siglo XIX -una vez que superó el fracaso de su etapa inicial- asumió el papel de actor central de ese proyecto. Ese relativo dominio del sector público sobre el privado se acentuó tras el formidable golpe que recibió la oligarquía terrateniente a raíz de la destrucción del sistema político porfirista entre 1911 y 1917. Como ocurre en cualquier revolución exitosa, la mexicana provocó una mayor concentración del poder en el Estado. Y como ese proceso se dio en un contexto autoritario, la institución presidencial resultó ser el espacio donde se tomaron todas las grandes decisiones, entre otras, las que llevaron a la construcción de un gran emporio y monopolio televisivo. Para Claudia Fernández y Andrew Paxman, “Tanto la fundación como el crecimiento inicial de esta industria [la de televisión] dependió en gran medida de la voluntad y los caprichos del Gobierno, en particular del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952)”, (El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, México: Grijalbo, 2001, p. 59). Es posible que fuese el propio presidente Adolfo Ruiz Cortines quien impulsó la fusión de las primeras televisoras –cuyas concesiones fueron dadas a tres favoritos del presidente- para crear en 1955 Telesistema Mexicano (TSM) con Emilio Azcárraga al frente, (Fernández y Paxman, op. cit., p. 65). Y aunque esa consolidación violaba la letra y el espíritu de la Constitución por su carácter monopólico, el Gobierno la aceptó y fomentó porque servía bien al interés del régimen. TSM, que se transformaría en Televisa, se convirtió en el corazón del sistema de legitimación y propaganda del autoritarismo priista. La decisión en 1993 de privatizar el Canal 13 y otorgárselo a Salinas Pliego, consolidó al actual duopolio televisivo. Esa decisión se puede explicar por razones similares a las que lustros atrás dieron lugar al TSM, es decir, por “la voluntad y los caprichos del Gobierno, en particular del presidente”, (Fernández y Paxman, op. cit., pp. 487-493).
El Fortalecimiento de los Poderes Fácticos. Carlos Salinas escribió y cerró el último capítulo del “Estado Fuerte”. El cambio de régimen iniciado con las elecciones intermedias de 1997 y que tres años después desembocó en la derrota del PRI, no sólo abrió la puerta a la democracia política en México sino también a su antítesis: a un proceso de predominio de los grandes intereses económicos privados. Una combinación de elementos internos y externos contribuyó a crear el actual y perverso “juego de suma cero”. En efecto, una parte del poder que perdió el Estado autoritario lo ganaron los ciudadanos, pero otro trozo -quizá mayor- lo capturaron los grandes grupos empresariales. Entre los factores que explican esta transferencia de poder, destaca el componente externo -la globalización y privatización del mercado- pero también los elementos autóctonos: los efectos negativos del “error de diciembre” de 1994 en las finanzas y políticas públicas, la captura del sector financiero nacional quebrado por la banca internacional, la rápida e impresionante concentración de riqueza en un puñado de empresas nacionales monopólicas, la incapacidad del Gobierno para lograr el crecimiento y el fortalecimiento del erario, la semiparalización de un Gobierno dividido, la voluntad de Vicente Fox de presidir “un Gobierno de empresarios para empresarios”, el crecimiento del poder del narco, etcétera.
La Televisión Como Parte del Gobierno en las Sombras. La pérdida de poder presidencial, junto a la transformación de instituciones hasta entonces irrelevantes -el Congreso o la SCJ- en arenas donde se podía ejercer el poder y no precisamente a la luz del día sino en las sombras, abrió un gran espacio al cabildeo y negociación entre las grandes concentraciones de riqueza y las directivas de los partidos, los gobernadores e incluso el Poder Judicial. Tras la elección de 2000, e interfiriendo con la redistribución democrática del poder, empezó a conformarse en México un “Gobierno en las Sombras”, cuyos centros de decisión están en los grandes corporativos y las organizaciones populares. Este poder que a falta de la legitimidad del voto tiene la fuerza del dinero y del control de actividades económicas clave, actuó de manera decisiva en las elecciones del 2006. Pudo entonces explotar al máximo las debilidades de una clase política corrupta y dividida, donde cada partido necesitaba con urgencia recursos y apoyos para triunfar en la batalla de las urnas. En esas condiciones, nadie mejor situado que las televisoras -el medio imprescindible para transmitir masivamente el mensaje político- para influir en la formulación de las reglas que debían determinar tanto la naturaleza del marco formal del sector de las comunicaciones como el sentido mismo del voto en una elección cerrada que podía desembocar en un triunfo de la izquierda o en la consolidación del dominio de la derecha.
En plena campaña presidencial de 2006, donde el apoyo de las televisoras a un candidato y a un partido podía significar la diferencia entre ganar y perder, el duopolio televisivo privado se empleó a fondo para ejercer un gran acto de poder y Gobierno: sus cabilderos lograron el apoyo absoluto de los diputados y mayoritario de los senadores, a una legislación sobre telecomunicaciones, radio y televisión confeccionada por las televisoras para favorecer no sólo la preservación del status quo monopólico sino su reproducción en el futuro. En vísperas de la “gran fiesta democrática” de 2006, el interés general fue traicionado en el Congreso en función de los intereses partidistas y quizá, particulares de los legisladores. Pero aquí no hay Gobierno perfecto y un grupo minoritario, pero suficiente de senadores salientes, logró hacer que la SCJ no tuviera más remedio que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una legislación que, a juicio de los inconformes y del sentido común, atenta contra el interés general al impedir la competencia en un sector altamente redituable y central para la difusión y análisis de los datos que el ciudadano normal necesita para conocer sus opciones políticas como parte de la comunidad y finalmente, para ejercer de manera racional su derecho al voto y a manifestar su apoyo o censura a las acciones de los poderes públicos y privados.
Lo que Hoy está en Juego. La esencia de lo que una SCJ, con menos ministros de lo normal, deberá decidir se puede resumir así: la legislación aprobada el año pasado en condiciones de debilidad política y oportunismo máximos del poder legislativo, reafirma y prolonga el carácter monopólico de la televisión. Si el Gobierno formal tiene aún sentido, esta situación debe cambiar declarando inconstitucionales los artículos 16 y 28 de la Ley actual. Si la SCJ rechaza ambos artículos, el incipiente Gobierno en la Sombra habrá perdido terreno y la sociedad lo habrá ganado, pero si ambos o uno sólo de esos artículos permanece, la situación será exactamente la contraria.
La Televisión y el Viejo Régimen. A falta de una clase propietaria empresarial y realmente capaz de encabezar un proyecto de desarrollo nacional, el Estado mexicano del siglo XIX -una vez que superó el fracaso de su etapa inicial- asumió el papel de actor central de ese proyecto. Ese relativo dominio del sector público sobre el privado se acentuó tras el formidable golpe que recibió la oligarquía terrateniente a raíz de la destrucción del sistema político porfirista entre 1911 y 1917. Como ocurre en cualquier revolución exitosa, la mexicana provocó una mayor concentración del poder en el Estado. Y como ese proceso se dio en un contexto autoritario, la institución presidencial resultó ser el espacio donde se tomaron todas las grandes decisiones, entre otras, las que llevaron a la construcción de un gran emporio y monopolio televisivo. Para Claudia Fernández y Andrew Paxman, “Tanto la fundación como el crecimiento inicial de esta industria [la de televisión] dependió en gran medida de la voluntad y los caprichos del Gobierno, en particular del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952)”, (El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, México: Grijalbo, 2001, p. 59). Es posible que fuese el propio presidente Adolfo Ruiz Cortines quien impulsó la fusión de las primeras televisoras –cuyas concesiones fueron dadas a tres favoritos del presidente- para crear en 1955 Telesistema Mexicano (TSM) con Emilio Azcárraga al frente, (Fernández y Paxman, op. cit., p. 65). Y aunque esa consolidación violaba la letra y el espíritu de la Constitución por su carácter monopólico, el Gobierno la aceptó y fomentó porque servía bien al interés del régimen. TSM, que se transformaría en Televisa, se convirtió en el corazón del sistema de legitimación y propaganda del autoritarismo priista. La decisión en 1993 de privatizar el Canal 13 y otorgárselo a Salinas Pliego, consolidó al actual duopolio televisivo. Esa decisión se puede explicar por razones similares a las que lustros atrás dieron lugar al TSM, es decir, por “la voluntad y los caprichos del Gobierno, en particular del presidente”, (Fernández y Paxman, op. cit., pp. 487-493).
El Fortalecimiento de los Poderes Fácticos. Carlos Salinas escribió y cerró el último capítulo del “Estado Fuerte”. El cambio de régimen iniciado con las elecciones intermedias de 1997 y que tres años después desembocó en la derrota del PRI, no sólo abrió la puerta a la democracia política en México sino también a su antítesis: a un proceso de predominio de los grandes intereses económicos privados. Una combinación de elementos internos y externos contribuyó a crear el actual y perverso “juego de suma cero”. En efecto, una parte del poder que perdió el Estado autoritario lo ganaron los ciudadanos, pero otro trozo -quizá mayor- lo capturaron los grandes grupos empresariales. Entre los factores que explican esta transferencia de poder, destaca el componente externo -la globalización y privatización del mercado- pero también los elementos autóctonos: los efectos negativos del “error de diciembre” de 1994 en las finanzas y políticas públicas, la captura del sector financiero nacional quebrado por la banca internacional, la rápida e impresionante concentración de riqueza en un puñado de empresas nacionales monopólicas, la incapacidad del Gobierno para lograr el crecimiento y el fortalecimiento del erario, la semiparalización de un Gobierno dividido, la voluntad de Vicente Fox de presidir “un Gobierno de empresarios para empresarios”, el crecimiento del poder del narco, etcétera.
La Televisión Como Parte del Gobierno en las Sombras. La pérdida de poder presidencial, junto a la transformación de instituciones hasta entonces irrelevantes -el Congreso o la SCJ- en arenas donde se podía ejercer el poder y no precisamente a la luz del día sino en las sombras, abrió un gran espacio al cabildeo y negociación entre las grandes concentraciones de riqueza y las directivas de los partidos, los gobernadores e incluso el Poder Judicial. Tras la elección de 2000, e interfiriendo con la redistribución democrática del poder, empezó a conformarse en México un “Gobierno en las Sombras”, cuyos centros de decisión están en los grandes corporativos y las organizaciones populares. Este poder que a falta de la legitimidad del voto tiene la fuerza del dinero y del control de actividades económicas clave, actuó de manera decisiva en las elecciones del 2006. Pudo entonces explotar al máximo las debilidades de una clase política corrupta y dividida, donde cada partido necesitaba con urgencia recursos y apoyos para triunfar en la batalla de las urnas. En esas condiciones, nadie mejor situado que las televisoras -el medio imprescindible para transmitir masivamente el mensaje político- para influir en la formulación de las reglas que debían determinar tanto la naturaleza del marco formal del sector de las comunicaciones como el sentido mismo del voto en una elección cerrada que podía desembocar en un triunfo de la izquierda o en la consolidación del dominio de la derecha.
En plena campaña presidencial de 2006, donde el apoyo de las televisoras a un candidato y a un partido podía significar la diferencia entre ganar y perder, el duopolio televisivo privado se empleó a fondo para ejercer un gran acto de poder y Gobierno: sus cabilderos lograron el apoyo absoluto de los diputados y mayoritario de los senadores, a una legislación sobre telecomunicaciones, radio y televisión confeccionada por las televisoras para favorecer no sólo la preservación del status quo monopólico sino su reproducción en el futuro. En vísperas de la “gran fiesta democrática” de 2006, el interés general fue traicionado en el Congreso en función de los intereses partidistas y quizá, particulares de los legisladores. Pero aquí no hay Gobierno perfecto y un grupo minoritario, pero suficiente de senadores salientes, logró hacer que la SCJ no tuviera más remedio que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una legislación que, a juicio de los inconformes y del sentido común, atenta contra el interés general al impedir la competencia en un sector altamente redituable y central para la difusión y análisis de los datos que el ciudadano normal necesita para conocer sus opciones políticas como parte de la comunidad y finalmente, para ejercer de manera racional su derecho al voto y a manifestar su apoyo o censura a las acciones de los poderes públicos y privados.
Lo que Hoy está en Juego. La esencia de lo que una SCJ, con menos ministros de lo normal, deberá decidir se puede resumir así: la legislación aprobada el año pasado en condiciones de debilidad política y oportunismo máximos del poder legislativo, reafirma y prolonga el carácter monopólico de la televisión. Si el Gobierno formal tiene aún sentido, esta situación debe cambiar declarando inconstitucionales los artículos 16 y 28 de la Ley actual. Si la SCJ rechaza ambos artículos, el incipiente Gobierno en la Sombra habrá perdido terreno y la sociedad lo habrá ganado, pero si ambos o uno sólo de esos artículos permanece, la situación será exactamente la contraria.
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