Caso Radio monitor : José Gutiérrez Vivó

En juego el sistema jurídico

Genaro Villamil

Cada vez más solo y sin liquidez en sus empresas, el conductor radiofónico José Gutiérrez Vivó espera el fallo definitivo de un Tribunal de lo Civil sobre el litigio que mantiene con Grupo Radio Centro, de la familia Aguirre. También enfrenta un reclamo laboral por 50 millones de pesos de parte de 300 trabajadores. El abogado del conductor del noticiario Monitor, Javier Quijano, considera que los magistrados deberán refrendar el laudo arbitral de la Corte de Comercio Internacional que ordena a Grupo Radio Centro el pago de 21 millones de dólares al dueño de Monitor. Sólo de esta manera, dice, “se podrá restablecer la confianza en el sistema jurídico mexicano”. A un mes del cierre del noticiario Monitor, debido, según su conductor, a un boicot publicitario, así como a presiones políticas para favorecer a Grupo Radio Centro, las cosas se le han complicado a José Gutiérrez Vivó: cada vez le resulta más difícil saldar los adeudos con sus trabajadores y con otras empresas. A Multivisión le debe, por ejemplo, alrededor de 1 millón de dólares por la renta del espacio en Canal 52. Además, las estaciones radiofónicas de Gutiérrez Vivó –que transmiten en las frecuencias 1560 y 1320 en Amplitud Modulada– dejaron ya de comercializar y de difundir información en los últimos días. Para colmo, el Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim, le negó un crédito al conductor-empresario.

También enfrenta las demandas laborales de 300 trabajadores de Grupo Monitor, quienes exigen el pago de 50 millones de pesos por concepto de salarios caídos, prestaciones y aguinaldo. Cada día que pasa, los empleados se muestran más angustiados, pues observan que la empresa no tiene fondos para pagarles. El jueves 26, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión (STIRT), perteneciente a la CTM, anunció que el próximo 17 de agosto emplazarán a huelga a la compañía. Por medio de su secretario general, Ricardo Acedo Samaniego, el STIRT le reprochó a Gutiérrez Vivó la falta de respuesta a las demandas sindicales. “No es culpa de los trabajadores que el negocio no haya funcionado”, afirmó. Las declaraciones de Acedo Samaniego contrastan con la posición de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), el organismo patronal que agrupa a los concesionarios del sector y que ha evitado pronunciarse en el caso del Grupo Monitor, a pesar de que Gutiérrez Vivó forma parte del mismo. Este silencio de la Cámara respecto al cierre del noticiario Monitor –que se transmitió sin interrupciones durante 33 años– difiere totalmente de su postura de condena ante la negativa del gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de renovar la concesión a Radio Caracas Televisión en mayo pasado. La CIRT, Televisa y TV Azteca protestaron por esta medida en sus espacios informativos, pero en el caso de Monitor guardaron silencio. Al día siguiente de que Gutiérrez Vivó anunciara el fin de su espacio informativo, el presidente Felipe Calderón, de gira por Belice, deslindó a su gobierno de cualquier responsabilidad en el cierre de la estación. Sin embargo, no desmintió las acusaciones, lanzadas desde hace varios meses por el conductor, en el sentido de que tanto el gobierno de Vicente Fox como el suyo propio ejercieron presiones y amenazas para intentar acallarlo.

Poder Judicial: descrédito

El prolongado litigio que enfrenta a Gutiérrez Vivó con la familia Aguirre, concesionaria de Grupo Radio Centro, está empantanado. Entre agosto y septiembre de este año, el Tribunal Décimo Tercero en Materia Civil del Primer Circuito deberá resolver en definitiva la revisión del amparo ganado por Gutiérrez Vivó en contra de la decisión del juez 63 de Distrito, Jaime Daniel Cervantes Martínez, quien anuló el laudo arbitral de la Corte de Comercio Internacional –organismo que forma parte de la Cámara de Comercio Internacional– mediante el que se ordenó a Grupo Radio Centro el pago de 21 millones de dólares al dueño de Grupo Monitor. El Tribunal Décimo Tercero está integrado por los magistrados Gustavo Rafael Parrao Rodríguez, presidente interino; Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo y Alfonso Aviañeda Chávez, secretario en funciones del magistrado.

Para Javier Quijano Baz, experto en litigios mercantiles y defensor de Gutiérrez Vivó, con la decisión de dicho tribunal “se podrá restablecer la confianza en el sistema jurídico mexicano” y también “se restablecerá el sistema de arbitraje”, que ha sido puesto en duda en este caso. Entrevistado en sus oficinas de la Ciudad de México, Quijano Baz, también abogado de Javier Moreno Valle en su pleito con TV Azteca, afirma que el asunto de Monitor “ha prendido los focos de alerta” entre los organismos de abogados de América Latina y Europa, expertos en temas de arbitraje comercial, por el papel de algunos jueces mexicanos que invalidaron el laudo arbitral a favor de Monitor. Quijano Baz apoya su opinión en los acuerdos tomados durante el seminario de la Unión Internacional de Abogados de Salvador Bahía, Brasil, en noviembre de 2006, donde los expertos en arbitraje condenaron el papel de los jueces mexicanos en este litigio. Lo mismo hicieron el Club de Arbitraje de Madrid y el de Buenos Aires, así como la Comisión de Arbitraje de la Barra de Abogados y el Instituto Mexicano de la Mediación, dice el entrevistado.

E insiste: “mucha gente que está involucrada en el mundo del arbitraje ve con preocupación lo que ha sucedido. Más allá del caso Monitor, advierte, “lo que está en riesgo es la posición de la Ciudad de México como un sitio seguro para los negocios internacionales y para que se respeten los laudos arbitrales”. “Si no se respeta el laudo arbitral a favor de Monitor, nadie va a recomendarle a un cliente suyo que incluya una cláusula arbitral en sus contratos y negocios en México”, advierte Quijano.

Triquiñuelas jurídicas

La historia de los desencuentros entre Grupo Radio Centro y Gutiérrez Vivó se remonta a 1998, cuando firmaron un convenio de exclusividad de contenidos informativos por 16 años y medio para que InfoRed, de Gutiérrez Vivó, difundiera noticias al público de las estaciones de AM y FM de Radio Red, propiedad de la familia Aguirre. También suscribieron una “cláusula compromisoria” para que, en caso de incumplimiento del convenio, se recurriera al sistema de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París. Según Gutiérrez Vivó, desde 1999 comenzó el incumplimiento del contrato por parte de la familia Aguirre. En 2002, ambas partes acordaron acudir al sistema de arbitraje. Se designó para ello a tres abogados, quienes firmaron una carta compromiso de autonomía: Alejandro Ogarrio fue propuesto por Monitor, mientras que a Juan Mijares lo propuso Grupo Radio Centro; el tercer árbitro, Eduardo Siqueiros, provenía del despacho Barrera, Siqueiros y Torres. El 30 de enero de 2004, Ogarrio y Siqueiros resolvieron que Radio Centro debía pagar 21 millones de dólares, más los intereses acumulados por daños y perjuicios, a Grupo Monitor; Mijares votó en contra. Radio Centro no hizo el pago al que fue condenado y promovió un incidente de nulidad del laudo arbitral ante el juez 63 de lo Civil en el Distrito Federal, Jaime Daniel Cervantes Martínez. Éste desconoció el laudo y argumentó que los árbitros de la Corte Internacional de Comercio de París no eran “expertos” en materia de medios de comunicación.

Quijano Baz asegura que este argumento constituye una “falacia” porque Grupo Radio Centro nunca puso esa objeción cuando acordó acudir al sistema de arbitraje y porque, además, “los árbitros son expertos en comercio y derechos mercantiles; por eso se les contrata”. Este argumento provocó un conflicto en la defensa de Grupo Radio Centro. Su primer abogado, Eduardo Hegewish, no invocó la falta de experiencia de los árbitros en la demanda original. Sólo argumentó que “excedieron los límites de su misión”. Posteriormente, Radio Centro presentó un escrito de ampliación de la demanda en donde agregó la falta de experiencia en medios de comunicación. Hegewish renunció al caso. Gutiérrez Vivó promovió un juicio de amparo contra la resolución del juez 63 y ganó ante el Juzgado Sexto de Distrito. Radio Centro promovió la revisión de este amparo ante el Tribunal Décimo Tercero. Al fallar a favor de los Aguirre, esta última instancia transformó en amparo directo a favor de Radio Centro lo que era una revisión de la sentencia a favor de Gutiérrez Vivó, explica Quijano Baz. El abogado cuenta a Proceso que en julio de 2006 su despacho decidió asesorar al dueño de Monitor y promovió un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque el tribunal violó los artículos 14 y 107 de la Constitución en materia de amparo. En una votación cerrada, cinco contra cuatro, los ministros de la corte le dieron la razón a la argumentación de la defensa de Gutiérrez Vivó. El voto que dio la diferencia fue del presidente de la corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

A raíz de esa decisión de la Suprema Corte, en enero de 2007 el caso retornó al Tribunal Décimo Tercero, que deberá resolver en los próximos meses. “La decisión de fondo es muy simple: Radio Centro debe pagar 26 millones de dólares a Gutiérrez Vivó o simplemente se desconoce el laudo arbitral”, sintetiza Quijano Baz.

El caso Moreno Valle

Esta serie de trampas jurídicas y las presiones, similares a las del litigio entre Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca, y Javier Moreno Valle, concesionario original de Canal 40, tornan más complicado el caso Monitor. En ambos casos existe un laudo arbitral de la Cámara Internacional de Comercio de París, un pleito por la propiedad de las concesiones, una situación laboral precaria para los trabajadores y señales de censura por ser considerados “medios incómodos” para el gobierno federal. El mismo día que el STIRT anunció el emplazamiento a huelga contra Monitor, el Juzgado 45 en Materia Penal giró una orden de aprehensión en contra de Moreno Valle, accionista principal de Televisora del Valle de México, por un delito de “fraude genérico” en contra de TV Azteca. De acuerdo con la orden de dicho juzgado, el delito se cometió en el momento en que Moreno Valle otorgó a TV Azteca la operación de Canal 40, en 1998, y “con engaños obtuvo lucro indebido por la cantidad de 25 millones de dólares que le fueron entregados (a Moreno Valle) por parte de la televisora del Ajusco”.

Consultado al respecto, el despacho de Javier Quijano Baz, defensor de Moreno Valle, advierte que la orden de aprehensión “es absurda” porque “pretenden convertir la controversia sobre el cumplimento del contrato entre TV Azteca y CNI-Canal 40, firmado en 1998, en un supuesto fraude genérico”. Por ello, en los próximos días interpondrán un amparo en contra de la orden de aprehensión. Paradójicamente, mientras TV Azteca acusa a Moreno Valle de cometer deliberadamente un fraude por 25 millones de dólares, la televisora del Ajusco se apoderó de la señal de Canal 40 con el argumento de que ese mismo empresario les otorgó en garantía o “en prenda” el derecho de propiedad sobre 51% de las acciones de Televisora del Valle de México.

Proceso 1604, 29 de julio del 2007, pág 32


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