- Activistas colectan firmas y se presentan en CNDH
- Emprenden movilización contra la reforma judicial
- Piden que Soberanes impida la consumación del cambio
La modificación, retroceso grave y brutal en derechos humanos; viola normatividad internacional, dicen particpantes
Víctor Ballinas
La organización Plataforma Constitucionalista, la Coordinación Nacional Pro Derechos Humanos de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Acción Ciudadana (APIMAC) y el Movimiento Ciudadano Obradorista iniciaron ayer una campaña para recolectar firmas con objeto de ampararse contra la reforma en materia de justicia y seguridad pública. Este lunes presentaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la primera queja mediante la cual solicitan al ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández que impida la consumación de dicha reforma. Román Díaz Vázquez, del Movimiento Ciudadano Obradorista, entregó copia de la queja que interpondrán ante el Poder Judicial a través de la cual solicitarán la supresión de la inviolabilidad del domicilio, toda vez que se posibilita el ingreso de la policía al domicilio de los particulares sin orden judicial, lo que constituye “un grave y brutal retroceso” en la consagración de los derechos humanos. Las organizaciones civiles que han iniciado la colecta de firmas contra la reforma referida sostienen que estos cambios transgreden la normatividad internacional, ya que prácticamente colocan al ser humano en la República Mexicana en absoluto estado de indefensión, por lo que atañe a la seguridad jurídica más elemental; de hecho, señalaron, da al traste y destruye ideales y movimientos de siglos de lucha del individuo en el mundo y en el país. La reforma constitucional que se impugna, señalan las organizaciones no gubernamentales (ONG) por conducto de la queja que se presentó ante la CNDH, resulta, “además de atroz, atribuible a un Estado totalitario y no a un Estado democrático, de derecho, como se jacta la autoridad del país; es inconcebible que se autorice mediante la Constitución Política la incomunicación de personas detenidas o investigadas”. Esta reforma “coloca al país en una fase de justicia criminal judicial del medievo o de la Santa Inquisición, lo que resulta sorprendente o inconcebible”, expresaron las ONG.
Víctor Ballinas
La organización Plataforma Constitucionalista, la Coordinación Nacional Pro Derechos Humanos de la Asociación Profesional Interdisciplinaria de México Acción Ciudadana (APIMAC) y el Movimiento Ciudadano Obradorista iniciaron ayer una campaña para recolectar firmas con objeto de ampararse contra la reforma en materia de justicia y seguridad pública. Este lunes presentaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la primera queja mediante la cual solicitan al ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández que impida la consumación de dicha reforma. Román Díaz Vázquez, del Movimiento Ciudadano Obradorista, entregó copia de la queja que interpondrán ante el Poder Judicial a través de la cual solicitarán la supresión de la inviolabilidad del domicilio, toda vez que se posibilita el ingreso de la policía al domicilio de los particulares sin orden judicial, lo que constituye “un grave y brutal retroceso” en la consagración de los derechos humanos. Las organizaciones civiles que han iniciado la colecta de firmas contra la reforma referida sostienen que estos cambios transgreden la normatividad internacional, ya que prácticamente colocan al ser humano en la República Mexicana en absoluto estado de indefensión, por lo que atañe a la seguridad jurídica más elemental; de hecho, señalaron, da al traste y destruye ideales y movimientos de siglos de lucha del individuo en el mundo y en el país. La reforma constitucional que se impugna, señalan las organizaciones no gubernamentales (ONG) por conducto de la queja que se presentó ante la CNDH, resulta, “además de atroz, atribuible a un Estado totalitario y no a un Estado democrático, de derecho, como se jacta la autoridad del país; es inconcebible que se autorice mediante la Constitución Política la incomunicación de personas detenidas o investigadas”. Esta reforma “coloca al país en una fase de justicia criminal judicial del medievo o de la Santa Inquisición, lo que resulta sorprendente o inconcebible”, expresaron las ONG.
Kikka Roja
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