- Pasará cuando veamos otro asunto importante, dicen otros
- Sin precedentes, desprestigio de la Corte, aceptan togados
La decisión de exonerar al gobernador de Puebla, Mario Marín, ha tenido gran impacto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por primera vez en mucho tiempo, ministros reconocen que el desprestigio y la falta de confianza en el máximo tribunal del país alcanzó un nivel sin precedentes. Ministros consultados al respecto aceptan que tardará mucho para que la SCJN recupere la credibilidad perdida por el dictamen de que no hubo concertación para violar “gravemente” las garantías de la periodista Lydia Cacho y por la decisión mayoritaria de los togados de no emitir siquiera un pronunciamiento respecto al grave problema de pederastia y redes de pornografía infantil en el país. Hay quienes consideran que el “vendaval” de críticas sobre la Corte pasará hasta que resuelva otro asunto de trascendencia social que tenga un impacto directo en la sociedad.
Para muchos, la oportunidad se presentará cuando analice las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Aunque cabe destacar que en este tema no se espera que los ministros convaliden la constitucionalidad de la legislación; se estima que la minoría consiga cuatro votos en contra del dictamen que presentará Sergio Salvador Aguirre Anguiano –el cual se da por descontado que será en contra de la normatividad aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)–, para que la legislación siga vigente.
La ley establece que se requieren ocho de 11 votos para invalidar una norma.
Aun cuando la percepción entre los integrantes del pleno tiene sus matices, los más preocupados por la situación reconocen que su decisión sobre el caso Lydia Cacho dejó una imagen de la Corte muy deteriorada ante la sociedad y ante los medios de comunicación.
En el caso del desafuero se señaló a Azuela
Aceptan que, incluso, cuando a mediados de 2005 se conoció que el entonces presidente de la SCJN, Mariano Azuela, acudió a Los Pinos con el presidente Vicente Fox para avalar el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno capitalino en ese momento, las críticas se centraron precisamente en la figura de Azuela. Pero aun en ese momento hubo quienes avalaron la actuación del ministro por considerar que estuvo apegada a derecho. Sin embargo, en esta ocasión la sociedad ha manifestado casi de manera unánime una condena al fallo de la Corte, que consideró que sí se le violaron las garantías de Lydia Cacho, pero la mayoría consideró que no era suficiente para tomar una decisión contra el gobernador poblano. Otro hecho que generó molestia entre algunos ministros fue la conferencia de prensa que ofrecieron el viernes pasado Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández, donde la primera leyó un comunicado en el que retomó el tema de que la conversación entre Marín y Kamel Nacif –en ella hablan de la manera en que harían pagar a Lydia Cacho por presuntamente haber difamado al empresario– no podía ser tomada en cuenta, porque “es producto de una grabación ilícita”. El problema es que en lugar de cerrar filas entre los que votaron en favor y los que lo hicieron en contra del dictamen del ministro Juan N. Silva Meza (que responsabiliza a Marín de violar gravemente las garantías de la periodista), se tomó la decisión de fijar una postura en nombre de la Corte, cuando no todos los ministros fueron consultados al respecto.
Incluso, entre los secretarios de Estudio y Cuenta de las diversas ponencias, hay quienes critican a “sus ministros” por haber votado en favor de Marín y no se diga lo mismo con el personal de apoyo. Para otros ministros, el fallo estuvo apegado a derecho y las inconformidades públicas por su decisión son normales, y aseguran que se olvidarán en el momento en que el pleno conozca de otro asunto importante.
Para muchos, la oportunidad se presentará cuando analice las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Aunque cabe destacar que en este tema no se espera que los ministros convaliden la constitucionalidad de la legislación; se estima que la minoría consiga cuatro votos en contra del dictamen que presentará Sergio Salvador Aguirre Anguiano –el cual se da por descontado que será en contra de la normatividad aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)–, para que la legislación siga vigente.
La ley establece que se requieren ocho de 11 votos para invalidar una norma.
Aun cuando la percepción entre los integrantes del pleno tiene sus matices, los más preocupados por la situación reconocen que su decisión sobre el caso Lydia Cacho dejó una imagen de la Corte muy deteriorada ante la sociedad y ante los medios de comunicación.
En el caso del desafuero se señaló a Azuela
Aceptan que, incluso, cuando a mediados de 2005 se conoció que el entonces presidente de la SCJN, Mariano Azuela, acudió a Los Pinos con el presidente Vicente Fox para avalar el proceso de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno capitalino en ese momento, las críticas se centraron precisamente en la figura de Azuela. Pero aun en ese momento hubo quienes avalaron la actuación del ministro por considerar que estuvo apegada a derecho. Sin embargo, en esta ocasión la sociedad ha manifestado casi de manera unánime una condena al fallo de la Corte, que consideró que sí se le violaron las garantías de Lydia Cacho, pero la mayoría consideró que no era suficiente para tomar una decisión contra el gobernador poblano. Otro hecho que generó molestia entre algunos ministros fue la conferencia de prensa que ofrecieron el viernes pasado Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández, donde la primera leyó un comunicado en el que retomó el tema de que la conversación entre Marín y Kamel Nacif –en ella hablan de la manera en que harían pagar a Lydia Cacho por presuntamente haber difamado al empresario– no podía ser tomada en cuenta, porque “es producto de una grabación ilícita”. El problema es que en lugar de cerrar filas entre los que votaron en favor y los que lo hicieron en contra del dictamen del ministro Juan N. Silva Meza (que responsabiliza a Marín de violar gravemente las garantías de la periodista), se tomó la decisión de fijar una postura en nombre de la Corte, cuando no todos los ministros fueron consultados al respecto.
Incluso, entre los secretarios de Estudio y Cuenta de las diversas ponencias, hay quienes critican a “sus ministros” por haber votado en favor de Marín y no se diga lo mismo con el personal de apoyo. Para otros ministros, el fallo estuvo apegado a derecho y las inconformidades públicas por su decisión son normales, y aseguran que se olvidarán en el momento en que el pleno conozca de otro asunto importante.
Se retrasará el acatamiento de la resolución del IFAI
Los Pinos deberá entregar en enero datos sobre el desafuero de AMLO
Elizabeth Velasco C.
La Presidencia de la República tendrá que informar, a finales de enero de 2008, qué tipo de información vinculada con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador posee en sus archivos, sin importar la dependencia o entidad gubernamental en la cual se haya generado.De acuerdo con la resolución emitida por Juan Pablo Guerrero, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), a esa entidad del Ejecutivo federal se le otorgaron diez días hábiles para proporcionar los documentos al solicitante.Sin embargo, “de acuerdo con la experiencia” obtenida en los procesos de notificación del IFAI a las dependencias gubernamentales –comentó Guerrero–, será hasta los primeros días de enero próximo cuando se notifique la resolución a la Presidencia de la República.
Kikka Roja
Los Pinos deberá entregar en enero datos sobre el desafuero de AMLO
Elizabeth Velasco C.
La Presidencia de la República tendrá que informar, a finales de enero de 2008, qué tipo de información vinculada con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador posee en sus archivos, sin importar la dependencia o entidad gubernamental en la cual se haya generado.De acuerdo con la resolución emitida por Juan Pablo Guerrero, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), a esa entidad del Ejecutivo federal se le otorgaron diez días hábiles para proporcionar los documentos al solicitante.Sin embargo, “de acuerdo con la experiencia” obtenida en los procesos de notificación del IFAI a las dependencias gubernamentales –comentó Guerrero–, será hasta los primeros días de enero próximo cuando se notifique la resolución a la Presidencia de la República.
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