- La defensa jurídica de paramilitares presos, punta de lanza de la estrategia
- “Nueva” versión sobre Acteal busca diluir la responsabilidad del Estado
- Se mantiene vivo el amplio reclamo de justicia para las víctimas de la matanza
Hermann Bellinghausen (Enviado) San Cristóbal de las Casas, Chis. 18 de diciembre. Llega el anunciado décimo aniversario de la matanza de Acteal y, como toda herida viva en la memoria nacional, lo hace con la sostenida demanda de justicia, de castigo a los responsables intelectuales, y no sólo materiales de aquel hecho del 22 de diciembre de 1997. Así lo ha reiterado durante una década la organización Las Abejas (a la cual pertenecían las víctimas) al menos una vez al mes, o sea, en más de 60 ocasiones. Han compartido la demanda decenas de organismos de derechos humanos en México y diversas partes del mundo. Desde el primer momento fue también una exigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del municipio autónomo de Polhó. Acteal es quizás un símbolo, un hito. Pero no sólo eso. Es, ante todo, una historia viva que tuvo miles de testigos presenciales que durante todo este tiempo han contado una misma historia, la que vivieron. No sólo el día de la matanza, sino en los meses previos y los años consecutivos, prolijos en hechos dolorosos, desplazamientos de largo plazo, episodios sin fin de violencia institucional (directa, económica y sicológica), ocupación militar, hostilidad y agresión paramilitares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está por dictar resolución sobre la demanda de responsabilizar al Estado mexicano de aquella tragedia. Y es en este momento cuando surge, con respaldo mediático, una “nueva” versión de los hechos, animada por la defensa de los paramilitares de Chenalhó inculpados y procesados. Se trata, abiertamente, de una estrategia procesal para favorecer a sus defendidos y “hacer justicia”.
Con tal fin se han resucitado las conclusiones del libro blanco de Acteal (1998), con el cual la Procuraduría General de la República (PGR) dio por cerrado el expediente con la misma conclusión que había adelantado un año atrás, el 26 de diciembre de 1997, poco después de la masacre, el entonces titular de la dependencia, Jorge Madrazo Cuéllar: se trató de un pleito inter e intracomunitario por un banco de arena y un puñado de viejas rencillas resueltas “a lo indio”.
Libro blanco y “revisiones” oficialistas
Si bien esa versión nunca fue aceptada por las víctimas, tanto abejas como zapatistas, ni por los centros de derechos humanos, comenzando por el Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), que ha llevado el caso desde 1997, el libro blanco ha servido de vez en cuando para fundamentar “revisiones” oficialistas en ediciones de poca circulación y escaso impacto en la opinión pública. La “nueva” versión que los abogados de los paramilitares han puesto en circulación no es tan nueva en realidad. La piedra angular de esta interpretación sería el emocionante descubrimiento de que no fue una masacre, por demás anunciada (“un río de lágrimas florece/allá en el paraje de Acteal… en medio de la guerra y el dolor”, canta el coro de Las Abejas, cumpliendo “el compromiso de contar la realidad”). No, habría sido una batalla, con trincheras y todo. De pronto resulta que durante diez (bueno, nueve) años nadie se percató de que había otra película, una que nadie vio. La “nueva” versión de qué ocurrió ese 22 de diciembre ya tiene más de un año en el aire, cuando tomó la defensa de los paramilitares presos el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), acogiendo en su clínica jurídica al equipo de abogados del fallido senador panista (por coalición) Erik Hugo Flores, con el respaldo de Ricardo Raphael de la Madrid, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid.Raphael, quien preside también la organización Alternativa Ciudadana 21, aventuró hace ya un año la hipótesis de la batalla, entre signos de interrogación entonces (El Universal, 17 de diciembre de 2006). Ahora, él mismo, junto con el abogado Javier Angulo Nobara y el director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Antonio Caballero, anuncian públicamente que pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso, además de que preparan amparos para 18 de los procesados, todos indígenas de Chenalhó.
Según versiones periodísticas, este lunes Raphael pidió a los medios de comunicación “ir más allá del debate sobre si Acteal fue o no un crimen de Estado, para poner el acento en los diez años perdidos y en la injusticia cometida contra la mayoría de los procesados, que son también víctimas”.En realidad, el “debate” sobre la responsabilidad del gobierno federal de Ernesto Zedillo no está “en los medios”, sino en las denuncias, testimonios y demandas penales de los sobrevivientes, con un pie (eternamente regateado) en los tribunales.Llama la atención esta determinación programática (quitar del horizonte la “posible” responsabilidad del Estado), para enfocarse en la presunta inocencia de algunos de los procesados. La especie de que fueron sólo nueve paramilitares (miembros de un grupo de “autodefensa”, según sus abogados y los articulistas que los respaldan) quienes realizaron el ataque, y que no habría sido tal, sino una “batalla” (ni siquiera un “enfrentamiento armado”), donde hubo “otro bando” (presuntamente zapatistas), y que en esto sí se equivocaría la versión de la PGR (que nunca lo menciona), pero no en todo lo demás.Cabe señalar que la única fuente explícita de esta “nueva” versión está en las declaraciones tardías de dos de los asesinos confesos y presos de Acteal (Roberto Méndez Gutiérrez y Lorenzo Pérez Vázquez), según han documentado y divulgado sus defensores, quienes elaboran dicha relectura desde 2006, contradiciendo en esto, pero sólo en esto, a la cuestionada versión oficial de la PGR. La conmemoración de Acteal está moviendo el piso en muchas partes. Así, el gobierno estatal de Juan Sabines había anunciado un año atrás (22 de diciembre de 2006) la reapertura de una fiscalía especial. “La matanza sigue siendo una pesadilla para todos los chiapanecos, porque los responsables intelectuales aún no han sido castigados, por lo que sigue siendo un crimen horrendo que golpea a familiares y amigos de las víctimas”, dijo entonces Sabines. Creada al fin recientemente, la fiscalía ha llamado a declarar (por primera vez) al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y a otros ex funcionarios estatales.
Con tal fin se han resucitado las conclusiones del libro blanco de Acteal (1998), con el cual la Procuraduría General de la República (PGR) dio por cerrado el expediente con la misma conclusión que había adelantado un año atrás, el 26 de diciembre de 1997, poco después de la masacre, el entonces titular de la dependencia, Jorge Madrazo Cuéllar: se trató de un pleito inter e intracomunitario por un banco de arena y un puñado de viejas rencillas resueltas “a lo indio”.
Libro blanco y “revisiones” oficialistas
Si bien esa versión nunca fue aceptada por las víctimas, tanto abejas como zapatistas, ni por los centros de derechos humanos, comenzando por el Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), que ha llevado el caso desde 1997, el libro blanco ha servido de vez en cuando para fundamentar “revisiones” oficialistas en ediciones de poca circulación y escaso impacto en la opinión pública. La “nueva” versión que los abogados de los paramilitares han puesto en circulación no es tan nueva en realidad. La piedra angular de esta interpretación sería el emocionante descubrimiento de que no fue una masacre, por demás anunciada (“un río de lágrimas florece/allá en el paraje de Acteal… en medio de la guerra y el dolor”, canta el coro de Las Abejas, cumpliendo “el compromiso de contar la realidad”). No, habría sido una batalla, con trincheras y todo. De pronto resulta que durante diez (bueno, nueve) años nadie se percató de que había otra película, una que nadie vio. La “nueva” versión de qué ocurrió ese 22 de diciembre ya tiene más de un año en el aire, cuando tomó la defensa de los paramilitares presos el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), acogiendo en su clínica jurídica al equipo de abogados del fallido senador panista (por coalición) Erik Hugo Flores, con el respaldo de Ricardo Raphael de la Madrid, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y sobrino del ex presidente Miguel de la Madrid.Raphael, quien preside también la organización Alternativa Ciudadana 21, aventuró hace ya un año la hipótesis de la batalla, entre signos de interrogación entonces (El Universal, 17 de diciembre de 2006). Ahora, él mismo, junto con el abogado Javier Angulo Nobara y el director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, Antonio Caballero, anuncian públicamente que pedirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso, además de que preparan amparos para 18 de los procesados, todos indígenas de Chenalhó.
Según versiones periodísticas, este lunes Raphael pidió a los medios de comunicación “ir más allá del debate sobre si Acteal fue o no un crimen de Estado, para poner el acento en los diez años perdidos y en la injusticia cometida contra la mayoría de los procesados, que son también víctimas”.En realidad, el “debate” sobre la responsabilidad del gobierno federal de Ernesto Zedillo no está “en los medios”, sino en las denuncias, testimonios y demandas penales de los sobrevivientes, con un pie (eternamente regateado) en los tribunales.Llama la atención esta determinación programática (quitar del horizonte la “posible” responsabilidad del Estado), para enfocarse en la presunta inocencia de algunos de los procesados. La especie de que fueron sólo nueve paramilitares (miembros de un grupo de “autodefensa”, según sus abogados y los articulistas que los respaldan) quienes realizaron el ataque, y que no habría sido tal, sino una “batalla” (ni siquiera un “enfrentamiento armado”), donde hubo “otro bando” (presuntamente zapatistas), y que en esto sí se equivocaría la versión de la PGR (que nunca lo menciona), pero no en todo lo demás.Cabe señalar que la única fuente explícita de esta “nueva” versión está en las declaraciones tardías de dos de los asesinos confesos y presos de Acteal (Roberto Méndez Gutiérrez y Lorenzo Pérez Vázquez), según han documentado y divulgado sus defensores, quienes elaboran dicha relectura desde 2006, contradiciendo en esto, pero sólo en esto, a la cuestionada versión oficial de la PGR. La conmemoración de Acteal está moviendo el piso en muchas partes. Así, el gobierno estatal de Juan Sabines había anunciado un año atrás (22 de diciembre de 2006) la reapertura de una fiscalía especial. “La matanza sigue siendo una pesadilla para todos los chiapanecos, porque los responsables intelectuales aún no han sido castigados, por lo que sigue siendo un crimen horrendo que golpea a familiares y amigos de las víctimas”, dijo entonces Sabines. Creada al fin recientemente, la fiscalía ha llamado a declarar (por primera vez) al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y a otros ex funcionarios estatales.
Kikka Roja
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