Los jornaleros agrícolas “son sucios y no se bañan”, dice burócrata de Sedeso
Denuncia la Cocyp la complicidad del ombudsman estatal en abusos contra campesinos
Matilde Pérez U.
No vale la pena construir albergues para los indígenas migrantes que trabajan en los campos agrícolas de Jiménez, Chihuahua, porque “son sucios, no se bañan ni limpian los cuartos”, dijo Adrián José Serrano, funcionario del programa Jornaleros Agrícolas, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), ante integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp). José Jacobo Femat, dirigente de la Cocyp, comentó que en la reunión que sostuvieron integrantes de la organización el pasado lunes en Jiménez, Chihuahua, con funcionarios de Sedeso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y diputados locales, el funcionario de la Sedeso eludió cumplir la responsabilidad de construir infraestructura, como lo marca el programa de jornaleros agrícolas, para mejorar las condiciones laborales de los indígenas que acuden a los campos de cultivo. Dicho programa señala que se registrarán y atenderán las concentraciones de jornaleros agrícolas que presenten carencia de infraestructura y servicios básicos, dijo el dirigente.
Sin embargo, el funcionario eludió dicha responsabilidad y argumentó que no podría comprometerse a revisar las instalaciones en los campos agrícolas ni a exigir mejores instalaciones, porque debe haber un acuerdo con el gobierno estatal y municipal, además de que –según versión de Jacobo Femat– “los jornaleros tienen otra cultura: son gente que llega del sur del país”. Agregó que la postura de Roberto Carlos Domínguez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también fue de menosprecio hacia los jornaleros, ya que asentó que “son un problema social para el estado”, y justificó que los propietarios de los ranchos o campos agrícolas no paguen el seguro social de los trabajadores, porque se contratan con quienes les ofrecen mejor paga, aunque lleguen apalabrados con alguien más. Comentó que ante la actitud de indiferencia de los asistentes a la reunión por el maltrato a los jornaleros y las condiciones insalubres en las que viven en los campos agrícolas, la Cocyp demandó que se lleve a cabo una nueva reunión en la que participen funcionarios de más alto nivel y diputados federales. En la reunión también se denunciaron las amenazas y hostigamiento en contra de Laura Salas Reyes, integrante de la Cocyp que ha asumido la defensa de los derechos de los jornaleros.
Sin embargo, el funcionario eludió dicha responsabilidad y argumentó que no podría comprometerse a revisar las instalaciones en los campos agrícolas ni a exigir mejores instalaciones, porque debe haber un acuerdo con el gobierno estatal y municipal, además de que –según versión de Jacobo Femat– “los jornaleros tienen otra cultura: son gente que llega del sur del país”. Agregó que la postura de Roberto Carlos Domínguez, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también fue de menosprecio hacia los jornaleros, ya que asentó que “son un problema social para el estado”, y justificó que los propietarios de los ranchos o campos agrícolas no paguen el seguro social de los trabajadores, porque se contratan con quienes les ofrecen mejor paga, aunque lleguen apalabrados con alguien más. Comentó que ante la actitud de indiferencia de los asistentes a la reunión por el maltrato a los jornaleros y las condiciones insalubres en las que viven en los campos agrícolas, la Cocyp demandó que se lleve a cabo una nueva reunión en la que participen funcionarios de más alto nivel y diputados federales. En la reunión también se denunciaron las amenazas y hostigamiento en contra de Laura Salas Reyes, integrante de la Cocyp que ha asumido la defensa de los derechos de los jornaleros.
Kikka Roja
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