Miguel Ángel Granados Chapa

Infamia laboral hidalguense

Plaza Pública

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene 46 años de edad. Exactamente la mitad de ese lapso la sirvió en la cátedra y la investigación el doctor Pablo Vargas González. Despedido por capos universitarios –no puedo llamarlas autoridades porque en ningún sentido lo son—, ahora la justicia laboral ha determinado que el trabajo de este académico, único miembro de la UAEH que pertenece al nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, vale poco más de mil pesos por año. Vargas González se preparó concienzudamente para las tareas universitarias, en su alma mater hidalguense y en otras instituciones, hasta alcanzar el doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Guadalajara –a lo que añadió todavía un post doctorado—. Ha escrito y participado en más de veinte libros y ha publicado más de sesenta artículos arbitrados, la mayor parte de ellos sobre la estructura política de Hidalgo y sus procesos electorales.

Era coordinador del área de ciencia política del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSH) de la universidad hidalguense, cargo del cual fue destituido sin explicación y desde luego sin causa legítima, pues cumplía escrupulosamente y aun en exceso sus deberes profesionales. Por ello permaneció como coordinador del cuerpo académico de ciencia política y administración pública del propio instituto hasta el 3 de enero de 2006, cuando se le echó de manera intempestiva y violenta no sólo de su oficina sino de la Universidad, que de ese modo lo despidió sin que se hicieran constar las razones. Y es que no podían expresarse los motivos porque no los hay, desde la perspectiva académica. Y los reales, que surgen de la represión ideológica, pues castigan la militancia política del doctor Vargas en la izquierda, no pueden ser puestos por escrito porque avergonzarían a quienes pretendieran justificar el despido con esos móviles, por mayor inverecundia que prive en la universidad de Hidalgo. Verbalmente, eso sí, se hizo saber a Vargas que no cabía en el proyecto político del director del ICSH, Adolfo Pontigo y que su presencia no convenía porque era comunista. Lo acusaron también de hacer “proselitismo político”, ¡en la universidad hidalguense, enclave priista si los hay, donde se obliga a los estudiantes a acudir a actos de campaña de los candidatos tricolores!

Sorprendido por el artero ataque, pero no perplejo y mucho menos pasmado, Vargas González creyó posible resolver el conflicto iniciado con su despido dentro de los cauces universitarios. Cuando se convenció que no sería así, acudió en queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y luego a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Desde el comienzo de esta fase de su lucha percibió la condición cenagosa del terreno en que se movía: el abogado al que la Universidad contrató para enfrentarlo en el litigio laboral, José López Daniel, es el asesor jurídico personal de Gerardo Sosa, todavía poder verdadero y único en esa institución. El presidente de la junta laboral, Andrés Navarrete, es profesor del Instituto del que despidieron a Vargas o sea que su criterio estaba claramente sesgado a favor de su propio empleador. Los abogados de la universidad (Francisco Fonseca y Fidel Hernández sustituyeron a López Daniel cuando Sosa le encargó otros asuntos) argumentaron que no hubo despido alguno y que, al contrario, Vargas había renunciado voluntaria y expresamente. Exhibieron un papel presuntamente firmado por el catedrático despedido, donde éste habría dicho estar “cansado del maltrato hacia mi persona y que mejor renuncio para ya no tener más problemas”. La expresión es contraria a las convicciones de Vargas y sólo fue posible atribuírsela por tratarse de una falsificación. El afectado adujo un peritaje grafoscópico que mostró que no era su firma la que calzaba aquel papel. Y sin embargo, la Junta lo tuvo por bueno y en él basó su laudo, que consistió en decir que el empleador había probado su dicho, no así el profesor. Así se manifestó la junta, con notorio cinismo, después de haber rechazado 24 de las 43 pruebas ofrecidas por el ofendido.

La desvergüenza de la junta fue más allá. “Condenó” a la Universidad, como única prestación debida, a pagar el importe de la prima vacacional: 29 mil 251 pesos, apenas más de mil pesos por cada uno de sus 23 años de trabajo, ejercidos con creciente calidad por su ininterrumpida preparación. Los abogados de la Universidad habían llegado a plantear un arreglo, en la etapa de conciliación, en el que incluían una oferta de hasta setecientos mil pesos como indemnización. Vargas no los aceptó porque ha insistido en ser reinstalado en su plaza, no sólo por vocación académica sino como prueba de que fue despedido arbitrariamente. Navarrete, el presidente de la Junta donde representa al Gobierno Estatal se ufana de haber votado a favor de Vargas. No lo hizo, cuando más votó en contra de la ridícula e infame indemnización, cuando lo que debió hacer es excusarse por su condición de juez y parte (empleado que es, como hemos dicho, del empleador). Pudo votar como lo hizo porque estaba garantizada la mayoría de dos votos favorables a la Universidad, el de su propio representante y el del sindicato académico de la misma institución, organismo gremial adosado a Sosa, sujeto a las órdenes de la patronal, que traicionó a Vargas, no obstante que es miembro de esa agrupación,

“Obra maestra de la infamia” llama el propio Vargas a ese laudo. Tiene plena razón.

Kikka Roja